Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostendrá una reunión bilateral con su homólogo de China, Xi Jinping, durante su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que reunirá a los líderes de las 21 economías integrantes en Shenzhen. La reunión de líderes está programada para el 18 y 19 de noviembre.

La mandataria informó que el encuentro incluirá también la participación de integrantes de ambos gobiernos y formará parte de una agenda de reuniones bilaterales que México prepara durante su estancia en territorio chino.

“Sí va a haber una reunión bilateral con el Gobierno de China, con el presidente de China, con secretarios del Gobierno de China y el Gobierno de México”, señaló Sheinbaum al informar sobre los preparativos de su viaje.

La presidenta también manifestó interés en reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump, aunque precisó que hasta el momento no existe confirmación de que el presidente de Estados Unidos asista al encuentro de APEC. “Si va, por supuesto, nos interesa reunirnos con él”, expresó.

Sheinbaum partirá hacia China el domingo 15 de noviembre y prevé regresar a México durante la madrugada del día 20, con el objetivo de participar en la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Durante su ausencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quedará al frente de las conferencias matutinas.

La asistencia mexicana forma parte también del proceso previo a la organización de APEC 2028, edición que corresponderá recibir a México. Desde septiembre, Sheinbaum explicó que su presencia en China responde a la relevancia de participar en el encuentro antes de que el país asuma la organización del foro.

Sobre la relación con China, la mandataria sostuvo que México mantiene vínculos diplomáticos y comerciales con ese país, aunque recordó que la relación económica es distinta a la que existe con Estados Unidos debido a que con Washington opera el tratado comercial de América del Norte, mientras con China no existe un acuerdo de libre comercio.

La agenda se desarrollará en un contexto de negociaciones comerciales con Estados Unidos y de preparación para la revisión del T-MEC. Sheinbaum señaló que todavía resulta prematuro anticipar si un eventual encuentro con Trump en China permitirá avanzar en esos temas, pero indicó que el diálogo entre ambos gobiernos continuará.

Redacción

El Instituto Nacional Electoral firmará un convenio con cinco instituciones federales para revisar perfiles de aspirantes a candidaturas y detectar posibles riesgos relacionados con actividades delictivas antes de los registros del proceso electoral de 2027.

El acuerdo contempla la participación de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, que intercambiarán información dentro de sus respectivas atribuciones.

El mecanismo será voluntario. Los partidos políticos podrán entregar al INE las listas de las personas que pretendan postular, mientras que quienes busquen una candidatura independiente podrán solicitar directamente la revisión. En ambos casos será necesario contar con el consentimiento informado de la persona evaluada.

Una vez recibidas las solicitudes, el Instituto remitirá la información a las dependencias correspondientes y cada una utilizará sus propios criterios y metodología para determinar si existe un “riesgo razonable” asociado con posibles actividades delictivas. El INE funcionará como enlace y no tendrá acceso a las investigaciones o expedientes completos de las instituciones participantes.

La detección de un riesgo no implicará que una persona cometió un delito ni permitirá al INE rechazar automáticamente su registro. La determinación sobre mantener o retirar una postulación corresponderá al partido político y, en el caso de aspirantes independientes, a la propia persona interesada.

La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas fue creada para coordinar este procedimiento y revisar tanto postulaciones federales como locales. El esquema quedó incorporado este año a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y operará durante el proceso 2026-2027.

En las elecciones del 6 de junio de 2027 se renovarán las 500 diputaciones federales y 19 mil 609 cargos locales, entre ellos 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales y más de 18 mil puestos vinculados con ayuntamientos.

El convenio será firmado el 6 de noviembre como parte de los mecanismos de coordinación previos al registro de candidaturas, previsto entre marzo y abril de 2027. El objetivo será proporcionar información adicional a los partidos y aspirantes independientes antes de que definan sus postulaciones.

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Clara Luz Flores presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, su esposa Mariana Rodríguez Cantú y otras personas, por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.

La aspirante de Morena en Nuevo León señaló posibles delitos de delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Corresponderá a la FGR determinar si existen elementos para iniciar las investigaciones y, en su caso, establecer responsabilidades.

La denuncia también incluye a Samuel Orlando García Mascorro, padre del gobernador, y parte de señalamientos sobre una supuesta red de empresas mediante la cual recursos relacionados con el Gobierno de Nuevo León habrían sido transferidos hacia un despacho jurídico vinculado con integrantes de su familia.

Flores sostuvo que las operaciones financieras deberán ser revisadas para determinar el origen, destino y beneficiarios de los recursos. “Los recursos públicos no dejan de ser materia de escrutinio por el simple hecho de pasar por una cuenta privada. Nadie puede utilizar una transferencia para ocultar el origen del destino o los beneficiarios del dinero del pueblo de Nuevo León, de la gente”, declaró.

La morenista acudió a las instalaciones de la Fiscalía acompañada de Alfonso Ramírez Cuéllar y Alejandro Murat, integrantes de Morena, y solicitó la intervención de distintas instituciones federales para revisar las operaciones señaladas en la denuncia.

Entre las dependencias cuya participación pidió se encuentran el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación, además de instancias locales especializadas en inteligencia financiera.

En una denuncia distinta, Flores también señaló al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y a la excontralora Jovita Morín por hechos relacionados con el caso Next Energy, por lo que pidió que las autoridades federales revisen posibles irregularidades en el ejercicio de recursos.

Las acusaciones presentadas contra García, Rodríguez y las demás personas mencionadas deberán ser investigadas por las autoridades competentes. La presentación de una denuncia no acredita la comisión de los delitos señalados y todas las personas involucradas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial.

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, un proveedor del organismo y diversos exfuncionarios, por presuntos delitos relacionados con contrataciones y el ejercicio de funciones públicas.

La denuncia señala posibles hechos de cohecho, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y asociación delictuosa. La presentación de la querella no implica responsabilidad penal de las personas mencionadas, por lo que corresponderá a la FGR determinar si existen elementos para iniciar o integrar las investigaciones correspondientes.

Entre los señalados se encuentra José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con compañías proveedoras del Instituto, así como Iliana Hernández, Mario Burciaga y José Alberto Pérez de Acha, quienes ocuparon cargos en áreas de Igualdad de Género, Recursos Materiales y Servicios de Informática, respectivamente.

El documento también incluye a Carlos Daniel Luna Rosas, exjefe de oficina de Taddei; Claudia Arlett Espino, exsecretaria Ejecutiva; y Jesús Octavio García González, exdirector de Administración, quien previamente figuró como representante legal de empresas vinculadas con Hernández Casillas.

Moreno indicó que la denuncia alcanza además a Sergio Uzeta, Juan Manuel Vázquez Barajas, Pedro Pablo Chirinos y Jonathan Navarrete, entre otros exservidores públicos del Instituto, así como al representante de Morena ante el INE, Guillermo Santiago Rodríguez.

El dirigente priista pidió investigar la posible existencia de un esquema relacionado con asignaciones de contratos y vínculos entre proveedores y funcionarios del organismo electoral. “Ahí están los funcionarios públicos involucrados, señalados e imputados y los representantes legales de las empresas que participaron en todo este esquema de saqueo, de robo, de asignación de contratos y de querer apoderarse de los organismos locales electorales en prácticamente todo el territorio nacional”, declaró.

Durante su conferencia, Moreno también dirigió acusaciones políticas contra Morena y sostuvo que ese partido debe responder por el proceso mediante el cual Taddei llegó a la presidencia del INE. Estas declaraciones forman parte del posicionamiento del dirigente partidista y no constituyen conclusiones de alguna autoridad ministerial o judicial.

La FGR deberá analizar los hechos y documentos entregados para definir las actuaciones procedentes. Las personas incluidas en la denuncia mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una determinación judicial que establezca responsabilidades.

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó las victorias de los demócratas Xavier Becerra y Gina Hinojosa en las gubernaturas de California y Texas, respectivamente, y resaltó el origen mexicano de ambos políticos tras las elecciones intermedias celebradas en Estados Unidos. Becerra derrotó al republicano Steve Hilton, mientras Hinojosa venció al gobernador Greg Abbott.

Al ser cuestionada sobre el resultado de los comicios, la mandataria evitó realizar una valoración más amplia sobre la derrota republicana y señaló: “Pues yo creo que muestra un sentimiento del pueblo estadounidense”. Después centró su respuesta en la participación de políticos con vínculos familiares con México.

Sheinbaum explicó que Becerra e Hinojosa tienen uno o ambos padres nacidos en México y mantienen vínculos con la comunidad mexicana. “Nos da mucho gusto que mexicano-estadounidenses que están allá tengan esta participación y este reconocimiento”, declaró.

Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y exfiscal general de California, se convirtió en el primer latino electo gobernador de esa entidad en más de 150 años. Hinojosa, integrante de la Cámara de Representantes de Texas, será la primera gobernadora latina de ese estado.

Los resultados formaron parte de una jornada en la que el Partido Demócrata recuperó el control de la Cámara de Representantes y del Senado, además de obtener victorias en estados que durante años mantuvieron predominio republicano.

Sobre las posibles consecuencias para la relación bilateral, Sheinbaum señaló que el gobierno mexicano mantendrá su política de buscar una relación de cooperación con Estados Unidos, bajo los principios de respeto a la soberanía, integridad territorial y colaboración sin subordinación.

La presidenta consideró prematuro anticipar si los resultados modificarán las negociaciones relacionadas con la revisión del T-MEC, debido a que éstas se desarrollan con el gobierno federal encabezado por Donald Trump, cuya administración no estuvo en juego en los comicios intermedios.

Sheinbaum indicó que las conversaciones comerciales y de seguridad continuarán con las autoridades estadounidenses, mientras que los cambios derivados de las elecciones modificarán la composición del Congreso a partir de 2027. Los demócratas asumirán el control de ambas cámaras durante la segunda mitad del mandato de Trump.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión de las contrataciones realizadas durante 25 años por el Instituto Nacional Electoral, el extinto Instituto Federal Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, como parte de las investigaciones sobre posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.

El organismo fiscalizador informó que el análisis abarcará las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025 y buscará identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales relacionadas con grupos empresariales y personas servidoras públicas.

La ASF señaló que sus trabajos de inteligencia y la información solicitada a las entidades federativas permitieron advertir la posible existencia de “múltiples irregularidades históricas” en el gasto relacionado con autoridades electorales, por lo que abrió investigaciones de oficio sobre distintos procedimientos de contratación.

Además del estudio histórico, se realizará una auditoría integral al INE y a los recursos federales ejercidos por los organismos electorales locales. Las revisiones no se limitarán a la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, sino que abarcarán administraciones anteriores.

El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó previamente que dos grupos empresariales concentraron operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con diferentes entidades públicas entre 2014 y 2026. De esa cantidad, 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales.

Entre las líneas que serán revisadas se encuentran posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre compañías vinculadas y concentración de adjudicaciones. Estos elementos forman parte de investigaciones en curso y todavía no representan responsabilidades administrativas o penales determinadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó previamente que la fiscalización no se concentrara únicamente en los últimos años, sino que incluyera contratos anteriores. “La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo. Tiene que auditarse y tiene que transparentarse, todos esos contratos”, expresó durante una conferencia de prensa.

La revisión se desarrolla mientras el INE atraviesa una reorganización interna tras la salida de Taddei y prepara el proceso electoral de 2027. La ASF no estableció una fecha para presentar los primeros resultados del estudio sobre los 25 años de contrataciones.

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El Instituto Mexicano del Seguro Social abrió una convocatoria para contratar a 2 mil 500 médicas y médicos especialistas como parte de una estrategia para fortalecer la atención en hospitales y reducir tiempos de espera.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que a partir de este 3 de noviembre las personas interesadas podrán consultar los requisitos, sedes disponibles y proceso de registro a través del portal médicos-especialistas.imss.gob.mx.

Las vacantes están dirigidas a especialistas en áreas como urgencias, cirugía, ginecología y obstetricia, urología, medicina interna, cardiología, imagenología y anestesiología, entre otras disciplinas requeridas por el Instituto.

De acuerdo con el calendario presentado por el IMSS, los días 18 y 19 de noviembre se abrirá la bolsa de trabajo para personal interesado en participar, mientras que el 20 y 21 de noviembre podrán registrarse especialistas externos y médicos de generaciones anteriores.

La contratación forma parte de un paquete de acciones que el Instituto desarrolla para ampliar la capacidad de atención, junto con la instalación de equipos médicos, adquisición de mobiliario y fortalecimiento de las áreas de urgencias.

Entre estas medidas se contempla la instalación de 100 equipos de alta tecnología, incluidos tomógrafos, aceleradores lineales, angiógrafos y mastógrafos, además de la compra de camas, camillas, sillas de ruedas y sillones reclinables para distintas unidades médicas.

El IMSS también puso en marcha acciones para reducir el rezago quirúrgico, ampliar las consultas de especialidad en horarios nocturnos y fines de semana, así como fortalecer el suministro de medicamentos e insumos mediante compras emergentes y nuevas herramientas digitales.

La convocatoria permanecerá disponible para consulta de las personas interesadas, quienes deberán revisar las plazas y requisitos correspondientes antes de las fechas establecidas para el registro y contratación de especialistas.

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La Ciudad de México comenzará a aplicar multas económicas a partir del 20 de noviembre a conductores de scooters, monopatines y bicicletas eléctricas que estén obligados a registrarse y circulen sin placas, licencia o documentación correspondiente.

La medida aplica a los denominados Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), unidades con dos o más ruedas, acelerador independiente, motores de entre 250 watts y un kilowatt y capacidad para superar los 25 kilómetros por hora.

Las sanciones previstas van de 10 a 20 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes aproximadamente a entre mil 173 y 2 mil 346 pesos. El esquema también contempla a empresas que operan flotillas de renta de vehículos de micromovilidad eléctrica.

La regulación distingue dos categorías de VEMEPE: tipo A, para unidades con peso menor a 35 kilogramos, y tipo B, para vehículos de entre 35 y 350 kilogramos. Ambos deberán contar con placas, tarjeta correspondiente y Distintivo de Movilidad Eléctrica.

Los conductores tendrán que portar además licencia tipo A1 o A2, según la categoría del vehículo, utilizar casco, mantener las luces encendidas y disponer de un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles daños a terceros.

Las autoridades capitalinas establecieron una aplicación gradual de las nuevas disposiciones. Desde julio, los comercios quedaron obligados a entregar ya emplacadas las unidades nuevas incluidas en la categoría VEMEPE, mientras que en septiembre comenzó una etapa de amonestaciones sin sanciones económicas.

Quedan fuera del emplacamiento los vehículos eléctricos con motor menor a 250 watts y velocidad máxima inferior a 25 kilómetros por hora, así como las bicicletas de pedaleo asistido que no superen esos parámetros. Estos vehículos deberán cumplir con los distintivos establecidos por la Secretaría de Movilidad cuando corresponda.

El costo de las matrículas es de 709 pesos, mientras que la licencia A1 cuesta 572 pesos y la A2 mil 142 pesos. Los propietarios de unidades adquiridas antes del inicio del nuevo esquema tendrán hasta el 20 de noviembre para completar los trámites antes de que comiencen las sanciones económicas.

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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno de Texas pueda determinar unilateralmente la propiedad de nueve islas ubicadas en el río Bravo y sostuvo que el tema corresponde a los mecanismos bilaterales entre México y Estados Unidos.

La mandataria atribuyó el pronunciamiento de las autoridades texanas al contexto electoral de ese estado y señaló que todavía se analiza de qué lado de la frontera se encuentran los territorios en disputa. “Ellos pues están en elecciones y pretenden declarativamente decir que estas islas son parte ya de Texas, pero no. Es parte de la revisión que se hace de esta comisión”, expresó.

Sheinbaum explicó que las características del río provocan modificaciones en su cauce y la formación de islas, por lo que corresponde realizar mediciones para determinar su ubicación respecto del límite internacional entre ambos países.

La controversia surgió después de que Dawn Buckingham, comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, anunció que nueve islas del río Bravo pertenecen al estado y que las fuerzas de seguridad texanas podrán acceder a ellas para realizar labores de vigilancia.

Las autoridades de Texas identificaron los territorios como Nixon, La Bota, Tex Mex 2, McKendricks, Lost Boot, Clark, Zachary, Miller 1 y Miller 2, cuya propiedad permaneció durante años sin una definición reconocida por las autoridades estatales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió que ningún gobierno estatal de Estados Unidos cuenta con facultades para modificar la frontera internacional ni determinar por cuenta propia la soberanía sobre terrenos ubicados en la zona limítrofe.

La dependencia federal recordó que los límites entre México y Estados Unidos se determinan mediante tratados internacionales y que corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas establecer de qué lado del cauce se encuentra cada territorio.

El gobierno mexicano mantendrá el seguimiento del caso mediante los mecanismos bilaterales mientras se define la situación de las nueve islas. Sheinbaum insistió en que la decisión no corresponde al gobierno de Texas y deberá ajustarse a los acuerdos internacionales vigentes entre ambos países.

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La Fiscalía General de la República confirmó que Inés Gómez Mont permanece detenida en Estados Unidos por una situación migratoria y enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, explicó que uno de los mandamientos judiciales corresponde a una investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero, mientras que los otros dos derivan de acusaciones por defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con la FGR, las investigaciones relacionan a la exconductora con un presunto esquema de desvío y triangulación de recursos públicos mediante empresas que habrían simulado operaciones vinculadas con contratos del entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

La Fiscalía sostiene que alrededor de 2 mil 450 millones de pesos derivados de contratos irregulares habrían sido movilizados mediante distintas operaciones financieras y que parte de esos recursos presuntamente llegó a cuentas personales de Gómez Mont. Estas acusaciones deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales.

En materia fiscal, la FGR señala que la conductora habría declarado ingresos menores a los obtenidos durante los ejercicios de 2014 y 2016, lo que presuntamente derivó en la omisión del pago de más de 14 millones de pesos en contribuciones.

Gómez Mont permanece bajo custodia migratoria en Florida después de su detención del 30 de octubre. Su defensa presentó un recurso de habeas corpus ante una corte federal estadounidense para cuestionar la legalidad de la detención y solicitar que pueda enfrentar su procedimiento migratorio en libertad.

La FGR indicó que el procedimiento migratorio en Estados Unidos es independiente de las causas penales abiertas en México. En caso de que las autoridades estadounidenses determinen su deportación, la Fiscalía señaló que procederá a ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes cuando ingrese a territorio nacional.

La exconductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, rechazaron anteriormente las acusaciones formuladas en su contra y recurrieron a distintos recursos legales. Por ahora, Gómez Mont enfrenta de manera paralela el procedimiento migratorio en Estados Unidos y las investigaciones penales abiertas en México, bajo el principio de presunción de inocencia.

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El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obtuvo una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo que promovió contra su vinculación a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, aunque la resolución no cancela las acusaciones ni modifica la prisión preventiva domiciliaria que cumple en Ensenada.

La medida fue concedida dentro del expediente de amparo 1085/2026 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca. La resolución impide que el procedimiento avance hacia la apertura del juicio oral mientras se resuelve el fondo del amparo.

La Fiscalía General de la República aclaró que la suspensión no representa el cierre del proceso ni una exoneración para el exmandatario. Ruffo permanece vinculado a proceso y sujeto a las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.

El exgobernador fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos conocida como huachicol fiscal. Después fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde permaneció alrededor de dos meses y medio.

El 26 de septiembre, un juez autorizó modificar la medida cautelar y permitió que continuara el proceso bajo prisión preventiva domiciliaria, debido a su edad y condiciones de salud. Desde entonces permanece en su residencia bajo vigilancia de elementos de la Guardia Nacional.

La investigación de la FGR señala que Ruffo habría participado en una estructura dedicada a importar combustible de manera irregular para evadir el pago de impuestos. La dependencia también investiga a otras 24 personas y estima un posible daño a la Hacienda Pública Federal superior a 4 mil millones de pesos.

Dentro de las indagatorias aparece la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la que Ruffo fue fundador y secretario del Consejo de Administración. La Fiscalía investiga si desde esa estructura se coordinaron operaciones financieras y comerciales relacionadas con la importación irregular de hidrocarburos y con una cadena de empresas energéticas establecidas en Estados Unidos.

Los delitos imputados incluyen delincuencia organizada, contrabando y conductas ilícitas en materia de hidrocarburos. La suspensión definitiva mantiene detenido temporalmente el avance del proceso hacia juicio oral, pero no modifica la situación jurídica del exgobernador ni elimina las acusaciones, que continuarán sujetas a revisión judicial bajo el principio de presunción de inocencia.

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La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a Guadalupe Taddei de traicionar la confianza de la ciudadanía y pidió investigar las presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Además, anunció una propuesta para que Talleres Gráficos produzca la mayor parte del material electoral.

“Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México, hay que decirlo así”, expresó durante su conferencia matutina. La mandataria insistió en que la Auditoría Superior de la Federación debe esclarecer los señalamientos relacionados con la gestión de la expresidenta del organismo.

De acuerdo con la información difundida por Latinus, Sheinbaum sostuvo que durante los últimos 20 años se consolidó una “burocracia electoral” y cuestionó la contratación de empresas que calificó como intermediarias o “coyotes”, tanto en el ámbito federal como en organismos electorales locales.

“Ya que salió esto, tiene que investigarse y tenemos que hacer una reforma para que no sean estas empresas que se han dedicado en muchos organismos electorales a este esquema”, señaló. Sus declaraciones constituyen señalamientos políticos y no una determinación de responsabilidad administrativa o penal.

La presidenta adelantó que la próxima semana presentará una propuesta para transformar a Talleres Gráficos en una empresa del Estado, con consejo de administración y observación externa. El objetivo, explicó, es que ahí se produzca la mayor parte del material utilizado en las elecciones.

Por otra parte, rechazó que la reforma que permitió a Taddei realizar designaciones directas dentro del INE fuera el principal factor del problema. No obstante, señaló que esas facultades pueden revisarse y que cualquier modificación requiere evaluar su viabilidad jurídica.

Sheinbaum reconoció que el proceso electoral ya está en marcha y mencionó las restricciones constitucionales para modificar las leyes electorales durante su desarrollo. La propuesta sobre Talleres Gráficos quedó como un anuncio pendiente de presentación, mientras las presuntas irregularidades deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.