Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, presunto operador financiero y logístico vinculado al Cártel de Sinaloa (CDS) y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue recapturado en Cuba tras permanecer tres meses prófugo luego de escapar de su arresto domiciliario en México.

El ciudadano chino, identificado como pieza clave en el tráfico de precursores químicos y en el lavado de millones de dólares para las dos organizaciones criminales, había sido detenido originalmente en octubre de 2024 en la zona de Lomas de Santa Fe, en la Ciudad de México. Su captura se dio en cumplimiento de una orden de extradición emitida por una corte federal de Atlanta, Georgia, donde enfrenta acusaciones por tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas.

Zhang permaneció recluido en un penal de máxima seguridad hasta que un juez federal autorizó su cambio a prisión domiciliaria, decisión que fue criticada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum. El 11 de julio de 2025, logró escapar presuntamente a través de un túnel desde la vivienda donde estaba bajo custodia de la Guardia Nacional, lo que desencadenó un operativo internacional de búsqueda y la emisión de una ficha roja por parte de Interpol.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, entre ellos El País y Diario de Cuba, el fugitivo ingresó de manera irregular a territorio cubano utilizando un pasaporte falso, después de intentar sin éxito entrar a Rusia. Las autoridades cubanas notificaron formalmente su captura al gobierno mexicano y se prevé su pronta extradición, tanto a México como a Estados Unidos, donde se le sigue proceso por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Documentos judiciales en Estados Unidos indican que apenas días antes de su fuga, la División Federal en Atlanta amplió los cargos en su contra tras detectar movimientos ilícitos por más de 20 millones de dólares en un año, operados a través de una red de empresas fantasma y más de 170 cuentas bancarias.

La relevancia de Zhang dentro del esquema del narcotráfico internacional radica en su papel como broker o intermediario entre productores de precursores químicos en Asia y los laboratorios clandestinos en México. Expertos en temas de seguridad lo consideran uno de los operadores más importantes en la estructura logística de los cárteles mexicanos dedicados a la producción de drogas sintéticas.

El periodista Óscar Balderas ha señalado que figuras como “Brother Wang” representan “el verdadero músculo del narcotráfico moderno”, pues manejan las cadenas de suministro y las finanzas internacionales sin la exposición mediática de líderes visibles como Joaquín “El Chapo” Guzmán o Ismael “El Mayo” Zambada.

Como respuesta a la reciente designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una serie de reformas constitucionales que serán enviadas al Congreso.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que los cambios propuestos buscan fortalecer la soberanía nacional y dejar en claro que la cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad no implica injerencia en asuntos internos.

Las modificaciones planteadas incluyen ajustes a los artículos 39 y 40 de la Constitución para reafirmar que cualquier intervención extranjera en investigaciones o persecuciones dentro del territorio mexicano deberá contar con la autorización del Estado. Además, se establecerá que México no aceptará ningún tipo de intromisión que atente contra su integridad e independencia.

En cuanto al artículo 19, se prevé la aplicación de sanciones más severas, incluyendo prisión preventiva oficiosa, a cualquier extranjero que participe en actividades ilícitas relacionadas con estas intervenciones. Asimismo, se castigará con penas máximas a quienes fabriquen, distribuyan o introduzcan armas de manera ilegal en el país.

Sheinbaum también adelantó que la Cancillería ampliará la demanda presentada en administraciones anteriores contra fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos, a quienes se les señala por facilitar la venta de armamento a grupos delictivos en México.

Estas reformas surgen en un contexto de crecientes tensiones entre ambos países en materia de seguridad, luego de que el Departamento de Estado estadounidense incluyera al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana en su lista de organizaciones terroristas.

La presidenta destacó la importancia de abordar el tráfico de armas como un problema compartido, señalando que un alto porcentaje de las armas utilizadas por el crimen organizado en México proviene de Estados Unidos.

El gobierno de Canadá anunció la clasificación de siete grupos criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, entre ellos cinco cárteles mexicanos. Esta medida sigue la línea de acciones tomadas previamente por el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

El ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias de Canadá, David McGuinty, explicó que la decisión se basó en evidencia, inteligencia y el marco legal correspondiente. Afirmó que estos grupos juegan un papel clave en la producción y distribución de fentanilo en territorio canadiense, además de estar implicados en actividades de tráfico de drogas, personas y armas ilegales. También destacó que utilizan violencia extrema para mantener el control sobre sus operaciones y esparcir miedo en la población.

Las organizaciones designadas como grupos terroristas incluyen al Cártel del Golfo, la Familia Michoacana, Cárteles Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, la MS-13 (Mara Salvatrucha) y el Tren de Aragua. Como consecuencia de esta clasificación, cualquier vínculo con estos grupos será prohibido en Canadá, incluyendo financiamiento, reclutamiento o apoyo logístico. Además, las instituciones financieras congelarán las cuentas vinculadas a estas organizaciones.

Este anuncio se produce en un contexto de creciente presión internacional para frenar la expansión de los cárteles y su influencia en el tráfico de fentanilo. En Estados Unidos, el gobierno publicó en su Registro Federal la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. También se incluyó en la lista a la Mara Salvatrucha y al Tren de Aragua.

La administración estadounidense argumentó que estas organizaciones representan una amenaza para la seguridad nacional, al ser responsables de la producción y tráfico de fentanilo, un opioide sintético que ha generado una crisis de salud pública. Con esta medida, Estados Unidos busca ampliar sus facultades para sancionar económicamente a líderes y colaboradores de estos grupos.

El contexto político también ha influido en estas acciones. El expresidente Donald Trump, al retomar su mandato, firmó una orden ejecutiva para designar a los cárteles como organizaciones terroristas y estableció aranceles del 25 % a productos canadienses y mexicanos como medida de presión. Sin embargo, estos aranceles fueron pospuestos con la condición de que ambos países presentaran resultados en la lucha contra la migración irregular y el tráfico de fentanilo.

El gobierno de los Estados Unidos incluyó a seis cárteles mexicanos en su lista de organizaciones terroristas trasnacionales, argumentando que sus actividades representan una amenaza para la seguridad nacional. La medida, impulsada por el Departamento de Estado, entrará en vigor tras su publicación en el Registro Federal y contempla sanciones más severas contra estos grupos.

Los cárteles designados son el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. Junto con ellos, también fueron señalados la organización criminal venezolana Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), con presencia en Centroamérica y Estados Unidos.

La decisión se basa en la violencia ejercida por estas organizaciones, su capacidad de operar a nivel internacional y su impacto en la estabilidad de la región. De acuerdo con el documento oficial, estos grupos han extendido su influencia a diversos países y han establecido redes de colaboración con actores criminales de otras naciones.

La designación otorga a las autoridades estadounidenses nuevas herramientas legales para combatir a estos cárteles, incluyendo la posibilidad de aplicar sanciones económicas, restringir el acceso a su sistema financiero y aumentar la cooperación con otros gobiernos para frenar sus operaciones. También podría abrir la puerta a acciones más contundentes en materia de seguridad.

En el caso de México, esta medida podría generar repercusiones diplomáticas, ya que implica un enfoque más agresivo por parte de Estados Unidos en el combate al narcotráfico. El gobierno mexicano ha rechazado en otras ocasiones la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas, argumentando que esto podría derivar en injerencias en asuntos internos.

El gobierno de Estados Unidos ha señalado que el narcotráfico y la violencia generada por estos grupos han impactado de manera directa a su territorio. La designación forma parte de una estrategia más amplia para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado, priorizando acciones que reduzcan su presencia y operación dentro y fuera de su país.

El gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, definió su postura frente a las recientes órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump tras su regreso a la presidencia de Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa, la presidenta destacó que muchas de las medidas anunciadas tienen antecedentes en el primer mandato del mandatario estadounidense, aunque también se introdujeron elementos nuevos que requerirán atención especial.

Entre las disposiciones retomadas se encuentra la declaratoria de emergencia en la frontera sur, que guarda similitudes con el decreto firmado en 2019. Según Sheinbaum, este tipo de acciones no son inéditas, ya que el expresidente Joe Biden las eliminó durante su gestión, pero ahora han sido reinstauradas. La mandataria enfatizó que México continuará aplicando su política migratoria con un enfoque humanitario, apegada a sus leyes y su soberanía.

En relación con la política conocida como “Quédate en México”, implementada originalmente en diciembre de 2018, explicó que esta obliga a las personas que solicitan asilo en Estados Unidos a permanecer fuera de su territorio mientras se resuelve su caso. México, aseguró, mantuvo en su momento una gestión basada en la protección de derechos humanos y buscará que cualquier nueva aplicación de esta medida respete los principios de dignidad y soberanía nacional.

Sobre la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, Sheinbaum afirmó que esta decisión representa un cambio respecto a las políticas previas de Trump. Aunque el decreto establece un plazo de dos semanas para determinar cuáles agrupaciones recibirán dicha designación, la mandataria subrayó que cualquier acción debe respetar la Constitución mexicana y destacó la importancia de mantener una relación de coordinación basada en el respeto mutuo entre ambas naciones.

Por último, en cuanto al tratado comercial T-MEC, mencionó que en Estados Unidos ya se buscan pláticas para su revisión en 2026. Además, informó que se instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente para establecer un diálogo con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con el objetivo de acordar mecanismos de cooperación en temas bilaterales.

Sheinbaum reiteró que México seguirá defendiendo su soberanía e independencia, al mismo tiempo que promoverá relaciones de colaboración respetuosa con el gobierno estadounidense en los diversos temas de la agenda común.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes la posibilidad de una incursión militar estadounidense en territorio nacional, luego de que se divulgaran en la prensa internacional los planes del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir a los cárteles mexicanos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que no se contempla un escenario en el que fuerzas militares extranjeras operen en el país. Señaló que las relaciones entre ambas naciones se mantendrán bajo principios de respeto mutuo y soberanía. Según la mandataria, en una conversación reciente con Trump, ambos abordaron la importancia de la colaboración bilateral sin comprometer la autonomía de México.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por un reportaje de la revista Rolling Stone, que detalla una estrategia del próximo gobierno estadounidense para realizar operaciones encubiertas en México. Entre las acciones contempladas se incluyen ataques a laboratorios de drogas y la eliminación de líderes criminales mediante el uso de drones, fuerzas especiales y asesoramiento militar. Estas propuestas han generado preocupación sobre la posible violación de la soberanía nacional.

Sheinbaum, quien asumió la presidencia el pasado 1 de octubre, reafirmó su compromiso con una estrategia de seguridad basada en cuatro pilares: atención a las causas de la violencia, fortalecimiento de la Guardia Nacional, uso de inteligencia para combatir al crimen organizado y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Subrayó que las acciones de seguridad e investigación en México seguirán siendo responsabilidad de las autoridades nacionales, bajo un enfoque de respeto a las leyes y a los derechos humanos.

El tema de la cooperación en materia de seguridad se perfila como un punto crucial en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, especialmente con la inminente toma de posesión de Trump el 20 de enero de 2025. Ambos gobiernos enfrentarán el reto de equilibrar sus intereses nacionales y mantener la estabilidad en la región.