Alcalde destituido

Va pa´ fuera… En un hecho sin precedente en el Estado de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destituyó al presidente municipal de Coacalco, Erwin Castelán y ordenó su consignación penal por haber incurrido en el delito de desacato a un amparo laboral. Además el ayuntamiento deberá pagar el laudo perdido de 2.3 millones de pesos a un ex empleado del gobierno municipal. (Foto: Ilustración).

* Por desacato a un amparo laboral echan de la alcaldía de Coacalco a edil Eriwin Castelán.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

Por el incumplimiento de una sentencia de amparo, el alcalde priísta de Coacalco de Berriozábal, Erwin Castelán Enríquez y su cabildo recibieron una orden de destitución y consignación.
Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resolvió destituirlo e incluso podría alcanzar una sentencia de 5 a 10 años de cárcel.
El caso de amparo se desprende de las afectaciones que sufrieron diversos ciudadanos al perder sus tierras, sin un pago de por medio.
La sentencia también se dictó en contra del otrora edil de Coacalco de Berriozábal, David Sánchez a quien declararon culpable del incumplimiento de un pago de seis millones de pesos a un ex empleado.
Al respecto, el Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal aseguró que Erwin Castelán será respetuoso de la determinación de la SCJN, instancia con la que coadyuvará para llevar a cabo las aclaraciones pertinentes.
Además, el ayuntamiento informó no han sido notificados de la resolución, dictada ayer.
Reconoció 16 juicios de destitución por omisiones de pagos de liquidaciones a trabajadores municipales despedidos en administraciones anteriores a la actual.
De dicha cifra, precisó que únicamente se tiene uno pendiente, el que derivó en la destitución del alcalde y cabildo, aunque está por ser resuelto.
A estos casos del Estado de México, se sumaron resoluciones de la destitución del presidente municipal de Paraíso, Tabasco, y su cabildo.
La Corte establece este tipo de sanciones, a los servidores públicos o ex funcionarios que incurren en estas faltas, quienes enfrentarán cargos ante un juez de distrito y podrían ser sentenciados hasta con 10 años de prisión e inhabilitados del servicio público.