Legislatura se desmarca

Aún no hay notificación… Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la destitución del alcalde de Coacalco, Erwin Castelán, junto con otros miembros de su cabildo, ante el desacato de un mandato en materia laboral, el Congreso local se dijo impedido para intervenir en el caso toda vez que no ha sido notificado de la resolución judicial federal. (Foto: Juan Hernández)

*Congreso local no puede intervenir en caso Coacalco mientras no haya notificación formal.

El Congreso local se declaró, por ahora, sin la facultad de llevar a cabo la sustitución del alcalde y de todo el cabildo de Coacalco de Berriozábal, luego de que los involucrados no han sido notificados de su destitución y consignación por el incumplimiento de una sentencia de amparo.
El presidente de la diputación permanente, Jesús Sánchez Isidoro aclaró que el Poder Legislativo esperará los plazos legales para tomar una determinación en el caso del edil priísta Erwin Castelán Enríquez, así como la de los regidores y síndicos.
Explicó que tras ser notificados los políticos, la Junta de Coordinación Política deberá conocer si los suplentes asumirán los cargos, de no ser así el Ejecutivo estatal deberá enviar una terna la cual debe ser votada.
“Lo que en estos momentos tenemos entendido es que no se ha notificado, precisamente, al municipio, una vez que esté notificado, seguramente también notificarán a la Cámara de Diputados”, expresó.
Este martes, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resolvió destituir a Erwin Castelán Enríquez y a su cabildo quienes incluso podrían alcanzar una sentencia de 5 a 10 años de cárcel.
El caso de amparo se desprende de las afectaciones que sufrieron diversos ciudadanos al perder sus tierras, sin un pago de por medio.
La sentencia también se dictó en contra del otrora edil de Coacalco de Berriozábal, David Sánchez Isidoro a quien declararon culpable del incumplimiento de un pago de seis millones de pesos a un ex empleado.
La Corte establece este tipo de sanciones a los servidores públicos o ex funcionarios que incurren en estas faltas, quienes enfrentarán cargos ante un juez de distrito y podrían ser sentenciados hasta con 10 años de prisión e inhabilitados del servicio público.