La crisis de desapariciones en México llevó a la administración de Claudia Sheinbaum a impulsar una serie de reformas legales y medidas para fortalecer la búsqueda de personas y garantizar justicia a las víctimas. En un mensaje dirigido a la nación, la presidenta subrayó la importancia de esclarecer los hechos y brindar apoyo a los familiares.

Entre las estrategias anunciadas, se encuentra el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda mediante un decreto que ampliará sus capacidades operativas y mejorará el análisis de contexto con el uso de nuevas tecnologías. Además, el gobierno federal coordinó esfuerzos con entidades estatales y municipales para combatir la impunidad y mejorar la atención a los afectados.

El jueves se enviarán al Congreso de la Unión varias iniciativas de reforma, entre ellas:

Certificado Único de Registro de Población: Se pretende consolidarlo como el principal mecanismo de identificación para facilitar la localización de desaparecidos a través del cruce de datos con registros administrativos.

Base Única de Información Forense: Se busca integrar un sistema nacional que centralice la información de servicios periciales estatales y federales, optimizando la identificación de personas.

Centro Nacional de Identificación Humana: Se fortalecerá la plataforma de identificación, incorporando técnicas avanzadas como análisis de ADN en colaboración con instituciones científicas y de seguridad.

Modificación de protocolos de búsqueda: Se eliminará el periodo de espera de 72 horas para iniciar investigaciones y se activarán alertas inmediatas en corporaciones de seguridad.

Homologación del delito de desaparición: Se equiparará con el delito de secuestro para establecer sanciones uniformes en todas las fiscalías.

Transparencia en el registro de desapariciones: Se publicarán informes mensuales sobre las investigaciones en curso.

Apoyo a víctimas: Se fortalecerá la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para mejorar la asesoría y el acompañamiento a familiares.

Ante el hallazgo de crematorios clandestinos en Teuchitlán, Jalisco, el gobierno federal solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo una investigación a fondo con la supervisión de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Sheinbaum reafirmó el compromiso de su administración con la protección de los derechos humanos y la atención a las víctimas, destacando la necesidad de abordar el problema con sensibilidad y empatía.