Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tenería “Lázaro Cardenas del Río”, de Tenancingo, se manifestaron frente a Palacio del Poder Ejecutivo, en Toluca, para solicitar una audiencia con la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez.

En la avenida Sebastián Lerdo de Tejada, decenas de estudiantes precisaron que, las autoridades de Educación no están respetando los acuerdos pactados.

De igual manera, aseguran no hay una organización interna por lo que piden reincorporar al cuadro directivo de la normal.

“Respeto a la organización estudiantil interna”, “Reinstalación de nuestro cuadro directivo”, se leía en algunas mantas que mostraron este martes.

Desalojan instalaciones de los SEIEM

Ante la alerta del arribo de estudiantes a la capital mexiquense, personal de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), en la delegación de Santa Cruz Atzcapotzaltongo desalojó las oficinas por seguridad.

Lo anterior, debido a que en octubre del 2024, normalistas vandalizaron las instalaciones ya mencionadas con daños a vehículos que se encontraban aparcados y oficinas.

En este sentido, elementos de la Policía Estatal resguardaron el sitio. Sin que se registraran afectaciones mayores.

La audiencia de Ismael “El Mayo” Zambada fue adelantada para el 17 de octubre, según decidió el juez Brian M. Cogan este miércoles. Esta nueva fecha se establece un día después de la programada para la sentencia del exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna.

La audiencia estaba inicialmente fijada para el 31 de octubre, pero los fiscales de Estados Unidos solicitaron el cambio argumentando un «conflicto de programación». El proceso tendrá lugar en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

La solicitud de modificación de la fecha fue presentada por los fiscales desde el martes, con el fin de evitar coincidencias con otros compromisos judiciales. Por otro lado, el caso de Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, también vinculado a la detención de Zambada, sufrió una modificación.

Su audiencia se pospuso hasta el 7 de enero de 2025, luego de que la jueza Sharon Johnson Coleman concediera una prórroga de 90 días para que ambas partes puedan reunir más pruebas.

La detención de Zambada y Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, ha generado una ola de violencia en la región. Según cifras de la Fiscalía General del Estado, desde el 9 de septiembre, se han registrado 130 asesinatos y 159 personas desaparecidas.

Guzmán López se entregó a las autoridades estadounidenses el pasado 25 de julio en el aeropuerto privado de Doña Ana, en Nuevo México, y, de acuerdo con las investigaciones, habría secuestrado a «El Mayo» Zambada para trasladarlo a Estados Unidos.

Este lunes se llevó a cabo la continuación de audiencia de Raymundo “N”, ex alcalde de Toluca, luego de ser detenido el pasado jueves 18 de enero, en la Ciudad de México y recluido en el Penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez.

En la audiencia inicial, efectuada el viernes pasado, la defensa del imputado solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), enviar dos citatorios a la víctima y a la ofendida, en este caso padre de la ex esposa del ex edil y esta misma, para comparecer este lunes, sin embargo, no se presentaron por temor.

“Negativa no hay, no hay negativa porque al final de cuentas no es algo que se está inventando, si hay mucho temor, hay mucho temor porque como ya saben y es algo público han sucedido muchos amenazas, muchos intentos de hacerles daño tanto a la víctima a mano y papá, entonces ese es el temor que ellos tienen”, dijo su abogado, Octavio Ortega.

En este sentido, se llevará a cabo una tercera audiencia, programada este martes 23 de enero, a las 8:45 horas. De acuerdo con la defensa, no hay obligación para que tanto la víctima y la ofendida se presenten a comparecer.

A Raymundo “N”, se le investiga por su presunta participación en el delito de secuestro exprés, y es que en abril del 2023, este habría presuntamente ordenado a policías municipales de Toluca, detener al papá de su ex pareja sentimental, sin fundamento alguno.

La jueza del Poder Judicial de la entidad mexiquense, determinó la continuación de la audiencia para este 23 de enero, ya que aseguró que es un derecho de Raymundo “N”, la declaración de la víctima y la ofendida.

Por lo pronto, el ex presidente municipal, permanece recluido en dicho penal mexiquense, ya que la autoridad judicial impuso tal medida cautelar desde el viernes pasado.

Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), fue vinculado a proceso este domingo por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 migrantes muertos. Garduño acudió a la audiencia inicial en su contra, después de que se le vinculó a proceso el martes pasado y se le imputó el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

El juez impuso la medida cautelar de presentación periódica quincenal a partir de este martes 2 de mayo. La audiencia inicial estaba programada para el 21 de abril, pero se pospuso debido a que la defensa argumentó que no había tenido acceso a la carpeta de investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Garduño de incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes.

En el incendio del 27 de marzo en una estación migratoria provisional de Ciudad Juárez, 40 migrantes murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos.

Garduño no recibió prisión preventiva, pero deberá acudir a firmar los martes cada 15 días. A la salida de la audiencia, Garduño dijo que seguirá al frente de su cargo mientras no se determine lo contrario, pese a las críticas por su actuación en el incidente.

El titular del INM se acogió a su derecho de guardar silencio y no hacer declaraciones en relación al proceso. Aseguró que estará muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños.

La vinculación a proceso de Garduño se da en medio de críticas por la gestión migratoria del gobierno mexicano, que ha sido acusado de violar los derechos humanos de los migrantes y de no brindarles la protección necesaria.

La tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez ha puesto de relieve las condiciones precarias en las que se encuentran los migrantes en México y ha generado un debate sobre la responsabilidad del gobierno en la protección de sus derechos.

El gobierno mexicano aseguró que se investigará el incidente y que se tomarán medidas para mejorar las condiciones en las estaciones migratorias. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han criticado la falta de avances en la investigación y la falta de protección efectiva para los migrantes.

Ovidio Guzmán López, presunto líder del Cártel de Sinaloa, ha obtenido una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión emitida por un juez federal mexicano que lo protege de los delitos que no requieren prisión preventiva oficiosa. Guzmán, también conocido como «El Ratón», es uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos por su presunta participación en la conspiración para introducir drogas en ese país.

El recurso fue concedido por el juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Everardo Maya Arias. La defensa de Guzmán anunció que interpondrán un recurso de inconformidad sobre su identidad en el juicio de extradición que comenzó ayer.

Mientras se lleva a cabo el proceso de solicitud de revisión, Ovidio Guzmán permanecerá en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano en Almoloya de Juárez. Durante la audiencia, Guzmán conoció los detalles de las extradiciones solicitadas por los distritos del norte de Illinois y del sur de Nueva York, que lo acusan de 11 cargos, entre ellos tráfico de drogas, asociación delictuosa, lavado de dinero, posesión de armas y explosivos, entre otros.

En Illinois, Estados Unidos, se le acusa de traficar con cocaína, metanfetaminas y marihuana, mientras que en Nueva York se le señala como el principal productor y distribuidor de fentanilo. Cabe destacar que Guzmán fue detenido el pasado 5 de enero en Sinaloa, en un operativo de las Fuerzas Armadas que se saldó con al menos 30 muertos, incluyendo 10 militares y un policía, así como una jornada de disturbios violentos en la región.

La suspensión definitiva obtenida por Guzmán lo protege de los delitos que no requieren prisión preventiva oficiosa, lo que significa que puede permanecer en libertad mientras se lleva a cabo el juicio de extradición en su contra. Esta medida ha generado controversia en México, ya que muchos consideran que los presuntos líderes del narcotráfico no deberían tener el derecho a disfrutar de este tipo de protección legal.

El caso de Ovidio Guzmán López es uno de los muchos que ilustran la complejidad del combate al narcotráfico en México y en todo el mundo. Aunque las autoridades han logrado capturar a muchos de los líderes de los cárteles, estos grupos siguen operando y causando estragos en la sociedad mexicana y en otros países de la región. La lucha contra el narcotráfico sigue siendo uno de los mayores desafíos para los gobiernos de la región y para la comunidad internacional en su conjunto.