México ha construido, con razón, un marco jurídico que busca garantizar que toda víctima pueda denunciar sin miedo y acceder a la justicia, ese derecho constituye uno de los pilares del Estado de Derecho y jamás debe debilitarse, sin embargo, también existe una realidad incómoda que durante años ha permanecido al margen del debate público: las denuncias falsas utilizadas como instrumentos de venganza, presión, extorsión o destrucción personal.

Uno de los casos que estremeció a la opinión pública fue el del docente Alberto Israel Jasso Cruz, quien decidió quitarse la vida mientras enfrentaba una acusación en su contra, independientemente de las particularidades jurídicas del caso y de que las responsabilidades deben ser determinadas por las autoridades competentes, su muerte abrió una profunda reflexión nacional sobre las consecuencias irreversibles que puede tener una imputación cuando la verdad aún no ha sido demostrada.

Cuando una persona pierde el empleo, es exhibida públicamente, es separada de su familia o vive bajo el peso de una acusación cuya falsedad eventualmente pudiera acreditarse, el daño difícilmente puede repararse, la absolución judicial no devuelve los años perdidos, el prestigio destruido ni, mucho menos, la vida de quien decidió no continuar soportando la presión social.

El problema no consiste en denunciar, el problema aparece cuando alguien convierte al sistema de justicia en un arma para fabricar culpables, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el principio de presunción de inocencia como un derecho fundamental, no obstante, en la práctica, muchas personas son condenadas primero por el juicio social y después por un proceso penal que apenas comienza, y, en la era de las redes sociales, una denuncia basta para destruir décadas de esfuerzo profesional.

Por ello resulta indispensable abrir un debate legislativo serio que proteja simultáneamente a las verdaderas víctimas y a quienes son objeto de imputaciones dolosamente falsas.

Una posible iniciativa de ley podría establecer mecanismos que fortalezcan la responsabilidad de quien presenta una denuncia, sin impedir el acceso a la justicia; entre las medidas que podrían discutirse destacan, que toda denuncia presentada ante autoridades ministeriales sea acompañada de la plena identificación del denunciante mediante documentos oficiales vigentes, con la finalidad de evitar identidades falsas o suplantaciones.

De igual forma, que cuando sea razonablemente posible, el denunciante aporte desde el inicio los documentos, registros, mensajes, fotografías, videos u otros elementos objetivos de prueba con los que cuente para sustentar los hechos denunciados, sin que ello elimine la obligación de la autoridad de investigar.

Además de que cuando, mediante resolución firme, se demuestre que una persona denunció dolosamente hechos falsos con el propósito de incriminar a un inocente, obtener un beneficio indebido o causar un daño, se configure un delito específico con sanciones proporcionales.

Así mismo que el responsable de una denuncia dolosamente falsa pueda recibir una pena agravada, considerando la gravedad del daño causado y respetando siempre los principios constitucionales de legalidad, debido proceso y proporcionalidad, cualquier equiparación automática con la pena del delito falsamente imputado requeriría un análisis constitucional cuidadoso para garantizar que sea compatible con los derechos humanos y el principio de proporcionalidad.

El objetivo no debe ser desalentar las denuncias legítimas, al contrario, una legislación de esta naturaleza fortalecería la credibilidad del sistema de justicia al distinguir con claridad entre quien busca protección del Estado y quien pretende manipularlo mediante el engaño.

Las auténticas víctimas merecen instituciones que les crean, las protejan y las acompañen, pero también los inocentes merecen un sistema que los defienda de acusaciones fabricadas.

La justicia no puede construirse sobre la mentira, el caso de Alberto Israel Jasso Cruz representa un llamado de atención para legisladores, jueces, fiscalías y sociedad, ninguna legislación devolverá una vida perdida, sin embargo, toda democracia tiene la obligación de aprender de sus tragedias para impedir que vuelvan a repetirse.

México necesita una reforma que castigue con firmeza a quien, de manera dolosa, utilice la denuncia como un instrumento para destruir a otro ser humano, no se trata de limitar derechos, sino de exigir responsabilidad en su ejercicio, porque denunciar constituye un derecho, pero mentir deliberadamente ante la autoridad nunca debería serlo.

La justicia verdadera protege a las víctimas, pero también evita que los inocentes se conviertan en víctimas del propio sistema, esa es la diferencia entre un Estado que simplemente procesa denuncias y un Estado que realmente hace justicia.

En un país donde millones de personas entregan cada día fragmentos de su identidad para acceder a un servicio, abrir una cuenta bancaria, recibir atención médica o simplemente ingresar a un estadio de fútbol; la protección de los datos personales dejó hace mucho de ser un asunto técnico, hoy es un derecho humano cuya defensa define la fortaleza de nuestras instituciones y la confianza de la ciudadanía.

El reciente caso relacionado con el sistema Fan ID de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) representa uno de los episodios más delicados en la historia reciente de la protección de datos personales en México, no únicamente por la histórica sanción económica impuesta por la autoridad competente al acreditarse irregularidades en el tratamiento de datos personales sensibles, sino porque alrededor del procedimiento surgieron denuncias que golpean el corazón mismo de la institución creada para garantizar ese derecho.

La FMF presentó denuncias por un presunto intento de extorsión contra funcionarios del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). De acuerdo con la información hecha pública, representantes de la Federación señalaron que durante el desarrollo del procedimiento administrativo habrían existido solicitudes indebidas vinculadas con beneficios relacionados con la Copa Mundial de Fútbol, las acusaciones motivaron investigaciones administrativas y penales que continúan su curso y cuyo resultado deberá ser determinado exclusivamente por las autoridades competentes.

La gravedad del asunto no radica únicamente en la existencia de las denuncias, lo verdaderamente preocupante es el profundo impacto que generan sobre la confianza ciudadana, cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales aparecen vinculados, aunque sea de manera presunta, con actos contrarios a la legalidad, la percepción social se erosiona y el daño institucional trasciende a las personas involucradas.

Paradójicamente, el mismo expediente permitió demostrar que la protección de datos personales sigue funcionando cuando las instituciones actúan conforme al derecho, el procedimiento iniciado por el entonces INAI fue continuado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que concluyó la investigación e impuso una multa histórica a la Federación Mexicana de Fútbol por infracciones relacionadas con el tratamiento de datos personales sensibles obtenidos mediante el sistema Fan ID; el mensaje institucional fue claro: ninguna organización, por poderosa o popular que sea, puede situarse por encima de la ley cuando se trata de la privacidad de las personas.

Más allá de las cifras y de los titulares, el caso obliga a una reflexión mucho más profunda, cada fotografía, cada huella biométrica, cada reconocimiento facial y cada dato personal que compartimos constituye una parte irremplazable de nuestra identidad; a diferencia de una contraseña, un dato biométrico no puede cambiarse cuando ha sido utilizado indebidamente, su pérdida puede acompañar a una persona durante toda su vida.

Por lo anterior, la protección de los datos personales no debe entenderse como un privilegio reservado a especialistas o abogados, es una causa ciudadana, cada mexicano tiene derecho a saber quién posee su información, para qué será utilizada, cuánto tiempo permanecerá almacenada y qué mecanismos existen para exigir su eliminación cuando la ley así lo permita.

Las investigaciones derivadas de las denuncias contra exfuncionarios del INAI deberán llegar hasta sus últimas consecuencias, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia, la transparencia exige sancionar con firmeza cualquier conducta ilegal, pero también evitar condenas anticipadas que sustituyan la labor de los tribunales.

La mayor lección que deja este episodio es que ninguna institución es inmune a la corrupción, pero tampoco ningún acto indebido debe quedar oculto cuando existen mecanismos para investigarlo, la fortaleza del Estado democrático no consiste en presumir instituciones perfectas, sino en demostrar que incluso quienes vigilan el cumplimiento de la ley pueden ser llamados a rendir cuentas.

La confianza pública tarda décadas en construirse y apenas unos instantes en perderse, recuperarla exige algo más que discursos: requiere instituciones íntegras, servidores públicos honestos y ciudadanos informados que comprendan que la defensa de sus datos personales es, en realidad, la defensa de su propia dignidad.

Porque detrás de cada expediente no hay únicamente documentos digitales, hay nombres, rostros, familias e historias de vida, y cuando la confianza se vulnera, no se extravía un archivo, se hiere uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa la democracia.

… Nuevamente se tuvo la presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Edomex, obviamente para poner énfasis en el trazado “Plan Oriente”, para dar un nuevo paso para fortalecer la movilidad en la zona oriente de la entidad, ahora con la entrega de trenes de pavimentación que permitirán rehabilitar más de 340 kilómetros de calles y vialidades en 10 municipios mexiquenses…
… La maquinaria fue entregada como parte del Plan Integral de la Zona Oriente, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de alrededor de 10 millones de habitantes…
… Además de mejorar las calles, el uso de esta maquinaria permitirá que los municipios reduzcan gastos en la contratación de empresas privadas y ejecuten obras con recursos propios, generando ahorros para las administraciones locales…
… Necesario recordar que el Plan Oriente Estado de México contempla una inversión total de 75 mil 786 millones de pesos, destinada a 121 programas y acciones enfocadas en movilidad, seguridad, vivienda, salud, educación y servicios públicos, con el propósito de disminuir el rezago histórico que enfrenta la región oriente de la entidad…
… Durante la visita de la mandataria federal, se ponderó la obra de construcción – ya concluida – de los 200 kilómetros de Senderos Seguros, en donde incluyeron la iluminación con tecnología LED, ampliación y rehabilitación de banquetas, mejoramiento de cruces peatonales, instalación de botones de pánico y la creación de murales urbanos que fortalecen la identidad de cada comunidad…
…
… Después de renunciar al PRI, el líder social y exdiputado, David Parra Sánchez, fue aceptado por la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, incorporándose activamente a sus filas para participar en los procesos internos del partido…
… Tras más de 50 años de militancia priista, Parra Sánchez se inscribió formalmente como aspirante ciudadano a coordinador municipal y defensor de Naucalpan por el PAN…
… Sin ningún hálito de desaprobación blanquiazul, la dirigencia del PAN Edomex, encabezada por Anuar Azar Figueroa, confirmó desde su salida de Parra, que las puertas del partido estaban abiertas para recibirlo…
… Desde luego, esta incorporación obedece a una estrategia de Acción Nacional, impulsada a nivel nacional por Jorge Romero, de abrir sus candidaturas a liderazgos sociales externos con arraigo territorial…
… El todavía líder moral de los burócratas de la entidad mexiquense, se sabe, arrastra consigo, un importante capital político, territorial y de militancia que históricamente pertenecía al PRI en Naucalpan…
… Al poseer más de 51 años de trabajo comunitario y un sólido arraigo en las estructuras seccionales, se estima que la incorporación de Parra atraerá a bases que están inconformes con el PRI, buscando romper el empate técnico que el PAN sostiene localmente frente a Morena…
… Por lo pronto ya se registró en el proceso interno blanquiazul como aspirante a coordinador municipal (Defensor de la Patria y la Familia) rumbo a los procesos electorales de la alcaldía…
… El exregidor panista Agustín Belgodere confirmó que los lineamientos institucionales, impulsados a nivel nacional por Jorge Romero, validan por completo la incorporación de perfiles externos competitivos…
…
… Ahora los partidos políticos diseñan figuras territoriales, como los “Defensores de México” (PRI), “Defensores de la Nación” (Morena), para buscar sumar adeptos sin violar las restricciones legales de las precampañas, con miras al 2027…
… El uso de estas figuras por parte de distintas fuerzas políticas ha generado debate en el país, siendo catalogado como un mecanismo de activismo y finalmente, “precampaña adelantada”, para asegurar presencia en cada territorio rumbo a los comicios…
… Morena acuñó el modelo de posicionamiento de sus “eventuales candidatos”, bajo la figura de “coordinadores territoriales”, quienes así estarían también, fuera de los tiempos electorales…
… Aunque el método de selección es a través de una encuesta, y también – sin olvidar – por “tómbola”, el mismo ya inició desde el 21 de junio, a nivel nacional…
… Hoy el priismo mexiquense matiza que, a diferencia de sus adversarios, en el tricolor si se pondrán de acuerdo, por lo que lanzarán una convocatoria a la que podrán acudir ¡todos! los interesados…
… Cabe recordar que, en la primera quincena de septiembre, en la entidad mexiquense, se dará formalmente el arranque de los comicios…
… De todos modos, “Juan de llamas”, y el origen del modelito es de un posicionamiento anticipado…
…
… ¡Aunque usted, no lo crea!, los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), celebrarán sus 80 años de existencia, oficialmente, en agosto próximo…
… La policía auxiliar mexiquense, reconocida y no por el gobierno estatal, prepara un sinnúmero de anuncios para refrendar que cada día se fortalece, se sigue saneando, capacitando diariamente a su personal administrativo, pero sobre todo al operativo, donde vigilantes y guardias reciben beneficios, tanto personal con servicios hospitalarios, como económicos, con un tabulador real de sueldos…
… Como un adelanto podemos informar que el cuartel de la corporación ubicado en Lerma, donde realmente nació a la vida pública CUSAEM, se convertirá en una sede con nuevas instalaciones, con edificio administrativo de tres pisos…
… Una de las innovaciones que tendrá este suceso, es la creación de un Museo, en donde albergará la historia de – por ejemplo – los uniformes que ha usado la corporación en sus diferentes etapas, desde el primero hasta el último…
… También estarán ahí, todos los sellos, las armas que se han utilizado y que han portado los elementos, guardias y vigilantes, a lo largo de la vida de la institución policiaca…
… Ahí, en la nueva explanada, se colocará un pedestal, el primer vehículo patrulla que se utilizó para los servicios de la auténtica policía auxiliar del Estado de México…

Por: Isidro O’Shea

Al ser este el mundial que más he seguido en mi vida, como mero aficionado y con muy poco conocimiento tanto por edad como por contexto, pienso que este puede ser en la historia de los mundiales el que más vislumbres de democracia haya dado; no bromeo, lo pienso así dentro del contexto del rectángulo verde, alrededor de los 22 que golpean el balón, más allá de las muy deplorables instituciones y sus dirigentes: cuando en verdad son 11 vs 11.

Y es que quién hubiese dicho hace 16 años que Marruecos podría ganarle a Brasil, pero sí bien no nos resulta suficiente, pregunto, quién apostaría por esos partidos de Cabo Verde, que no solamente obtuvo su pase a los 16vos de final, sino que realmente se la complicó a Argentina, incluso anotando uno de los mejores goles de lo que llevamos de torneo; un Ecuador que le ganó a Alemania y un Ghana que no permitió ningún gol de Inglaterra, así pues, es evidente, que dentro de la cancha, lo que se ha podido ver es igualdad, un pilar básico de cualquier sistema democrático, sin embargo, ese gran logro colectivo, hoy realmente queda invalidado casi en su totalidad, por muestras de autocracia y autoritarismo fuera del rectángulo verde.

No afirmo que nunca haya habido tratos en lo obscurito, pero dudo mucho de que a mediados del siglo pasado haya habido tantísimas artimañas institucionales, es decir, no creo en el argumento de que ahora se ve más – gracias a la tecnología y a las redes sociales – lo que antes no se podía ver y que siempre haya sido la misma mugre; seguramente la había, pero reitero: dudo de que en dichas proporciones.

Y es que las evidencias durante este mundial han sido más que una falta de respeto, quizá todo empezó cuando Gianni Infantino decidió darle un desdeñable premio por la paz a Donald Trump durante la ceremonia de sorteo de grupos, o bien cuando Uzbekistán fue cambiado de grupo por una supuesta “restricción indirecta” nunca mencionada previamente; pero seguramente, todo sucedió muchísimo antes, incluso fuimos testigos de cómo por primera vez en la historia de los mundiales la asignación de grupos no precisamente definió las ciudades que albergarían los partidos.

Pero desafortunadamente, más allá de lo que pudo o no suceder en las alfombras y ceremonias, sino en el rectángulo verde, cuando realmente los aficionados nos olvidamos de todo con el fin de disfrutar y gozar, también las decisiones han sido más que polémicas, rebasando no solamente las líneas de la cancha sino incluso los muros ondulados de los estadios; el caso estelar pareciera por demás decirlo, pues pareciera también que lleváramos hablando décadas de ello, pero no es más que la normalización de la trampa, del fraude, y de la poca o nula capacidad de asombro, obviamente no solamente del aficionado sino de cualquier ciudadano del mundo; por si acaso, me refiero obviamente a la presunta llamada de Donald Trump con la cual logró que la máxima autoridad de la FIFA revocara la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun; sí, como si estuviéramos en la década de los 40 del siglo pasado o quizá ni en aquellos tiempos autocráticos.

Sin embargo, y muy desafortunada pero sobre todo descaradamente, el anterior no ha sido el único suceso propio de sumo autoritarismo y diminutos valores democráticos en este mundial; muy probablemente sea necesario resumirlos en forma de lista, porque ahondar en ellos prácticamente daría varios textos para cada uno: el hecho de que Irán haya tenido que hospedarse en México; la prohibición explícita al árbitro somalí (obviamente con gafete de FIFA) de participar en el mundial; el recibimiento basado en hostiles revisiones que autoridades de seguridad estadounidenses hicieron a selecciones como Uzbekistán o Senegal; pasando lógicamente por el muy polémico resultado de Argentina vs Egipto, donde las selecciones mencionadas fueron todo el tiempo medidas con distintas varas; y en el mismo encuentro la indiferencia y menosprecio del árbitro a la señal de actos de racismo que el D.T. de la selección egipcia no dudo en mostrar.

Así pues, lo normal y lo ordinario sería la indignación colectiva internacional, sin embargo, nada de lo anterior ha bastado para el surgimiento real de la misma, y esto desafortunadamente solo nos deja ver que el fútbol ya tampoco es lo más importante de lo menos importante, como diría Valdano, por el simple hecho de ser solo un juego cuya intención sea divertirnos, sino que muy evidentemente (no afirmo en lo absoluto que sea algo nuevo) lo han convertido en un rincón más donde el poder despótico y/o autoritario, manda, siendo no un reflejo, sino una muestra más de la actualidad política internacional, donde si bien debería ser sorprendente todo lo anterior, más sorprendente me parece (vaya la redundancia) la nula capacidad de asombro y de indignación ciudadana… quizá estemos en donde debamos estar.

No fue un evento cualquiera, la inauguración de una obra ejecutada por el Gobierno del Estado se convirtió en un escenario cargado de simbolismo político, ya que, más allá del corte del listón, la presencia conjunta de dos de las figuras más representativas del movimiento en la entidad proyectó una imagen de cercanía, diálogo y coincidencia en torno a un mismo objetivo, mantener la unidad de un proyecto que hoy gobierna el Estado de México.

Durante el acto protocolario, Higinio Martínez hizo un recorrido por la memoria política de Texcoco, recordó que en 2015 sucedió en la presidencia municipal a la entonces alcaldesa Delfina Gómez Álvarez, una transición que marcó una etapa importante para el municipio y para el movimiento que ambos ayudaron a consolidar y, con el estilo directo que lo caracteriza, el senador incluso dejó entrever que quizá esa historia podría repetirse dentro de algunos años.

La gobernadora escuchó el comentario con una sonrisa, cuando llegó su turno de dirigir un mensaje, optó por no hacer referencia a esa posibilidad, su silencio, lejos de apagar el momento, permitió que el centro de atención permaneciera en el mensaje principal que dejó el encuentro, la imagen de dos liderazgos que volvieron a caminar juntos frente a la ciudadanía.

En política, no todos los mensajes requieren una respuesta verbal, en ocasiones, la sola presencia compartida, comunica más que cualquier declaración; después de meses de especulaciones sobre una supuesta distancia entre ambos, la escena observada en Texcoco pareció enviar una señal distinta, la de una relación institucional y política que privilegia la construcción de acuerdos por encima de las interpretaciones externas.

La historia reciente del Estado de México demuestra que los proyectos políticos sólidos no se sostienen únicamente en figuras individuales, sino en la capacidad de sus liderazgos para construir consensos y mantener la cohesión y Delfina Gómez e Higinio Martínez representan dos trayectorias estrechamente ligadas al desarrollo político de Texcoco y al crecimiento de un movimiento que logró transformar el mapa electoral de la entidad.

Por lo anterior, el reencuentro público adquiere un significado especial, puede interpretarse como una señal de estabilidad, de madurez política y de disposición para fortalecer el trabajo conjunto en una etapa en la que el gobierno estatal enfrenta importantes desafíos.

Cuando los liderazgos encuentran puntos de coincidencia, el principal beneficiario debe ser siempre la ciudadanía, los mexiquenses esperan que esa cercanía se traduzca en acuerdos capaces de fortalecer las políticas públicas, impulsar el desarrollo regional, consolidar la gobernabilidad y mantener abiertos los canales de diálogo entre quienes tienen la responsabilidad de conducir el destino de la entidad.

Más allá de las lecturas electorales o de las inevitables especulaciones sobre el futuro, el acto celebrado en Texcoco deja una imagen que difícilmente pasará inadvertida, la fotografía de la gobernadora y el senador no solo recordó el origen compartido de ambos, sino que proyectó la idea de un liderazgo que entiende que la unidad sigue siendo una de las mayores fortalezas para enfrentar los retos del presente.

La política necesita acuerdos, no desencuentros permanentes; necesita puentes, no divisiones, si el encuentro de Texcoco marca el inicio de una etapa de mayor coordinación entre dos de los actores más influyentes del Estado de México, será la ciudadanía quien tenga la última palabra al evaluar si esa cercanía logra convertirse en mejores resultados para todas y todos los mexiquenses, porque, al final, las fotografías permanecen en la memoria, pero son los acuerdos, el trabajo conjunto y los compromisos cumplidos los que terminan escribiendo la historia.

Ulises Rangel

Hace unas semanas, Julio Frenk (ideólogo del Seguro Popular y secretario de salud del 2000 al 20006) reapareció en Nexos con una entrevista crítica a las políticas de salud de la Cuarta Transformación: “El precio de la ideología”. El doctor Frenk, quien fue rector de la Universidad de Miami y en 2021 entregó un doctorado honoris causa al expresidente Vicente Fox, sostuvo que abandonar las reformas anteriores —las que él mismo impulsó— y elegir funcionarios ideologizados, en lugar de expertos en políticas públicas, deterioró la cobertura, elevó el gasto de bolsillo y debilitó la capacidad del Estado.

Una de las pruebas más repetidas para sostener esa narrativa fue la medición de pobreza de 2022. El CONEVAL clasificó a 50.4 millones de personas, 39.1 por ciento de la población, con carencia por acceso a los servicios de salud. La cifra es real. Lo falso es convertirla, sin explicación, en 50 millones de personas abandonadas.

La medición no preguntó si alguien tenía un centro de salud cerca; si consiguió consulta, medicamentos, estudios o cirugía; cuánto esperó, cuánto pagó, ni si la atención resolvió su problema. Midió, fundamentalmente, afiliación, adscripción o derechohabiencia. Es decir, confundió una categoría administrativa con una experiencia sanitaria.

Y ahí aparece la paradoja. El mismo Julio Frenk que ayudó a construir un modelo basado en padrones terminó haciendo eco de una medición que sólo reconocía derechos respaldados por una credencial. Como el nuevo sistema eliminó la póliza del Seguro Popular y estableció que la atención debía brindarse sin afiliación previa, concluyeron que quienes dejaron de aparecer en aquel padrón también habían dejado de tener acceso a la salud.

La mentira no consiste en negar los problemas. México todavía enfrenta esperas, desigualdades territoriales, faltantes y diagnósticos tardíos. Consiste en presentar una medición administrativa como una radiografía completa de la realidad sanitaria.

Cuando desapareció el Seguro Popular también desapareció su padrón. Millones de personas dejaron de portar una póliza, pero no por ello desaparecieron las clínicas, los hospitales, los trabajadores ni el derecho constitucional a la protección de la salud. Se eliminó una lista; no se derogó el artículo 4.º de la Constitución.

Para entender cómo llegamos aquí hay que recordar que el sistema mexicano de salud no nació universal, sino corporativo. El Estado posrevolucionario construyó instituciones alrededor del trabajo formal: IMSS para trabajadores privados; ISSSTE para empleados públicos; Pemex y Fuerzas Armadas para sus poblaciones; servicios estatales para quienes quedaban fuera. El derecho dependía del empleo, aunque la enfermedad nunca pidió un recibo de nómina.

Así, un hospital podía tener cama, quirófano o equipo disponible y, aun así, no atender a una persona de otra institución. El paciente debía resolver primero la burocracia y después, si tenía suerte, su enfermedad. No había reglas comunes de pago, expedientes interoperables ni mecanismos automáticos de compensación.

En 1996, mientras México celebraba la industrialización, las políticas de descentralización y todas esas palabras que prometían convertirnos en un país moderno, el Gobierno Federal transfirió a los estados la responsabilidad de atender a la población sin seguridad social. El problema es que no desarrollaron las mismas capacidades, ni contaban con el mismo dinero, ni tuvieron los mismos hospitales. En un estado contaban con tecnología de punta muy cerca de las comunidades y en otros más pobres, no había ni siquiera suero anti-alacrán. Le llamaron descentralización. Para muchos mexicanos fue simplemente mala suerte geográfica.

El Seguro Popular nació en el México de la alternancia, pero también fue hijo de una renuncia. A diferencia del IMSS y del ISSSTE —instituciones que llevan en el nombre la seguridad social porque construyeron hospitales, contrataron trabajadores, pagaron pensiones y asumieron directamente la protección de sus derechohabientes—, el nuevo programa no pretendió incorporar a quienes estaban fuera a un sistema semejante. La tecnocracia decidió que para los trabajadores formales habría seguridad social y para los pobres bastaría un seguro.

Aunque partían de una idea certera: una enfermedad podía destruir el patrimonio de una familia. Pero la solución tradujo un derecho social al lenguaje neoliberal de la administración del riesgo. En lugar de construir una institución nacional capaz de atender a todas las personas, el Estado financiaría paquetes de intervenciones y protegería a los hogares frente a ciertos gastos. La persona ya no sería derechohabiente de una institución pública integral, sino afiliada a un mecanismo de aseguramiento. Y como todo seguro necesitaba delimitar a quién cubría, había que registrarse, aparecer en un padrón y portar una credencial.

Se imprimieron credenciales, se levantaron padrones, se redactaron reglas de operación y durante años se celebró que cada vez hubiera más afiliados. El pequeño detalle es que una credencial no toma la presión, no interpreta una radiografía, no abre un quirófano y, hasta donde sabemos, tampoco prescribe medicamentos.

El Seguro Popular corrigió parcialmente la protección financiera, pero no integró la prestación. Transfería recursos conforme a padrones y paquetes de intervenciones; no era una institución nacional con médicos, hospitales, logística y capacidad operativa propia. Su incentivo principal era afiliar. Una administración podía aumentar el número de inscritos sin incrementar, en la misma proporción, las camas, los médicos, los estudios o las cirugías.

Por eso es indispensable hablar de cobertura efectiva. Hay modelos teóricos, como el de Tanahashi, que explica que una persona puede quedar excluida en cada etapa de la atención. Primero debe existir el servicio. Después debe ser accesible, aceptable y utilizado. Finalmente, debe tener calidad suficiente para producir un beneficio. Ninguno de esos pasos se resuelve plastificando una tarjeta.

La ruptura iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe entenderse desde esa perspectiva. La reforma constitucional de 2020 fortaleció la obligación del Estado de garantizar atención integral y gratuita a quienes no cuentan con seguridad social. El INSABI intentó eliminar la afiliación como puerta de entrada. Su implementación coincidió con la pandemia y enfrentó problemas de transición, financiamiento y operación.

La respuesta posterior fue más profunda: crear un prestador federal. IMSS-Bienestar opera directamente servicios para la población sin seguridad social. No sólo transfiere recursos: contrata personal, administra hospitales, organiza redes, compra medicamentos y asume responsabilidad sobre la prestación.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió esa base y planteó el siguiente paso: que el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, todavía separados por reglas, presupuestos y poblaciones distintas, empiecen a comportarse como un solo sistema. De eso trata el Servicio Universal de Salud. La credencial, el expediente clínico electrónico, el intercambio de servicios y la compensación financiera son las piezas que permitirán que una persona pueda entrar por una institución y continuar su atención en otra, sin empezar de cero y sin cargar ella misma con las fronteras administrativas.

Para que eso ocurra, la infraestructura debe dejar de pensarse por institución y empezar a ordenarse por territorio. En los primeros veinte meses de la administración entraron en operación 29 hospitales, se modernizaron 70 quirófanos y hacia 2030 se proyectan 9 mil 139 camas adicionales. Será decisivo que esas camas tengan personal, medicamentos, mantenimiento y presupuesto. México ya conoce hospitales terminados que nunca estuvieron realmente abiertos. También conocemos el absurdo de tomógrafos instalados frente a otros tomógrafos, separados por un logotipo, mientras regiones enteras carecen de ambos.

La compra de 816 equipos de alta tecnología, con una inversión de 11 mil 257 millones de pesos, amplía la capacidad diagnóstica, y nos obliga a pensar el sistema completo: quién los opera, quién los mantiene, dónde se colocan y cuánto reducen los traslados y las listas de espera.

IMSS-Bienestar ha basificado a 55 mil 572 trabajadores e incorporado 8 mil 543 especialistas y 9 mil 60 médicos familiares y generales. Es una forma concreta de reconstruir capacidades que durante años descansaron en contratos precarios, plazas insuficientes y servicios incompletos. El siguiente reto está en la distribución y la permanencia: lograr que ese personal que se contrató en la zona chol de Chiapas, La Montaña de Guerrero, la Costa Chica afromexicana o el Alto Balsas permanezca. Para eso hacen falta plazas, pero también vivienda, seguridad, equipo, condiciones dignas de trabajo y una ruta de desarrollo profesional. Ahí se juega buena parte de la capacidad real del sistema.

Para la credencialización se dispusieron 2 mil 898 módulos, 9 mil 791 operadores y mil 706 supervisores en las 32 entidades. CFE Internet para Todos llevará conectividad a las unidades más alejadas y las tres instituciones adoptarán un expediente clínico electrónico homologado. La historia clínica podrá acompañar a cada persona, pero esa promesa dependerá de que los datos estén completos, protegidos y disponibles cuando hagan falta.

Y todo esto se fortalece con los programas en el territorio: Salud Casa por Casa, La Clínica es Nuestra, Laboratorio en tu Clínica, las Farmacias del Bienestar, la telemedicina y las unidades móviles. Salud Casa por Casa ha realizado 18.4 millones de visitas y alcanzado a 11.5 millones de personas en 8.9 millones de hogares. La pregunta importante es qué pasa después de tocar la puerta: si la visita conduce a una consulta, la consulta a un estudio, el diagnóstico a un tratamiento y el tratamiento a un seguimiento.

Y al final están los medicamentos, que son un bien estratégico de la nación. La compra consolidada 2025-2026 calculó una demanda de hasta 4 mil 982 millones de piezas y las Rutas de la Salud habían distribuido 162 millones al cierre de marzo de 2026. Logrando consolidar algo que antes el estado no tenía: capacidades públicas de logística y distribución.

Ésa es la complejidad del sistema que se está construyendo.

Querida lectora, querido lector: permítame abrir un paréntesis.

Como si no bastaran los argumentos, las cifras, los resultados y la visión de futuro de un sistema que intenta reconstruirse, recuerde de dónde venimos. Recuerde la desfachatez de los gobiernos del PRIAN. Recuerde el agua administrada a niñas y niños con cáncer. Recuerde los bancos de sangre pagados y nunca construidos en la sierra de Guerrero. Recuerde los hospitales del ISSSTE entregados a particulares mediante concesiones que hoy el Estado tiene que volver a comprar.

Recuerde los salarios miserables de quienes sostuvieron los hospitales con las manos. Recuerde que despedían al personal cada diciembre para impedirle generar antigüedad, estabilidad y derechos. Recuerde quiénes gobernaban cuando ocurrió la tragedia de la Guardería ABC. Recuerde los más de 300 hospitales abandonados en obra negra. Recuerde los quirófanos inaugurados para la fotografía y cerrados durante veinte años. Recuerde las clínicas sin médicos, los hospitales sin equipo y las comunidades obligadas a viajar horas para encontrar una consulta.

Recuerde la Sierra del Nayar. Recuerde la Selva Lacandona. Recuerde a los pueblos yaquis, a Cananea y a Atenco. Recuerde todos los lugares donde el Estado llegaba para despojar, reprimir, concesionar o administrar la pobreza, pero casi nunca para garantizar derechos.

No fue un accidente. No fue falta de experiencia. No fue un error de cálculo.

Fue una forma de gobernar.

Privatizar lo rentable. Abandonar lo lejano. Precarizar a quienes cuidaban. Convertir los derechos en contratos y la salud en negocio.

Prohibido olvidar.

Cierro el paréntesis.

Queda una última paradoja. Durante años, quienes convirtieron la credencial en condición para existir estadísticamente dijeron que, al desaparecer la póliza del Seguro Popular, millones dejaron de contar. Ahora el Estado también entregará una credencial, pero su función será distinta.

La Credencial del Servicio Universal de Salud servirá como identificación oficial. Permitirá consultar la derechohabiencia, las unidades disponibles y, progresivamente, citas, recetas, estudios, historial médico y expediente clínico electrónico. Será una llave para compartir información y facilitar el intercambio entre instituciones; no un filtro para negar atención.

Entonces sí: todas las personas tendrán credencial. Y contarán porque tendrán nombre, expediente y continuidad clínica.

Contarán en las estadísticas y en la práctica. Cuando eso ocurra, quienes confundieron una póliza con el derecho a la salud tendrán que aceptarlo.

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Mención aparte merece el comentario de Gómez-Dantés et al. en The Lancet criticando el Servicio Universal de Salud. Octavio Gómez-Dantés fue director general de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud entre 2000 y 2006 —justo durante el diseño y la puesta en marcha del Seguro Popular (qué casualidad)— Ahora regresa, revestido de autoridad científica, para explicarnos que una reforma que no se parece a la suya difícilmente puede llamarse universal (la ciencia, al parecer, empieza donde termina el Seguro Popular).

José Eder Santos Vázquez

Hay luchas que nacen en los congresos y algunas más en las calles, pero las más importantes suelen comenzar en el corazón de quienes, cansados de ser invisibles, deciden levantar la voz para reclamar algo tan simple y poderoso como su derecho a existir.

La historia de la comunidad LGBTQ+ en el Estado de México ha estado marcada por décadas de silencio, discriminación y dolor; durante años, miles de personas crecieron aprendiendo a ocultar quiénes eran por miedo al rechazo de sus familias, a las burlas en las escuelas, a la exclusión en los centros de trabajo o, incluso, a la violencia física que, en demasiadas ocasiones, terminó arrebatando vidas.

Detrás de cada estadística existe un rostro, existe una adolescencia expulsada de su hogar por amar a quien la sociedad le dijo que no debía amar, existe una persona que abandonó la escuela para escapar del acoso constante, existe una mujer trans que vio cerrarse las puertas de un empleo digno simplemente porque su identidad incomodaba a quienes debían respetarla, existen personas que fueron obligadas a vivir bajo documentos oficiales que negaban su propia existencia y que las condenaban diariamente a explicar quiénes eran frente a funcionarios, maestros, médicos o empleadores.

En una sociedad que aspira a la igualdad, existen nombres que trascienden la esfera de la lucha social para convertirse en símbolos de esperanza, justicia y transformación, uno de ellos es el de Tanya Vásquez, activista mexiquense, cuya voz, perseverancia y convicción fueron fundamentales para impulsar uno de los avances más significativos en materia de derechos humanos de las últimas décadas, el reconocimiento de la identidad de género en el Estado de México.

Su labor no puede medirse únicamente en reformas legales o procedimientos administrativos, detrás de cada derecho conquistado existe una historia humana, una vida que deja de ser invisible y una persona que recupera su dignidad frente a las instituciones y frente a la sociedad; esa ha sido la verdadera dimensión del trabajo de Tanya Vásquez, abrir caminos donde antes existían barreras y demostrar que la igualdad no debe ser una promesa, sino una realidad para todas las personas.

Durante años, integrantes de la comunidad LGBTQ+ enfrentaron obstáculos para ejercer derechos básicos, el reconocimiento de la identidad de género representó mucho más que un trámite; significó el acceso a la educación, al empleo, a la salud y a una vida libre de discriminación para cientos de personas que durante demasiado tiempo fueron obligadas a vivir bajo documentos que no reflejaban quiénes eran realmente.

Hoy, cuando México se encuentra a las puertas de nuevos procesos electorales y, el Estado de México se prepara para definir el rumbo político de los próximos años, la inclusión no puede quedar relegada a discursos de campaña ni convertirse en una bandera temporal, la defensa de los derechos humanos debe constituir un compromiso permanente de quienes aspiran a gobernar.

Las poblaciones LGBTQ+ continúan enfrentando desafíos profundos, la discriminación laboral, el abandono escolar derivado del acoso, las dificultades para acceder a servicios de salud sensibles a la diversidad y los prejuicios que persisten en distintos espacios sociales, son una realidad que no puede ignorarse, por ello, resulta indispensable que las instituciones públicas asuman una postura clara, firme y comprometida.

En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, tiene una oportunidad histórica para fortalecer la protección de estas poblaciones mediante la emisión de recomendaciones específicas dirigidas a las dependencias gubernamentales y a la Legislatura mexiquense, dichas recomendaciones deberían impulsar políticas públicas integrales que garanticen el acceso igualitario a los servicios de salud, promuevan entornos educativos libres de violencia y discriminación, fortalezcan mecanismos de inclusión laboral y aseguren el respeto irrestricto a la identidad y expresión de género de todas las personas.

Asimismo, corresponde a la Legislatura del Estado de México continuar construyendo un marco jurídico que no solamente reconozca derechos, sino que establezca mecanismos efectivos para su protección y cumplimiento. Las leyes tienen sentido cuando transforman la vida de las personas y cuando llegan a quienes históricamente han sido excluidos de la toma de decisiones.

La historia enseña que los avances en derechos humanos nunca han sido concesiones gratuitas, han sido resultado de la valentía de mujeres y hombres que decidieron alzar la voz frente a la indiferencia, Tanya Vásquez pertenece a esa generación de activistas que entendió que el silencio perpetúa las injusticias y que la participación ciudadana puede cambiar el destino de una comunidad entera.

Su legado trasciende cualquier coyuntura política, vive en cada persona que hoy puede ejercer su derecho a la identidad, en cada joven que encuentra referentes para vivir libremente y en cada familia que aprende que el respeto y el amor son más fuertes que los prejuicios.

El mes del Orgullo representa una oportunidad para celebrar los avances alcanzados, pero también para reconocer las tareas pendientes, la igualdad plena aún no ha llegado para todas las personas, por ello, más que una conmemoración, junio debe convertirse en un recordatorio colectivo de que la dignidad humana no admite excepciones.

La inclusión no debilita a las sociedades, las fortalece; el respeto a la diversidad no amenaza a nadie, amplía las libertades de todos; y la defensa de los derechos humanos no es una causa exclusiva de una comunidad, es una responsabilidad compartida que define la calidad democrática de una nación.

Hoy, el mejor homenaje al trabajo de Tanya Vásquez consiste en continuar la lucha por un Estado de México más justo, más humano y más incluyente, un Estado donde ninguna persona tenga que pedir permiso para ser quien es, un Estado donde la diversidad sea reconocida como una riqueza social y donde la dignidad deje de ser una aspiración para convertirse, finalmente, en una realidad para todas las personas.

“…Lo que importa es el verde. No el del césped. Tampoco el del uniforme de la selección mexicana. Sí el color de los dólares”.

Francisco Rodríguez. Índice Político

Hubo un tiempo en que el fútbol se jugaba limpio, con honor, con espíritu deportivo y sin objetivo económico. Siempre con su dosis de intensidad y de picardía. Sin mayor interés que el de meter más goles que el rival. Ese era el fútbol del pasado, el de las canchas del barrio, el de las camisetas de algodón, el que se regía con códigos de honor y se defendía con batallas campales.

El fútbol en la cancha tiene reglas claras y sencillas. La organización desde el escritorio no. Detrás de las luces multicolores, los estadios con alta tecnología, y la fiesta por la pelota, se esconde una realidad oscura: grandes intereses, sobornos, corrupción y muchos millones de dólares transfiriéndose de una cuenta bancaria a otra.

Desde hace varias décadas, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), se ha erigido como la dueña de este deporte a nivel mundial, y se ha convertido en una de las empresas más lucrativas.

Para nadie en el mundo del fútbol es desconocido que en 2015, se desatara el famoso escándalo llamado “el FIFA Gate”, derivado de una investigación judicial que destapó una red de corrupción de los dirigentes-dueños del fútbol, en la que se evidenciaron entre otras cosas: contratos por derechos de televisión a cambio de sobornos millonarios, lavado de dinero, desvío de fondos y corrupción en la elección de sedes.

No es casualidad que este mundial se está llevando a cabo en Estados Unidos, pues el Departamento de Justicia y el FBI acusaron a la FIFA de haber otorgado las sedes de Rusia 2018 y de Qatar en 2022 a consecuencia de sobornos. Se optó por incluir a México y Canadá en el paquete para que fuera menos obvio. ¿Y cómo se solucionó?, pues con más corrupción. Norteamérica es sede y se acabó el problema.

Algunas fuentes periodísticas señalan que, en este mundial, la FIFA facturará alrededor de 13 mil millones de dólares, lo que representará más del 60 por ciento en comparación con el evento mundialista de hace cuatro años; esto es, derechos televisivos, publicidad, taquillas y consumo en los estadios.

Entre los gastos de la empresa dueña del balón, se cuentan 871 millones de dólares, que se repartirán entre los 48 equipos participantes. El campeón recibirá 50 millones de dólares, el subcampeón 33, el tercer lugar 29, mientras los equipos que menos recibirán, se embolsarán la cantidad de 12.5 mdd.

El fútbol como industria representa una millonada para quienes lo han monopolizado. El negocio es cada vez mayor. Más selecciones participando, más partidos, mayor duración del torneo, más anuncios de patrocinadores; y en contraste, menos calidad futbolística, menos acceso al ciudadano común por los precios inaccesibles, menos credibilidad.

El campeonato mundial paraliza al mundo. Mueve muchas cosas y hace que se olviden otras tantas.

En México, en las ciudades sede, CDMX, Monterrey y Guadalajara se cerraron obras a toda prisa, obras sin planeación, vistosas al turismo pero que no es claro que vayan a tener beneficios permanentes para los habitantes.

El evento mundial también ha sido una ventana a la manifestación de inconformidades. Las calles han sido cerradas por docentes que denuncian promesas incumplidas. Las madres buscadoras de familiares desaparecidos han tenido que protestar durante estos eventos para exigir lo que debería ser básico en cualquier país del mundo: justicia. También persisten las demandas de transportistas y agricultores, que exigen seguridad y apoyo. Entre otras amenazas, existe la de un paro nacional durante el tercer partido de la selección nacional.

Pese a todo, el negocio tiene que continuar; un mundial marcado por las tensiones entre México y EEUU, los conflictos entre el país sede e Irán, además de los desafíos sanitarios como los brotes de ébola en algunos países africanos, ante la movilidad de millones de visitantes de todo el mundo.

Por mucho, el fútbol sigue siendo el deporte más popular del planeta, el que mueve masas y desborda pasiones, Y en cada campeonato mundial aumentan las ganancias en millones de dólares, y eso atrae más a la corrupción. Y para quienes dirigen este negocio, la justicia en el fútbol es lo de menos. Los ingresos mandan.

Y cuando el dinero manda, el deporte pierde.

Cuando las luces del escenario se encienden, el público suele ver únicamente el resultado final, vestuarios impecables, coreografías sincronizadas, voces que emocionan y aplausos que llenan el recinto; lo que pocas veces se observa es todo aquello que sucede detrás del telón, las horas de ensayo, las dudas vencidas, los nervios antes de salir a escena, las historias personales que encuentran en el teatro una forma de expresión y, sobre todo, la pasión de quienes han decidido dedicar parte de su vida a construir cultura.

En Metepec, una empresa ha logrado convertir esa pasión en un movimiento artístico que continúa creciendo y conquistando corazones, se trata de ATM Broadway Metepec, una organización dedicada al teatro musical que, después de más de tres años de trabajo constante en el municipio y once años de trayectoria a nivel nacional, se ha consolidado como uno de los proyectos culturales con mayor aceptación entre niños, jóvenes y adultos que buscan acercarse al arte escénico.

Bajo la dirección de Gerardo Brieño, ATM Broadway Metepec ha logrado construir mucho más que un espacio de formación artística, ha creado una comunidad, un lugar donde las personas descubren talentos que desconocían tener, fortaleciendo su confianza y encontrando una familia entre bastidores.

Acompañando este proyecto se encuentran profesionales comprometidas con el crecimiento de la empresa y de cada uno de sus integrantes, Wendy Acosta Avendaño, Verónica Majarrez y Stephanie Hurtado, quienes forman parte fundamental de una estructura que ha permitido que el teatro musical siga ganando presencia en el Valle de Toluca.

Particularmente destaca la labor de Wendy Acosta Avendaño, Directora de Productividad y Comunicación, cuya gestión ha sido determinante para fortalecer la presencia de ATM Broadway Metepec, su trabajo ha impulsado alianzas, proyectos de difusión y estrategias de crecimiento que han permitido acercar el teatro musical a un número cada vez mayor de personas interesadas en vivir la experiencia artística desde dentro.

Detrás de esta visión se encuentra también el liderazgo de Coco Valle, Directora Nacional de ATM Broadway, una figura ampliamente reconocida por su trayectoria dentro del teatro musical, su experiencia ha permitido llevar a escena producciones que han dejado huella entre el público, como La Bella y la Bestia, La Mujer que No Soñé y ¡Qué Plantón!, entre otras obras que han demostrado que el talento mexicano tiene la capacidad de emocionar, inspirar y transformar.

Porque el teatro no es solamente entretenimiento, es aprendizaje, es sensibilidad, es disciplina, es trabajo en equipo, es una escuela de vida; cada montaje representa meses de esfuerzo invisible, horas de preparación que el público no ve, pero que terminan reflejándose en cada aplauso.

Detrás de cada personaje existe una persona que venció el miedo escénico, detrás de cada canción existe alguien que aprendió a creer en sí mismo, detrás de cada función existe un grupo humano que decidió apostar por el arte en una época donde la inmediatez suele ganar terreno.

Por ello, el impacto de ATM Broadway Metepec trasciende el escenario, su aportación es cultural, social y humana, en una sociedad que necesita espacios para la creatividad, la convivencia y la expresión artística, el teatro continúa siendo una herramienta poderosa para formar ciudadanos sensibles, empáticos y comprometidos con su entorno.

Y precisamente esa filosofía volverá a ponerse a prueba con una de las producciones más esperadas por el público, Mamma Mia!, el exitoso musical inspirado en las canciones del legendario grupo ABBA, que llegará al Teatro Cenca los días 19, 20 y 21 de junio; la expectativa crece entre quienes ya conocen el trabajo de ATM Broadway y entre quienes están por descubrirlo por primera vez, será una oportunidad para confirmar que el teatro musical sigue vivo, sigue emocionando y sigue reuniendo a familias enteras alrededor de una experiencia única.

Porque en tiempos donde la tecnología domina gran parte de la vida cotidiana, sentarse frente a un escenario continúa siendo un acto profundamente humano, es compartir emociones en tiempo real, es reír juntos, es conmoverse juntos, es recordar que las historias tienen el poder de unirnos.

ATM Broadway Metepec representa precisamente eso, la posibilidad de soñar despiertos durante unas horas y de comprender que detrás de cada gran función existe un ejército silencioso de artistas, maestros, directivos y colaboradores que hacen posible la magia.

Y mientras existan personas dispuestas a subir a un escenario para contar una historia, también existirán espectadores dispuestos a creer en ella.

La relación comenzó como muchas otras, confianza, afecto, promesas de futuro y una vida compartida construida desde la intimidad, pero con el tiempo, aquello que parecía amor, terminó convertido en pérdida económica, desgaste emocional y procesos legales fragmentados, hoy, tres mujeres, activistas en defensa de los derechos de las mujeres, con miles atrás de ellas como respaldo y sororidad, en el Estado de México y en el resto del país, buscan transformar su experiencia en una causa pública y abrir una discusión jurídica que en la Entidad todavía no encuentra nombre propio dentro de la ley.

Rita Pergon, Carmen Ramírez y Monserrat Pérez, no se conocían entre sí, sus historias ocurrieron por separado, en momentos distintos, con hombres diferentes y edades distintas, sin embargo, al compartir sus testimonios públicamente descubrieron algo que las unía de manera inquietante, el patrón era prácticamente idéntico.

Según sus relatos, sus entonces parejas sentimentales aprovecharon el vínculo afectivo construido con ellas para obtener dinero, bienes o beneficios materiales mediante engaño, manipulación emocional y abuso de confianza; Carmen Ramírez perdió alrededor de 300 mil pesos, Monserrat Pérez fue despojada de aproximadamente 150 mil pesos, Rita Pergon perdió la totalidad del mobiliario del departamento que compartía con quien fue su pareja.

Los nombres señalados por cada una son distintos, Alfonso “N”, de 37 años; Gunter “N”, de 52; y Alejandro “N”, de 44; pero, de acuerdo con los testimonios reunidos por las víctimas, el modo de actuar presenta similitudes constantes: acercamiento afectivo, consolidación emocional de la relación, generación progresiva de confianza y posteriormente aprovechamiento patrimonial o económico derivado del vínculo sentimental.

Lo que inicialmente parecía una experiencia individual terminó convirtiéndose en una red de testimonios compartidos a través de publicaciones en medios de comunicación, redes sociales y espacios de denuncia pública; Rita, Carmen y Monserrat entraron en contacto y comenzaron a documentar otros casos similares, con el tiempo, las cifras crecieron.

Rita señala haber identificado a 29 víctimas más, vinculadas con el mismo presunto agresor, Carmen ha documentado al menos 20 casos adicionales relacionados con su expareja, y Fernanda García, quien previamente impulsó públicamente esta causa tras denunciar una experiencia similar, llegó a contabilizar 79 víctimas de la misma persona.

Fernanda fue una de las primeras en colocar el tema sobre la mesa pública, tras denunciar violencia relacionada con su expareja, promovió la necesidad de crear un marco legal específico que reconociera la figura conocida entre víctimas como Estafa Romance, entendida como aquella conducta donde una persona utiliza el vínculo amoroso o afectivo como herramienta para obtener dinero, bienes materiales o beneficios patrimoniales mediante manipulación emocional.

Actualmente, Fernanda permanece ilocalizable y no se conocen públicamente mayores avances sobre su caso, en marzo de 2026, Rita Pergon, Carmen Ramírez y otras víctimas sostuvieron una primera reunión con la diputada Elizabeth Mateos en el Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo de impulsar una propuesta legislativa que tipifique esta conducta.

Pero la necesidad de crear el marco jurídico no ha quedado ahí, ahora intentan proponer en la Cámara de Diputados del Estado de México, que se tipifique como delito la Estafa Romance.

Sin embargo, a la fecha, según refieren las víctimas, no existe una iniciativa formal presentada, ni avances legislativos concretos que permitan convertir la propuesta en discusión parlamentaria, mientras tanto, los casos continúan encuadrándose dentro de figuras jurídicas parciales.

Monserrat no pudo encuadrar el hecho para poderlo denunciar, Rita logró presentar denuncia por violencia familiar, Carmen denunció por fraude, Fernanda también denunció en su momento por violencia, pero las cuatro coinciden en el mismo punto, ninguna de estas figuras jurídicas alcanza a nombrar completamente lo sucedido.

Derivado de lo anterior, debido a que el delito que denuncian no se limita al fraude financiero tradicional, tampoco se reduce exclusivamente a violencia emocional, lo que describen es una conducta específica que inicia desde el enamoramiento, se sostiene mediante manipulación afectiva y concluye con el despojo patrimonial y/o económico de la víctima.

La dimensión emocional se convierte en herramienta del delito, y el vínculo amoroso en mecanismo de acceso; en países como España, esta conducta sí cuenta con antecedentes legales bajo el concepto de estafa sentimental, contemplada dentro del análisis jurídico vinculado a engaño económico dentro de relaciones afectivas.

En México, sin embargo, no existe todavía una tipificación penal específica que reconozca la llamada Estafa Romance como figura autónoma, para quienes impulsan esta propuesta, el vacío legal genera una doble vulnerabilidad: la pérdida material y la falta de reconocimiento jurídico de lo ocurrido.

Por ello, las víctimas insisten en que no se trata únicamente de dinero, se trata también de violencia emocional, de abuso de confianza, de manipulación afectiva y de un patrón repetido que, afirman, continúa afectando a más mujeres sin una ruta legal clara para denunciarlo.

La demanda que hoy sostienen busca precisamente eso, que la ley nombre aquello que hasta ahora permanece disperso entre delitos incompletos, porque cuando el engaño nace dentro de una relación afectiva, demostrarlo ante la autoridad suele ser prácticamente imposible.

Y cuando el amor se convierte en herramienta para despojar, la herida no solo toca el patrimonio, también alcanza la confianza, deja una marca difícil de cuantificar en expedientes judiciales, pero profundamente visible en la vida de quienes la atraviesan.

Mientras el tema continúa sin avances legislativos concretos, Rita, Carmen y Monserrat, continúan haciendo lo que hasta ahora les ha permitido encontrarse con otras víctimas, hablar, nombrarlo, documentarlo y exigir que aquello que les ocurrió deje de ser únicamente una historia personal y se convierta, finalmente, en asunto de ley.