El pleno de la Cámara de Diputados realizó la declaratoria constitucional de la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, luego de que 22 congresos estatales avalaron el decreto que modifica las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución.

Las legislaturas que aprobaron la reforma corresponden a Oaxaca, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Zacatecas, Estado de México, Yucatán, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Nayarit, Quintana Roo, Chiapas, Morelos, Colima, Ciudad de México, Campeche, Sinaloa, Guanajuato, Baja California Sur, Tlaxcala, Michoacán y Baja California.

Tras el cómputo de los votos, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, realizó la declaratoria constitucional y remitió el decreto al Senado de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El dictamen establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que determine la ley, y que por cada seis días de trabajo las personas deberán gozar de al menos un día de descanso con salario íntegro.

Asimismo, precisa que cuando por circunstancias extraordinarias se requiera ampliar la jornada, el tiempo adicional deberá pagarse con un 100 por ciento más del salario ordinario. El trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas por semana, distribuidas en hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días.

En caso de que se supere ese límite, el empleador deberá cubrir un 200 por ciento adicional sobre el salario correspondiente a las horas ordinarias. También se establece que las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario.

La reforma contempla una aplicación gradual a partir de 2026. Para ese año se mantendrán las 48 horas semanales; en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, 44 horas; en 2029, 42 horas; y en 2030 quedará en 40 horas.

El decreto señala además que la reducción de la jornada no implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones para las personas trabajadoras.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el proceso de elección de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) será transparente y se desarrollará con plena autonomía de la Comisión de Vigilancia.

En conferencia de prensa, el legislador afirmó que no habrá intervención externa en el procedimiento y sostuvo que ningún coordinador parlamentario ni actor ajeno a la Cámara influirá en la decisión final.

Detalló que para el periodo 2026-2034 se registraron 92 candidatas y candidatos, cifra que representa el doble de las solicitudes presentadas hace ocho años, cuando participaron poco más de 40 aspirantes.

Monreal explicó que la Comisión de Vigilancia iniciará el calendario de comparecencias, en el que se prevé que participen todas las personas inscritas, salvo aquellas que no cumplan con los requisitos legales establecidos.

Indicó que la evaluación considerará no solo el desempeño en la comparecencia, sino también el historial profesional, el perfil académico y la trayectoria en el servicio público, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la Ley de Fiscalización.

El diputado reiteró que la decisión corresponderá exclusivamente a la Comisión de Vigilancia, órgano responsable de conducir el proceso y proponer la terna correspondiente.

En otro tema, informó que la Junta de Coordinación Política acordó por consenso aprobar 11 dictámenes que habían sido trabajados en semanas previas, de los cuales siete se discutirán en la sesión de este martes y cuatro en la jornada siguiente.

El legislador subrayó que el objetivo es garantizar procedimientos institucionales y fortalecer la legalidad en la designación de la nueva persona titular de la ASF.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, y la remitió al Ejecutivo federal para sus efectos. La minuta obtuvo 450 votos a favor en lo general, sin sufragios en contra ni abstenciones, y 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención en la discusión de los artículos reservados.

El dictamen regresó del Senado con modificaciones a diversos artículos de la nueva ley y ajustes en disposiciones de los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Nacional de Extinción de Dominio y Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Desde la Mesa Directiva se precisó que, conforme al artículo 72 constitucional, la discusión en San Lázaro se limitó a los cambios introducidos por la colegisladora.

La nueva Ley General fija penas de 15 a 25 años de prisión y multas de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización para quien obligue, sin derecho, a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o provocando un daño patrimonial, moral, físico o psicológico. Las sanciones aumentan entre cuatro y ocho años cuando la extorsión se vincula con cobro de cuotas, uso del sistema financiero, empleo indebido de instituciones públicas o privadas para coaccionar, o aprovechamiento de situaciones de riesgo o procedimientos legales.

El marco aprobado agrava las penas entre cinco y doce años adicionales cuando el delito se comete mediante dispositivos, servicios o plataformas de telecomunicaciones y aumenta de siete a diecisiete años cuando se utilizan armas o instrumentos peligrosos, o se afecta de manera directa la economía de una comunidad. Además, establece sanciones de 10 a 20 años de prisión y multas de 200 a 400 UMAS para servidores públicos que omiten denunciar estos delitos, y prevé castigos mayores para quienes facilitan medios o condiciones para su comisión. Las personas sentenciadas por extorsión quedan excluidas de beneficios de libertad anticipada, sustitución o conmutación de pena y de cualquier esquema preliberacional.

Durante la discusión, el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, subrayó que en un sistema bicameral la revisión de los actos de la colegisladora forma parte de la normalidad institucional y no debe generar agravios. Rechazó expresiones que vinculan a gobiernos o legisladores con el narcotráfico y se definió como “garantista”, al advertir que el simple aumento de penas no resuelve por sí mismo la problemática de seguridad, y que se requieren también condiciones económicas y sociales distintas para reducir la comisión de delitos.

Desde la bancada del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño afirmó que el Senado corrigió la redacción del artículo 17, fracción quinta, para precisar que el agravante se refiere al uso de servicios de telefonía y sistemas de telecomunicaciones, y no a “medios de comunicación” en sentido amplio. Por el PVEM, Ricardo Madrid Pérez consideró acertada esa precisión y destacó la obligación de los tres órdenes de gobierno de diseñar una estrategia nacional contra la extorsión basada en diagnósticos claros y acciones coordinadas.

Legisladores del PT, como Mary Carmen Bernal Martínez y Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, calificaron la minuta como un instrumento más técnico y con mayores herramientas para enfrentar la extorsión. Señalaron que el artículo 18 permite imponer penas de hasta 42 años de prisión a servidores públicos y líderes criminales involucrados, sin beneficios de preliberación, y la ubicaron como parte de una estrategia de fortalecimiento institucional y depuración de cuerpos de seguridad.

Por el PRI, Emilio Suárez Licona reconoció avances, como la persecución de oficio del delito, pero advirtió la ausencia de previsión presupuestal para fondear la estrategia y reforzar a policías estatales y municipales. Recordó que las penas base se incrementaron a un rango de 15 a 25 años de prisión y cuestionó la eliminación total de beneficios a las personas sentenciadas, al considerar que se mantiene una lógica punitiva que no garantiza por sí sola eficacia, aunque anunció el voto a favor de su bancada con la expectativa de resultados concretos.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 401 votos a favor reformas a la Ley General de Salud que prohíben la venta y suministro de bebidas energizantes a personas menores de 18 años en establecimientos comerciales y mercantiles. La minuta fue turnada al Senado para continuar con el proceso legislativo.

De acuerdo con el dictamen, las bebidas energizantes son productos no alcohólicos que contienen mezclas de cafeína, taurina, glucoronolactona, tiamina u otras sustancias con efectos estimulantes. La Secretaría de Salud deberá determinar, a través de la Norma Oficial Mexicana, qué categorías serán consideradas de alto riesgo para la población menor de edad.

La reforma establece que los establecimientos deberán verificar la mayoría de edad mediante identificación oficial antes de concretar la venta. En caso de incumplimiento, se impondrán sanciones económicas de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a 226 mil 280 pesos.

Los diputados Ricardo Monreal Ávila (Morena) y Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) impulsaron una reserva que obliga a la Secretaría de Salud a expedir, en un plazo máximo de 180 días, la Norma Oficial que precise categorías, ingredientes, concentraciones máximas permitidas y especificaciones técnicas de las bebidas energizantes.

Durante la discusión, la diputada Amancay González Franco (MC) advirtió que en México más de 300 mil jóvenes consumen diariamente estos productos y que el 43 por ciento los mezcla con alcohol, lo que incrementa riesgos para el sistema nervioso. Propuso además avanzar hacia la prohibición de esta combinación, como ocurre en otros países.

Por su parte, Abigail Arredondo Ramos (PRI) señaló que siete de cada diez jóvenes consume estas bebidas y que la mitad lo hace al menos una vez por semana, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La diputada Margarita García (PT) enfatizó que los efectos del consumo en menores de edad incluyen alteraciones del sueño, dificultades de concentración y problemas en el desarrollo neurológico, además de riesgos cardiovasculares y metabólicos.

Finalmente, José Luis Fernández (PVEM) destacó que México se suma a la ruta de países como Reino Unido, Polonia, Alemania y España, que ya cuentan con disposiciones restrictivas para el consumo de este tipo de bebidas entre adolescentes.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de asegurar un ingreso base a personas empleadas en sectores donde tradicionalmente dependen de propinas, como restaurantes, hoteles, gasolineras, centros deportivos y establecimientos de entretenimiento.

La modificación incluye cambios a los artículos 90, 344, 346, 347, 348 y 350 de la legislación laboral, y establece que las propinas no podrán sustituir el salario mínimo ni considerarse como única fuente de ingreso. Con ello, se busca asegurar que estos trabajadores cuenten con un salario fijo que no sea inferior al mínimo legal o profesional correspondiente.

La propuesta contempla además que las propinas deben distribuirse de manera equitativa entre quienes las generen y que los empleadores no podrán apropiarse, reservarse ni disponer de ellas. En caso de que las propinas se integren al costo del servicio, esta inclusión será opcional para el cliente. También se prohíbe utilizarlas para cubrir gastos operativos, como la reposición de cristalería o utensilios rotos.

El dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social también establece que las personas empleadoras tendrán un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para actualizar sus reglamentos internos conforme al nuevo marco legal.

Uno de los principales objetivos de la reforma es brindar acceso a derechos laborales fundamentales —como seguridad social, vivienda y salud— a más de 700,000 trabajadoras y trabajadores que hasta ahora no contaban con un salario fijo. Entre los beneficiarios se encuentran meseros, despachadores de gasolina, botones, acomodadores de autos y otros empleados de establecimientos donde se trabaja bajo el esquema de propinas.

La reforma fue promovida por el diputado Pedro Haces Barba, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien subrayó la importancia de garantizar condiciones laborales dignas en todos los sectores de servicio. El legislador anticipó que la iniciativa podría discutirse y votarse por el Pleno de la Cámara de Diputados entre el martes 29 y el miércoles 30 de abril.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados con el objetivo de crear una Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos mediante la Digitalización. El proyecto contempla su aplicación en los gobiernos federal, estatales, municipales y en las alcaldías de la Ciudad de México.

Uno de los elementos centrales del documento es la incorporación de la CURP con datos biométricos como identificación oficial nacional. De acuerdo con el artículo 67 de la iniciativa, cuando la CURP incluya estos datos, deberá ser aceptada por cualquier entidad pública o privada como medio de identificación, sin requerir documentos adicionales.

La propuesta también prevé la creación de una llave digital denominada “Llave.MX”, que funcionará como un mecanismo único de autenticación vinculado a la CURP. Este instrumento servirá para ingresar a plataformas digitales del gobierno, facilitando el acceso a servicios y trámites.

En cuanto a la administración y operación de este nuevo sistema, la autoridad nacional será la encargada de emitir el documento de identificación digital, mientras que cada orden de gobierno deberá contar con una autoridad local responsable de la simplificación y digitalización administrativa.

La iniciativa contempla la desaparición de la Ley General de Mejora Regulatoria, vigente desde mayo de 2018, una vez que la nueva legislación entre en vigor. También establece la extinción de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en un plazo de 30 días posteriores a la aprobación.

Aunque la ley no aplicará en áreas fiscales, ministeriales ni militares, sí incluirá obligaciones relacionadas con la simplificación, digitalización y registro de trámites. También establece que cada enero, las instituciones obligadas deberán presentar ante la autoridad correspondiente una agenda con sus propuestas regulatorias para los siguientes 12 meses.

Entre otras disposiciones, se propone el desarrollo de un Portal Ciudadano Único de Trámites, donde las personas podrán consultar todos los requisitos y procedimientos disponibles, con el fin de evitar condiciones no establecidas oficialmente. Además, se contempla la creación de un expediente digital ciudadano con altos estándares de seguridad y trazabilidad.

Quedan exentas del análisis de impacto regulatorio las disposiciones emitidas por el Ejecutivo en materia de seguridad nacional, seguridad pública y fiscal, salvo cuando impliquen nuevas contribuciones.

En una sesión marcada por la polémica, la Cámara de Diputados desestimó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo, diputado de Morena y exgobernador de Morelos, quien conservará su fuero. A pesar de las fuertes discusiones y el debate en torno al tema, el pleno aprobó el dictamen de la Sección Instructora con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones. Este dictamen descalificó las acusaciones presentadas por la Fiscalía de Morelos, considerándolas insuficientes.

Durante la discusión, Cuauhtémoc Blanco, quien no estaba registrado como orador, fue autorizado a tomar la palabra desde la tribuna. El exfutbolista utilizó ese espacio para expresar su postura y aclarar su disposición a colaborar con las autoridades, defendiendo su inocencia ante las acusaciones en su contra.

La votación resultó en un respaldo mayoritario para Blanco, lo que significa que, al menos mientras conserve su cargo, no enfrentará procesos judiciales relacionados con las denuncias que lo acusan de intento de violación.

Acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco

El exgobernador de Morelos enfrenta varias acusaciones. La más reciente, presentada por su hermanastra, lo acusa de intento de violación, un delito que conlleva una pena de entre seis y diez años de prisión. Además, existen otras denuncias en su contra por presunto desvío de recursos durante su mandato como gobernador de Morelos, con un monto cercano a los 40 millones de pesos.

¿Qué es el fuero y cómo impacta el caso de Cuauhtémoc Blanco?

El fuero es una figura legal que protege a los funcionarios públicos de ser procesados judicialmente mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones. Este mecanismo tiene como objetivo evitar que se utilice el sistema judicial para interferir con el trabajo de los funcionarios, pero también ha sido objeto de críticas, ya que puede generar impunidad.

El desafuero, en cambio, permite que un funcionario pierda esta protección y sea sometido a un juicio. Si se hubiera aprobado el desafuero de Blanco, este habría enfrentado un proceso judicial en relación con las acusaciones de violencia sexual e intento de violación que se presentaron en su contra en febrero de 2025.

Edgar Amador Zamora fue nombrado por Claudia Sheinbaum como el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en sustitución de Rogelio Ramírez de la O, quien asumirá el cargo de asesor económico para asuntos internacionales.

El cambio en la SHCP ocurre en un contexto marcado por la incertidumbre económica derivada de las amenazas de Donald Trump sobre la imposición de aranceles a productos mexicanos. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, informó que Amador Zamora será ratificado el 12 de marzo de 2025.

La salida de Ramírez de la O se anunció el 7 de marzo, cuando Sheinbaum confirmó su nueva función y dio a conocer el relevo en la dependencia. Edgar Amador Zamora, quien se desempeñaba como subsecretario en la SHCP, ha sido reconocido dentro de la administración por su experiencia en el manejo de las finanzas públicas y su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación.

Retos del nuevo secretario de Hacienda
El nombramiento de Amador Zamora llega en un momento clave para la economía mexicana. Entre los principales desafíos que enfrentará destacan:

Reducción del déficit fiscal: México cerró 2024 con un déficit estimado del 5.9% del PIB, el más alto en décadas. Para 2025, el gobierno busca reducirlo a un rango de entre 3.0% y 3.9%, lo que requerirá ajustes en el gasto sin afectar programas sociales prioritarios.

Manejo de la deuda pública: Con una proyección del 51.4% del PIB en 2025, la deuda mexicana sigue en niveles manejables, pero enfrenta presiones de las calificadoras. Evitar una degradación en la calificación crediticia será crucial para mantener costos de financiamiento estables.

Apoyo a Pemex sin comprometer las finanzas públicas: La petrolera enfrenta vencimientos de deuda por 23,000 millones de dólares entre 2025 y 2026, mientras su producción sigue en declive. Diseñar estrategias de apoyo sin desestabilizar las finanzas nacionales será uno de los retos más complejos.

Fortalecimiento de la recaudación: Sin una reforma fiscal en puerta, el nuevo secretario deberá impulsar la digitalización y el combate a la evasión para mejorar la recaudación, en un país donde la informalidad sigue siendo un obstáculo.

Crecimiento económico y nearshoring: La relocalización de empresas representa una oportunidad para atraer inversión extranjera, pero garantizar estabilidad jurídica y seguridad será determinante para aprovechar este fenómeno.

Negociación del T-MEC: La revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá en 2026, sumada a la posibilidad de aranceles por parte de Trump, obligará a la SHCP a tomar una postura firme para proteger las exportaciones y mitigar impactos en la inflación.

Estabilidad macroeconómica: La volatilidad externa, los conflictos geopolíticos y la guerra comercial entre Estados Unidos y China podrían afectar el tipo de cambio y la inflación. Mantener la resiliencia del peso y asegurar una inflación controlada serán factores clave en la gestión económica del nuevo secretario.

El desempeño de Edgar Amador Zamora en la SHCP será determinante en la estrategia económica del gobierno de Sheinbaum, en un contexto de grandes desafíos internos y externos.

La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir el maíz transgénico y proteger las variedades nativas. La propuesta fue respaldada por legisladores de Morena y sus aliados, quienes lograron su aprobación con 409 votos a favor, 69 en contra y ninguna abstención.

El dictamen plantea modificaciones a los artículos 4° y 27° de la Constitución, estableciendo la obligación del Estado de garantizar el cultivo de maíz libre de transgénicos en el territorio nacional. Se reconoce al maíz como un elemento fundamental de la identidad nacional, un alimento básico y un pilar en la vida de los pueblos indígenas y afromexicanos. En consecuencia, se prohíbe su modificación genética mediante técnicas que superen las barreras naturales de reproducción o recombinación.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma será enviada al Senado para su análisis y eventual votación. Se prevé que la discusión en el Pleno de esa instancia legislativa tenga lugar la próxima semana.

El dictamen generó un debate entre legisladores oficialistas y de oposición. Mientras Morena y sus aliados defendieron la medida como una estrategia para fortalecer la soberanía alimentaria y preservar la biodiversidad, la oposición expresó preocupaciones sobre sus implicaciones económicas y comerciales.

Integrantes del PRI manifestaron su rechazo a la importación de maíz transgénico, pero señalaron que la prohibición de su cultivo podría aumentar la dependencia de importaciones extranjeras. Argumentaron que México es uno de los principales compradores de maíz transgénico a nivel mundial y que la producción nacional enfrenta problemas derivados de sequías y falta de apoyos gubernamentales.

Por su parte, legisladores del PAN advirtieron sobre posibles repercusiones económicas y comerciales, especialmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Alertaron que la reforma podría derivar en represalias comerciales y la imposición de aranceles, además de recordar que México ya perdió un panel de controversia en diciembre ante Estados Unidos y Canadá por restricciones previas al maíz transgénico.

Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la discusión ahora se traslada al Senado, donde se determinará el futuro de esta reforma y sus implicaciones para el país.

La Cámara de Diputados concluyó la aprobación en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2025 tras una jornada marcada por enfrentamientos verbales, interrupciones y desacuerdos. Con 353 votos a favor por parte de Morena y sus aliados, y 128 en contra provenientes de partidos de oposición, se autorizó un gasto de 9 billones 302 mil millones de pesos para el próximo año.

El debate, que incluyó 105 reservas al dictamen aprobado previamente en lo general, estuvo cargado de tensiones. Durante la madrugada, un conato de bronca obligó a la Mesa Directiva a pedir a personas ajenas al cuerpo legislativo que abandonaran el recinto.

Los legisladores expusieron posturas contrapuestas sobre la asignación de recursos en sectores clave como salud, educación, seguridad e infraestructura.

Desde Morena, se destacó que el presupuesto prioriza el sector salud, asignando más de 165 mil millones de pesos al programa IMSS-Bienestar, lo que representa una inversión histórica en este rubro. Además, se resaltó el enfoque en programas de desarrollo social bajo principios de justicia e inclusión.

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó los montos destinados a salud y seguridad, argumentando que el presupuesto no cubre las necesidades del sistema de salud ni garantiza la protección adecuada para los ciudadanos. Críticas similares se escucharon desde el PRI, que señaló un desequilibrio en la distribución de recursos, con énfasis en el gasto operativo en detrimento de los programas sociales.

En contraste, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) defendió el presupuesto, destacando el incremento de fondos destinados a instituciones de seguridad y argumentando que busca reducir el déficit presupuestal.

Por otro lado, el Movimiento Ciudadano (MC) expresó preocupaciones sobre los recortes en infraestructura, educación y salud, señalando que podrían afectar el bienestar de la población y comprometer áreas fundamentales como la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

El PEF 2025, que ha generado tanto respaldo como críticas, representa un desafío en la búsqueda de equilibrio entre gasto social, inversión en infraestructura y atención a los sectores más vulnerables. A medida que se implementen los recursos, los resultados serán clave para evaluar si las decisiones tomadas cumplen con las expectativas de desarrollo y bienestar para el país.