La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el jueves el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con votación dividida sobre los efectos de la sentencia. Debido a esto, no se emitió un exhorto para que las autoridades acaten las suspensiones definitivas concedidas por jueces federales en torno a la reforma judicial.

Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema durante su conferencia matutina y sostuvo que la resolución del máximo tribunal confirma el avance de la reforma al Poder Judicial. Desde su perspectiva, la decisión de la Corte no impone barreras al proceso y únicamente queda su desarrollo en el ámbito electoral.

Durante su intervención, la mandataria intentó explicar lo aprobado por los ministros, aunque su discurso generó confusión al abordar la determinación de la SCJN sobre la falta de competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para invalidar suspensiones contra la reforma.

Sheinbaum aseguró que el proceso sigue su curso y adelantó que la próxima semana se abordará el tema con mayor profundidad. Para ello, anunció la participación del ministro en retiro Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, y de Ernestina Godoy, consejera jurídica.

Por otro lado, la SCJN determinó que los jueces federales deben revisar de oficio las suspensiones otorgadas en contra del proceso electoral en el que se definirán, mediante voto popular, los nuevos jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

Con estas resoluciones, el máximo tribunal del país estableció los alcances de su decisión y dejó en claro que el proceso electoral será clave para la implementación de la reforma. La discusión sobre los efectos de la sentencia continúa generando diversas interpretaciones en el ámbito político y jurídico.

Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitaron que cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excusen de participar en la discusión sobre la elección judicial, entre ellos la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña.

Los ministros señalados en la solicitud son Norma Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. De acuerdo con los magistrados del Tribunal Electoral, estos integrantes de la SCJN han expresado su postura en contra de la reforma, lo que pone en duda su imparcialidad en el análisis del tema.

La petición fue presentada en una conferencia de prensa encabezada por la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, junto con los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Durante el encuentro, los funcionarios expusieron sus preocupaciones sobre el proyecto que circuló en medios de comunicación y que será analizado por la SCJN el 13 de febrero.

Dicho proyecto, atribuido al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sostiene que el Tribunal Electoral no tiene la facultad de invalidar órdenes de suspensión en juicios de amparo, lo que representaría un revés para la postura del TEPJF. Los magistrados manifestaron su inquietud por el contenido del documento, argumentando que no cumple con los protocolos habituales de la Suprema Corte y que se aleja de los criterios técnicos para la resolución de estos asuntos.

El Pleno de la SCJN decidió postergar la discusión del proyecto el pasado 6 de febrero, con el objetivo de esperar un informe del Tribunal Electoral. Dicho informe fue entregado el 10 de febrero, y la Corte retomará el análisis del caso el 13 de febrero para determinar el rumbo de la elección judicial y el cumplimiento de las suspensiones dictadas en este proceso.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha presentado su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), convirtiéndose en el primer integrante del pleno en hacerlo en el contexto de la primera elección judicial en el país. La renuncia se formalizó mediante una carta enviada a la Mesa Directiva del Senado de la República.

En su comunicación, el ministro expresó que no se considera adecuado para ocupar un cargo que dependa del apoyo popular. Destacó que su trayectoria y habilidades lo califican para la judicatura, pero que su función debe enfocarse en proteger los derechos de quienes más lo requieren, no en validar la voluntad de las mayorías.

Gutiérrez Ortiz Mena indicó que su renuncia tendrá efectos a partir del 31 de agosto de 2025. Sin embargo, enfatizó que esto no implica un acuerdo tácito sobre la constitucionalidad de la reforma judicial que ha llevado a esta elección. Mencionó que opera bajo la presunción de validez de las normas, aunque esta es provisional y puede ser cuestionada en el futuro.

El ministro también reflexionó sobre la naturaleza de los cargos públicos, considerándolos como préstamos temporales que deben desempeñarse con decoro. Afirmó que su decisión de renunciar no es un abandono de una tarea inconclusa, sino un acto de congruencia con los principios constitucionales que rigen su labor.

Con su salida, Gutiérrez Ortiz Mena busca dejar un legado de integridad y responsabilidad, recordando que el verdadero éxito no radica en aferrarse a un cargo, sino en reconocer el momento adecuado para dejarlo con dignidad.

Rafael Rodríguez

La tarde de este jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como constitucional la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que beneficiará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Luego del voto del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, así como el sufragio de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, sumados a Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz, promovente de la LIE.

Por otra parte, siete ministros se manifestaron por la inconstitucionalidad de la misma, sin embargo no fue suficiente para nombrarla como tal, pues eran necesarios ocho votos en contra para tal efecto.

Cabe destacar que el voto decisivo lo tuvo el ministro presidente Arturo Zaldivar, quien señaló que “nuestra Constitución no impone un modelo económico por encima de otro”. Por lo que su voto fue en favor de la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, misma que fuera presentada por un grupo de senadores de oposición.

Con esto, el Pleno del Tribunal dio luz verde para que continúe esta ley que otorga mayor ventaja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.

En cuanto a los argumentos presentados por los ministros que buscaban la inconstitucionalidad de la LIE, señalaron que esta última no procura la libre competencia económica del país ni garantiza la protección del medio ambiente con generación de energías limpias.