Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutaron dos órdenes de cateo en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, con el fin de capturar a tres personas relacionadas con delitos de extorsión.

Estas acciones se llevaron a cabo en colaboración con la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Nacional Antisecuestro, tras investigaciones basadas en denuncias de la ciudadanía.

Las pesquisas apuntaron a un grupo que exigía pagos en efectivo a conductores de transporte público en la zona centro para permitirles continuar con su labor. Además, se constató que para cobrar las cuotas, estas personas privaban de la libertad a los conductores y los agredían físicamente.

Con las pruebas recabadas, el Ministerio Público solicitó las órdenes de cateo para ingresar a los domicilios señalados. En la alcaldía Cuauhtémoc se detuvo a un hombre y una mujer, mientras que en Iztapalca se capturó a otro hombre. Todos ellos fueron identificados como integrantes de una célula dedicada a la extorsión.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente y trasladados a un centro penitenciario ubicado en el oriente de la Ciudad de México.

En lo que va de la presente administración, la SSC ha detenido a 550 personas por casos relacionados con extorsión y extorsión en grado de tentativa, según informó la dependencia.

En un comunicado señalaron que luego de diversas labores de inteligencia e investigación, se emitió una solicitud para arribar a un domicilio ubicado sobre la carretera Panamericana, a la altura del paraje Construrama. En el sitio, en un inmueble de dos niveles, las fuerzas de seguridad hallaron a Enrique «N», alias «El Canuto», probablemente relacionado con actos violentos.

En el lugar, también se encontraban 11 personas y un menor de edad; Misael «N» de 25 años, Kevin «N» de 18, Juan «N» de 21, Ismael «N» de 44, Ángel «N» y Ricardo «N» de 60 años, Alfonso «N» de 43 años, Margarito «N» y Óscar «N» de 53 años, Amairani «N» de 22, Maribel «N» de 45 y un adolescente de 14 años. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Después de notificar al detenido los derechos que confiere la ley, fue remitido junto con las demás personas a la Fiscalía de Homicidios para determinar su situación jurídica.