Un juez federal concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en el proceso penal que enfrenta por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza.

La resolución fue emitida por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien admitió a trámite el juicio de amparo promovido por el exmandatario.

No obstante, la suspensión otorgada no implica su liberación, por lo que Duarte Jáquez deberá continuar recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras se resuelve el fondo del asunto.

El juzgador determinó que la medida cautelar no puede aplicarse en los términos solicitados para que el exgobernador enfrente el proceso en libertad, al considerar disposiciones de orden público e interés social.

Este caso se remonta a resoluciones previas emitidas en diciembre de 2025, cuando otro juez federal concedió una suspensión provisional, aunque también negó la liberación del exmandatario.

Posteriormente, el exgobernador promovió un recurso contra dicha decisión; sin embargo, un tribunal colegiado ratificó la determinación judicial.

Cabe recordar que Fiscalía General de la República detuvo a Duarte Jáquez en diciembre pasado, como parte de las investigaciones en su contra.

La suspensión definitiva se mantendrá vigente mientras se analiza el juicio de amparo, por lo que el proceso penal continuará su curso en las instancias correspondientes.

Rafael Rodríguez

El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue extraditado desde Estados Unidos hacia México para enfrentar acusaciones por presuntamente haber incurrido en actos de peculado y asociación delictuosa.

María Eugenia Campos Galván, actual gobernadora de Chihuahua, informó a través de sus redes sociales que el ex mandatario de extracción priista, estaba siendo trasladado a territorio mexicano por parte de las autoridades de nuestro país vecino, procedente de Miami.

“Habremos de concretar al fin la extradición del exgobernador y celebro que de esta forma pueda llevarse a cabo el proceso judicial en México para que se haga justicia. Esa justicia que tanto nos prometieron y que ahora finalmente haremos realidad” señaló la gobernadora.

Además ofreció la colaboración del ejecutivo de Chihuahua para contribuir en las investigaciones que atraerán tanto la Fiscalía General de Justicia de la entidad, así como la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Duarte.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en conjunto con la Fiscalía General de la República, informaron a través de un comunicado que la extradición se realizó como el resultado de la colaboración estrecha entre ambos países que desde el año 2019, han venido intercambiando información y documentación en el marco del tratado de extradición bilateral aplicable-

Lo anterior con el fin de lograr obtener las decisiones judiciales y diplomáticas que permitieran la extradición este jueves del exgobernador Duarte, a fin de que enfrente la justicia mexicana de la que huyó hace poco más de tres años.

“A dicha persona se le acusa de que presuntamente, en acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas a la función pública, logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos, extraídos entre los años 2011 y 2014” se informó.

La candidata panista a la gubernatura de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue acusada de recibir sobornos de una “nómina secreta” vinculada a Cesar Duarte, exgobernador príista durante el periodo de 2010 a 2016, mientras ella ejercía como diputada local; pese a las acusaciones su candidatura seguirá en pie.

El jueves, el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez reabrió el proceso de vinculación y aceptó como válidas las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

María Eugenia expresó que la vinculación al caso no le quita sus derechos para votar y ser votada pues no es una sentencia de culpabilidad, además mencionó que aportará lo necesario para demostrar su inocencia pues tiene plena fe en el sistema de justicia.

Hasta el momento ha recibido el apoyo y respaldo de Jesús Zambrano, presidente Nacional del PRD; quien acusó a Morena por realizar una persecución política; y de Marko Cortés, dirigente del PAN quien dice no ha perdido su confianza en la candidata.

Autoridades judiciales dictaron prisión preventiva al ex secretario de Educación, Cultura y Deporte, en la Administración del ex gobernador César Duarte, Manuel Marcelo G. T. -González Tachiquín-, como probable responsable de peculado agravado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un comunicado, que elementos de la dependencia capturaron este martes en la ciudad de Chihuahua, al ex secretario de Educación, en un domicilio ubicado en el Residencial Cimarrón.

Mencionó que las acciones se llevaron a cabo en cumplimentación de una orden de aprehensión en su contra, en la que se le acusa del desvío de 23 millones 200 mil pesos del erario.

Indicó que de acuerdo con la causa penal 11/2019, los hechos que se le atribuyen se registraron en abril de 2015, cuando el imputado se desempeñaba como titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECyD).

Expuso que en esas fechas, también se desempeñó como director General de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).

Explicó que durante la audiencia de formulación de imputación, la representación social sustentó que Manuel Marcelo G. T., junto a diversos servidores públicos, distrajo 23 millones 200 mil pesos, destinados a fines públicos dentro del sector educativo.

Mencionó que para ello simuló un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales con la empresa Explocean S. de R.L.

El supuesto contrato consistía en “Asesoría Técnica y Financiera para el Análisis de la Recuperación y/o Reestructura y/o Regularización con base en una determinación de incremento o déficit al presupuesto del fondo de aportación para la educación, que nunca fueron prestados.

Precisó que con base a los elementos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, un Juez Control del Distrito Judicial Morelos, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, fijando el 13 de enero, como la fecha en la que habrá de llevarse a cabo la audiencia de vinculación a proceso.