En 8 Columnas nos sumamos a la celebración por el 54 aniversario de Ultra 101.3 FM, una estación que, a lo largo de más de cinco décadas, se ha consolidado como uno de los referentes de la radio en el Estado de México y el Valle de Toluca.

Hablar de Ultra es hablar de una emisora que ha acompañado a varias generaciones de radioescuchas con información, entretenimiento y música, manteniéndose vigente gracias a su cercanía con la audiencia y su capacidad para evolucionar con el paso del tiempo.

Durante su trayectoria, la estación también ha sido semillero de talento y espacio de desarrollo para comunicadores que hoy son referentes en la radio y el periodismo mexiquense, consolidando importantes voces que han marcado distintas etapas de su historia.

Su permanencia entre las estaciones más escuchadas de la entidad es resultado de un trabajo constante, basado en la innovación, el profesionalismo y el compromiso de quienes integran esta casa radiofónica.

Más allá de los micrófonos, Ultra ha fortalecido su presencia en plataformas digitales y redes sociales, ampliando su alcance y manteniendo una conexión permanente con su público.

Desde 8 Columnas reconocemos la aportación de Ultra 101.3 FM al desarrollo de la comunicación en el Estado de México y felicitamos a directivos, locutores, periodistas, productores, personal técnico y administrativo que forman parte de esta historia.

Deseamos que este aniversario sea el inicio de muchos años más de éxito, crecimiento y cercanía con los radioescuchas. ¡Felicidades a toda la familia Ultra por sus 54 años al aire!

Ulises Rangel

Hace unas semanas, Julio Frenk (ideólogo del Seguro Popular y secretario de salud del 2000 al 20006) reapareció en Nexos con una entrevista crítica a las políticas de salud de la Cuarta Transformación: “El precio de la ideología”. El doctor Frenk, quien fue rector de la Universidad de Miami y en 2021 entregó un doctorado honoris causa al expresidente Vicente Fox, sostuvo que abandonar las reformas anteriores —las que él mismo impulsó— y elegir funcionarios ideologizados, en lugar de expertos en políticas públicas, deterioró la cobertura, elevó el gasto de bolsillo y debilitó la capacidad del Estado.

Una de las pruebas más repetidas para sostener esa narrativa fue la medición de pobreza de 2022. El CONEVAL clasificó a 50.4 millones de personas, 39.1 por ciento de la población, con carencia por acceso a los servicios de salud. La cifra es real. Lo falso es convertirla, sin explicación, en 50 millones de personas abandonadas.

La medición no preguntó si alguien tenía un centro de salud cerca; si consiguió consulta, medicamentos, estudios o cirugía; cuánto esperó, cuánto pagó, ni si la atención resolvió su problema. Midió, fundamentalmente, afiliación, adscripción o derechohabiencia. Es decir, confundió una categoría administrativa con una experiencia sanitaria.

Y ahí aparece la paradoja. El mismo Julio Frenk que ayudó a construir un modelo basado en padrones terminó haciendo eco de una medición que sólo reconocía derechos respaldados por una credencial. Como el nuevo sistema eliminó la póliza del Seguro Popular y estableció que la atención debía brindarse sin afiliación previa, concluyeron que quienes dejaron de aparecer en aquel padrón también habían dejado de tener acceso a la salud.

La mentira no consiste en negar los problemas. México todavía enfrenta esperas, desigualdades territoriales, faltantes y diagnósticos tardíos. Consiste en presentar una medición administrativa como una radiografía completa de la realidad sanitaria.

Cuando desapareció el Seguro Popular también desapareció su padrón. Millones de personas dejaron de portar una póliza, pero no por ello desaparecieron las clínicas, los hospitales, los trabajadores ni el derecho constitucional a la protección de la salud. Se eliminó una lista; no se derogó el artículo 4.º de la Constitución.

Para entender cómo llegamos aquí hay que recordar que el sistema mexicano de salud no nació universal, sino corporativo. El Estado posrevolucionario construyó instituciones alrededor del trabajo formal: IMSS para trabajadores privados; ISSSTE para empleados públicos; Pemex y Fuerzas Armadas para sus poblaciones; servicios estatales para quienes quedaban fuera. El derecho dependía del empleo, aunque la enfermedad nunca pidió un recibo de nómina.

Así, un hospital podía tener cama, quirófano o equipo disponible y, aun así, no atender a una persona de otra institución. El paciente debía resolver primero la burocracia y después, si tenía suerte, su enfermedad. No había reglas comunes de pago, expedientes interoperables ni mecanismos automáticos de compensación.

En 1996, mientras México celebraba la industrialización, las políticas de descentralización y todas esas palabras que prometían convertirnos en un país moderno, el Gobierno Federal transfirió a los estados la responsabilidad de atender a la población sin seguridad social. El problema es que no desarrollaron las mismas capacidades, ni contaban con el mismo dinero, ni tuvieron los mismos hospitales. En un estado contaban con tecnología de punta muy cerca de las comunidades y en otros más pobres, no había ni siquiera suero anti-alacrán. Le llamaron descentralización. Para muchos mexicanos fue simplemente mala suerte geográfica.

El Seguro Popular nació en el México de la alternancia, pero también fue hijo de una renuncia. A diferencia del IMSS y del ISSSTE —instituciones que llevan en el nombre la seguridad social porque construyeron hospitales, contrataron trabajadores, pagaron pensiones y asumieron directamente la protección de sus derechohabientes—, el nuevo programa no pretendió incorporar a quienes estaban fuera a un sistema semejante. La tecnocracia decidió que para los trabajadores formales habría seguridad social y para los pobres bastaría un seguro.

Aunque partían de una idea certera: una enfermedad podía destruir el patrimonio de una familia. Pero la solución tradujo un derecho social al lenguaje neoliberal de la administración del riesgo. En lugar de construir una institución nacional capaz de atender a todas las personas, el Estado financiaría paquetes de intervenciones y protegería a los hogares frente a ciertos gastos. La persona ya no sería derechohabiente de una institución pública integral, sino afiliada a un mecanismo de aseguramiento. Y como todo seguro necesitaba delimitar a quién cubría, había que registrarse, aparecer en un padrón y portar una credencial.

Se imprimieron credenciales, se levantaron padrones, se redactaron reglas de operación y durante años se celebró que cada vez hubiera más afiliados. El pequeño detalle es que una credencial no toma la presión, no interpreta una radiografía, no abre un quirófano y, hasta donde sabemos, tampoco prescribe medicamentos.

El Seguro Popular corrigió parcialmente la protección financiera, pero no integró la prestación. Transfería recursos conforme a padrones y paquetes de intervenciones; no era una institución nacional con médicos, hospitales, logística y capacidad operativa propia. Su incentivo principal era afiliar. Una administración podía aumentar el número de inscritos sin incrementar, en la misma proporción, las camas, los médicos, los estudios o las cirugías.

Por eso es indispensable hablar de cobertura efectiva. Hay modelos teóricos, como el de Tanahashi, que explica que una persona puede quedar excluida en cada etapa de la atención. Primero debe existir el servicio. Después debe ser accesible, aceptable y utilizado. Finalmente, debe tener calidad suficiente para producir un beneficio. Ninguno de esos pasos se resuelve plastificando una tarjeta.

La ruptura iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe entenderse desde esa perspectiva. La reforma constitucional de 2020 fortaleció la obligación del Estado de garantizar atención integral y gratuita a quienes no cuentan con seguridad social. El INSABI intentó eliminar la afiliación como puerta de entrada. Su implementación coincidió con la pandemia y enfrentó problemas de transición, financiamiento y operación.

La respuesta posterior fue más profunda: crear un prestador federal. IMSS-Bienestar opera directamente servicios para la población sin seguridad social. No sólo transfiere recursos: contrata personal, administra hospitales, organiza redes, compra medicamentos y asume responsabilidad sobre la prestación.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió esa base y planteó el siguiente paso: que el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, todavía separados por reglas, presupuestos y poblaciones distintas, empiecen a comportarse como un solo sistema. De eso trata el Servicio Universal de Salud. La credencial, el expediente clínico electrónico, el intercambio de servicios y la compensación financiera son las piezas que permitirán que una persona pueda entrar por una institución y continuar su atención en otra, sin empezar de cero y sin cargar ella misma con las fronteras administrativas.

Para que eso ocurra, la infraestructura debe dejar de pensarse por institución y empezar a ordenarse por territorio. En los primeros veinte meses de la administración entraron en operación 29 hospitales, se modernizaron 70 quirófanos y hacia 2030 se proyectan 9 mil 139 camas adicionales. Será decisivo que esas camas tengan personal, medicamentos, mantenimiento y presupuesto. México ya conoce hospitales terminados que nunca estuvieron realmente abiertos. También conocemos el absurdo de tomógrafos instalados frente a otros tomógrafos, separados por un logotipo, mientras regiones enteras carecen de ambos.

La compra de 816 equipos de alta tecnología, con una inversión de 11 mil 257 millones de pesos, amplía la capacidad diagnóstica, y nos obliga a pensar el sistema completo: quién los opera, quién los mantiene, dónde se colocan y cuánto reducen los traslados y las listas de espera.

IMSS-Bienestar ha basificado a 55 mil 572 trabajadores e incorporado 8 mil 543 especialistas y 9 mil 60 médicos familiares y generales. Es una forma concreta de reconstruir capacidades que durante años descansaron en contratos precarios, plazas insuficientes y servicios incompletos. El siguiente reto está en la distribución y la permanencia: lograr que ese personal que se contrató en la zona chol de Chiapas, La Montaña de Guerrero, la Costa Chica afromexicana o el Alto Balsas permanezca. Para eso hacen falta plazas, pero también vivienda, seguridad, equipo, condiciones dignas de trabajo y una ruta de desarrollo profesional. Ahí se juega buena parte de la capacidad real del sistema.

Para la credencialización se dispusieron 2 mil 898 módulos, 9 mil 791 operadores y mil 706 supervisores en las 32 entidades. CFE Internet para Todos llevará conectividad a las unidades más alejadas y las tres instituciones adoptarán un expediente clínico electrónico homologado. La historia clínica podrá acompañar a cada persona, pero esa promesa dependerá de que los datos estén completos, protegidos y disponibles cuando hagan falta.

Y todo esto se fortalece con los programas en el territorio: Salud Casa por Casa, La Clínica es Nuestra, Laboratorio en tu Clínica, las Farmacias del Bienestar, la telemedicina y las unidades móviles. Salud Casa por Casa ha realizado 18.4 millones de visitas y alcanzado a 11.5 millones de personas en 8.9 millones de hogares. La pregunta importante es qué pasa después de tocar la puerta: si la visita conduce a una consulta, la consulta a un estudio, el diagnóstico a un tratamiento y el tratamiento a un seguimiento.

Y al final están los medicamentos, que son un bien estratégico de la nación. La compra consolidada 2025-2026 calculó una demanda de hasta 4 mil 982 millones de piezas y las Rutas de la Salud habían distribuido 162 millones al cierre de marzo de 2026. Logrando consolidar algo que antes el estado no tenía: capacidades públicas de logística y distribución.

Ésa es la complejidad del sistema que se está construyendo.

Querida lectora, querido lector: permítame abrir un paréntesis.

Como si no bastaran los argumentos, las cifras, los resultados y la visión de futuro de un sistema que intenta reconstruirse, recuerde de dónde venimos. Recuerde la desfachatez de los gobiernos del PRIAN. Recuerde el agua administrada a niñas y niños con cáncer. Recuerde los bancos de sangre pagados y nunca construidos en la sierra de Guerrero. Recuerde los hospitales del ISSSTE entregados a particulares mediante concesiones que hoy el Estado tiene que volver a comprar.

Recuerde los salarios miserables de quienes sostuvieron los hospitales con las manos. Recuerde que despedían al personal cada diciembre para impedirle generar antigüedad, estabilidad y derechos. Recuerde quiénes gobernaban cuando ocurrió la tragedia de la Guardería ABC. Recuerde los más de 300 hospitales abandonados en obra negra. Recuerde los quirófanos inaugurados para la fotografía y cerrados durante veinte años. Recuerde las clínicas sin médicos, los hospitales sin equipo y las comunidades obligadas a viajar horas para encontrar una consulta.

Recuerde la Sierra del Nayar. Recuerde la Selva Lacandona. Recuerde a los pueblos yaquis, a Cananea y a Atenco. Recuerde todos los lugares donde el Estado llegaba para despojar, reprimir, concesionar o administrar la pobreza, pero casi nunca para garantizar derechos.

No fue un accidente. No fue falta de experiencia. No fue un error de cálculo.

Fue una forma de gobernar.

Privatizar lo rentable. Abandonar lo lejano. Precarizar a quienes cuidaban. Convertir los derechos en contratos y la salud en negocio.

Prohibido olvidar.

Cierro el paréntesis.

Queda una última paradoja. Durante años, quienes convirtieron la credencial en condición para existir estadísticamente dijeron que, al desaparecer la póliza del Seguro Popular, millones dejaron de contar. Ahora el Estado también entregará una credencial, pero su función será distinta.

La Credencial del Servicio Universal de Salud servirá como identificación oficial. Permitirá consultar la derechohabiencia, las unidades disponibles y, progresivamente, citas, recetas, estudios, historial médico y expediente clínico electrónico. Será una llave para compartir información y facilitar el intercambio entre instituciones; no un filtro para negar atención.

Entonces sí: todas las personas tendrán credencial. Y contarán porque tendrán nombre, expediente y continuidad clínica.

Contarán en las estadísticas y en la práctica. Cuando eso ocurra, quienes confundieron una póliza con el derecho a la salud tendrán que aceptarlo.

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Mención aparte merece el comentario de Gómez-Dantés et al. en The Lancet criticando el Servicio Universal de Salud. Octavio Gómez-Dantés fue director general de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud entre 2000 y 2006 —justo durante el diseño y la puesta en marcha del Seguro Popular (qué casualidad)— Ahora regresa, revestido de autoridad científica, para explicarnos que una reforma que no se parece a la suya difícilmente puede llamarse universal (la ciencia, al parecer, empieza donde termina el Seguro Popular).

La tercera edición de la Feria Educativa COPARMEX 2026 abrió sus puertas en Toluca con la participación de 22 instituciones educativas que ofrecerán becas, descuentos, orientación vocacional y actividades académicas hasta el próximo 28 de junio en la Concha Acústica.

Durante la inauguración, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, destacó que este espacio fortalece el vínculo entre la educación y el sector productivo, al brindar alternativas para que las y los jóvenes puedan continuar su formación académica y prepararse para los retos del mercado laboral.

El alcalde reconoció la iniciativa impulsada por el presidente de COPARMEX Estado de México, Julián Niembro, y destacó el trabajo conjunto entre el sector empresarial y el gobierno municipal para generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Moreno Bastida señaló que cerca del 70 por ciento de las familias toluqueñas depende directa o indirectamente de los empleos que generan los 18 parques industriales del municipio, por lo que llamó a las juventudes a fortalecer su preparación profesional, especialmente en áreas relacionadas con la innovación y la inteligencia artificial.

Por su parte, el presidente de COPARMEX Estado de México, Julián Niembro, afirmó que la educación representa uno de los pilares para impulsar el desarrollo económico y social de la entidad, al facilitar la formación de capital humano con mayores oportunidades de inserción laboral.

La presidenta de la Comisión de Educación de COPARMEX Estado de México, Graciela Meza, explicó que la feria busca acercar información clara y directa sobre la oferta académica disponible, para que estudiantes y familias puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro educativo.

Durante el recorrido inaugural, decenas de jóvenes conocieron los programas académicos, apoyos y opciones de becas que ofrecen las instituciones participantes, además de recibir orientación vocacional y asesoría personalizada.

La Feria Educativa COPARMEX 2026 permanecerá abierta hasta el domingo 28 de junio, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, con acceso gratuito para estudiantes, madres, padres de familia y público en general interesado en conocer las opciones educativas disponibles.

El Gobierno de Cuautitlán Izcalli conmemoró el 53 aniversario de la fundación del municipio con una ceremonia realizada en el Parque de las Esculturas, donde autoridades municipales y estatales destacaron los avances en materia de desarrollo, seguridad y fortalecimiento institucional.

El acto fue encabezado por el presidente municipal, Daniel Serrano, acompañado por Armando González Zozaya, director de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México, quien asistió en representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Durante su intervención, el alcalde señaló que su administración trabaja para fortalecer las instituciones públicas y consolidar el Estado de Derecho, con el propósito de generar mejores condiciones de bienestar para la población. “Desde 2025 hemos sido partícipes del reconocimiento y reencauzamiento del propósito de las instituciones públicas y del fortalecimiento del Estado de Derecho en Cuautitlán Izcalli, reafirmando que la legalidad, la honestidad y la responsabilidad son pilares inquebrantables de nuestro gobierno”, expresó.

Daniel Serrano reiteró además el compromiso de impulsar la consolidación de la visión de una «ciudad nueva» o «ciudad futura», concepto que dio origen al municipio y que, afirmó, continúa orientando las acciones de gobierno para promover el desarrollo sostenible, el bienestar social y una mejor calidad de vida para las y los izcallenses.

En representación del Gobierno del Estado de México, Armando González Zozaya reconoció a Cuautitlán Izcalli como uno de los cinco municipios mexiquenses con mayor cantidad de áreas verdes y destacó la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal para atender las necesidades de la ciudadanía. “El Poder de Servir, lema del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez, encuentra eco en el principio que hoy impulsa este gobierno municipal: Servir con Pasión. Ambos ponen al centro a las personas, su bienestar, su seguridad y sus necesidades, fortaleciendo la cercanía con la ciudadanía”, señaló.

El funcionario estatal indicó que el trabajo conjunto ya refleja resultados en distintos rubros, entre ellos una disminución de 14 por ciento en los delitos de alto impacto entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. También mencionó acciones como la entrega de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar, inversiones en seguridad y obras de infraestructura, entre ellas la rehabilitación del Periférico.

Al concluir la ceremonia, González Zozaya expresó el honor de representar a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en esta conmemoración y compartió el vínculo personal que mantiene con Cuautitlán Izcalli, municipio que calificó como su hogar.

La celebración del 53 aniversario reafirmó el compromiso de las autoridades municipales y estatales de mantener una agenda de trabajo coordinada para fortalecer el desarrollo, la seguridad y el bienestar de la población izcallense.

El Gobierno de Ecatepec concluyó la rehabilitación integral de un tramo del boulevard Quetzalcóatl, en el fraccionamiento La Florida de Ciudad Azteca, obra que incluyó repavimentación, mejoramiento del camellón e instalación de nuevas luminarias para beneficio de alrededor de 2 mil 500 habitantes.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, recorrió la vialidad junto con vecinos de la zona y destacó que los trabajos forman parte de las acciones para recuperar calles que permanecieron deterioradas durante varios años.

La alcaldesa informó que la intervención comprendió obras de drenaje, red de agua potable, guarniciones, banquetas, rehabilitación del camellón central y reforzamiento del alumbrado público, con el propósito de mejorar la movilidad y la seguridad para peatones y automovilistas.

Cisneros Coss señaló que, aunque aún existen numerosas vialidades que requieren atención en el municipio, el gobierno local continuará con trabajos de bacheo y repavimentación en distintos puntos de Ecatepec para mejorar la infraestructura urbana.

Asimismo, destacó la importancia de conservar espacios destinados a árboles y áreas verdes en las calles rehabilitadas, al considerar que favorecen la infiltración de agua al subsuelo, contribuyen a reducir riesgos de inundación y generan beneficios ambientales.

El director de Obras Públicas, Héctor Mendoza, informó que la obra comprendió la rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado, así como la pavimentación con concreto asfáltico, construcción de guarniciones y banquetas en un tramo de 421 metros lineales, entre las calles Los Penachos y Teponaxtli.

Precisó que los trabajos fueron financiados con recursos propios del municipio y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), con una inversión de 24 millones 294 mil 606 pesos.

Vecinos del fraccionamiento señalaron que la rehabilitación mejoró significativamente las condiciones de la vialidad, la cual presentaba daños que dificultaban el tránsito vehicular y peatonal, por lo que consideraron que las obras representan un beneficio para la comunidad.

El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, reapareció este jueves en actividades legislativas al participar de manera virtual en una sesión de la Comisión de Justicia del Senado de la República, luego de permanecer más de 55 días sin intervenir en los trabajos parlamentarios.

De acuerdo con información difundida durante la sesión, el legislador se conectó a distancia a la reunión de la comisión de la que forma parte, marcando su primera participación pública en el Senado desde finales de abril.

La reaparición ocurre dos días después de que Inzunza no participó en la sesión virtual de la Comisión de Derechos Humanos, también integrada por él, pese a que los trabajos se realizaron bajo la misma modalidad a distancia.

El senador se mantuvo alejado de las actividades legislativas desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad, entre ellos Inzunza, por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa durante el proceso electoral de 2021.

Tras hacerse públicas esas acusaciones, el legislador anunció que dejaría de asistir a las sesiones para evitar, según expresó entonces, convertir el Senado en un escenario de confrontación política. Posteriormente rechazó los señalamientos y sostuvo que carecen de sustento.

Pese a su ausencia, Inzunza conserva su escaño y el fuero constitucional, ya que el Congreso se encuentra en periodo de Comisión Permanente, etapa en la que no aplican las mismas reglas de asistencia que durante los periodos ordinarios. Además, solicitó una licencia de dos días durante el periodo extraordinario celebrado en mayo.

En semanas recientes, el senador afirmó en redes sociales que no solicitaría licencia definitiva y que concluiría el mandato para el que fue electo en 2030. Sin embargo, hasta este jueves no había retomado participación alguna en los trabajos legislativos.

Con su asistencia virtual a la Comisión de Justicia, Enrique Inzunza registra su primer acto legislativo desde que se conocieron las acusaciones en su contra por parte de autoridades estadounidenses, mientras continúa rechazando públicamente los señalamientos.

Durante Sesión de la Diputación Permanente, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa encaminada a garantizar mayores recursos humanos, materiales y financieros para la operación de las brigadas de combate de incendios forestales.

La iniciativa refiere que a nivel nacional se estima que más de 9 mil personas combatientes pertenecen a los tres órdenes de gobierno y pese a que su labor ha sido reconocida de manera pública, no se les ha destinado los recursos públicos necesarios, lo que limita la capacidad institucional para atender de manera eficaz la prevención, el combate y la restauración de las áreas afectadas por incendios forestales.

En el ámbito estatal, la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) es la autoridad encargada de combatir los incendios forestales, contando con un grupo especializado cercano a los 250 combatientes quienes realizan labores estratégicas como la apertura de líneas negras, la ejecución de quemas controladas, la construcción de brechas cortafuego, brinda capacitación y asesoría a ejidatarios, autoridades locales y brigadistas municipales.

Para fortalecer a las brigadas, la fracción parlamentaria del PVEM, liderada por José Alberto Couttolenc Buentello, propone establecer de manera expresa la obligación de PROBOSQUE de garantizar los recursos necesarios e incorporar la obligación de los ayuntamientos de prever recursos en sus presupuestos para la atención de incendios forestales, reconociendo su papel como primer nivel de respuesta.

También se plantea la adición de un nuevo artículo que establezca de manera integral las bases mínimas que deberán observar las autoridades para asegurar condiciones adecuadas para las brigadas, incluyendo equipamiento especializado, capacitación continua, apoyos y estímulos económicos, y condiciones dignas para el desarrollo de sus funciones.

Y se obliga a las autoridades estatales y municipales a realizar las previsiones presupuestarias necesarias en cada ejercicio fiscal para la adquisición de equipo y herramientas especializadas, capacitación y certificación del personal brigadista, implementación de medidas de protección y seguridad, así como al fortalecimiento de las brigadas de combate de incendios forestales.

Bajo la premisa de que todo lo que se destina a educación es una inversión, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez acudió al municipio de Zacazonapan para entregar mobiliario, infraestructura y sistemas de captación de agua a 11 escuelas de preescolar, primaria y telesecundaria.

En el evento efectuado en la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, las autoridades del gobierno estatal entregaron vales de apoyo a cuatro escuelas que reciben apoyo de infraestructura, seis escuelas con mobiliario escolar y un plantel con un sistema de captación de agua pluvial, representando una inversión de 7.7 millones de pesos.

“Atendemos de manera directa las necesidades identificadas durante el trabajo en equipo y en territorio para cada región. Sabemos que mejorar la infraestructura educativa significa contar con instalaciones más seguras, dignas y adecuadas para el aprendizaje”, señaló la titular del Ejecutivo.

Tan sólo en el plantel visitado, se informó que se remodeló un aula, se impermeabilizaron dos salones de clases y se rehabilitaron los sanitarios y la barda perimetral, todo ello con un monto de 2 millones de pesos.

Por otra parte, Delfina Gómez resaltó que, como parte del análisis dentro de la Mesa de Paz, se identificó que Zacazonapan ocupa el primer lugar en seguridad a nivel estatal.

Como parte de su gira de trabajo, las autoridades también entregaron la rehabilitación de la Unidad Deportiva de Zacazonapan, la cual tuvo una inversión de 9.9 millones de pesos, se mejoraron 9 mil 302 metros cuadrados, y se generaron 854 empleos.

El secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Gobierno del Estado de México, Carlos Maza Lara informó que los trabajos contemplaron la construcción del pórtico de acceso, una cancha de fútbol, se rehabilitaron las canchas de usos múltiples, se construyó la trotapista, gradas, andadores y se colocaron luminarias.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las obras de los trenes de pasajeros registran avances importantes, por lo que los proyectos Ciudad de México-Querétaro y Ciudad de México-Pachuca tienen como meta iniciar operaciones durante 2027.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el programa ferroviario avanza conforme al calendario previsto y recordó que el conjunto de proyectos contempla una inversión aproximada de 750 mil millones de pesos para ampliar la red nacional de transporte de pasajeros y carga.

Sheinbaum destacó que también continúan los trabajos en los tramos Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, mientras que este año serán licitados o desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional los tramos restantes entre la Ciudad de México y Guadalajara, así como los que conectarán con Nuevo Laredo.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que ya fueron liberados 28 millones 452 mil 804 metros cuadrados de derecho de vía. Precisó que el 72 por ciento corresponde a derecho de vía histórico, mientras que el 14 por ciento pertenece a propiedad social y otro 14 por ciento a propiedad privada.

La funcionaria detalló que para la liberación de terrenos se realizaron 268 mesas de diálogo con comunidades, se establecieron trabajos con 128 ejidos y comunidades, se efectuaron 95 asambleas con más de 4 mil 500 participantes y se adquirieron 987 parcelas.

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, informó que avanzan las obras de desmonte, terraplenes, drenaje, viaductos y fabricación de durmientes en los distintos proyectos ferroviarios. Añadió que ya comenzó la segunda fase de licitaciones para los tramos hacia Saltillo y que el primer tren destinado al recorrido AIFA-Pachuca llegará a México el próximo 25 de julio.

Por su parte, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, indicó que actualmente participan 33 mil 72 efectivos, de los cuales 6 mil 380 son mujeres, además de siete mil unidades de maquinaria pesada y equipo especializado. Informó que el tren Ciudad de México-Pachuca presenta un avance físico de 37.06 por ciento, mientras que el tramo Ciudad de México-Querétaro alcanza 19.22 por ciento.

En cuanto al Tren Maya de carga, el gobierno federal reportó un avance de 54.05 por ciento en la construcción de su infraestructura. El proyecto contempla complejos intermodales en Palenque, Mérida, Progreso y Cancún, además de un complejo multimodal en Chetumal y cinco patios de operaciones cuya conclusión está prevista para 2027.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) amplió el plazo para vincular las líneas de telefonía celular con la Clave Única de Registro de la Población (CURP), por lo que el proceso de registro se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 mediante un calendario escalonado de acuerdo con el último dígito de cada número telefónico.

Con esta decisión queda sin efecto la fecha límite general del 30 de junio. La CRT informó que el nuevo esquema busca facilitar el registro de las líneas que aún no han sido vinculadas, ya que hasta el momento se han registrado 63 millones de números, de un universo aproximado de 144 millones de líneas activas en el país.

De acuerdo con el calendario, las líneas cuyo último dígito sea 0 deberán registrarse antes del 15 de agosto; las terminadas en 1, el 31 de agosto; las que concluyan en 2, el 15 de septiembre; y las que finalicen en 3, el 30 de septiembre.

Para los números con terminación 4 y 5, las fechas límite serán el 15 y 31 de octubre, respectivamente. Las líneas terminadas en 6 y 7 tendrán como plazo el 15 y 30 de noviembre, mientras que las terminaciones 8 y 9 deberán completar el proceso antes del 15 y 31 de diciembre.

La Comisión precisó que una vez vencido el plazo correspondiente a cada terminación, las compañías telefónicas suspenderán el servicio 72 horas después a las líneas que no hayan sido vinculadas. Durante la suspensión, únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia, servicios de atención ciudadana, su operador telefónico y recibir alertas sísmicas.

La CRT señaló que el procedimiento se realiza directamente con las empresas de telefonía y no con el gobierno federal. Las compañías únicamente asociarán el nombre y la CURP del usuario al número telefónico, sin almacenar fotografías u otros datos utilizados durante la verificación de identidad.

Asimismo, indicó que las autoridades únicamente podrán solicitar información relacionada con una línea telefónica cuando exista una investigación por la probable comisión de un delito y conforme a las disposiciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La autoridad reguladora sostuvo que el objetivo del registro es eliminar el anonimato en el uso de líneas telefónicas para combatir delitos como fraude y extorsión. Añadió que, con este esquema, México se suma a más de 160 países que exigen la identificación de los usuarios para activar servicios de telefonía móvil.