jueves, marzo 28, 2024
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Amnistía, cúspide de libertad para los injustamente presos

Por Lilia González

A casi medio año de haber entrado en vigor la Ley de Amnistía en el Estado de México, el Poder Judicial mexiquense ha logrado la libertad de mil 103 personas, que han encajado entre los 12 supuestos contemplados para acceder a ella de manera directa.

Con la estadística actual, el Poder Judicial del Estado de México está por cumplir su primer objetivo planteado: recibir, en una primera etapa, 3 mil peticiones que pudieran ser tramitadas por personas privadas de la libertad, por la defensa, familiares y/o colectivos defensores de los Derechos Humanos.

Se indica que la autoridad jurisdiccional ha recibido 2 mil 965 solicitudes de amnistía: mil 742 presentadas por defensores, mil 098 por el imputado, 91 por familiares y 34 por organizaciones u organismos públicos, procediendo el 37 por ciento de las presentadas.

FOTO: Juan Hernández

Antecedentes

Fue el 5 de marzo cuando la Ley de Amnistía del Estado de México entró en vigor estableciendo un primer objetivo: liberar a personas privadas de la libertad que sean primodelincuentes y que hayan cometido delitos menores, como aborto, robo con o sin violencia -siempre y cuando no se hayan utilizado armas de fuego-, abigeato, culposos y delitos contra el ambiente, patrimoniales y delitos contra la salud, siempre y cuando se haya pagado la reparación del daño a las víctimas.

FOTO: Juan Hernández

Además, dentro de la ley se establece que también podrían ser beneficiadas las PPL (Personas Privadas de Libertad) que, independientemente del delito que se trate, cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado mexicano, algún organismo internacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a derechos y/o al debido proceso.

Para su operatividad, se precisó que se abrieron cerca de 31 plazas para contratar a jueces, secretarios, notificadores y oficiales judiciales, y se brindó capacitación a 120 servidores públicos, ministerios y defensores públicos, colegios de abogados y a organizaciones de la sociedad civil en materia de ejecución penal.

FOTO: Juan Hernández

En su momento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Sodi Cuellar, informó que por ser una Ley novedosa, con legitimidad, certeza jurídica y que da garantía al respeto de los derechos de las víctimas, se espera que se convierta en un referente nacional, abonando que la amnistía contribuirá a la despresurización del sistema penitenciario estatal, refiriendo que en un primer esfuerzo se calculaba liberar al 7.8 por ciento de las 32 mil personas recluidas en centros penitenciarios, llevando a la fecha un avance del 3.4 por ciento en esa meta.

Esfuerzo interinstitucional

A fin de hacerla funcional, en dicha ley colaboran tanto el Poder Ejecutivo, como el Judicial, el Legislativo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Si bien el Poder Judicial se encargaría de analizar las solicitudes de personas en reclusión, culpabilizadas por delitos de bajo impacto, la Legislatura, a través de la conformación de una Comisión Especial en materia de Amnistía, junto con la CODHEM, se encargarían de valorar los casos de acusados por delitos de alto impacto, siempre y cuando se hayan detectado fallas en su proceso, violaciones a derechos humanos o la fabricación de delitos.

Recientemente en una entrevista, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, refirió que hasta el momento, la Comisión Especial le había remitido solamente una lista con 507 casos; no obstante, esta no contaba con un análisis pormenorizado de los casos, por lo que les han tenido que fijar parámetros para que realicen el estudio correspondiente. “Hasta ahora, 507 casos son los que ha presentado la Legislatura, pero nos lo mandan con un listado, sin un análisis, entonces, lo que hacemos es fijar parámetros para que ellos nos lo manden desglosados y analizados. Nosotros no podemos revivir un caso que está cerrado, la ley no lo permite”, indicó.

FOTO: Juan Hernández

En su defensa, Max Correa Hernández, uno de los integrantes de la Comisión, afirmó que son más de 500 las solicitudes que han recibido de casos especiales que aspiran a la Amnistía por lo que, al tratarse de delitos graves, requieren de otra connotación y de ser revisados con más detención y cuidado.

Para atender cada una de las solicitudes, informó que la Comisión ya ha requerido información al Poder Judicial, a la Fiscalía General de Justicia, a la CODHEM y al Ejecutivo, quienes tienen 60 días hábiles para aportar lo requerido y, con ello, comenzar su análisis.

Nula eficacia de la Comisión Especial

Ante ello, agrupaciones como el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) han reconocido el esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial para cumplir con la parte que le toca; sin embargo, han recriminado la nula eficacia de la Comisión Especial de la LX Legislatura, al criticar que no han logrado resolver ni una sola solicitud que le han presentado.

José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, indicó que han interpuesto cerca de 550 solicitudes a los diputados, las cuales son sobre casos de personas a quienes se les han fabricado delitos o han tenido violaciones a sus derechos en diversas etapas del procedimiento penal, o han sido culpados por delitos de alto impacto como: robo con violencia (usando armas de fuego), secuestro, trata de personas, violación, homicidio, feminicidio, entre otras.

 

De ellas, indicó que 109 se encuentran extraviadas, es decir, la Comisión especial no se ha pronunciado al respecto y no tienen conocimiento de su remisión, mientras que el resto fueron remitidas a la CODHEM sin previo aviso a la organización por lo que, dijo, estarán presentando entre el 8 y el 12 de septiembre un amparo ante el Juez de Distrito en Toluca, para que la Comisión atienda todas las solicitudes que se le han remitido.

Por otra parte, adelantó que será este 30 de agosto cuando estarán presentando otras 300 solicitudes más a la Legislatura, para sumar 850 las remitidas.

Por su parte, José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” indicó que, pese a que el PJEM ya ha liberado a poco más de mil personas culpabilizadas por delitos menores, estiman que aún faltan otras 4 mil por poner en libertad.

FOTO: Victoria Acevedo

Aseguró que, en la actualidad, la Comisión de Derechos Humanos ya ha emitido cerca de 25 pronunciamientos, mismos que han sido desechados por la autoridad jurisdiccional, argumentando que estos no son suficientes para advertir la inocencia de una persona, sobre todo al tratarse de delitos de alto impacto. “Esas personas recurrieron al juicio de amparo ante un Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y el pasado martes fuimos notificados de que se otorgó el amparo a estas personas, al reconocer que es una obligación del Poder Judicial admitir a trámite la amnistía y liberarlos. Ese amparo aún se encuentra transcurriendo su término para que cause ejecutoria”, explicó.

Huelga de Hambre en Plaza de los Mártires

En relación con las personas que mantienen la Huelga de Hambre en la Plaza de los Mártires por más de dos semanas, Lara Duque señaló que el reporte médico más actualizado indica que son seis personas que tienen un nivel de deshidratación entre moderado a grave, dos personas han presentado dolor en los riñones y se les ha advertido que, de seguir en la huelga, el daño renal podría ser irreversible; sin embargo, indicó que las personas se mantienen en una determinación firme de seguir.

“Ya nos rapamos, nos sacamos sangre y aun así no nos hacen caso, por eso ahora decidimos entregarles nuestra vida a cambio de la libertad de nuestros hijos. De aquí no nos vamos a mover hasta que no veamos libres a nuestros presos”, exclamó Maribel González Pacheco, madre de Héctor Michael Lemus González, recluido desde hace 7 años en el penal Molino de Las Flores ubicado en Texcoco, culpabilizado por el delito de secuestro.

Siendo una de las 16 personas huelguistas, Maribel indicó que, desde el pasado jueves 12 de agosto, cinco mujeres emprendieron la huelga de hambre, a la que se sumaron otras seis personas el pasado domingo 15 de agosto, informando que la semana pasada se fueron sumando otras cinco.

De igual manera, señaló que la huelga ya ha dejado los primeros estragos, puesto que todos habían comenzado a presentar malestares como dolores de cabeza, mareos y debilitación por lo que, dijo, “lo primero que hacemos al levantarnos es pedirle a Dios que esto termine pronto, que nos den una solución”.

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