Ulises Rangel

Hace unas semanas, Julio Frenk (ideólogo del Seguro Popular y secretario de salud del 2000 al 20006) reapareció en Nexos con una entrevista crítica a las políticas de salud de la Cuarta Transformación: “El precio de la ideología”. El doctor Frenk, quien fue rector de la Universidad de Miami y en 2021 entregó un doctorado honoris causa al expresidente Vicente Fox, sostuvo que abandonar las reformas anteriores —las que él mismo impulsó— y elegir funcionarios ideologizados, en lugar de expertos en políticas públicas, deterioró la cobertura, elevó el gasto de bolsillo y debilitó la capacidad del Estado.

Una de las pruebas más repetidas para sostener esa narrativa fue la medición de pobreza de 2022. El CONEVAL clasificó a 50.4 millones de personas, 39.1 por ciento de la población, con carencia por acceso a los servicios de salud. La cifra es real. Lo falso es convertirla, sin explicación, en 50 millones de personas abandonadas.

La medición no preguntó si alguien tenía un centro de salud cerca; si consiguió consulta, medicamentos, estudios o cirugía; cuánto esperó, cuánto pagó, ni si la atención resolvió su problema. Midió, fundamentalmente, afiliación, adscripción o derechohabiencia. Es decir, confundió una categoría administrativa con una experiencia sanitaria.

Y ahí aparece la paradoja. El mismo Julio Frenk que ayudó a construir un modelo basado en padrones terminó haciendo eco de una medición que sólo reconocía derechos respaldados por una credencial. Como el nuevo sistema eliminó la póliza del Seguro Popular y estableció que la atención debía brindarse sin afiliación previa, concluyeron que quienes dejaron de aparecer en aquel padrón también habían dejado de tener acceso a la salud.

La mentira no consiste en negar los problemas. México todavía enfrenta esperas, desigualdades territoriales, faltantes y diagnósticos tardíos. Consiste en presentar una medición administrativa como una radiografía completa de la realidad sanitaria.

Cuando desapareció el Seguro Popular también desapareció su padrón. Millones de personas dejaron de portar una póliza, pero no por ello desaparecieron las clínicas, los hospitales, los trabajadores ni el derecho constitucional a la protección de la salud. Se eliminó una lista; no se derogó el artículo 4.º de la Constitución.

Para entender cómo llegamos aquí hay que recordar que el sistema mexicano de salud no nació universal, sino corporativo. El Estado posrevolucionario construyó instituciones alrededor del trabajo formal: IMSS para trabajadores privados; ISSSTE para empleados públicos; Pemex y Fuerzas Armadas para sus poblaciones; servicios estatales para quienes quedaban fuera. El derecho dependía del empleo, aunque la enfermedad nunca pidió un recibo de nómina.

Así, un hospital podía tener cama, quirófano o equipo disponible y, aun así, no atender a una persona de otra institución. El paciente debía resolver primero la burocracia y después, si tenía suerte, su enfermedad. No había reglas comunes de pago, expedientes interoperables ni mecanismos automáticos de compensación.

En 1996, mientras México celebraba la industrialización, las políticas de descentralización y todas esas palabras que prometían convertirnos en un país moderno, el Gobierno Federal transfirió a los estados la responsabilidad de atender a la población sin seguridad social. El problema es que no desarrollaron las mismas capacidades, ni contaban con el mismo dinero, ni tuvieron los mismos hospitales. En un estado contaban con tecnología de punta muy cerca de las comunidades y en otros más pobres, no había ni siquiera suero anti-alacrán. Le llamaron descentralización. Para muchos mexicanos fue simplemente mala suerte geográfica.

El Seguro Popular nació en el México de la alternancia, pero también fue hijo de una renuncia. A diferencia del IMSS y del ISSSTE —instituciones que llevan en el nombre la seguridad social porque construyeron hospitales, contrataron trabajadores, pagaron pensiones y asumieron directamente la protección de sus derechohabientes—, el nuevo programa no pretendió incorporar a quienes estaban fuera a un sistema semejante. La tecnocracia decidió que para los trabajadores formales habría seguridad social y para los pobres bastaría un seguro.

Aunque partían de una idea certera: una enfermedad podía destruir el patrimonio de una familia. Pero la solución tradujo un derecho social al lenguaje neoliberal de la administración del riesgo. En lugar de construir una institución nacional capaz de atender a todas las personas, el Estado financiaría paquetes de intervenciones y protegería a los hogares frente a ciertos gastos. La persona ya no sería derechohabiente de una institución pública integral, sino afiliada a un mecanismo de aseguramiento. Y como todo seguro necesitaba delimitar a quién cubría, había que registrarse, aparecer en un padrón y portar una credencial.

Se imprimieron credenciales, se levantaron padrones, se redactaron reglas de operación y durante años se celebró que cada vez hubiera más afiliados. El pequeño detalle es que una credencial no toma la presión, no interpreta una radiografía, no abre un quirófano y, hasta donde sabemos, tampoco prescribe medicamentos.

El Seguro Popular corrigió parcialmente la protección financiera, pero no integró la prestación. Transfería recursos conforme a padrones y paquetes de intervenciones; no era una institución nacional con médicos, hospitales, logística y capacidad operativa propia. Su incentivo principal era afiliar. Una administración podía aumentar el número de inscritos sin incrementar, en la misma proporción, las camas, los médicos, los estudios o las cirugías.

Por eso es indispensable hablar de cobertura efectiva. Hay modelos teóricos, como el de Tanahashi, que explica que una persona puede quedar excluida en cada etapa de la atención. Primero debe existir el servicio. Después debe ser accesible, aceptable y utilizado. Finalmente, debe tener calidad suficiente para producir un beneficio. Ninguno de esos pasos se resuelve plastificando una tarjeta.

La ruptura iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe entenderse desde esa perspectiva. La reforma constitucional de 2020 fortaleció la obligación del Estado de garantizar atención integral y gratuita a quienes no cuentan con seguridad social. El INSABI intentó eliminar la afiliación como puerta de entrada. Su implementación coincidió con la pandemia y enfrentó problemas de transición, financiamiento y operación.

La respuesta posterior fue más profunda: crear un prestador federal. IMSS-Bienestar opera directamente servicios para la población sin seguridad social. No sólo transfiere recursos: contrata personal, administra hospitales, organiza redes, compra medicamentos y asume responsabilidad sobre la prestación.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió esa base y planteó el siguiente paso: que el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, todavía separados por reglas, presupuestos y poblaciones distintas, empiecen a comportarse como un solo sistema. De eso trata el Servicio Universal de Salud. La credencial, el expediente clínico electrónico, el intercambio de servicios y la compensación financiera son las piezas que permitirán que una persona pueda entrar por una institución y continuar su atención en otra, sin empezar de cero y sin cargar ella misma con las fronteras administrativas.

Para que eso ocurra, la infraestructura debe dejar de pensarse por institución y empezar a ordenarse por territorio. En los primeros veinte meses de la administración entraron en operación 29 hospitales, se modernizaron 70 quirófanos y hacia 2030 se proyectan 9 mil 139 camas adicionales. Será decisivo que esas camas tengan personal, medicamentos, mantenimiento y presupuesto. México ya conoce hospitales terminados que nunca estuvieron realmente abiertos. También conocemos el absurdo de tomógrafos instalados frente a otros tomógrafos, separados por un logotipo, mientras regiones enteras carecen de ambos.

La compra de 816 equipos de alta tecnología, con una inversión de 11 mil 257 millones de pesos, amplía la capacidad diagnóstica, y nos obliga a pensar el sistema completo: quién los opera, quién los mantiene, dónde se colocan y cuánto reducen los traslados y las listas de espera.

IMSS-Bienestar ha basificado a 55 mil 572 trabajadores e incorporado 8 mil 543 especialistas y 9 mil 60 médicos familiares y generales. Es una forma concreta de reconstruir capacidades que durante años descansaron en contratos precarios, plazas insuficientes y servicios incompletos. El siguiente reto está en la distribución y la permanencia: lograr que ese personal que se contrató en la zona chol de Chiapas, La Montaña de Guerrero, la Costa Chica afromexicana o el Alto Balsas permanezca. Para eso hacen falta plazas, pero también vivienda, seguridad, equipo, condiciones dignas de trabajo y una ruta de desarrollo profesional. Ahí se juega buena parte de la capacidad real del sistema.

Para la credencialización se dispusieron 2 mil 898 módulos, 9 mil 791 operadores y mil 706 supervisores en las 32 entidades. CFE Internet para Todos llevará conectividad a las unidades más alejadas y las tres instituciones adoptarán un expediente clínico electrónico homologado. La historia clínica podrá acompañar a cada persona, pero esa promesa dependerá de que los datos estén completos, protegidos y disponibles cuando hagan falta.

Y todo esto se fortalece con los programas en el territorio: Salud Casa por Casa, La Clínica es Nuestra, Laboratorio en tu Clínica, las Farmacias del Bienestar, la telemedicina y las unidades móviles. Salud Casa por Casa ha realizado 18.4 millones de visitas y alcanzado a 11.5 millones de personas en 8.9 millones de hogares. La pregunta importante es qué pasa después de tocar la puerta: si la visita conduce a una consulta, la consulta a un estudio, el diagnóstico a un tratamiento y el tratamiento a un seguimiento.

Y al final están los medicamentos, que son un bien estratégico de la nación. La compra consolidada 2025-2026 calculó una demanda de hasta 4 mil 982 millones de piezas y las Rutas de la Salud habían distribuido 162 millones al cierre de marzo de 2026. Logrando consolidar algo que antes el estado no tenía: capacidades públicas de logística y distribución.

Ésa es la complejidad del sistema que se está construyendo.

Querida lectora, querido lector: permítame abrir un paréntesis.

Como si no bastaran los argumentos, las cifras, los resultados y la visión de futuro de un sistema que intenta reconstruirse, recuerde de dónde venimos. Recuerde la desfachatez de los gobiernos del PRIAN. Recuerde el agua administrada a niñas y niños con cáncer. Recuerde los bancos de sangre pagados y nunca construidos en la sierra de Guerrero. Recuerde los hospitales del ISSSTE entregados a particulares mediante concesiones que hoy el Estado tiene que volver a comprar.

Recuerde los salarios miserables de quienes sostuvieron los hospitales con las manos. Recuerde que despedían al personal cada diciembre para impedirle generar antigüedad, estabilidad y derechos. Recuerde quiénes gobernaban cuando ocurrió la tragedia de la Guardería ABC. Recuerde los más de 300 hospitales abandonados en obra negra. Recuerde los quirófanos inaugurados para la fotografía y cerrados durante veinte años. Recuerde las clínicas sin médicos, los hospitales sin equipo y las comunidades obligadas a viajar horas para encontrar una consulta.

Recuerde la Sierra del Nayar. Recuerde la Selva Lacandona. Recuerde a los pueblos yaquis, a Cananea y a Atenco. Recuerde todos los lugares donde el Estado llegaba para despojar, reprimir, concesionar o administrar la pobreza, pero casi nunca para garantizar derechos.

No fue un accidente. No fue falta de experiencia. No fue un error de cálculo.

Fue una forma de gobernar.

Privatizar lo rentable. Abandonar lo lejano. Precarizar a quienes cuidaban. Convertir los derechos en contratos y la salud en negocio.

Prohibido olvidar.

Cierro el paréntesis.

Queda una última paradoja. Durante años, quienes convirtieron la credencial en condición para existir estadísticamente dijeron que, al desaparecer la póliza del Seguro Popular, millones dejaron de contar. Ahora el Estado también entregará una credencial, pero su función será distinta.

La Credencial del Servicio Universal de Salud servirá como identificación oficial. Permitirá consultar la derechohabiencia, las unidades disponibles y, progresivamente, citas, recetas, estudios, historial médico y expediente clínico electrónico. Será una llave para compartir información y facilitar el intercambio entre instituciones; no un filtro para negar atención.

Entonces sí: todas las personas tendrán credencial. Y contarán porque tendrán nombre, expediente y continuidad clínica.

Contarán en las estadísticas y en la práctica. Cuando eso ocurra, quienes confundieron una póliza con el derecho a la salud tendrán que aceptarlo.

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Mención aparte merece el comentario de Gómez-Dantés et al. en The Lancet criticando el Servicio Universal de Salud. Octavio Gómez-Dantés fue director general de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud entre 2000 y 2006 —justo durante el diseño y la puesta en marcha del Seguro Popular (qué casualidad)— Ahora regresa, revestido de autoridad científica, para explicarnos que una reforma que no se parece a la suya difícilmente puede llamarse universal (la ciencia, al parecer, empieza donde termina el Seguro Popular).

José Eder Santos Vázquez

Hay luchas que nacen en los congresos y algunas más en las calles, pero las más importantes suelen comenzar en el corazón de quienes, cansados de ser invisibles, deciden levantar la voz para reclamar algo tan simple y poderoso como su derecho a existir.

La historia de la comunidad LGBTQ+ en el Estado de México ha estado marcada por décadas de silencio, discriminación y dolor; durante años, miles de personas crecieron aprendiendo a ocultar quiénes eran por miedo al rechazo de sus familias, a las burlas en las escuelas, a la exclusión en los centros de trabajo o, incluso, a la violencia física que, en demasiadas ocasiones, terminó arrebatando vidas.

Detrás de cada estadística existe un rostro, existe una adolescencia expulsada de su hogar por amar a quien la sociedad le dijo que no debía amar, existe una persona que abandonó la escuela para escapar del acoso constante, existe una mujer trans que vio cerrarse las puertas de un empleo digno simplemente porque su identidad incomodaba a quienes debían respetarla, existen personas que fueron obligadas a vivir bajo documentos oficiales que negaban su propia existencia y que las condenaban diariamente a explicar quiénes eran frente a funcionarios, maestros, médicos o empleadores.

En una sociedad que aspira a la igualdad, existen nombres que trascienden la esfera de la lucha social para convertirse en símbolos de esperanza, justicia y transformación, uno de ellos es el de Tanya Vásquez, activista mexiquense, cuya voz, perseverancia y convicción fueron fundamentales para impulsar uno de los avances más significativos en materia de derechos humanos de las últimas décadas, el reconocimiento de la identidad de género en el Estado de México.

Su labor no puede medirse únicamente en reformas legales o procedimientos administrativos, detrás de cada derecho conquistado existe una historia humana, una vida que deja de ser invisible y una persona que recupera su dignidad frente a las instituciones y frente a la sociedad; esa ha sido la verdadera dimensión del trabajo de Tanya Vásquez, abrir caminos donde antes existían barreras y demostrar que la igualdad no debe ser una promesa, sino una realidad para todas las personas.

Durante años, integrantes de la comunidad LGBTQ+ enfrentaron obstáculos para ejercer derechos básicos, el reconocimiento de la identidad de género representó mucho más que un trámite; significó el acceso a la educación, al empleo, a la salud y a una vida libre de discriminación para cientos de personas que durante demasiado tiempo fueron obligadas a vivir bajo documentos que no reflejaban quiénes eran realmente.

Hoy, cuando México se encuentra a las puertas de nuevos procesos electorales y, el Estado de México se prepara para definir el rumbo político de los próximos años, la inclusión no puede quedar relegada a discursos de campaña ni convertirse en una bandera temporal, la defensa de los derechos humanos debe constituir un compromiso permanente de quienes aspiran a gobernar.

Las poblaciones LGBTQ+ continúan enfrentando desafíos profundos, la discriminación laboral, el abandono escolar derivado del acoso, las dificultades para acceder a servicios de salud sensibles a la diversidad y los prejuicios que persisten en distintos espacios sociales, son una realidad que no puede ignorarse, por ello, resulta indispensable que las instituciones públicas asuman una postura clara, firme y comprometida.

En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, tiene una oportunidad histórica para fortalecer la protección de estas poblaciones mediante la emisión de recomendaciones específicas dirigidas a las dependencias gubernamentales y a la Legislatura mexiquense, dichas recomendaciones deberían impulsar políticas públicas integrales que garanticen el acceso igualitario a los servicios de salud, promuevan entornos educativos libres de violencia y discriminación, fortalezcan mecanismos de inclusión laboral y aseguren el respeto irrestricto a la identidad y expresión de género de todas las personas.

Asimismo, corresponde a la Legislatura del Estado de México continuar construyendo un marco jurídico que no solamente reconozca derechos, sino que establezca mecanismos efectivos para su protección y cumplimiento. Las leyes tienen sentido cuando transforman la vida de las personas y cuando llegan a quienes históricamente han sido excluidos de la toma de decisiones.

La historia enseña que los avances en derechos humanos nunca han sido concesiones gratuitas, han sido resultado de la valentía de mujeres y hombres que decidieron alzar la voz frente a la indiferencia, Tanya Vásquez pertenece a esa generación de activistas que entendió que el silencio perpetúa las injusticias y que la participación ciudadana puede cambiar el destino de una comunidad entera.

Su legado trasciende cualquier coyuntura política, vive en cada persona que hoy puede ejercer su derecho a la identidad, en cada joven que encuentra referentes para vivir libremente y en cada familia que aprende que el respeto y el amor son más fuertes que los prejuicios.

El mes del Orgullo representa una oportunidad para celebrar los avances alcanzados, pero también para reconocer las tareas pendientes, la igualdad plena aún no ha llegado para todas las personas, por ello, más que una conmemoración, junio debe convertirse en un recordatorio colectivo de que la dignidad humana no admite excepciones.

La inclusión no debilita a las sociedades, las fortalece; el respeto a la diversidad no amenaza a nadie, amplía las libertades de todos; y la defensa de los derechos humanos no es una causa exclusiva de una comunidad, es una responsabilidad compartida que define la calidad democrática de una nación.

Hoy, el mejor homenaje al trabajo de Tanya Vásquez consiste en continuar la lucha por un Estado de México más justo, más humano y más incluyente, un Estado donde ninguna persona tenga que pedir permiso para ser quien es, un Estado donde la diversidad sea reconocida como una riqueza social y donde la dignidad deje de ser una aspiración para convertirse, finalmente, en una realidad para todas las personas.

“…Lo que importa es el verde. No el del césped. Tampoco el del uniforme de la selección mexicana. Sí el color de los dólares”.

Francisco Rodríguez. Índice Político

Hubo un tiempo en que el fútbol se jugaba limpio, con honor, con espíritu deportivo y sin objetivo económico. Siempre con su dosis de intensidad y de picardía. Sin mayor interés que el de meter más goles que el rival. Ese era el fútbol del pasado, el de las canchas del barrio, el de las camisetas de algodón, el que se regía con códigos de honor y se defendía con batallas campales.

El fútbol en la cancha tiene reglas claras y sencillas. La organización desde el escritorio no. Detrás de las luces multicolores, los estadios con alta tecnología, y la fiesta por la pelota, se esconde una realidad oscura: grandes intereses, sobornos, corrupción y muchos millones de dólares transfiriéndose de una cuenta bancaria a otra.

Desde hace varias décadas, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), se ha erigido como la dueña de este deporte a nivel mundial, y se ha convertido en una de las empresas más lucrativas.

Para nadie en el mundo del fútbol es desconocido que en 2015, se desatara el famoso escándalo llamado “el FIFA Gate”, derivado de una investigación judicial que destapó una red de corrupción de los dirigentes-dueños del fútbol, en la que se evidenciaron entre otras cosas: contratos por derechos de televisión a cambio de sobornos millonarios, lavado de dinero, desvío de fondos y corrupción en la elección de sedes.

No es casualidad que este mundial se está llevando a cabo en Estados Unidos, pues el Departamento de Justicia y el FBI acusaron a la FIFA de haber otorgado las sedes de Rusia 2018 y de Qatar en 2022 a consecuencia de sobornos. Se optó por incluir a México y Canadá en el paquete para que fuera menos obvio. ¿Y cómo se solucionó?, pues con más corrupción. Norteamérica es sede y se acabó el problema.

Algunas fuentes periodísticas señalan que, en este mundial, la FIFA facturará alrededor de 13 mil millones de dólares, lo que representará más del 60 por ciento en comparación con el evento mundialista de hace cuatro años; esto es, derechos televisivos, publicidad, taquillas y consumo en los estadios.

Entre los gastos de la empresa dueña del balón, se cuentan 871 millones de dólares, que se repartirán entre los 48 equipos participantes. El campeón recibirá 50 millones de dólares, el subcampeón 33, el tercer lugar 29, mientras los equipos que menos recibirán, se embolsarán la cantidad de 12.5 mdd.

El fútbol como industria representa una millonada para quienes lo han monopolizado. El negocio es cada vez mayor. Más selecciones participando, más partidos, mayor duración del torneo, más anuncios de patrocinadores; y en contraste, menos calidad futbolística, menos acceso al ciudadano común por los precios inaccesibles, menos credibilidad.

El campeonato mundial paraliza al mundo. Mueve muchas cosas y hace que se olviden otras tantas.

En México, en las ciudades sede, CDMX, Monterrey y Guadalajara se cerraron obras a toda prisa, obras sin planeación, vistosas al turismo pero que no es claro que vayan a tener beneficios permanentes para los habitantes.

El evento mundial también ha sido una ventana a la manifestación de inconformidades. Las calles han sido cerradas por docentes que denuncian promesas incumplidas. Las madres buscadoras de familiares desaparecidos han tenido que protestar durante estos eventos para exigir lo que debería ser básico en cualquier país del mundo: justicia. También persisten las demandas de transportistas y agricultores, que exigen seguridad y apoyo. Entre otras amenazas, existe la de un paro nacional durante el tercer partido de la selección nacional.

Pese a todo, el negocio tiene que continuar; un mundial marcado por las tensiones entre México y EEUU, los conflictos entre el país sede e Irán, además de los desafíos sanitarios como los brotes de ébola en algunos países africanos, ante la movilidad de millones de visitantes de todo el mundo.

Por mucho, el fútbol sigue siendo el deporte más popular del planeta, el que mueve masas y desborda pasiones, Y en cada campeonato mundial aumentan las ganancias en millones de dólares, y eso atrae más a la corrupción. Y para quienes dirigen este negocio, la justicia en el fútbol es lo de menos. Los ingresos mandan.

Y cuando el dinero manda, el deporte pierde.

Cuando las luces del escenario se encienden, el público suele ver únicamente el resultado final, vestuarios impecables, coreografías sincronizadas, voces que emocionan y aplausos que llenan el recinto; lo que pocas veces se observa es todo aquello que sucede detrás del telón, las horas de ensayo, las dudas vencidas, los nervios antes de salir a escena, las historias personales que encuentran en el teatro una forma de expresión y, sobre todo, la pasión de quienes han decidido dedicar parte de su vida a construir cultura.

En Metepec, una empresa ha logrado convertir esa pasión en un movimiento artístico que continúa creciendo y conquistando corazones, se trata de ATM Broadway Metepec, una organización dedicada al teatro musical que, después de más de tres años de trabajo constante en el municipio y once años de trayectoria a nivel nacional, se ha consolidado como uno de los proyectos culturales con mayor aceptación entre niños, jóvenes y adultos que buscan acercarse al arte escénico.

Bajo la dirección de Gerardo Brieño, ATM Broadway Metepec ha logrado construir mucho más que un espacio de formación artística, ha creado una comunidad, un lugar donde las personas descubren talentos que desconocían tener, fortaleciendo su confianza y encontrando una familia entre bastidores.

Acompañando este proyecto se encuentran profesionales comprometidas con el crecimiento de la empresa y de cada uno de sus integrantes, Wendy Acosta Avendaño, Verónica Majarrez y Stephanie Hurtado, quienes forman parte fundamental de una estructura que ha permitido que el teatro musical siga ganando presencia en el Valle de Toluca.

Particularmente destaca la labor de Wendy Acosta Avendaño, Directora de Productividad y Comunicación, cuya gestión ha sido determinante para fortalecer la presencia de ATM Broadway Metepec, su trabajo ha impulsado alianzas, proyectos de difusión y estrategias de crecimiento que han permitido acercar el teatro musical a un número cada vez mayor de personas interesadas en vivir la experiencia artística desde dentro.

Detrás de esta visión se encuentra también el liderazgo de Coco Valle, Directora Nacional de ATM Broadway, una figura ampliamente reconocida por su trayectoria dentro del teatro musical, su experiencia ha permitido llevar a escena producciones que han dejado huella entre el público, como La Bella y la Bestia, La Mujer que No Soñé y ¡Qué Plantón!, entre otras obras que han demostrado que el talento mexicano tiene la capacidad de emocionar, inspirar y transformar.

Porque el teatro no es solamente entretenimiento, es aprendizaje, es sensibilidad, es disciplina, es trabajo en equipo, es una escuela de vida; cada montaje representa meses de esfuerzo invisible, horas de preparación que el público no ve, pero que terminan reflejándose en cada aplauso.

Detrás de cada personaje existe una persona que venció el miedo escénico, detrás de cada canción existe alguien que aprendió a creer en sí mismo, detrás de cada función existe un grupo humano que decidió apostar por el arte en una época donde la inmediatez suele ganar terreno.

Por ello, el impacto de ATM Broadway Metepec trasciende el escenario, su aportación es cultural, social y humana, en una sociedad que necesita espacios para la creatividad, la convivencia y la expresión artística, el teatro continúa siendo una herramienta poderosa para formar ciudadanos sensibles, empáticos y comprometidos con su entorno.

Y precisamente esa filosofía volverá a ponerse a prueba con una de las producciones más esperadas por el público, Mamma Mia!, el exitoso musical inspirado en las canciones del legendario grupo ABBA, que llegará al Teatro Cenca los días 19, 20 y 21 de junio; la expectativa crece entre quienes ya conocen el trabajo de ATM Broadway y entre quienes están por descubrirlo por primera vez, será una oportunidad para confirmar que el teatro musical sigue vivo, sigue emocionando y sigue reuniendo a familias enteras alrededor de una experiencia única.

Porque en tiempos donde la tecnología domina gran parte de la vida cotidiana, sentarse frente a un escenario continúa siendo un acto profundamente humano, es compartir emociones en tiempo real, es reír juntos, es conmoverse juntos, es recordar que las historias tienen el poder de unirnos.

ATM Broadway Metepec representa precisamente eso, la posibilidad de soñar despiertos durante unas horas y de comprender que detrás de cada gran función existe un ejército silencioso de artistas, maestros, directivos y colaboradores que hacen posible la magia.

Y mientras existan personas dispuestas a subir a un escenario para contar una historia, también existirán espectadores dispuestos a creer en ella.

La relación comenzó como muchas otras, confianza, afecto, promesas de futuro y una vida compartida construida desde la intimidad, pero con el tiempo, aquello que parecía amor, terminó convertido en pérdida económica, desgaste emocional y procesos legales fragmentados, hoy, tres mujeres, activistas en defensa de los derechos de las mujeres, con miles atrás de ellas como respaldo y sororidad, en el Estado de México y en el resto del país, buscan transformar su experiencia en una causa pública y abrir una discusión jurídica que en la Entidad todavía no encuentra nombre propio dentro de la ley.

Rita Pergon, Carmen Ramírez y Monserrat Pérez, no se conocían entre sí, sus historias ocurrieron por separado, en momentos distintos, con hombres diferentes y edades distintas, sin embargo, al compartir sus testimonios públicamente descubrieron algo que las unía de manera inquietante, el patrón era prácticamente idéntico.

Según sus relatos, sus entonces parejas sentimentales aprovecharon el vínculo afectivo construido con ellas para obtener dinero, bienes o beneficios materiales mediante engaño, manipulación emocional y abuso de confianza; Carmen Ramírez perdió alrededor de 300 mil pesos, Monserrat Pérez fue despojada de aproximadamente 150 mil pesos, Rita Pergon perdió la totalidad del mobiliario del departamento que compartía con quien fue su pareja.

Los nombres señalados por cada una son distintos, Alfonso “N”, de 37 años; Gunter “N”, de 52; y Alejandro “N”, de 44; pero, de acuerdo con los testimonios reunidos por las víctimas, el modo de actuar presenta similitudes constantes: acercamiento afectivo, consolidación emocional de la relación, generación progresiva de confianza y posteriormente aprovechamiento patrimonial o económico derivado del vínculo sentimental.

Lo que inicialmente parecía una experiencia individual terminó convirtiéndose en una red de testimonios compartidos a través de publicaciones en medios de comunicación, redes sociales y espacios de denuncia pública; Rita, Carmen y Monserrat entraron en contacto y comenzaron a documentar otros casos similares, con el tiempo, las cifras crecieron.

Rita señala haber identificado a 29 víctimas más, vinculadas con el mismo presunto agresor, Carmen ha documentado al menos 20 casos adicionales relacionados con su expareja, y Fernanda García, quien previamente impulsó públicamente esta causa tras denunciar una experiencia similar, llegó a contabilizar 79 víctimas de la misma persona.

Fernanda fue una de las primeras en colocar el tema sobre la mesa pública, tras denunciar violencia relacionada con su expareja, promovió la necesidad de crear un marco legal específico que reconociera la figura conocida entre víctimas como Estafa Romance, entendida como aquella conducta donde una persona utiliza el vínculo amoroso o afectivo como herramienta para obtener dinero, bienes materiales o beneficios patrimoniales mediante manipulación emocional.

Actualmente, Fernanda permanece ilocalizable y no se conocen públicamente mayores avances sobre su caso, en marzo de 2026, Rita Pergon, Carmen Ramírez y otras víctimas sostuvieron una primera reunión con la diputada Elizabeth Mateos en el Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo de impulsar una propuesta legislativa que tipifique esta conducta.

Pero la necesidad de crear el marco jurídico no ha quedado ahí, ahora intentan proponer en la Cámara de Diputados del Estado de México, que se tipifique como delito la Estafa Romance.

Sin embargo, a la fecha, según refieren las víctimas, no existe una iniciativa formal presentada, ni avances legislativos concretos que permitan convertir la propuesta en discusión parlamentaria, mientras tanto, los casos continúan encuadrándose dentro de figuras jurídicas parciales.

Monserrat no pudo encuadrar el hecho para poderlo denunciar, Rita logró presentar denuncia por violencia familiar, Carmen denunció por fraude, Fernanda también denunció en su momento por violencia, pero las cuatro coinciden en el mismo punto, ninguna de estas figuras jurídicas alcanza a nombrar completamente lo sucedido.

Derivado de lo anterior, debido a que el delito que denuncian no se limita al fraude financiero tradicional, tampoco se reduce exclusivamente a violencia emocional, lo que describen es una conducta específica que inicia desde el enamoramiento, se sostiene mediante manipulación afectiva y concluye con el despojo patrimonial y/o económico de la víctima.

La dimensión emocional se convierte en herramienta del delito, y el vínculo amoroso en mecanismo de acceso; en países como España, esta conducta sí cuenta con antecedentes legales bajo el concepto de estafa sentimental, contemplada dentro del análisis jurídico vinculado a engaño económico dentro de relaciones afectivas.

En México, sin embargo, no existe todavía una tipificación penal específica que reconozca la llamada Estafa Romance como figura autónoma, para quienes impulsan esta propuesta, el vacío legal genera una doble vulnerabilidad: la pérdida material y la falta de reconocimiento jurídico de lo ocurrido.

Por ello, las víctimas insisten en que no se trata únicamente de dinero, se trata también de violencia emocional, de abuso de confianza, de manipulación afectiva y de un patrón repetido que, afirman, continúa afectando a más mujeres sin una ruta legal clara para denunciarlo.

La demanda que hoy sostienen busca precisamente eso, que la ley nombre aquello que hasta ahora permanece disperso entre delitos incompletos, porque cuando el engaño nace dentro de una relación afectiva, demostrarlo ante la autoridad suele ser prácticamente imposible.

Y cuando el amor se convierte en herramienta para despojar, la herida no solo toca el patrimonio, también alcanza la confianza, deja una marca difícil de cuantificar en expedientes judiciales, pero profundamente visible en la vida de quienes la atraviesan.

Mientras el tema continúa sin avances legislativos concretos, Rita, Carmen y Monserrat, continúan haciendo lo que hasta ahora les ha permitido encontrarse con otras víctimas, hablar, nombrarlo, documentarlo y exigir que aquello que les ocurrió deje de ser únicamente una historia personal y se convierta, finalmente, en asunto de ley.

La mañana del 16 de mayo comenzó con expectativa para miles de aspirantes que buscaban avanzar en el proceso de selección para ocupar diversos cargos dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, conforme avanzaron las horas, la confianza se transformó en frustración, la organización en incertidumbre y la evaluación en un problema nacional.

La plataforma digital “Examen desde Casa”, operada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), presentó fallas generalizadas que impidieron la aplicación normal de los exámenes programados como parte de la convocatoria emitida por el INE, la situación afectó a candidatos de distintas entidades del país, quienes reportaron problemas de acceso, interrupciones constantes, bloqueos del sistema y dificultades para validar identidad y conexión.

Lo que debía representar una jornada de evaluación técnica y profesional terminó convertido en un episodio de tensión para cientos de participantes que, durante semanas, habían preparado uno de los procesos más importantes de su trayectoria laboral, desde temprana hora, redes sociales y grupos de aspirantes comenzaron a llenarse de mensajes de desesperación, algunos usuarios señalaron que permanecieron durante horas frente a la pantalla sin poder ingresar al sistema; otros denunciaron que la plataforma colapsaba después de iniciar sesión o se congelaba al momento de comenzar la prueba.

La falla no fue aislada, tampoco menor, fue nacional, la magnitud del problema obligó a que personal del CENEVAL atendiera múltiples reportes vía telefónica, de acuerdo con testimonios de aspirantes afectados, operadores de la institución confirmaron que la plataforma había presentado una caída generalizada y que el examen tendría que ser reagendado para todos los participantes a nivel nacional.

La noticia, aunque esperada por algunos usuarios ante la imposibilidad técnica de continuar, dejó al descubierto la fragilidad de los sistemas digitales utilizados en procesos de alta relevancia institucional, en un país donde los procedimientos de selección pública buscan garantizar transparencia, legalidad y equidad, una falla tecnológica de esta dimensión inevitablemente genera cuestionamientos.

Porque no se trató únicamente de un problema informático, se trató de confianza, la convocatoria emitida por el Instituto Nacional Electoral representaba para muchos aspirantes una oportunidad profesional de alto impacto, algunos habían solicitado permisos laborales, reorganizado actividades personales e incluso realizado inversiones en equipo de cómputo e internet para cumplir con los requisitos técnicos establecidos por la propia plataforma.

La caída del sistema alteró no solo una evaluación, sino también la estabilidad emocional y logística de cientos de participantes, hasta el momento, ni el INE ni el CENEVAL habían emitido un posicionamiento público detallado sobre las causas técnicas que originaron la falla, sin embargo, usuarios afectados comenzaron a exigir claridad institucional, transparencia en el proceso y garantías de que la nueva aplicación del examen se realizará bajo condiciones adecuadas.

Especialistas en procesos digitales consultados por distintos sectores consideran que este tipo de incidentes evidencian la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica en mecanismos de evaluación masiva, particularmente cuando se trata de instituciones vinculadas con la vida democrática del país.

La digitalización de los procesos de selección ha permitido ampliar cobertura y reducir costos operativos, pero también ha expuesto nuevas vulnerabilidades, saturación de servidores, fallas de autenticación, dependencia tecnológica y ausencia de protocolos eficientes de contingencia.

En este caso, el problema adquiere una dimensión todavía más sensible debido a la naturaleza del organismo involucrado, el Instituto Nacional Electoral es una de las instituciones más relevantes del sistema democrático mexicano, su legitimidad descansa, en gran medida, sobre la percepción de imparcialidad, capacidad técnica y confianza pública, por ello, cualquier incidente relacionado con sus procesos de reclutamiento inevitablemente genera atención y escrutinio.

Mientras tanto, los aspirantes permanecen a la espera de una nueva fecha, una nueva oportunidad, y sobre todo, de la certeza de que el próximo examen no volverá a quedar atrapado en la caída de un sistema que, por algunas horas, paralizó una convocatoria nacional.

La historia de las grandes crisis sanitarias suele comenzar de manera silenciosa, un caso aislado, un paciente con síntomas extraños, un brote aparentemente contenido, después llegan las preguntas, la incertidumbre y el temor colectivo, hoy, el mundo vuelve a mirar con preocupación al hantavirus, una enfermedad conocida desde hace décadas, pero que recientemente ha despertado alertas internacionales tras el brote detectado en el crucero MV Hondius, donde varios pasajeros enfermaron y al menos tres personas fallecieron.

Aunque la Organización Mundial de la Salud ha señalado que no existen elementos para considerar este brote como el inicio de una nueva pandemia comparable con el COVID-19, la dimensión internacional del caso ha vuelto a colocar al hantavirus en el centro del debate sanitario global.

La preocupación no es casual, el hantavirus representa uno de los ejemplos más inquietantes de enfermedades zoonóticas, infecciones que pasan de animales a humanos y que, bajo ciertas condiciones, pueden provocar, desencadenar crisis de salud pública difíciles de contener.

El hantavirus no es un virus nuevo, la propia OMS recuerda que pertenece a una familia viral identificada desde hace décadas y asociada principalmente a roedores silvestres, los contagios ocurren normalmente cuando las personas entran en contacto con saliva, orina o excremento de animales infectados.

Sin embargo, el actual brote internacional ha encendido alarmas por una razón específica, la detección de la variante “Andes”, una cepa localizada principalmente en Sudamérica y considerada la única capaz de transmitir contagios limitados entre humanos mediante contacto estrecho y prolongado.

Ese detalle cambia completamente la dimensión del problema, no se trata únicamente de una enfermedad vinculada a ambientes rurales o al contacto con roedores, se trata de un virus que, aunque de manera limitada, ha demostrado capacidad de transmisión interpersonal.

Y eso basta para preocupar al mundo, la alerta internacional comenzó cuando pasajeros del crucero MV Hondius, que realizaba una ruta vinculada con Sudamérica y la Antártida, comenzaron a presentar síntomas graves: fiebre, problemas gastrointestinales y posteriormente insuficiencia respiratoria severa.

Las investigaciones posteriores confirmaron varios casos positivos y múltiples sospechosos, los pacientes afectados procedían de distintos países europeos y algunos fueron evacuados hacia hospitales en Sudáfrica, Suiza y otros destinos internacionales.

La OMS inició entonces una operación internacional de rastreo epidemiológico para localizar contactos cercanos y evitar una expansión del brote, la escena recordó inevitablemente a los primeros momentos de otras crisis sanitarias recientes, barcos aislados, protocolos de emergencia, rastreo internacional y temor colectivo, pero esta vez, los expertos insisten en marcar una diferencia importante, las autoridades sanitarias internacionales han sido enfáticas al intentar evitar el pánico.

La OMS ha declarado públicamente que el hantavirus detectado en este brote “no es el próximo COVID”, subrayando que se trata de un virus muy diferente, con mecanismos de transmisión mucho más limitados y una propagación considerablemente menos eficiente.

En tiempos marcados por el recuerdo de la pandemia, cualquier brote internacional genera ansiedad colectiva inmediata, el miedo viaja hoy más rápido que los propios virus, aunque el hantavirus no posee la facilidad de transmisión de otros virus respiratorios, sí tiene un elemento especialmente preocupante: su elevada tasa de mortalidad, la OMS señala que en América el síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede alcanzar tasas de letalidad cercanas al 50% en algunos casos.

Los síntomas iniciales suelen parecer comunes: fiebre, dolores musculares, fatiga, malestar gastrointestinal, pero en ciertos pacientes la enfermedad evoluciona rápidamente hacia neumonía grave, acumulación de líquido en pulmones y choque respiratorio.

La velocidad del deterioro clínico es precisamente uno de los factores que más inquietan a los especialistas, porque el virus puede pasar desapercibido en su fase inicial y convertirse después en una emergencia médica crítica.

Más allá del brote específico, el episodio ha puesto sobre la mesa varios desafíos globales, primero, la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica internacional, la rápida movilización de la OMS, autoridades sanitarias europeas y gobiernos nacionales demuestra que el mundo aprendió ciertas lecciones tras la pandemia de COVID-19.

Segundo, el caso revela cómo la movilidad global transforma cualquier brote local en una preocupación internacional, un virus detectado en un barco puede involucrar, en cuestión de días, a pasajeros de distintos continentes, aeropuertos internacionales y sistemas sanitarios múltiples.

Tercero, el brote ha expuesto nuevamente el problema de la desinformación, en redes sociales comenzaron a circular rumores falsos sobre vacunas inexistentes, supuestas conspiraciones y escenarios catastróficos sin fundamento científico.

La pandemia dejó una herida profunda, ahora el miedo colectivo se alimenta tanto de los virus como de la desinformación, hasta el momento no existe una vacuna aprobada ni un tratamiento antiviral específico contra el hantavirus, la OMS insiste en que la mejor herramienta sigue siendo la prevención, evitar contacto con roedores, mantener higiene en espacios cerrados y actuar rápidamente ante casos sospechosos.

Pero el desafío es más complejo en regiones donde el virus forma parte del entorno natural, particularmente en zonas rurales de Sudamérica; Argentina, Chile y otras regiones del continente han enfrentado brotes anteriormente, especialmente vinculados con la variante Andes.

La diferencia ahora es la dimensión internacional del episodio, el brote actual de hantavirus no representa, hasta ahora, una amenaza pandémica global, pero sí funciona como recordatorio.

Recordatorio de que las enfermedades emergentes siguen existiendo, de que los virus continúan cruzando fronteras, de que la vigilancia sanitaria internacional sigue siendo indispensable.

La humanidad aprendió, muchas veces de manera dolorosa, que los sistemas de salud no pueden actuar únicamente cuando la crisis ya explotó, la prevención no siempre ocupa titulares, pero salva vidas, vivimos en un planeta donde una enfermedad detectada en un barco puede convertirse en noticia mundial en cuestión de horas, donde la salud dejó de ser exclusivamente nacional para convertirse en un asunto global.

Ese es quizá el mensaje más profundo detrás del brote de hantavirus, la seguridad sanitaria internacional es hoy tan importante como la seguridad económica o política, porque los virus no reconocen fronteras, ideologías ni nacionalidades.

Y aunque la OMS insiste, correctamente, en que este brote no debe generar pánico, sí debe generar conciencia, porque la historia reciente demostró que el mayor error frente a una amenaza sanitaria no es alarmarse demasiado, es subestimarla demasiado tarde.

Hay decisiones, determinaciones, resoluciones, fallos, acuerdos, veredictos, conclusiones, sentencias o dictámenes, que se anuncian con la formalidad de un nombramiento, pero que en realidad contienen el peso simbólico de una reconfiguración del poder, la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum a Luisa María Alcalde Luján para encabezar la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no es un movimiento menor ni rutinario, es, por el contrario, una decisión estratégica que combina confianza y cálculo, continuidad y ajuste, estabilidad y riesgo.

La Consejería Jurídica es, en términos prácticos, el corazón normativo del gobierno, allí se revisan decretos, se afinan iniciativas, se defienden controversias constitucionales y se garantiza que la voluntad política no se convierta en arbitrariedad jurídica, es el espacio donde la ley se convierte en herramienta de gobierno y donde el poder debe transformarse en responsabilidad, por ello, colocar a una figura de alto perfil en esa posición no solo responde a criterios técnicos, sino también a razones políticas, institucionales y, en ocasiones, simbólicas.

El arribo de Luisa María Alcalde a esta oficina representará una apuesta, envite, postura, reto o desafío por la confianza personal y la lealtad política, pero también abre un debate inevitable sobre la independencia, o dependencia, de los órganos jurídicos del Estado, ya que, en la democracia moderna, la cercanía al poder puede ser virtud cuando garantiza coordinación, pero puede convertirse en debilidad cuando limita la autonomía.

La trayectoria de Alcalde es amplia y conocida, su formación jurídica la colocó en el centro de decisiones cruciales para la estabilidad institucional del país, nadie podría afirmar, con seriedad sobria, que se trata de una funcionaria improvisada, por el contrario, su carrera refleja experiencia, disciplina y conocimiento de los mecanismos del Estado.

Sin embargo, en política, la capacidad no siempre es suficiente, también importa la percepción, y, en ese terreno, la figura de Alcalde ha enfrentado críticas relacionadas con la concentración de poder en círculos cercanos al gobierno; tales señalamientos, justificados o exagerados, forman parte del debate democrático y deben analizarse con rigor, no con prejuicio ni complacencia.

Hay que decirlo con claridad, la Consejería Jurídica no es una oficina ornamental, es un órgano de control, de prevención y de defensa legal del Estado, su función consiste en garantizar que las decisiones políticas se ajusten a la Constitución y que los actos del gobierno resistan el escrutinio judicial; en ese sentido, el cargo exige algo más que habilidad técnica, demanda independencia intelectual, criterio jurídico y fortaleza moral.

La decisión presidencial también debe interpretarse en el contexto de una administración que enfrenta desafíos complejos, las reformas legales, conflictos constitucionales, litigios internacionales y una ciudadanía cada vez más exigente, en ese escenario, la Consejería se convierte en un dique, o un escudo, frente a posibles errores normativos.

Por ello, el próximo nombramiento de Alcalde puede entenderse como un acto de confianza, pero también como una prueba de responsabilidad, confianza en su capacidad para conducir el aparato jurídico del Ejecutivo, responsabilidad para demostrar que la cercanía política no compromete la imparcialidad legal.

Desde una perspectiva crítica y objetiva, el movimiento tiene fortalezas evidentes. La nueva titular posee experiencia administrativa, conocimiento del sistema jurídico y una trayectoria que le permite comprender la complejidad del gobierno federal, estos elementos constituyen ventajas claras en un contexto donde las decisiones legales deben tomarse con rapidez y precisión.

Pero también existen riesgos potenciales, la percepción de centralización del poder, la posible politización de decisiones jurídicas y la presión de intereses partidistas pueden debilitar la credibilidad institucional si no se manejan con prudencia, la historia política demuestra que los órganos legales pierden legitimidad cuando se perciben subordinados a la voluntad política.

En otras palabras, la Consejería Jurídica debe ser firme, no rígida; autónoma, no aislada; leal, pero no sumisa, la invitación de la presidenta Sheinbaum a Luisa María Alcalde revela una lógica de gobernabilidad basada en la confianza interna, es una decisión que busca garantizar coherencia jurídica en la agenda gubernamental y evitar contradicciones normativas que puedan traducirse en conflictos legales.

Sin embargo, la verdadera evaluación de este nombramiento no se medirá en discursos ni en ceremonias oficiales, sino en resultados concretos, en la calidad de las decisiones jurídicas, en la solidez de los argumentos legales y en la capacidad de la institución para resistir presiones políticas.

La democracia se fortalece cuando los órganos del Estado funcionan con independencia y transparencia, se debilita cuando se perciben como instrumentos de conveniencia.

Por ello, el reto de Luisa María Alcalde no es solo administrar una oficina jurídica, sino consolidar una institución que inspire confianza pública, su misión será demostrar que la ley puede ser aliada del poder sin convertirse en su subordinada, que la política puede convivir con la legalidad sin deformarla, que la cercanía con el Ejecutivo puede coexistir con la autonomía institucional.

En el fondo, esta invitación plantea una pregunta esencial para el futuro del país, ¿Puede el poder confiar en la ley sin intentar controlarla?, la respuesta no dependerá de declaraciones ni de promesas, dependerá de hechos, porque en la política, como en el derecho, la credibilidad no se proclama, se construye

Cada año, la revista Time publica una de las listas más observadas y debatidas del planeta, las 100 personas más influyentes del mundo, no se trata únicamente de celebridades o figuras mediáticas; se trata de líderes cuya voz, decisiones o talento tienen la capacidad real de modificar el rumbo de la historia contemporánea, la edición TIME 2026 confirma que vivimos una época de cambios profundos, donde la política, la ciencia, la cultura y la innovación convergen en un mismo escenario global.

La selección de este año incluye figuras de múltiples sectores, desde jefes de Estado hasta artistas, científicos y activistas, y refleja una realidad innegable, el liderazgo del siglo XXI ya no se mide solo por el poder formal, sino por la capacidad de influir en la sociedad, movilizar conciencias y resolver problemas complejos.

En esa constelación de nombres sobresale la presencia de mujeres y hombres que están escribiendo el presente con decisiones que tendrán consecuencias durante décadas, uno de los nombres más destacados en la lista es el de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya inclusión simboliza no solo un reconocimiento personal, sino un momento histórico para el país, su liderazgo ha sido valorado por la comunidad internacional por su capacidad para enfrentar escenarios complejos y mantener estabilidad política y diplomática en momentos de tensión regional.

La presencia de líderes políticos en la lista confirma que el poder público sigue siendo una herramienta determinante para transformar sociedades, gobernar en el mundo actual implica tomar decisiones en medio de crisis económicas, conflictos geopolíticos y desafíos sociales que requieren visión estratégica y responsabilidad histórica.

Otros perfiles políticos y sociales incluidos en la lista representan causas globales, defensa de los derechos humanos, migración, justicia social y equidad, en conjunto, estos liderazgos reflejan un nuevo paradigma, el poder ya no se define solo por el cargo, sino por el impacto.

El arte y la cultura también ocupan un lugar central en la lista de TIME 2026, confirmando que la influencia social no se limita a la política, figuras del entretenimiento, la música y el cine han demostrado una capacidad extraordinaria para moldear valores, tendencias y conversaciones globales.

Entre los nombres reconocidos se encuentran artistas como Rauw Alejandro, Zoe Saldaña y Jennie, quienes han logrado trascender el escenario artístico para convertirse en referentes culturales de alcance mundial, la inclusión de estas figuras demuestra que el liderazgo cultural tiene un poder silencioso pero profundo, influye en la identidad colectiva, redefine normas sociales y conecta a millones de personas a través de emociones compartidas.

Más allá de la política y el espectáculo, la lista TIME 2026 reconoce a científicos, médicos y emprendedores cuya labor está redefiniendo el futuro de la humanidad, desde avances en inteligencia artificial hasta innovaciones en salud y sostenibilidad, estos líderes representan la frontera del conocimiento.

La revista destaca que muchos de los seleccionados están impulsando descubrimientos que transforman la vida cotidiana y abren nuevas posibilidades para la sociedad, en esta categoría, la influencia se mide en vidas salvadas, tecnologías creadas y soluciones diseñadas para enfrentar los desafíos globales: cambio climático, pandemias, pobreza y desarrollo tecnológico.

Una característica constante en la lista TIME es la presencia de personas cuya historia personal se convierte en ejemplo de perseverancia, tal es el caso del chef Vikas Khanna, reconocido no solo por su talento culinario, sino por su trabajo humanitario y su capacidad para convertir la adversidad en oportunidad.

Estas historias recuerdan que la influencia no siempre nace en los centros de poder, a menudo surge en comunidades, en proyectos sociales o en iniciativas personales que terminan transformando la vida de miles de personas, la influencia en el siglo XXI, una nueva definición de poder.

La lista TIME 2026 confirma una verdad esencial, el liderazgo contemporáneo es diverso, ya no pertenece exclusivamente a políticos o empresarios; ahora incluye científicos, artistas, activistas, deportistas y emprendedores, siendo el denominador común entre todos ellos es el impacto, en la economía, cultura o en la vida de las personas, la revista reconoce precisamente a quienes logran cambiar la conversación global y abrir caminos hacia el futuro.

La lista de los 100 más influyentes de Time no es solo un ranking; es un espejo del mundo actual, en ella se reflejan las tensiones, los desafíos y las esperanzas de nuestra época, es también una advertencia y una inspiración, el liderazgo no es un privilegio, es una responsabilidad histórica, porque cada uno de los nombres incluidos en la lista TIME 2026 representa una idea poderosa,
que las decisiones individuales pueden cambiar el destino colectivo.

Y en un mundo marcado por la incertidumbre, esos líderes, mujeres y hombres de distintos países y disciplinas, son quienes están escribiendo, en tiempo real, la historia de nuestro tiempo.

… Primero se publicará el decreto para unificar el sistema de salud en nuestro país, con el que habrá una nueva identificación oficial de derechohabientes…
… El inicio se tiene programado para el próximo lunes 13 de abril…
… En este sentido, ya se prepara en el Edomex, el proceso para implementar el Servicio Universal de Salud, propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con la credencialización en módulos de la Secretaría del Bienestar estatal…
… Se trata de unificar la atención médica, permitiendo que cualquier persona reciba atención gratuita en las distintas unidades públicas (IMSS, ISSSTE), sin importar su afiliación, desde luego, garantizando cobertura, medicamentos y, progresivamente, atención especializada, a la par de un expediente medico digital compartido…
… Según las autoridades que están poniendo en marcha dicho programa, el Estado de México es tema central de la estrategia de salud de Sheinbaum, con el inicio de giras nacionales y la inversión en la zona oriente de la entidad, para la construcción de nuevos hospitales…
… Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el plan federal conlleva desafíos significativos de gestión y financiamiento…
… Entre los pros del programa propuesto, es bueno que minimiza el riesgo de empobrecimiento, debido a enfermedades catastróficas o tratamientos costosos…
… Pero, entre los contras, por la implementación, estaría que requiere de una gran inversión pública, lo que suele traducirse en un aumento de impuestos o en un incremento en la deuda nacional…
…
… Resulta que el gobierno municipal de Naucalpan ya se cansó de ser el “basurero de cadáveres”, simplemente porque matan a personas en otro lado, y los va a depositar en territorio naucalpense…
… La autoridad municipal ya observa esto, como un patrón de conducta delictivo, que se ha convertido en una constante de comportamiento, que induce a pensar que en esa localidad, se suma cada vez, un historial de frecuencia delictiva…
…  Aunque Naucalpan no es el único lugar en donde sucede este “fenómeno”, de abandono de cuerpos en zonas distintas al lugar donde se cometió el delito, no es nuevo en México.
… Es en realidad, una práctica documentada que responde a distintas lógicas criminales: evitar la identificación del sitio real del crimen, dificultar las investigaciones o enviar mensajes para desviar la atención…
… De esto se deduce que, si un hecho no se contabiliza en el lugar donde ocurrió, sino donde se encuentra el cuerpo, la lectura de la realidad se distorsiona…
… Otra posibilidad es aún más delicada… Que estos actos no solo busquen ocultar el origen del crimen, sino influir en la percepción de inseguridad de la población…
… Entonces, ¿se trata de una práctica aislada de grupos delictivos o de un fenómeno más amplio que impacta la forma en que se construyen las estadísticas, las narrativas y la percepción pública?…
… Responderla no es solo tarea de las autoridades… También es responsabilidad de quienes informan, analizan y consumen información…
…
… No solo existen problemas de inseguridad y apoyos a los transportistas que hicieron movilizaciones el lunes, para ser escuchados…
… Acá en el Edomex, la situación económica es cada vez más complicada, ya que llevan meses operando bajo presión financiera, según manifiesta el presidente de la Canapat (Cámara de Autotransporte, Pasaje y Turismo), en la entidad, Odilón López Nava…
… Denunció falta de operativos, regulación y vigilancia por parte de la Secretaría de Movilidad, lo que —dijo— agrava la competencia desleal…
… En este sentido, acusó que servicios irregulares como mototaxis o taxis colectivos operan sin cumplir normas ni costos fiscales…
… Aunque los transportistas están conscientes, que falló el “Mega bloqueo” anunciado, deploró que el alza en la gasolina representa “un golpe duro” para el sector, sin embargo, subrayó que no pueden trasladar ese costo a los usuarios…
… Por ello, pese al aumento en el precio de los combustibles —con la gasolina regular en alrededor de 23.6 pesos por litro y el diésel, principal insumo del transporte público, cercano a los 28 pesos a nivel nacional—, transportistas del Estado de México descartaron un incremento en la tarifa, al estar regulada por concesión oficial…
…
… Resulta que, de acuerdo con estimaciones internas del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) son más de 400 cargos los que estarían en juego en la Elección Judicial de 2027, lo que implica someter a votación el 83 por ciento de los cargos del Poder Judicial mexiquense…
… Sin embargo, la consejera presidenta del órgano electoral local, Amalia Pulido Gómez refirió que tendrán que esperar a que el PJEM les proporcione el dato real de los espacios que serán sometidos a votación, cumpliendo con un requerimiento que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó al instituto local…
… Comentó que el INE requirió esta información desde el año pasado, y que ya se enviaron algunos oficios al Poder Judicial, en el entendido que ahorita están tratando de cerrar las cifras para indicarnos el número de personas juzgadoras que serán elegidas en el 2027…
…  El cálculo interno que tiene el instituto es de más de 400 personas juzgadoras», abundó…
… De esta manera, una vez obtenida la información concreta, el IEEM podrá prevenir el diseño que tendrá la boleta electoral que será utilizada en el 2027, lo cual es el reto que, ante un número importante de cargos a renovar, las boletas utilizadas sean fáciles de entender para el electorado…
…
… El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se anda por las ramas, y de plano acuso que en los municipios es donde prevalece la violencia política, en razón de género…
… La denuncia fue hecha durante la conferencia, «Participar sin miedo: acciones para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género», donde se enfatizó que, si bien se ha avanzado cuantitativamente en el tema de paridad en los espacios públicos, aún persisten aspectos cualitativos a erradicar como la violencia política en razón de género…
… En este diálogo impulsado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de México, se dio a conocer que es en el ámbito municipal donde más se comete este tipo de violencia; que, a mayor presencia de las mujeres en espacios públicos, aumenta la violencia y que una mujer también puede cometer este tipo de violencia política…
… También se puntualizó que el Internet y las redes sociales son el medio comisivo de violencia política con mayor incidencia, siendo escenarios propicios para las amenazas, la descalificación, e insultos, facilitando el anonimato y la dificultad para advertir su origen…