Las comisiones legislativas iniciaron el análisis de la iniciativa del Poder Ejecutivo para instaurar los Cementerios Verdes o Panteones Ecológicos, con el fin de suplir las prácticas de inhumación y servicios funerarios tradicionales.

Lo anterior al referirse que los métodos tradicionales generan un impacto negativo al ambiente sobre todo al suelo y agua, ya que involucran el uso de ataúdes no biodegradables y el uso de productos químicos que afectan al entorno, de ahí que se busquen establecer medidas sostenibles.

Durante el análisis de la propuesta, en las comisiones unidas de Protección Ambiental y Cambio Climático, con la de Legislación y Administración Municipal se especificó que la medida no será obligatoria sino una alterativa sostenible y más económica para la población.

“De ninguna manera será una opción impositiva, es una opción más que la ciudadanía podrá tener para elegir el destino final de los restos de sus seres queridos. Al final del día será más barato para el ciudadano porque en lugar de comprar un ataúd común sólo necesitarán adquirir un artefacto hecho con materiales biodegradables y en lugar de una losa de mármol o material pétreo precioso, podrán adquirir una semilla para que dé un árbol”, refirió Luis Felipe Hernández Llob, representante jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Refirió que el Estado de México tiene una gran variedad de áreas naturales protegidas, en donde -de acuerdo con su plan de manejo- podrían prestar el servicio; precisando que su administración y la definición de costos corresponderá a los municipios.

De acuerdo con el presidente de la comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático, Carlos Alberto López Imm, existen condiciones para que la próxima semana se puede aprobar la iniciativa, ello al considerar que lo que busca es fomentar prácticas ambientalmente responsables de inhumación.

La propuesta del Ejecutivo refiere que los panteones ecológicos observarán los siguientes criterios mínimos de diseño y operación: fomentar prácticas libres de embalsamamiento antes de las cuarenta y ocho horas en áreas de inhumación verde; uso de ataúdes, urnas o sudarios biodegradables y planes de revegetación con especies nativas y árboles de bajo consumo de agua, determinando la proporción de áreas arboladas.

Además de inclusión obligatoria de un área de inhumación verde en los nuevos panteones; registro catastral y georreferenciado de sepulturas; cumplimiento de disposiciones legales sobre inhumaciones, incluyendo fosas comunes; participación de autoridades competentes en la difusión de estos espacios, respetando tradiciones; monitoreo de suelos y aguas subterráneas, conforme a la normatividad que sustente inhumación vertical, y el cumplimiento sanitario en casos infectocontagiosos.

Las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso del Estado de México acordaron convocar a personas servidoras públicas de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para fortalecer el análisis de diversas iniciativas que buscan tipificar nuevos delitos ambientales en la entidad.

La determinación se tomó en el marco del estudio de la propuesta del diputado Israel Espíndola López, orientada a penalizar el abandono doloso de basura, así como de los proyectos presentados por el legislador Javier Cruz Jaramillo y la parlamentaria Itzel Guadalupe Pérez Correa, ambos enfocados en tipificar el delito de ecocidio en el Código Penal estatal.

Durante la reunión, presidida por el diputado Carlos Alberto López Imm, la legisladora Sandra Patricia Santos Rodríguez indicó que las iniciativas contemplan sanciones proporcionales a la gravedad del daño e incorporan agravantes cuando las conductas afecten áreas naturales protegidas o la salud pública. Añadió que se busca garantizar la viabilidad constitucional y operativa de las reformas mediante mesas de trabajo técnico con la autoridad ambiental estatal.

En el caso de la propuesta de Israel Espíndola, se plantea imponer penas de hasta 11 años y tres meses de prisión por abandono doloso de basura, así como sanciones de hasta seis años de cárcel por la posesión, adquisición, venta, recepción, transporte o almacenamiento de materiales o residuos peligrosos que no cumplan con las normas oficiales aplicables.

El legislador argumentó que las sanciones administrativas actuales resultan insuficientes y, en muchos casos, de difícil ejecución. La iniciativa establece criterios de proporcionalidad según la cantidad y el daño ocasionado, agrava las penas cuando exista afectación a áreas naturales protegidas o a la salud humana, y contempla la suspensión condicional del proceso y mecanismos de justicia restaurativa.

Respecto a las propuestas para tipificar el ecocidio, la iniciativa de Javier Cruz contempla penas de hasta 18 años de prisión para quien, de manera dolosa, por acción u omisión, cause daño grave, destrucción o pérdida significativa de ecosistemas, especies, recursos naturales o del equilibrio ambiental, además de afectaciones a la salud pública.

Por su parte, el proyecto de Itzel Guadalupe Pérez prevé sanciones de hasta 17 años de prisión para quien cause un daño grave, masivo y extenso —en superficie y temporalidad— a recursos naturales, flora, fauna, agua, suelo, subsuelo o aire, cuyo resultado implique la afectación parcial o total de un ecosistema y el desequilibrio ambiental correspondiente. Las comisiones continuarán el análisis con la participación de la Secretaría estatal antes de emitir un dictamen.