Morena ha planteado dentro del Congreso tipificar el delito de amenazas, imponiendo una sanción de cinco días a un año de prisión o de 100 a 180 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien amenace a otro con causar u originar a él, a su familia o a otras personas con las que esté vinculado, algún tipo de daño o perjuicio.

Dentro de la propuesta, se indicó que el Código Penal mexiquense no contempla en su cuerpo legal el delito de amenazas, sino que únicamente lo considera como una agravante de otros delitos como: resistencia; violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la comunicación; violencia familiar y de género; extorsión; feminicidio, y delitos cometidos por servidores públicos de la procuración y administración de justicia.

“Es importante señalar que la entidad mexiquense es la única entidad en dicha situación. En consecuencia, no se tienen registros de denuncias de amenazas, pero tampoco existen políticas públicas para su prevención, atención y erradicación. Con base en lo anterior, resulta más que necesario legislar de manera urgente en la materia, con la intención de eliminar este rezago y el vacío legal que representa, mismo que deja en total estado de indefensión a la población que es víctima de este ilícito”, refirió el diputado Daniel Sibaja.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE) 2022, en el año 2021 se generaron 28.1 millones de delitos que afectaron a más de 22 millones de víctimas, de estos, el 9.2 % se identificaron como amenazas verbales, posicionándose así, como el quinto delito con mayor incidencia a nivel nacional.

Ante lo anterior, se plantea adicionar el artículo 222, 223 y 223Bis al Código Penal del Estado de México, entre estos, se establecería que si el ofendido por el delito fuera alguna persona o pariente, se aumentará la pena que corresponda hasta una tercera parte; si el sujeto pasivo por la amenaza fuere víctima u ofendido o testigo en un procedimiento penal, la pena será de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa, y si el sujeto activo cumple su amenaza o exigió la comisión de un delito, se acumulará la sanción de ésta y la del delito que resulte.

Lilia González

La actualización que se realizará del Código Penal del Estado de México, permitirá avanzar hacia una política criminal y de prevención del delito integral que incluya aspectos de reclusorios, preliberaciones, combate al delito, pero también conciencia de la sociedad a través de la educación y la cultura de la paz, señaló el titular del Poder Judicial mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar.

Si bien, dijo, la tendencia nacional es el querer federalizar todo, pretendiendo con ello crear un Código Nacional Penal, indicó que esa no es la vía puesto que cada estado tiene una realidad diferente.

“Lo que pasa en el estado no es lo mismo que pasa en Chihuahua o en Quintana Roo por eso tenemos nosotros que construir un Código Penal fuerte y a partir de esto hacer una política criminal y de prevención del delito integral”, dijo.

Afirmó que el rediseño del Código Penal del Estado de México será un referente nacional puesto que será actualizado con la experiencia de jueces y magistrados, bajo las portaciones de académicos, barras y colegios de abogados, así como por colectivos y organizaciones, de ahí que abonarán no solo los que imparten justicia, sino también quienes son o han sido víctimas de delitos.

“Todo el mes de septiembre vamos a realizar trabajo interno para conformar un anteproyecto de Código actualizado con la experiencia de jueces y magistrados, mismo que se propondrá a la sociedad para iniciar un debate”, comentó.

Recordó que la fecha límite para recibir las propuestas de quienes se quieran incorporar a los trabajos será el 30 de septiembre, llevando a la fecha 10 propuestas principalmente de académicos de universidades tanto públicas como privadas.

Finalmente, informó que como parte de los trabajos, realizarán foros en las cuatro diferentes regiones judiciales del Estado de México: Toluca, Texcoco, Ecatepec y Tlalnepantla.

Lilia González

Bajo un ejercicio de reflexión y análisis, el Poder Judicial del Estado de México anunció el inicio de mesas de diálogo incluyentes para adecuar el Código Penal mexiquense a efecto de adelgazarlo y hacerlo más justo.

El titular del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuellar indicó que hoy en día dentro del Código Penal se contempla la imposición de penas severas para el caso de robo simple o robo de vehículo, mismas que son incluso superiores a las impuestas por un tema de homicidio, lo cual, dijo, es inequitativo y requiere de una adecuación.

“Los que hemos tenido la oportunidad de administrar justicia en el Estado México vemos que la política criminal se ha construido a partir del incremento de penas, es decir, si hay un aumento en el robo a transporte público, se incrementa la pena hasta llegar a absurdos como el hecho de que por el robo de mercancía en una tienda de conveniencia se aplique una sanción mínima de 8 años 6 meses de prisión, lo cual es un exceso”, comentó.

Ante ello, acompañado del secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez-Celis y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHEM), Myrna Araceli García Morón, Sodi Cuellar anunció el inicio de jornadas de repensamiento y consulta general para adecuar el Código Penal mexiquense.

Se busca reflexionar sobre aquellos delitos cuyas penas son excesivas o insuficientes, incorporar delitos nuevos como aquellos que tienen que ver con el ciberespacio, adelgazar el Código Penal, garantizar la reparación del daño, valorar si determinados delitos requieren penas de cárcel o solo sanciones administrativas, entre otros apartados que podrán ser analizados por académicos, universitarios, asociaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, instituciones públicas y privadas, jueces, juezas y magistrados.

Indicó que por primera vez en cerca de 25 años, se lanza un replanteamiento de la política criminal del Estado de México a partir de la reflexión y el análisis del Código Penal que partirá de la realización de mesas de análisis en donde toda la sociedad estará involucrada.

Para los registros de inscripción al ejercicio, refirió que ya se ha abierto un micro sitio en donde los interesados tendrán hasta el 30 de septiembre para inscribirse y plasmar un resumen o ampliación de su propuesta, para posteriormente iniciar la organización de las mesas de diálogo y comenzar a adentrarse en el estudio.

En su momento, el secretario de Seguridad del Estado, Rodrigo Martínez-Celis planteó la necesidad de permitir la actuación del modelo homologado de Justicia Cívica a través del cual, el ciudadano no solo reconozca su conducta, sino que se responsabilice de ella resarciendo el daño causado.

Señaló que lo anterior se logrará al atender conflictos comunitarios y faltas administrativas como lesiones, riñas, conflictos vecinales y daño a la propiedad privada.

“Buscar pasar del proceso actual de atención y sanción de faltas administrativas, a la incorporación de una visión de Justicia Cívica con enfoque restaurativo, con su aplicación se previene el escalamiento de la violencia, mejora la convivencia ciudadana, se disminuye la reincidencia en faltas administrativas, se pugna por la promoción de la cultura de la legalidad y se mejora la percepción del orden público y la seguridad”, explicó.