Análisis

Tomás Flores Rosales

Emilio, derechos
Emilio, derechos

* La CIDH, Tlatlaya e Iguala
Si bien es cierto que la estrategia del Gobierno de Enrique Peña Nieto, al iniciar su sexenio, fue la de bajar el perfil de la lucha contra la delincuencia organizada, en lo relativo a no dar a conocer en toda su expresión sus consecuencias, sus detalles y menos permitir eventos espectaculares como lo hizo su antecesor, Felipe Calderón, exhibiendo delincuentes aprehendidos a través de los espacios de televisión y otros medios de comunicación, la determinación fue buena, pero no la mas inteligente.
Y muestra de ello es que los medios de comunicación extranjeros insisten que el gobierno de Enrique Peña Nieto prefirió ofrecer al mundo un México con grandes reformas y con fortalecimiento económico rumbo a su modernidad, dejando bajo la alfombra el flagelo de la violencia y delincuencia, gestando con ello una gran mentira que tal vez pocos de sus colaboradores se percataron que se le revertiría.
Por eso ahora en la prensa internacional y en otros organismos extranjeros se le reclama al gobierno federal la poca astucia que tuvo en ofrecer al mundo un México distinto presuntamente alejado de las consecuencias de la violencia y delincuencia, cuando el escenario real es el que ofrecen los casos Tlatlaya e Iguala, comunidad, la primera, que enseñó los abusos de la fuerza al ser prácticamente fusilados 21 presuntos delincuentes cuando ya se habían rendido, mientras que en Iguala 43 jóvenes estudiantes están desaparecidos producto de la complicidad entre autoridades y delincuentes.
Ante este escenario la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ( CIDH ) prepara su postura de cara a la próxima de sus sesiones, ante lo cual adelanta comentarios al respecto.
Difunde, mediante redes sociales, que los casos Iguala y Tlatlaya abren una «severa» discusión sobre la eficacia de las políticas de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
El secretario ejecutivo de ese organismo, Emilio Álvarez Icaza, manifestó que este tipo de casos coloca a México para revisar los mecanismos que no están funcionando».
«Si bien este Gobierno venía trabajando sobre el tema de política pública, me parece que el caso Tlatlaya y el caso Iguala pone una discusión muy severa, un corchete de veracidad sobre la política pública y la eficacia de la política pública», manifestó.
«Si tienes por un lado una denuncia de posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes del Ejército y por otro lado policías municipales que participan en actos de desaparición forzada, dices ¿qué está pasando en materia de implementación de la política pública?», cuestionó.
Esto, en referencia al presunto fusilamiento de 22 civiles por parte de soldados en el municipio de Tlatlaya, así como la desaparición de 43 estudiantes normalistas el 26 de septiembre pasado en el municipio de Iguala, a manos de la Policía Municipal y el grupo criminal Guerreros Unidos. El pasado 3 de octubre, la CIDH otorgó medidas cautelares en el caso de Iguala, solicitando a México que adopte todas las medidas para localizar a los estudiantes desaparecidos, además de exclarecer los hechos.
Trascendió que la CIDH celebrará el próximo 30 de octubre cinco audiencias públicas centradas en México, dentro de su correspondiente periodo de sesiones.
SÍNTESIS POLÍTICA
Tal vez los iniciados en política saben que el haber logrado las llamadas reformas estructurales vía el «Pacto por México», al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, fueron actos por demás forzados y la la vez significaron arriesgar parte del capital de presidente de la República cuyas consecuencias ya se están observando en estos momentos con los casos Iguala y Tlatlaya en donde los actores políticos en las cámaras del Congreso de la Unión y en los Partidos poco pueden aportar, dado su bajo perfil y poca sensibilidad, para proteger al presidente… Retomando el rubro de las organizaciones internacionales, la denominada «Visión legislativa», integrante de la Red Latinoamericana de Transparencia, destaca en su reciente informe que el del Estado de México, es uno de los congresos legislativos menos transparentes, incluso aplica únicamente 19 de 67 puntos que deben cumplir las legislaturas locales en la mencionada materia, lo que convierte al congreso mexiquense como de los más opacos en el ejerció de los dineros públicos.
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