La relación comenzó como muchas otras, confianza, afecto, promesas de futuro y una vida compartida construida desde la intimidad, pero con el tiempo, aquello que parecía amor, terminó convertido en pérdida económica, desgaste emocional y procesos legales fragmentados, hoy, tres mujeres, activistas en defensa de los derechos de las mujeres, con miles atrás de ellas como respaldo y sororidad, en el Estado de México y en el resto del país, buscan transformar su experiencia en una causa pública y abrir una discusión jurídica que en la Entidad todavía no encuentra nombre propio dentro de la ley.

Rita Pergon, Carmen Ramírez y Monserrat Pérez, no se conocían entre sí, sus historias ocurrieron por separado, en momentos distintos, con hombres diferentes y edades distintas, sin embargo, al compartir sus testimonios públicamente descubrieron algo que las unía de manera inquietante, el patrón era prácticamente idéntico.

Según sus relatos, sus entonces parejas sentimentales aprovecharon el vínculo afectivo construido con ellas para obtener dinero, bienes o beneficios materiales mediante engaño, manipulación emocional y abuso de confianza; Carmen Ramírez perdió alrededor de 300 mil pesos, Monserrat Pérez fue despojada de aproximadamente 150 mil pesos, Rita Pergon perdió la totalidad del mobiliario del departamento que compartía con quien fue su pareja.

Los nombres señalados por cada una son distintos, Alfonso “N”, de 37 años; Gunter “N”, de 52; y Alejandro “N”, de 44; pero, de acuerdo con los testimonios reunidos por las víctimas, el modo de actuar presenta similitudes constantes: acercamiento afectivo, consolidación emocional de la relación, generación progresiva de confianza y posteriormente aprovechamiento patrimonial o económico derivado del vínculo sentimental.

Lo que inicialmente parecía una experiencia individual terminó convirtiéndose en una red de testimonios compartidos a través de publicaciones en medios de comunicación, redes sociales y espacios de denuncia pública; Rita, Carmen y Monserrat entraron en contacto y comenzaron a documentar otros casos similares, con el tiempo, las cifras crecieron.

Rita señala haber identificado a 29 víctimas más, vinculadas con el mismo presunto agresor, Carmen ha documentado al menos 20 casos adicionales relacionados con su expareja, y Fernanda García, quien previamente impulsó públicamente esta causa tras denunciar una experiencia similar, llegó a contabilizar 79 víctimas de la misma persona.

Fernanda fue una de las primeras en colocar el tema sobre la mesa pública, tras denunciar violencia relacionada con su expareja, promovió la necesidad de crear un marco legal específico que reconociera la figura conocida entre víctimas como Estafa Romance, entendida como aquella conducta donde una persona utiliza el vínculo amoroso o afectivo como herramienta para obtener dinero, bienes materiales o beneficios patrimoniales mediante manipulación emocional.

Actualmente, Fernanda permanece ilocalizable y no se conocen públicamente mayores avances sobre su caso, en marzo de 2026, Rita Pergon, Carmen Ramírez y otras víctimas sostuvieron una primera reunión con la diputada Elizabeth Mateos en el Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo de impulsar una propuesta legislativa que tipifique esta conducta.

Pero la necesidad de crear el marco jurídico no ha quedado ahí, ahora intentan proponer en la Cámara de Diputados del Estado de México, que se tipifique como delito la Estafa Romance.

Sin embargo, a la fecha, según refieren las víctimas, no existe una iniciativa formal presentada, ni avances legislativos concretos que permitan convertir la propuesta en discusión parlamentaria, mientras tanto, los casos continúan encuadrándose dentro de figuras jurídicas parciales.

Monserrat no pudo encuadrar el hecho para poderlo denunciar, Rita logró presentar denuncia por violencia familiar, Carmen denunció por fraude, Fernanda también denunció en su momento por violencia, pero las cuatro coinciden en el mismo punto, ninguna de estas figuras jurídicas alcanza a nombrar completamente lo sucedido.

Derivado de lo anterior, debido a que el delito que denuncian no se limita al fraude financiero tradicional, tampoco se reduce exclusivamente a violencia emocional, lo que describen es una conducta específica que inicia desde el enamoramiento, se sostiene mediante manipulación afectiva y concluye con el despojo patrimonial y/o económico de la víctima.

La dimensión emocional se convierte en herramienta del delito, y el vínculo amoroso en mecanismo de acceso; en países como España, esta conducta sí cuenta con antecedentes legales bajo el concepto de estafa sentimental, contemplada dentro del análisis jurídico vinculado a engaño económico dentro de relaciones afectivas.

En México, sin embargo, no existe todavía una tipificación penal específica que reconozca la llamada Estafa Romance como figura autónoma, para quienes impulsan esta propuesta, el vacío legal genera una doble vulnerabilidad: la pérdida material y la falta de reconocimiento jurídico de lo ocurrido.

Por ello, las víctimas insisten en que no se trata únicamente de dinero, se trata también de violencia emocional, de abuso de confianza, de manipulación afectiva y de un patrón repetido que, afirman, continúa afectando a más mujeres sin una ruta legal clara para denunciarlo.

La demanda que hoy sostienen busca precisamente eso, que la ley nombre aquello que hasta ahora permanece disperso entre delitos incompletos, porque cuando el engaño nace dentro de una relación afectiva, demostrarlo ante la autoridad suele ser prácticamente imposible.

Y cuando el amor se convierte en herramienta para despojar, la herida no solo toca el patrimonio, también alcanza la confianza, deja una marca difícil de cuantificar en expedientes judiciales, pero profundamente visible en la vida de quienes la atraviesan.

Mientras el tema continúa sin avances legislativos concretos, Rita, Carmen y Monserrat, continúan haciendo lo que hasta ahora les ha permitido encontrarse con otras víctimas, hablar, nombrarlo, documentarlo y exigir que aquello que les ocurrió deje de ser únicamente una historia personal y se convierta, finalmente, en asunto de ley.

El pleno del Congreso de la Ciudad de México ha aprobado por mayoría la Ley Paola Buenrostro, la cual establece penas de 35 a 70 años de prisión para los casos de transfeminicidios. La diputada Ana Francis López presentó este dictamen que implica modificaciones al Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Civil y la Ley Orgánica de la Fiscalía capitalina.

Desde una perspectiva de género, el transfeminicidio se considera una forma extrema de violencia de género y discriminación hacia personas trans, en un contexto que refuerza las normas binarias y la normatividad cisgénero.

La legislación sobre el transfeminicidio reconoce oficialmente esta violencia específica, destacando su existencia y gravedad.

El dictamen establece que se comete transfeminicidio cuando se priva de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se alinea con el espectro femenino.

Además, se especifica que las actas de defunción de personas transgénero podrán ser tramitadas por miembros de su familia social si los familiares consanguíneos se niegan o vulneran su identidad de género.

En cuanto a la entrega del cadáver de personas transgénero, se determina que debe ser entregado a su familia social si los familiares consanguíneos pudieran vulnerar su identidad o dignidad.

El diputado Temístocles Villanueva subrayó la necesidad de brindar justicia, dignidad, visibilidad, memoria, restauración y prevención a las mujeres trans.

Destacó la importancia histórica de este paso inicial en el largo camino hacia la igualdad y pidió a sus colegas estar a la altura de la representación conferida.

Sergio Morales Buendía fue condenado a 5 años, 7 meses y 15 días de prisión por su participación en un caso de maltrato animal en el municipio de Tecámac, en mayo pasado.

Esta sentencia fue el resultado de una investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que reunió pruebas que demostraron su culpabilidad. Además de la condena de prisión, se le impuso una multa de 38,902 pesos y se le ordenó pagar 28,217 pesos como reparación del daño moral al Fondo de Protección a los Animales del Estado de México.

Los hechos ocurrieron el 28 de mayo, cuando Morales Buendía ingresó a una carnicería en el pueblo de San Pablo Tecalco, Tecámac. Después de una confrontación verbal con el propietario del establecimiento y amenazándolo con un objeto punzante, agarró a uno de los perros presentes y lo arrojó a una cacerola con aceite hirviendo, provocándole la muerte.

Este incidente se difundió ampliamente en los medios de comunicación y las redes sociales, lo que llevó a la Fiscalía estatal a iniciar una investigación por maltrato animal y obtener una orden de arresto contra Morales Buendía. El 30 de mayo, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevaron a cabo su arresto en un domicilio de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Posteriormente, el acusado fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde enfrentó un proceso legal que culminó en la sentencia mencionada.

Es importante destacar que el Estado de México cuenta con leyes que garantizan la protección de la vida y el trato digno hacia los animales. Estas leyes se reflejan en los artículos 235 Ter y 235 Quater del Código Penal del estado, que estipulan penas de prisión de 3 a 6 años y multas de 200 a 400 días a quienes causen la muerte o prolonguen el sufrimiento de un animal que no represente una plaga, por cualquier medio.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Isabel Sánchez Holguín aseguró que existen las condiciones para que esta Legislatura Local pueda dejar un legado en favor de las mexiquenses aprobando la ILE (Interrupción Legal del Embarazo).

Desde el 2021 a la fecha, indicó que son cuatro las iniciativas que existen dentro del Congreso en materia de despenalización del aborto, así como un exhorto que colectivas ingresado al Congreso en 2022 para impulsar los trabajos de análisis en la materia.

“Todas las bancadas presentan las mismas resistencias, vamos a hablar claro y las cosas como son, no todas las bancadas al 100% están en la disposición de respaldar el tema. Este es un tema de una convicción más individual de cada diputado que de las bancadas”, sostuvo.

Para avanzar en el tema, indicó que es necesario que quienes coincidan en impulsar y aprobar el tema, unan esfuerzos para que logre retomarse el análisis de las iniciativas dentro de la Legislatura.

Afirmó que lo que se requiere es avanzar en la homologación del Código Penal del Estado de México en relación a las diversas sentencias que han sido emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Con la sentencia de la Suprema Corte me parece que está muy claro que es anticonstitucional los numerales del capítulo V al Código Penal del Estado de México en donde se niega a las mujeres el derecho de decidir por sus cuerpos, lo que tenemos que hacer es dejar de criminalizarlas”, expresó.

Con el fin de sancionar a los padres que abandonen a mujeres embarazadas o incumplan con el otorgamiento de pensión alimenticia, las y los integrantes de la comisión legislativa de Procuración y Administración de Justicia inició el análisis de la llamada “Ley Sabina”.

Para la propuesta, se plantean ajustes al Código Penal y al Código Civil del Estado de México y dentro de ella se proponen penas de seis meses a 2 años de prisión y la pérdida de los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela y a heredar, a quien sin motivo justificado abandone a la mujer en estado de gravidez y se acredite su paternidad legalmente; además de establecer agravantes en caso de que se lesione a la mujer o al producto en periodo de gestación.

Lo anterior es conocido como “Ley Sabina” debido a una menor que durante cuatro años no ha recibido pensión alimenticia, inspirando a su madre Diana Luz a iniciar un movimiento para promover castigos por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias que afecta a millones de niñas y niños en el país.

Durante el estudio de la iniciativa, se indicó que un problema recurrente en materia de derecho familiar es el incumplimiento de la obligación alimentaria, señalando que tan solo en el año 2020 en la entidad se reportaron 12 mil 432 juicios sobre pensiones alimentarias.

“El objetivo de la obligación de alimentos consiste en garantizar el derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado, por lo que es necesario cubrir todas sus necesidades básicas que consiste en la alimentación, el vestido, la habitación y la asistencia médica en caso de enfermedad, en su caso los gastos de embarazo y parto, así como los gastos necesarios para la educación que les proporcione un oficio, arte o profesión, pese a su importancia, deja de cumplir ese deber poniendo en riesgo el desarrollo integral del menor”, expresa el documento.

Ante ello, se indicó, la tarea del legislador es estructurar un sistema legal que garantice plenamente el cumplimiento de la obligación alimentaria.

Cabe señalar que la iniciativa seguirá en estudio y buscarán que acuda personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que les informe cómo está este problema y emita su opinión sobre la iniciativa de ley que pretenden dictaminar en las siguientes semanas.

La comisión legislativa de Procuración y Administración de Justicia aprobó por unanimidad imponer hasta 6 años de prisión a quien robe tapas de registro o rejillas de alcantarillado en el Estado de México.

Lo anterior surge a razón de una iniciativa que fue presentada por la diputada de Morena, Alicia Mercado Moreno, en la que solicitó la integración del Título Octavo al artículo 359 del Código Penal del Estado de México para sancionar esta acción.

En este apartado se incluye la definición de mobiliario urbano como los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican para el descanso, comunicación, información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros muebles que determinen la Secretaría de Desarrollo Urbano y obra.

Además, se precisa que se impondrá una pena de 2 a 4 años de prisión y hasta mil veces la Unidad de Medida y Actualización para las personas que realicen la ilegítima sustracción, apoderamiento, comercialización, detentación o posesión de mobiliario urbano.

Por otro lado, se avaló una agravante, para que en el caso de tapas de registro o rejillas de alcantarillado propiedad gubernamental se aumente la pena hasta en una mitad.

A la par, explicó que el robo de tapas de registro o rejillas de alcantarillado pueden generar afectaciones al provocar accidentes sobre todo en tiempo de lluvia, además de daños económicos para el Estado, pues el precio de cada tapa ronda entre los 17 y 20 mil pesos.

“Enhorabuena que en nuestro estado se sancione la ilegítima sustracción, apoderamiento, comercialización, detentación o posesión de mobiliario urbano esperando que, de este modo la incidencia logre controlarse y eventualmente disminuir”, señaló la legisladora.

Ricardo Sodi Cuellar, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México dio a conocer que los delitos cibernéticos afectan  a toda la sociedad, por lo que es necesario combatirlo desde dónde se comete el delito y a partir  de ahí, proponer reformas legislativas.

En lo que será el nuevo Código Penal, dijo, que en breve se dará a conocer, desde ahí se van a materializar muchas de esas conductas y de esa manera darle competencia a ese tipo de delitos.

En entrevista Sodi Cuellar precisó que es necesario que la sociedad haga conciencia de no compartir datos personales -eso es algo muy importante-, “desafortunadamente no tenemos esa cultura de la protección de datos, es la primera conclusión a la que llegó la primera medida de seguridad para evitar robos de identidad”.

“Los foros que se realizaron sobre Ciberseguridad sirvieron para darnos cuenta cuál es la vanguardia en el conocimiento de un tema, contamos con expositores nacionales y extranjeros que fijaron una postura para ver cómo estamos y que nos hace falta; se va a publicar una memoria sobre el  Foro de ciberseguridad”, indicó.

De igual forma el Magistrado Presidente del TSJEM mencionó que es necesario la creación de instituciones para la defensa de los datos personales; tenemos que hacer un catálogo de prácticas de cómo se llevan a cabo las acciones con activos virtuales con cyber monedas y compartir información porque son temas que todavía no son del conocimiento generalizado.

“Es necesario profundizar en este conocimiento para a partir de ahí proponer reformas legislativas, de hecho en el nuevo Código Penal se van materializar muchas de esas conductas, porque lo que necesitamos es combatir todos los delitos cibernéticos y eso se hará desde la perspectiva local, no federal, sino donde se comete el hecho delictuoso y a quién afecta, y es la manera vamos a poder dar competencia a ese tipo de delitos”, aseveró.

Finalmente, Ricardo Sodi señaló que las personas tienen poca información de cómo opera este tipo de delincuentes y de eso se valen para abusar de aquellos que tienen poca información o poca cultura de protección de sus datos personales; una cultura, es la desconfianza, quién pide datos personales, eso se tiene que generar una cultura de protección de identidad de los datos personales, “siento que aún estamos muy lejos del objetivo a que todos tengan conocimientos de aspectos de comunicación, necesitamos más campañas de difusión y de concientización, eso es lo que tenemos que hacer”.

“Las leyes no son laxas, sino que  es muy difícil judicializar un delito de este tipo, porque como encuentras a una persona que comete una extorsión cibernética o por ejemplo, una persona que te hackea la cuenta de WhatsApp y pide dinero a tu nombre, hay quienes eso lo hacen desde otros estados e incluso fuera del país”, concluyó.

El diputado local de Morena, Gerardo Ulloa Pérez planteó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México y sancionar los delitos de robo y abigeato entre parientes por consanguinidad y afinidad civil.

Explicó que actualmente, el artículo 293 del Código Penal señala que no será punible el delito de robo cuando se cometa por un ascendiente en contra de su descendiente o viceversa, así como por un cónyuge en contra el otro, a la par, el artículo 300 refiere que no será punible el delito de abigeato (robo de ganado) cuando se haya cometido igualmente por un familiar.

“Se presenta una excusa absolutoria en razón del parentesco de las personas, es decir que aunque se comete el delito no hay pretensión punitiva que perseguir, se deja impune el delito, de ahí la necesidad de regular en la materia”, señala la iniciativa.

El legislador comentó que de las 32 entidades federativas, solo cuatro mantienen la prohibición para denunciar estos delitos entre familiares.

“Con la propuesta se establecen las bases legales para garantizar y hacer operable el derecho fundamental de acceso a la justicia para todas las personas sin distinción. Se estaría adecuando el orden normativo, toda vez que la excusa absolutoria que se refiere solo subsiste en los códigos penales de Colima, Michoacán, Puebla y Estado de México”, agregó.

Se dijo que en la actualidad, los delitos contra el patrimonio son los que tienen los más altos índices de incidencia en todo el Estado de México, por lo que la propuesta busca que el delito de robo y abigeato sea perseguido cuando se cometa por un ascendiente, descendiente, cónyuge, adoptante o pariente por consanguineidad hasta el segundo grado.

Lilia González

Con el fin de evitar los matrimonios forzados sin contemplar la voluntad de los contrayentes derivado de costumbres en las comunidades, el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas a los Códigos Penal y Civil de la entidad.

La iniciativa en la materia fue presentada tanto por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como por la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y se establece en el dictan que queda prohibido que quien tenga trato con niñas, niños y adolescentes, permita u obligue a contraer matrimonios y uniones tempranas de los menores de edad, ello sin excepción alguna que permita dispensar el requisito de la mayoría de edad previsto, e incluso los usos y costumbres de cada una de las comunidades que se rigen de esta forma.

La diputada perredista, Viridiana Fuentes Cruz indicó que este tipo de actos afecta gravemente la vida, salud, educación e integridad de las y los menores.

“Le apostamos a combatir una serie de problemas que violan los derechos de quienes son obligados a contraerlo o unirse prematuramente, el embarazo temprano, violencia sexual, violencia de género, deserción escolar, trabajo infantil, migración, entre otros males”, dijo.

En tanto, la priista Paola Jiménez dio a conocer que en el país, en los últimos 5 años según el INEGI se tiene el registro de por lo menos 14 mil 957 menores de 18 años de menores que contrajeron matrimonio, siendo una cifra alarmante.

“La Red por los Derechos de la Infancia en México refiere que no existen cifras oficiales de este último fenómeno aunque el Censo del INEGI 2020 arrojó que 237 mil 175 mujeres de entre 12 y 17 años a nivel nacional se encontraban casadas o unidas, esto correspondía al 3.7% de la población femenina de dicho rango de edad”, agregó.

A la par, afirmó que los derechos humanos no pueden negociarse bajo ningún argumento de usos y costumbres o de realidades comunitarias, por lo que dijo, desde la LXI Legislatura seguirán luchando hasta el final por la protección de la infancia.

Lilia González

Las y los diputados locales integrantes de la comisión de Procuración y Administración de Justicia, aprobaron clasificar la extorsión a comerciantes como delitos contra la economía, para ello, incorporaron los artículos 199 Bis y 199 Ter al Código Penal del Estado de México.

Lo anterior para sancionar de 6 a 10 años de prisión y de mil a mil 500 unidades de medida y actualización a quien por medio de violencia obligue a una persona o unidad económica a comprar, obtener o adquirir a otra persona, comercio o empresa, determinados bienes, insumos, mercancías o servicios para su giro comercial o vender y distribuir bienes a personas o empresas determinadas.

La misma sanción será impuesta a quien fije o imponga en una localidad o región un precio por encima del mercado para la venta de bienes, mercancía o insumos o para la prestación de un servicio.

“Se buscó generar un nuevo tipo penal para favorecer a la protección de las personas y unidades en el desarrollo de la actividad económica”, se dijo tras la lectura del dictamen.

Aunado a las penas anteriores, se señala que si en la comisión de este delito participan dos o más personas se impondrá de 3 a 5 años de prisión y de 500 a 800 días de multa.

Por otro lado, se estipula que cuando la comisión de este delito él o los sujetos activos se ostenten y/o identifiquen como miembros de alguna organización o grupo delictivo, se impondrá de, 7 a 15 años de prisión y de mil 300 a 2 mil días multa, y cuando el delito sea cometido por alguna persona que tenga el carácter de servidor público se impondrá de 8 a 20 años de prisión y de mil 500 a 2 mil 500 días de multa.

Cabe señalar que esta iniciativa fue presentada en su momento por el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, por lo que una vez aprobada en comisiones, será remitida al Pleno para su votación y entrada en vigor.