Análisis

Tomás FLORES ROSALES

Baruch, posible
Baruch, posible

* Ombudsman, Tlatlaya y procurador

Quien se hubiese confiado en que el Caso Tlatlaya estaba cerrado, corrió el riesgo de no estar en lo correcto, en virtud de que el supuesto fusilamiento de un grupo de presuntos delincuentes en un paraje del mencionado municipio mexiquense sureño podría retomar su incidencia mediática en los inicios de este 2015.
Ayer se publicó en esta columna que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habría dado a conocer que se reclasificó el expediente del mencionado evento para que las autoridades a quienes fue dirigida la recomendación 51/2014, lo tomen en cuenta en las acciones que implementen para dar cumplimiento a la misma.
En el acuerdo CNDH/2/2014/5390/Q, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, ordenó notificar de la reclasificación tanto a las víctimas como al secretario de la Defensa Nacional, el procurador General de la República y al gobernador del Estado de México para los efectos mencionados.
Dicha reclasificación tiene como fundamento los artículos 1 y 102 de la Constitución Política así como la fracción XV del artículo 6 de la Ley de la CNDH. El organismo precisó que desde que conoció por los medios de comunicación los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, conformó un equipo de trabajo que investigó el caso.
Detalló que el 11 de julio inició de oficio el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014, y dirigida a las autoridades mencionadas. Ello, al acreditarse hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia.
Podría considerarse una determinación normal del Ombudsman nacional, y posiblemente lo sea; sin embargo, la renuncia ayer de Marco Antonio Morales Gómez a la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ahora despierta suspicacias no obstante que se trate de una decisión unipersonal ya tomada desde hace tiempo atrás sin tener relación con el Caso Tlatlaya. Lo mismo ocurre con la información detallada que hace del Caso Tlatlaya el  titular de la procuraduría de justicia  mexiquense, Alejandro Jaime Gómez, quien pudo haber revelado los datos emitidos ayer desde hace tiempo atrás para no mezclarlos con la reclasificación anunciada por la CNDH.
Incluso el mismo secretario de Gobierno, José Manzur, también se suma al contexto del Caso Tlatlaya al explicar que funcionarios estatales llegaron a la escena del crimen seis horas después a fin de justificar la posible alteración de la escena en que murieron los presuntos delincuentes a manos de elementos del Ejército mexicano.
Tres coincidencias -la renuncia del Ombudsman mexiquense, las revelaciones del procurador estatal y la postura del secretario de Gobierno-  son materia prima para relacionarlas con lo anunciado antier por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de reclasificar el caso Tlatlaya, lo cual fortalece el escenario de que el presunto fusilamiento de un grupo de delincuentes en el mencionado municipio mexiquense continúa aportando indicios de que como lo señala la CNDH consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia, dejando abierta la posibilidad de que el tema se retome con distinta directriz.
SÍNTESIS POLÍTICA
Esta madrugada trascendió que la Diputación Permanente convocó al Décimo Primer Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México para el próximo martes 20 de enero, a fin de tratar, entre otros puntos, la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), y aún hasta esta madrugada también en las alturas se hacían conjeturas sobre la posibilidad de que Baruch Delgado Carbajal, ex titular del Poder Judicial mexiquense, se pudiera convertir en Ombudsman estatal.
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