Toluca es uno de los municipios del Estado de México que cuenta con alerta de género, por lo que la Procuraduría General de Justicia mexiquense trabaja coordinadamente con las autoridades municipales para erradicar la problemática.

Erik Solis Salgado, Fiscal Especial de Feminicidios de la PGJEM dio a conocer que desafortunadamente se tienen registros que siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia ya sea verbal, psicológica o física.

En Toluca tenemos una alerta de género y estamos trabajando para que tengamos oportunidad de tener resultados en las carpetas de investigación y así dar con los presuntos responsables”, señaló.

El feminicidio, dijo, es catalogado como delito de alto impacto, que además ha venido repercutiendo en la sociedad y por ese motivo estamos trabajando para que en la capital mexiquense sea posible que vaya a la baja.

No solo en Toluca se tiene este tipo de incidencia delictiva, sino en todo el estado pero se trabaja para erradicarlo; “hasta el momento no tenemos identificado una comunidad en específico como foco rojo, lo que si sabemos que se ha agudizado es el maltrato verbal, psicologico y fisico que incluso termina en asesinato”.

El fiscal especial en feminicidios aseveró que para poder erradicar esta problemática se hace necesario que las mujeres que viven maltrato por parte de sus parejas deben denunciarlo y así evitar que termine con su vida.

“Invitamos a todas las mujeres que estén envueltas en una situación de violencia de género a que realicen la denuncia para poder procurar que el delito no quede impune y los índices cada vez sean menores”, añadió.

Desafortunadamente tenemos el contexto que siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia y de está estadística pocas féminas llegan a denunciar, “el tema de femicidio se sigue de oficio y las ya existentes son vigiladas para que tengan un desenlace positivo”.

Finalmente reconoció que la violencia de género no es exclusivo de las mujeres, también hay hombres violentos, sin embargo, no hemos recibido alguna denuncia por parte del género varonil que hayan solicitado apoyo de la fiscalía.

Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado lunes para solicitar acceso a los expedientes relacionados con las acusaciones en su contra.

En respuesta a los señalamientos sobre supuestas adjudicaciones y contratos a sus empresas durante su periodo como delegada en la alcaldía Miguel Hidalgo, Gálvez negó rotundamente dichas acusaciones. Resaltó que sus empresas tienen 31 años de antigüedad, refutando así las insinuaciones del presidente sobre un enriquecimiento ilícito al amparo del poder público.

La aspirante presidencial anunció que también presentaría una solicitud para conocer los expedientes en su contra en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a lo largo del mismo día. El diputado de Morena, Manuel Robles, fue quien presentó la denuncia ante la Fiscalía General el pasado 18 de julio, basándose en supuestas discrepancias en los ingresos declarados por Gálvez, tomando como referencia información proporcionada por el presidente López Obrador.

El legislador morenista acusó a Gálvez de intentar victimizarse y afirmó que el caso de la senadora es emblemático de la corrupción política, acusándola de haber amasado su fortuna de manera ilícita. Específicamente, se le señaló por no haber declarado ser propietaria o accionista de las empresas mencionadas en sus declaraciones patrimoniales.

Hasta ahora, Xóchitl Gálvez ha mantenido su postura de negar cualquier irregularidad y ha expresado su confianza en que la investigación demostrará su inocencia.

A días del secuestro de unidades y de la privación de la libertad de choferes por parte de alumnos de la Normal Tenería, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no tiene avances, incluso explora que algunos delitos sean resueltos a través medidas alternas de solución de conflicto.

El titular de la FGJEM, Alejandro Jaime Gómez Sánchez reportó que continúan integrando las carpetas de investigación en la materia.

Recordó que mediante mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob), autoridades estatales y los normalistas, han solucionado la mayor parte del conflicto.

No obstante, debe haber una reparación del daño y es dónde pueden aplicar las medidas alternas de solución de conflicto.

Gómez Sánchez indicó que en otros delitos se seguirá trabajando en las carpetas de investigación, de las cuales cabe la posibilidad de liberar órdenes de aprehensión.

Por otra parte, informó que existen tres ordenes de aprehensión por cumplimentar por la novatada que sufrió un estudiante de la Normal de Tenería, caso por el que se vinculó a proceso a un joven días atrás.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ
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