Falló Tribunal contra colegio particular en Interlomas

* Determinó juez que fue ilegal impedir la inscripción de un menor, lesionado en un incidente.
* Ordenó la investigación de hechos donde resultó lesionado el estudiante y analizar la actuación de cuatro maestras.

Tras un incidente ocurrido en el Centro de Enseñanza My School, S.C. en el que resultó lesionado un menor a quien le negaron la inscripción, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, determinó que no existió justificación legal para impedir el ingreso del estudiante al ciclo 2017-2018, además de que el mencionado plantel deberá investigar la actuación de las maestras y buscar los medios para reparar el daño, ya que hubo falta de diligencia en su cuidado.
En la resolución dictada recientemente, el TJAEM, estableció que tras analizar las pruebas relacionadas con el caso, existen elementos suficientes para asegurar que en el colegio particular ubicado en el municipio de Huixquilucan, sucedieron hechos de agresión hacia un infante, lo cual, implicó la reapertura de una lesión física, con motivo de la interacción que tienen los niños en la hora del recreo.
Como se recordará, el día 18 de mayo del 2017, uno de los alumnos de este plantel que cursaba el 2do grado de preescolar, sufrió una agresión resultado de una ineficiente vigilancia, lo cual le provocó que una herida que presentaba anteriormente por actividades deportivas extra escolares se reabriera, todo ello, ante la falta de una adecuada supervisión por parte del cuerpo de educadores y la inexistencia de equipo suficiente para resguardar la integridad física de los menores. Cabe señalar que este caso tuvo una especial relevancia ya que el niño agresor resultó ser nieto de la Directora General e hijo de la Directora Administrativa, por lo que trataron de ocultar el incidente y tergiversar los hechos alegando que se trataba de un «simple juego de niños» y de una exageración por parte de la madre del niño agredido.
De todo lo anterior, el Tribunal condenó e informó que el colegio deberá analizar y cuestionar si las cuatro educadoras cumplieron con su labor de vigilancia, partiendo de la base de que no pudieron advertir y mitigar los hechos ocurridos en perjuicio del niño afectado.
Finalmente, las autoridades judiciales ordenaron restituir de manera inmediata los derechos afectados al menor y su familia.