Reformas contra despidos injustificados

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*Multas para quienes realicen esas prácticas las cuales  van de 125 y hasta mil 900 veces el salario mínimo.

A fin de prohibir que patrones o empresas obliguen a los trabajadores a firmar documentos en blanco u otros que impliquen la renuncia a sus derechos y/o despidos injustificados, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo.
El proyecto de decreto avalado en lo general y lo particular por 299 votos a favor fue turnado a la colegisladora para su discusión y eventual ratificación.
El documento establece multas para quienes realicen esas prácticas, las cuales van de 125 y hasta mil 900 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo cual equivaldría a 133 mil 190 pesos.
El dictamen adiciona un párrafo segundo a los artículos 33 y 1006 de dicha ley.
El Artículo 33 explica que queda prohibido obligar a los trabajadores a firmar documentos en blanco y en el caso que así fuera, éste podrá acudir a denunciar el hecho ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet) o las oficinas de la Inspección del Trabajo local o federal. Precisa que la firma en blanco es aquélla puesta de antemano por el trabajador sobre una hoja de papel o un documento sin fecha determinada, con el fin de que sea llenado posteriormente por el patrón con declaraciones o renuncias de derechos.
En tanto, el Artículo 1006 señala que se considerarán documentos falsos aquéllos que, a petición del patrón o de sus representantes, hayan sido firmados en blanco por el trabajador y se aplicarán una multa de 125 a mil 900 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Subraya que las reformas tienen como objetivo hacer efectivo el derecho de los trabajadores a no ser despedidos injustificadamente, así como a garantizar medios probatorios adecuados en caso de que sean víctimas de un despido simulado a modo de renuncia voluntaria.
El documento advierte que la ley anterior a la reforma es omisa en cuanto a las renuncias en blanco, omisión sumamente perjudicial para los trabajadores, quienes al carecer de pruebas para acreditar la simulación desisten de hacer valer sus derechos fundamentales por vía jurisdiccional.
Por ello, la reforma pretende establecer garantías para que los trabajadores puedan denunciar los abusos de ese tipo, sin poner en riesgo su contratación, y sancionar a los patrones que incurren en este delito, abusando de la necesidad y la vulnerabilidad de los empleados.
La única oradora que habló a favor del dictamen fue la diputada Luisa María Alcalde Luján, de Morena, quien reconoció que «hoy se da un paso firme en contra de las renuncias en blanco, que son un cáncer en este país», pues la reforma ayudará a inhibir esa práctica.
Abundó que tres de cada 10 trabajadores despedidos en el país fueron obligados a firmar un papel en blanco como requisito para ser admitidos en el trabajo, y esta práctica crece día a día con la intención de evitar que los trabajadores reclamen sus derechos.
«El patrón guarda el documento en blanco y en el momento en que considera oportuno le agrega el texto de una renuncia junto a un recibo de una cantidad nunca pagada», e incluso algunos abogados afirman que aconsejan a los clientes a realizar esta práctica. A su vez, los tribunales de trabajo no atienden los reclamos de las víctimas de esta práctica, pues sostienen en los procesos que al ser auténtica la firma del trabajador en el documento no hay nada qué reclamar, destacó.
El dictamen surge de una iniciativa presentada por los diputados priistas Claudia Delgadillo González y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, y Luisa María Alcalde Luján, en ese momento del Movimiento Ciudadano y ahora de Morena.