Seguridad no debe subordinarse a coyunturas políticas: CNDH

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó la necesidad de que los problemas de seguridad, procuración e impartición de justicia se aborden de manera integral y sin subordinarlos a los intereses particulares o coyunturas políticas. Por el contrario, reiteró la conveniencia de que se lleve a cabo un análisis y debate serio, objetivo, plural, informado y respetuoso sobre la materia de seguridad y justicia en México, con una visión integral que aborde los problemas de fondo que actualmente padece el país.
Al atestiguar la presentación del Informe Preliminar de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Inacipe y el Instituto de Investigaciones Jurídcas (IIJ) de la UNAM, indicó que este documento constituye un insumo útil que encauza esta reflexión por la vía correcta.
González Pérez resaltó que la falta de investigación y persecución de los delitos por la autoridad ministerial deja en la impunidad los ataques contra policías, lo que podría violar los derechos humanos de esas personas al negarles su derecho de acceso a la impartición de justicia.
“Pretender encontrar en la defensa y protección de los derechos humanos la causa última de la inseguridad y de la impunidad en el país es un falso debate, ya que son posibles y compatibles la observancia del Estado de derecho y la prevención y persecución efectiva de los delitos con el respeto a los derechos fundamentales”, añadió en un comunicado.
La defensa de los derechos humanos no promueve el incumplimiento de la ley o que la misma sea objeto de negociación, por el contrario, sólo en el marco de la ley los derechos humanos se pueden materializar y ser vigentes”, expuso.
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que todas las personas tienen derechos humanos, sean autoridades o particulares, y de conformidad con el sistema jurídico mexicano, sólo las autoridades pueden violar garantías fundamentales.
Y cuando un particular agravia a una persona comete delito, cuya persecución y sanción corresponde a la autoridad ministerial y, en última instancia, al Poder Judicial, anotó. En este marco, se pronunció por mejorar las condiciones laborales y propiciar la construcción de policías eminentemente civiles y con desempeño regido sobre las bases de un mandato claro, sistema de carrera profesional con los derechos adecuados a la delicada función que realizan y muchos mecanismos de control internos y externos.
Se requiere, anotó, la supervisión externa de las policías federales y locales, que cuenten con un consejo ciudadano de vigilancia que incluya la investigación de las conductas de los elementos, la revisión de investigaciones internas, así como evaluación y monitoreo permanente del desempeño.
El informe preliminar fue presentado por Sergio López Ayón, director general del CIDE, quien estuvo acompañado por la abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mónica González Contró y el director del IIJ de esa casa de estudios, Pedro Salazar Ugarte.
También, estuvo presente el director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Gerardo Laveaga y la investigadora María Amparo Casar. El documento señala que los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan problemas serios y que existe desconfianza ciudadana debido a la corrupción, falta de imparcialidad, violaciones de derechos humanos y deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías. La consulta referida contó con la participación de 170 expertos, y colegios de abogados del país, universidades públicas y privadas, la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública.