El Gobierno de México dio a conocer recientemente una decisión significativa. Un decreto se emitió y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo. Este decreto aborda la suspensión de derechos para ocupar cargos públicos bajo ciertas circunstancias específicas. Entre estas circunstancias se encuentran ser un prófugo de la justicia, tener una sentencia por violencia familiar, sexual o de género, o incumplir con la obligación de proporcionar pensión alimenticia.

Este nuevo decreto detalla una reforma a la Constitución de México. Específicamente, el cambio afecta al párrafo segundo del Apartado A del Artículo 102 y también añade una fracción VII al Artículo 38. Con este cambio, ciertas personas no podrán ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular. También se les impedirá obtener cargos en el servicio público.

Estas restricciones se aplican a las personas que estén prófugas de la justicia. También afecta a aquellas personas que tengan una sentencia por cometer ciertos delitos. Estos delitos incluyen los cometidos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, y otros relacionados con la violencia de género. Las personas declaradas deudoras alimenticias también se verán afectadas por este decreto.

El decreto también establece ciertos requisitos para ser titular de la Fiscalía General de la República. Estos requisitos incluyen tener al menos 35 años de edad en el día de la designación, ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener una antigüedad mínima de 10 años. Además, se debe contar con un título profesional de Licenciatura en Derecho, tener una buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso.

Este decreto, conocido como la «Ley 3 de 3», se aprobó el 28 de abril por el Pleno de la Cámara de Senadores. Antes de eso, la Cámara de Diputados lo aprobó casi un mes antes. Se espera que la ley entre en vigor a partir del 30 de mayo.

El dictamen aprobado por los Senadores indica que la reforma busca tener un impacto positivo en la ética pública y política. Su objetivo es beneficiar a la sociedad en su conjunto. A lo largo de los próximos 180 días, se espera que el Congreso y las legislaturas de las entidades federativas ajusten sus respectivas constituciones para cumplir con las disposiciones señaladas en este decreto.

Este lunes, la Secretaría de Gobernación publicó la ley en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley, denominada «Ley 3 de 3 contra la violencia de género», impide a las personas sentenciadas por delitos contra la vida, violencia familiar y sexual, y a los deudores alimentarios, ocupar cargos en el servicio público y ser candidatos a puestos de elección popular. También aplica a aquellos que hayan sido sentenciados por violencia política en razón de género.

El decreto señala que la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para un empleo, cargo o comisión en el servicio público. La entrada en vigor de la reforma tendrá lugar a partir del día siguiente, y en el curso de los 180 días naturales siguientes, el Congreso de la Unión y los congresos locales deberán ajustar sus Constituciones para cumplir con la ley.

Rafael Rodríguez

En un evento en el que acompañó al diputado local Max Correa en su informe de actividades legislativas, la senadora por el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez aseguró que los cargos públicos son para servir a la gente y no para servirse de ellos.

“Los cargos de servidores públicos no deben ser utilizados en beneficio propio, sino para servir al pueblo, como dice nuestro presidente. Por eso hoy, aquí en Tlalnepantla, me siento muy honrada de decir que servir a los demás es responder a la confianza que la gente pone en nosotros y en nuestro trabajo legislativo”, señaló la maestra Delfina Gómez.

Durante su informe, el diputado por Morena, Max Correa subrayó que los últimos gobiernos del Estado de México han intensificado el abandono a la infraestructura de salud, refiriéndose al hospital de Especialidades en la colonia Jorge Jiménez Cantú.

Al respecto, la maestra Delfina Gómez dijo que gestionará ante el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) una visita al lugar, “pues como ven, este informe también nos permite analizar qué nos falta en el Estado y cuáles son los retos que tenemos por delante y con mucho gusto los vamos a trabajar”.

En el evento, la senadora Delfina Gómez escuchó propuestas de las y los mexiquenses, entre las que destacaron el compromiso de fortalecer los valores familiares y la seguridad de las mujeres.

“Hay que cuidar de nuestras niñas, de nuestras mujeres y de nuestras adultas mayores. Este pendiente debemos atacarlo desde el gobierno, con apoyo de la sociedad, madres y padres de familia, maestros, instituciones; juntos haremos una gran labor y una gran campaña para cuidar a nuestras mujeres”, sostuvo Gómez Álvarez.

Al informe del diputado Max Correa también asistieron los diputados locales de Morena Jezabel Delgado, Carmen de la Rosa, Luz Ma Hernández, Nazario Gutiérrez e Isaac Montoya, así como diputados federales, presidentes municipales, comisariados ejidales, líderes sociales y de asociaciones civiles.

“Todos los que están aquí son compañeros que he tenido la oportunidad de ver que piden apoyo para apoyar a su gente, a sus comunidades, por eso insisto, ese es el verdadero sentido del servicio público, ayudar a los demás”, finalizó la senadora por el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Se efectuó la primera sesión ordinaria de la Comisión de Democracia y Régimen Político del Parlamento Abierto, en la cual se dio cuenta de las 50 iniciativas que obran en su poder, para ser analizadas y discutidas, buscando que estas abonen al mejoramiento de la Constitución y el Marco Legal del Estado de México.

Entre las iniciativas que están siendo analizadas por la Comisión se encuentran: ampliar las atribuciones de los órganos autónomos para iniciar leyes y decretos; mejorar la imagen de los organismos autónomos; eliminar los puestos de Representación Proporcional en todos los niveles de gobierno; desaparecer a los partidos políticos de todos los municipios del estado; adecuar los gobiernos de coalición; así como establecer que será indispensable contar con un perfil de idoneidad para los cargos públicos de gobernador, diputados, presidente municipal, síndicos y regidores.

Por otro lado, se analizó la propuesta de revocación del mandato del cargo de gobernador del Estado de México; impedir la elección consecutiva de presidentes municipales al mismo cargo; ejecutar cabildos abiertos, itinerantes y observables por la ciudadanía; modificar el escudo del Estado de México; instaurar la coordinación estatal de Cooperación Internacional del Estado de México; y establecer como obligación de los legisladores que tengan 90 por ciento de asistencia durante cada año de periodo legislativo.

Otras iniciativas que fueron presentadas por ciudadanos y organizaciones civiles fue revisar y modificar el financiamiento público que se les da a los partidos políticos; la emisión de una firma electrónica simple para personal de salud del estado; crear la Ley de Participación Ciudadana, y desaparecer el servicio público concesionado de grúas, arrastre y depósitos vehiculares.

Algunas de estas propuestas fueron expuestas hasta por cinco minutos por los proponentes; contaron con un margen de tiempo para poder ser discutidas o fortalecidas, pudiendo los parlamentarios participantes emitir su consenso, su descenso, o bien, su abstención.