Los elementos habían sido enviados en respuesta a las manifestaciones desencadenadas por las redadas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Cerca de 4 000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines se encontraban en Los Ángeles desde el 7 de junio en una misión que podría durar hasta 60 días, cuyo plazo se termina la siguiente semana.

La movilización de estas tropas fue un hecho inusual, ya que lo ordenó la administración de Trump y no el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien desde el inicio estaba en contra de esta acción, al igual que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Newsom consideró esta acción como propaganda, además de demandar al gobierno federal el junio pasado, pues argumentó que Trump violó la ley cuando movilizó a las tropas sin notificárselo. El gobernador de California también pidió al juez un cese de emergencia de las tropas que ayudan a llevar a cabo las redadas de inmigración.

Esta orden forma parte de otras que desde hace dos semanas han permitido el regreso de casi la mitad de los cerca de 5 000 elementos desplegados en Los Ángeles. Funcionarios del Pentágono estimaron que el coste del despliegue de los marines y los soldados de la Guardia Nacional asciende a unos 134 millones de dólares.