El Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Distrito I de Puente Grande, Jalisco, declaró culpables a diez personas por su implicación en la desaparición y asesinato de tres individuos en el Rancho Izaguirre. El juicio duró una semana y se presentó una amplia cantidad de testimonios y pruebas materiales que respaldaron la decisión del tribunal. Próximamente se dará a conocer la condena que deberán cumplir los sentenciados.

El Rancho Izaguirre está ubicado en la región agrícola de Teuchitlán, a una hora de Guadalajara. En marzo pasado, la organización Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al predio y halló restos humanos, así como cientos de prendas y calzado. La agrupación aseguró que el lugar funcionaba como un centro para reclutar, entrenar y eliminar a jóvenes para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, rechazó la versión que señala al rancho como un sitio de exterminio, afirmando que únicamente operaba como centro de reclutamiento y base para el grupo criminal. Indicó que los restos óseos encontrados eran fragmentos muy pequeños y de antigüedad considerable, y negó que se tratara de pruebas de cremación o exterminio masivo.

Los detenidos fueron capturados en septiembre de 2024, tras un enfrentamiento con agentes de la Guardia Nacional en los alrededores del rancho. En el lugar, las autoridades localizaron a una persona sin vida y liberaron a dos personas retenidas. Durante la operación, se encontraron grandes cantidades de ropa y objetos personales.

Organizaciones civiles y activistas han denunciado desde hace años el reclutamiento forzado de menores y jóvenes por parte de grupos criminales mediante ofertas engañosas. Un informe de 2023 señaló que entre 30,000 y 35,000 menores son víctimas de reclutamiento forzado anualmente en México, mientras que más de 125,000 personas han desaparecido en el país en las últimas dos décadas, la mayoría hombres jóvenes.

En el marco de esta investigación, también fue detenido el exalcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, señalado por facilitar operaciones del CJNG a cambio de dinero. El exfuncionario ha negado estas acusaciones, que forman parte de la operación contra la red criminal vinculada al Rancho Izaguirre.

Joël Le Scouarnec, excirujano francés de 74 años, enfrenta una sentencia de 20 años de prisión por abuso sexual sistemático contra 299 menores. El tribunal penal de Morbihan, en el oeste de Francia, resolvió la condena tras un proceso que dejó en evidencia múltiples omisiones dentro de las instituciones encargadas de proteger a los pacientes.

El historial de agresiones se extiende desde finales de los años ochenta hasta mediados de la década pasada. La mayoría de las víctimas eran pacientes hospitalizados, muchos de ellos inconscientes o bajo sedación durante las agresiones. La edad promedio de quienes sufrieron estos abusos ronda los 11 años, con un número similar de niños y niñas afectados.

Las investigaciones arrancaron en 2017, luego de una denuncia realizada por una vecina. Un allanamiento a la vivienda del acusado reveló una colección extensa de imágenes y videos de contenido pedófilo, además de cuadernos donde el agresor documentaba con detalle sus actos. Estos registros se transformaron en pruebas clave para el juicio, dado que permitieron identificar a víctimas que, en varios casos, no sabían que habían sido violentadas.

Durante el proceso judicial, asociaciones de defensa de los derechos de la infancia señalaron con fuerza la inacción de las autoridades sanitarias. El acusado ya tenía una condena previa desde 2005 por posesión de material ilegal, pero eso no impidió que continuara en funciones dentro de hospitales públicos. A pesar de las advertencias, ninguna medida efectiva fue tomada para impedir el contacto del médico con pacientes pediátricos.

Algunas víctimas expresaron su frustración ante lo que consideran un escaso interés público y político por el caso. A su juicio, el proceso no ha generado los cambios estructurales necesarios para evitar que situaciones similares se repitan.

El acusado reconoció los hechos imputados por las 299 partes civiles y sumó otras confesiones que, por haberse producido fuera del plazo legal, no serán procesadas. Entre ellas, figura un caso que involucra a una menor de su entorno familiar directo. La actitud que mostró en el tribunal, con respuestas frías y un tono distante, provocó reacciones encontradas en la sala.

Se contempla un nuevo juicio, ya que durante esta etapa surgieron nuevas denuncias. Mientras tanto, el debate sobre el rol de las instituciones, el silencio médico y la cultura del encubrimiento vuelve a instalarse en Francia.