Con el fin de sancionar a los padres que abandonen a mujeres embarazadas o incumplan con el otorgamiento de pensión alimenticia, las y los integrantes de la comisión legislativa de Procuración y Administración de Justicia inició el análisis de la llamada “Ley Sabina”.

Para la propuesta, se plantean ajustes al Código Penal y al Código Civil del Estado de México y dentro de ella se proponen penas de seis meses a 2 años de prisión y la pérdida de los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela y a heredar, a quien sin motivo justificado abandone a la mujer en estado de gravidez y se acredite su paternidad legalmente; además de establecer agravantes en caso de que se lesione a la mujer o al producto en periodo de gestación.

Lo anterior es conocido como “Ley Sabina” debido a una menor que durante cuatro años no ha recibido pensión alimenticia, inspirando a su madre Diana Luz a iniciar un movimiento para promover castigos por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias que afecta a millones de niñas y niños en el país.

Durante el estudio de la iniciativa, se indicó que un problema recurrente en materia de derecho familiar es el incumplimiento de la obligación alimentaria, señalando que tan solo en el año 2020 en la entidad se reportaron 12 mil 432 juicios sobre pensiones alimentarias.

“El objetivo de la obligación de alimentos consiste en garantizar el derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado, por lo que es necesario cubrir todas sus necesidades básicas que consiste en la alimentación, el vestido, la habitación y la asistencia médica en caso de enfermedad, en su caso los gastos de embarazo y parto, así como los gastos necesarios para la educación que les proporcione un oficio, arte o profesión, pese a su importancia, deja de cumplir ese deber poniendo en riesgo el desarrollo integral del menor”, expresa el documento.

Ante ello, se indicó, la tarea del legislador es estructurar un sistema legal que garantice plenamente el cumplimiento de la obligación alimentaria.

Cabe señalar que la iniciativa seguirá en estudio y buscarán que acuda personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que les informe cómo está este problema y emita su opinión sobre la iniciativa de ley que pretenden dictaminar en las siguientes semanas.

Gerardo Mendoza

Toluca.-  Vecinos de Jardines de La Crespa, pidieron más apoyo de las autoridades competentes ya que cuentan con un comedor comunitario en el abandono, falta de iluminación y denunciaron que el circuito de videovigilancia de una escuela no sirve, lo que ha generado mayor inseguridad, principalmente en las noches.

Así se vio reflejado en un recorrido por las calles de la Unidad Habitacional, que colinda con la Delegación de San Lorenzo Tepaltitlán, en la capital mexiquense.

“Ya esta en el olvido (comedor comunitario), todo grafiteado, se está quedando así abandonado, se te hace común verlo de esa manera”, dice la señora Victoria, quien desde hace más de 10 años que llegó al fraccionamiento y que hoy al igual que los vecinos se acostumbran a verlo de esa manera.

Las bardas son fiel reflejo en lo que se encuentra las instalaciones que día a día se van quedando en el olvido.

Los grafitis ya invadieron el lugar, la gente pasa como si nada, solo quedan los recuerdos, por las tardes o noches denunciaron la presencia de gente de la calle.

Ubicado en el centro de Jardines de La Crespa entre las calles Camino de Los Huertos, Camino El Árbol y de Las Arboledas, la gente también señala que la zona carece de alumbrado público, lo que la hace más insegura.

“Si están las lámparas pero ya tiene tiempo que no sirven, en la noche está muy oscuro, hasta da miedo pasar por aquí, no hacen caso en repararlas”, dijo otra ama de casa que pidió anonimato.

Y es que apenas hace unos días, ante la falta de alumbrado, fue encontrado un feto, se aprovecharon de que no hay luz y la gente cuando se dio cuenta ya habían abandonado el producto, solo estaba el cordón umbilical.

“Ese día pues quien va a ver, la que lo hizo aprovecho que no sirven las lámparas, esta bastante oscuro, y además quien se va acercar, ya después llegaron las patrullas y toda la gente preguntando qué había pasado, nadie vio quien era esa mujer”, agregó la entrevistada.

También demandaron que las cámaras de video de la escuela no sirven, llevan mucho tiempo abandonadas, y para la entrada y salida de los niños es importante, destacaron.

“No sirven, nadie las compone, así las dejaron, es un dato bastante importante, están en la entrada de la escuela y luego de que no hay luz, ahora solo están de adorno, nos toca seguir insistiendo para que nos escuchen”, manifestó un padre de familia.

Demandaron a que esperan las autoridades tomen en cuenta lo que viven en Jardines de La Crespa.

“Como les digo, el comedor, las lámparas no sirven, las cámaras de seguridad tampoco funcionan entre otras cosas queremos que volteen para acá, ya hicimos peticiones y escritos para que hagan algo”, señaló un grupo de personas.

Así es el día a día en esta Unidad Habitacional ubicada a un costado de la zona Industrial Toluca.

Asimismo indicaron que la unidad médica es la única que fue reforzada, ya que fue objeto de la delincuencia y de ahí hasta la chapa tuvo que ser colocada de alta seguridad.

“Ve, al consultorio se le tuvo que reforzar, doble chapa, los barrotes y así se ha mantenido, porque aquí está crítico y es el centro de La Crespa”, añadió otro colono.

Por Guadalupe de la Cruz

Héctor Martínez Miranda, presidente de la Asociación de Abogados de Toluca, dio a conocer que los juicios por abandono de viviendas han crecido hasta en un 60 por ciento, y esto sucede básicamente porque dejan de pagar los servicios públicos, así como el crédito hipotecario, y prefieren dejar el inmueble que liquidar, en muchos casos, la deuda.

En entrevista comentó que en el Estado de México se ha extendido el abandono de viviendas, sobre todo de interés social. Dejan de pagar al Infonavit y lo primero que piensan es que les embargarán sus bienes, por lo que prefieren salirse del inmueble y rentar en otro lugar.

«A lo que se arriesgan los dueños de casas abandonadas es que llegue gente extraña, se meta en el domicilio y se apoderen de la casa. Los llamados ‘paracaidistas’, a quienes después de un largo juicio podrán sacar de su propiedad, pero eso tarda mucho y es muy costoso», mencionó.

Martínez Miranda comentó que cuando han pasado muchos años (más de 10) y existen personas en su inmueble que no quieren salirse, el dueño debe entablar un juicio de sucesión y el demandado puede defender -hasta cierto punto- su postura, a través del modo de usucapión; en cualquiera de los casos, los costos son elevados “no menor a 50 mil pesos”.

“El problema de los dueños de viviendas abandonadas es que al dejar de pagarle al Infonavit creen que perdieron los derechos de su propiedad y deciden abandonarlas, sin embargo antes de tomar esta decisión deberían acercarse a la institución y llegar a un buen arreglo”, señaló.

Finalmente, el abogado hizo un llamado a los propietarios de viviendas de interés social a no abandonarlas, sino que se acerquen al Infonavit, “desde el año pasado el Gobierno Federal modificó el esquema de pagos, por lo que ahora será más fácil poder conservar el inmueble”.

Durante su participación, la Magistrada Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior Tlalnepantla del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), mencionó que una importante cantidad de personas mayores son vulneradas en sus derechos todos los días.

“Aproximadamente 20 personas eran abandonadas al mes en hospitales públicos de este país, esto es un ejemplo de la vulnerabilidad de los derechos de las personas adultas mayores”, dijo.

De acuerdo con el Panorama Nacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres, del INEGI, en el país residen 7 millones 043 mil 622 mujeres de 60 años y más, de las cuales aproximadamente 1.2 millones de mujeres (17.3 por ciento) experimentaron violencia en los últimos 12 meses por parte de algún familiar o persona con quien vive.

El documento señala que la violencia emocional por parte de algún familiar o persona con quien vive en los últimos 12 meses es la más declarada por las mujeres de 60 años y más con 15.2 por ciento, la económica es de 6.3 por ciento, la física con 1.2 por ciento y la sexual el 0.5 por ciento a nivel nacional.

Además, resaltó que, a nivel nacional, 17 de cada 100 mujeres de 60 años y más reportaron al menos un incidente de violencia por parte de algún familiar o alguna de las personas con la que viven, de las cuales 15 mujeres declararon violencia emocional, 6 señalaron violencia económica y 1 mujer reporta violencia física.

“Cuando un adulto mayor forma parte del núcleo familiar, y no es tomado en cuenta para las decisiones al interior de este núcleo, y en muchas ocasiones las decisiones sobre su patrimonio, es un tipo de maltrato y abandono”, dijo.

Agregó que la Convención Interamericana sobre la Protección de las Personas Adultas Mayores es el principal instrumento jurídico de protección a este sector, la cual señala que los estados se comprometen a formular leyes y programas de prevención, abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra las personas mayores, además de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y sus libertades fundamentales.

Dicha Convención se aprobó en el 2015, sin embargo, dijo, que en México no ha sido ratificada, por lo que hizo un llamado para que sea ratificada y se puedan procurar los derechos y bienestar de las personas adultas mayores.

Finalmente, coincidió en que desde la Secretaría de la Mujer destaca la importancia de establecer acciones interinstitucionales y multidisciplinarias, orientadas a la prevención y atención de la violencia, a fin de promover estrategias que permitan a este sector mejorar su calidad de vida.

Por Guadalupe De La Cruz

Roberto Téllez Monroy, candidato a presidente municipal de la coalición “Juntos Haremos Historia en el Estado de México” integrada por Morena-PT-Nueva Alianza, desde temprana hora recorrió las calles de la comunidad de San Pedro el Rosal y San Pablo Atotonilco donde dialogó con la población y a su paso sumó más simpatizantes al proyecto para construir un mejor Atlacomulco.

En su discurso comentó que por más de 80 años los habitantes de dichas comunidades fueron abandonados por las anteriores autoridades y ahora trabajando en equipo los cambios sin duda se están construyendo.

“Estas comunidades se caracterizan por su gente trabajadora, quienes preocupadas por las carencias de su pueblo -que por más de 80 años fueron abandonados- trabajan con voluntad y en equipo para construir un verdadero cambio”.

Por Lilia González

Indicando que uno de cada seis adultos mayores de 60 años han sufrido algún tipo de abuso en entornos comunitarios,  de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los legisladores mexiquenses del Revolucionario Institucional han propuesto erradicar el despojo de sus bienes por parte de familiares, siendo este uno de los abusos más frecuentes del que son víctimas.

La diputada Iveth Bernal Casique señaló que en ocasiones y con la finalidad de evitar cargas excesivas como las que se originan con los testamentos o contratos de compra-venta, las personas adultas mayores optan por la realización de contratos de donación en favor de sus familiares o conocidos, por implicar una menor carga económica; sin embargo, dijo, este tipo de contratos los pueden ubicar en estado de indefensión, pues una vez concretado, sus familiares pueden actuar de mala fe, despojándolos de los bienes y dejándolos en estado de abandono.

Señaló que si bien, el Código Civil del Estado de México da pauta en su artículo 7.643 para poder hacer valer la causa de revocación de la donación por ingratitud, ésta prescribe en un año contado desde que tuvo conocimiento del hecho, el donador, lo que dijo, es muy poco tiempo para hacer valer esta causa de cancelación de lo donado.

“Bajo este contexto la presente iniciativa propone que cuando el donante sea un adulto mayor, es decir, una persona de 60 años o más, la escritura pública deberá contener una cláusula de usufructo vitalicio sobre el bien o bienes donados, que proteja a nuestros adultos mayores y puedan permanecer en los inmuebles si así lo desean hasta su muerte”, explicó.

En resumen, la propuesta se engloba a que las personas de la tercera edad puedan seguir disfrutando del bien que dieron en donación, aunque ya no sean los propietarios, lo que los protegerá jurídicamente, en caso de que alguno de los donatarios quisiera desalojarlos.