Lilia González

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Congreso Local expidió la convocatoria a la ciudadanía y a los partidos políticos para participar en las elecciones ordinarias de diputadas, diputados locales y de integrantes de los 125 Ayuntamientos en el Proceso Electoral de 2027.

Señalando que la Jornada Electoral se efectuará el domingo 6 de junio de 2027, la convocatoria establece que 13.1 millones de mexiquenses podrán acudir a las urnas para renovar mil 291 cargos de elección popular; 75 diputados locales (45 de Mayoría Relativa y 30 de Representación Proporcional), y mil 216 cargos a integrantes de ayuntamientos (125 presidencias, 125 sindicaturas y 966 regidurías).

Estimando un registro de más de 17 mil candidaturas, el Congreso se pronunció a favor del desarrollo de elecciones transparentes, confiables y en condiciones de igualdad para quienes participen.

“Estamos ante un Proceso Electoral amplio, plural y de gran relevancia para la vida pública de la entidad. La organización de esta elección deberá desarrollarse con estricto apego a la constitución federal y local, al Código Electoral y a las demás disposiciones aplicables. Esta convocatoria abre formalmente el camino para que los mexiquenses definan el rumbo del Congreso y sus Ayuntamientos, también reafirma que la renovación de los poderes públicos debe realizarse de manera periódica, ordenada y conforme a la ley, nuestro compromiso es con la legalidad, la participación ciudadana y con una democracia cercana a la población”, destacó el diputado Edgar Samuel Ríos Moreno al dar lectura a la convocatoria.

Se recalcó que el próximo 6 de junio se elegirá a quienes integrarán la LXIII Legislatura para el ejercicio constitucional del 5 de septiembre de 2027 al 4 de septiembre de 2030, y a los integrantes de ayuntamientos de los 125 municipios para el periodo del 1 de enero del 2028 al 31 de diciembre de 2030.

Con 55 votos a favor y 20 en contra, el Congreso del Estado de México respaldó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución, en materia de reforma del Poder Judicial, enviada por el Senado.

Con ello, con la aprobación de las bancadas: Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, se da el visto bueno a aplazar la elección de personas juzgadoras para 2028.

Con ello, el Congreso mexiquense fue la Legislatura 12 en aprobar la minuta, detrás de Oaxaca, Tabasco, Nayarit, Chiapas, Zacatecas, Campeche, Tlaxcala, Sonora, Tamaulipas, Michoacán y Baja California.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXII Legislatura, Francisco Vázquez Rodríguez informó que una vez que la reforma se declare constitucional, tendrán 60 días para que en el Estado se homologuen las disposiciones a la ley local.

Por lo que se prevé que sea en los primeros días de agosto cuando queden listas las leyes secundarias en la materia.

“No creo que el plazo lo agotemos hasta agosto, pero sí nos daremos el tiempo, hay que estudiarlo y analizarlo con el Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, también ver al Instituto (IEEM) y ver la posibilidad de armonizar la distritación judicial con la electoral. La fecha de la elección ya está determinada, tenemos ahora que argumentar de tal manera que la elección se corrija, así como todo lo que pudo haber fallado”, comentó en entrevista.

La oposición; PRI, PAN, MC y PRD votó en contra de la minuta y señaló que la nueva reforma al Poder Judicial evidencia que el ejercicio tiene errores, que no es eficiente ni democrática.

También se avaló la minuta con proyecto de decreto para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez sostuvo una reunión de trabajo con le, las y los diputados locales, con quienes se comprometió a tener un trabajo coordinado, basado en el respeto y el diálogo.

En este encuentro también reconoció los resultados que han logrado concretar, poniendo en el centro el bienestar ciudadano. “Hago un reconocimiento muy especial a los compañeros que integran la LXII Legislatura porque más allá de intereses personales y más allá de las diferencias ideológicas han hecho algo muy posible que es escuchar y trabajar por el bien y la justicia de todos los mexiquenses”.

Durante el encuentro sostenido en Palacio de Gobierno, les reconoció en primera instancia la aprobación del Paquete Fiscal 2026, el cual destaca por destinar el mayor monto a programas sociales; la Ley de Salud; reformas a la Ley de Amnistía que amplía los supuestos de aplicación; el fortalecimiento de la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal.

Además de la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos; reformas al Código Civil para fortalecer el derecho a la identidad, permitiendo a los progenitores decidir libremente el orden de los apellidos, así como el reconocimiento de la identidad no binaria y la creación de panteones ecológicos como modalidad de inhumación sustentables.

“Quienes integramos el gobierno del Estado de México reconocemos el compromiso de este segundo periodo ordinario del segundo año legislativo, asimismo les reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando de manera coordinada, basada en el respeto y en el diálogo por un bien común que es el bienestar y la transformación de la vida de los más de 17 millones de habitantes del Estado de México”.

En tanto, Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), indicó que el Congreso no tiene pendientes con el Ejecutivo estatal, puesto que en dos años de trabajo le han aprobado 168 iniciativas. “Este Congreso no es una oficialía de partes, aquí las iniciativas no se reciben para archivarse ni se aprueban automáticamente, aquí se estudian, se discuten, se enriquecen”.

Y aseguró que, de acuerdo con el INEGI, hoy son el Congreso más productivo del país, pues en los dos años de trabajo han aprobado cerca de 900 propuestas, de las cuales 26 han sido reformas a la Constitución, logrando una aprobación unánime en el 94 por ciento.

“Hemos debatido desde la fuerza de nuestras convicciones, pero nunca desde la confrontación, porque de ahí no nacen acuerdos ni resultados. Aquí ha prevalecido el respeto entre grupos parlamentarios, el respeto entre Poderes y el respeto a la investidura de nuestra gobernadora porque cuando la política deja de ser confrontación y se convierte en construcción, los resultados llegan”.

En este acto estuvieron presentes titulares del Gabinete estatal e integrantes de los siete grupos parlamentarios: PRI, PAN, PVEM, MC, Morena, PT y PRD.

Con un balance de 59 decretos y 18 acuerdos, la LXII Legislatura del Estado de México concluyó su segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.

Lo anterior representa un índice de efectividad del 36.5% si se considera que celebró 16 sesiones plenarias, en las que se recibieron 211 productos legislativos, compuestos por 187 iniciativas y 24 puntos de acuerdo.

La presidenta de la Mesa Directiva, Martha Azucena Camacho Reynoso, resaltó que el 91.5 por ciento de los 59 decretos aprobados contó con el respaldo unánime de las distintas fuerzas políticas, mientras que los 18 acuerdos logrados alcanzaron un 94.5 por ciento de unanimidad.

«Esta legislatura entendió que las diferencias ideológicas no deben paralizar al estado, sino convertirse en acuerdos útiles para la ciudadanía”, afirmó Camacho Reynoso, ligando la productividad parlamentaria a la madurez política de los legisladores.

En el paquete de reformas aprobadas destacan medidas de impacto social, digital y de género, tales como la creación de la nueva Ley de Salud y la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México; la incorporación de sanciones contra la violencia vicaria y la violencia digital, así como el fortalecimiento de la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Por otro lado, respaldaron el reconocimiento a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos; la actualización de la Ley de Gobierno Digital mediante la regulación de la inteligencia artificial; nuevas reglas contra el nepotismo y endurecimiento de sanciones por delitos ambientales.

Además, los parlamentarios mexiquenses respaldaron cuatro reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enfocadas en la reducción de la jornada laboral, el combate al feminicidio, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la optimización del sistema electoral.

La propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para inscribir en la Constitución del Estado de México los programas sociales que operan en la entidad avanzó en comisiones del Congreso local. El objetivo es garantizar que estas políticas de apoyo tengan carácter permanente, cuenten con presupuesto asegurado y no sean utilizadas con fines electorales.

La iniciativa, presentada por el diputado Mariano Camacho a nombre del Grupo Parlamentario priista, fue discutida en sesión conjunta de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Desarrollo y Bienestar Social. El planteamiento busca blindar los recursos destinados a estos programas para que sean entregados de manera oportuna, sin recortes injustificados y sin condicionamientos políticos.

El documento plantea reformar el párrafo noveno del artículo 5 de la Constitución Política estatal, de manera que el respaldo a los beneficiarios quede garantizado por mandato constitucional. Entre los puntos centrales se encuentra la protección específica a las mujeres en situación de vulnerabilidad, con el fin de que no queden desprotegidas ante cambios de gobierno o recortes presupuestales.

Camacho subrayó que el combate a la pobreza debe asumirse como una tarea compartida por todos los actores de la vida pública, y que los programas sociales diseñados para atenderla requieren estabilidad y continuidad. En ese sentido, la propuesta priista plantea que se fortalezcan, crezcan en cobertura y cuenten con criterios claros para incorporar a más beneficiarios.

Durante la sesión de comisiones, también se presentaron otras cuatro iniciativas relacionadas con la materia: una por parte del Gobierno del Estado de México y tres más a cargo de legisladores de distintas fuerzas políticas. Estas propuestas coinciden en la necesidad de dar certidumbre jurídica y presupuestal a los programas sociales.

El Grupo Parlamentario del PRI reiteró su compromiso con la protección de las familias mexiquenses y con el impulso a mecanismos que permitan reducir los índices de pobreza, asegurando que el respaldo económico y social llegue de manera justa y sin manipulación política.

En respuesta al incremento del delito de despojo, el cual afecta directamente el patrimonio de la ciudadanía, el Congreso Local analiza en comisiones tres iniciativas y un punto de acuerdo para agravar penas y mejorar las estrategias para atender a víctimas.

Las iniciativas fueron presentadas por los grupos parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano para agravar penas, mientras que el Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo para proteger los bienes patrimoniales de la población.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, José Francisco Vázquez Rodríguez señaló que ya trabajan en propuestas que fortalezcan los mecanismos legales de defensa de la propiedad y advirtió la necesidad de que la ciudadanía tenga sus papeles en regla para que pueda denunciar estos ilícitos.

También recordó que el despojo ya está tipificado en el Código Penal (con penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa), pero que, ante el incremento en el número de casos, es necesario mejorar el marco legal y facilitar que se denuncie y se sancione.

Las iniciativas sobre este tema, dijo, podrían analizarse en un periodo extraordinario, al existir consenso sobre el tema.

¿Cuáles son las propuestas en análisis?

La propuesta del diputado Octavio Martínez Vargas (morena) es que el despojo sea considerado un delito grave y que las penas vayan de los 5 a los 10 años de cárcel cuando se realice en contra de una persona adulta mayor; con violencia física o mediante el rompimiento de cerraduras, forzando de puertas o a través de intimidación. Adicionalmente, contempla acelerar los procedimientos judiciales para la restitución de la posesión cuando la persona denunciante acredite la propiedad del inmueble.

La propuesta de José Miguel Gutiérrez Morales es sancionar el delito sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa. Propone ampliar los supuestos jurídicos en este delito, reconociendo, además de los vigentes, el desvío o uso de aguas propias o ajenas en los casos en que la ley no lo permita, el uso de una persona del derecho real sobre aguas que no le pertenezcan, así como ejercer actos de dominio que lesionen un derecho legítimo de la persona usuaria de dichas aguas.

De la bancada de MC, la legisladora Ruth Salinas Reyes formuló penas de hasta 25 años de prisión y de 500 días multa a la persona responsable de este delito, considerando agravantes como en el caso de que se trate de la ocupación de inmuebles privados destinados a la vivienda o a la explotación agrícola, por parte de personas adultas mayores, mujeres, indígenas o en situación de vulnerabilidad.

Para promover el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), facilitar la innovación, mejorar la eficiencia productiva y ampliar el acceso a servicios esenciales, el Partido Acción Nacional ha propuesto en el Congreso Local crear una Academia de Mercado Digital.

De acuerdo con la propuesta panista, esta agencia estaría a cargo del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), por lo que tendrá que generar acuerdos y convenios para impartir programas educativos, de capacitación y desarrollo de soluciones innovadoras y tecnológicas para beneficio de las y los emprendedores, y artesanos mexiquenses.

Estos acuerdos tendrán el principal objetivo de capacitar, formar y desarrollar en los 125 municipios a todas y todos los interesados en esta materia.

Y es que se indicó que tan solo en materia empresarial la adopción de TIC´s puede mejorar la eficiencia operativa, ampliar mercados y fomentar la innovación.

Pese a sus bondades, se refirió que las micro y pequeñas empresas carecen de los recursos y conocimientos necesarios para integrar tecnologías digitales en sus procesos.

Además, se considera necesario implementar una serie de agendas orientadas a fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones, desarrollar competencias digitales, integrar las tecnologías de información y comunicación en la educación, apoyar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, así como promover el gobierno electrónico.

El Ejecutivo del Estado de México presentó una iniciativa al Congreso Local para ampliar los supuestos a considerar para otorgar la amnistía, entendiéndose esta como el mecanismo mediante el cual se concede el perdón o el olvido legal, extinguiendo las acciones penales y las sanciones impuestas por la comisión de actos delictivos.

“La Ley de Amnistía del Estado de México representó un paso positivo para subsanar las deficiencias e injusticias que podrían haber estado presentes en casos dirimidos ante la autoridad jurisdiccional, principalmente por condiciones de marginación. La inclusión de estos nuevos supuestos busca promover una justicia más equitativa y restaurativa, en concordancia con el marco constitucional y convencional vigente”, explica la iniciativa.

A la par, se especifica que este beneficio es una herramienta correctiva del sistema de justicia penal, para evitar mantener su actuación bajo sesgos estructurales o sin tomar en cuenta condiciones de desigualdad que afectaron el debido proceso.

La propuesta de reforma a la Ley de Amnistía busca beneficiar a quienes padezcan enfermedad terminal o crónico degenerativa grave diagnosticada y a las mujeres acusadas o sentenciadas que no hubieren sido juzgadas con perspectiva de género o perspectiva de derechos humanos.

También a las personas acusadas o sentenciadas por delitos cometidos bajo una situación de vulnerabilidad manifiesta, desventaja, asimetría o existencia de alguna categoría sospechosa.

De igual manera sustenta que en algunos casos la aplicación del derecho penal carece de una visión integral que incorpore la perspectiva de género ni la interseccionalidad, lo cual ha generado consecuencias injustas para las mujeres que enfrentan procesos penales sin que se reconozcan sus contextos de vida, las violencias que las han llevado a esos lugares o las desigualdades estructurales que condicionaron su actuar, de ahí que se requiera mejorar el sistema de justicia.

Ante la crisis hídrica que se presenta en el Estado de México, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local anunció que presentará una iniciativa de ley cuyo objetivo es instalar purificadores de agua en las escuelas de nivel básico de la entidad.

El Coordinador de la bancada, José Alberto Couttolenc Buentello, acompañado de diputados locales ecologistas, desde el Instituto de Estudios Legislativos (INESLE) en Toluca precisó que, la propuesta plantea que la Secretaría del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) sean las responsables de instalar estaciones de purificación del líquido en las escuelas con mayor escasez hídrica.

De esta manera se utilizaría la tecnología de osmosis inversa, que permite filtrar el agua bajo presión para eliminar contaminantes y garantizar su potabilidad. “Nuestra meta es que para 2030 todas las escuelas del Estado de México y del país tengan acceso a agua potable purificada”.

Cada purificador tiene un costo aproximado de entre 75 mil y 150 mil pesos, y el mantenimiento anual de cada uno será de mil 500 a dos mil pesos. Por ello, se buscará una inversión estatal de aproximadamente 200 millones de pesos para instalar alrededor de tres mil sistemas de purificación de agua en una primera fase. Además, se buscará la colaboración de empresas privadas para apoyar esta causa.

Aquí también se presentó la propuesta de crear un programa de distribución gratuita de pipas de agua potable para las comunidades y escuelas con mayores problemas de escasez en la entidad.

La iniciativa del PVEM está alineada con el programa nacional “Vida Saludable, Vive Feliz”, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene como finalidad promover la salud y el bienestar de los niños y jóvenes, asegurando el acceso al líquido en más de 90 mil escuelas primarias en el país. “Queremos ser parte de este esfuerzo nacional y adaptarlo a las necesidades específicas del Estado de México”, afirmó Couttolenc.

“Este proyecto no resolverá de inmediato la crisis hídrica, pero es un paso fundamental para prevenir problemas de salud relacionados con el acceso al agua limpia, especialmente en un contexto de calor extremo y de enfermedades asociadas a la falta de agua potable”, concluyó.

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó en 2ª sesión extraordinaria un reajuste en las actividades que habrá de desarrollar en 2025, ello tras el recorte presupuestal de 158 millones de pesos que avaló el Congreso Local.

“Las prerrogativas de los partidos políticos tienen base constitucional y por ende no sufrieron disminución alguna, 984 millones serán destinados al financiamiento de sus actividades ordinarias y específicas lo que corresponde al 58% del total asignado a este Instituto, es decir, este recorte afectó a las actividades operativas del Instituto en exclusiva”, señaló la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez.

Explicó que en el Capítulo 2000 se redujeron previsiones para materiales, herramientas y refacciones; en el capítulo 3000 se realizaron ajustes para garantizar los servicios de telefonía convencional, vigilancia, servicios bancarios y arrendamiento de inmuebles; mientras que en el capítulo 5000 es en donde se sufrió el principal decremento, por lo que se ha avalado posponer inversiones como la adquisición de equipos audiovisuales, un sistema fotovoltaico y otras mejoras que hubieran actualizado el patrimonio institucional.

Sobre el capítulo 1000, pese al recorte se avaló incrementar los salarios del personal hasta los niveles mandos medios, no contemplando incremento alguno a las consejerías.

Por lo que respecta al financiamiento de los partidos políticos, los siete con registro ante el IEEM tendrán 984.3 millones de pesos: 955.6 millones para actividades ordinarias y 28.6 millones para actividades específicas.

Al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le serán destinados 163 millones, al de la Revolución Democrática (PRD) 71.9 millones; Partido del Trabajo (PT) 80.6 millones, Morena 335.4 millones, Verde Ecologista de México (PVEM) 96.8 millones, Movimiento Ciudadano 115.3 millones y Acción Nacional (PAN) 121.1 millones.

La LXII legislatura aprobó en el Pleno las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2023 de los Poderes Públicos, Organismos Auxiliares, Órganos Autónomos, así como de los Ayuntamientos.

Una vez que han sido calificadas y aprobadas por unanimidad las Cuentas Públicas, se ha dejado claro que el proceso de investigación de las observaciones detectadas en ellas, continua, por lo que las instancias no se eximen de responsabilidad en caso de detectarse actos indebidos.

Se indicó que derivado de la Cuenta Estatal 2023, se analizó los actos de fiscalización que sumaron 54 auditorías: 22 de Cumplimiento Financiero, 9 de Inversión Física, 8 de Legalidad y 15 de Desempeño, eso sin contar las revisiones a los organismos auxiliares.

“Una vez concluida la etapa de auditoría, las observaciones determinadas continúan con la etapa de seguimiento, a la fecha de la emisión de este dictamen, las 54 auditorías se encuentran en etapa de seguimiento, etapa en la que tienen el derecho de aclarar a efecto de subsanar las acciones determinadas”, precisa el dictamen.

A la par añade que, de subsistir observaciones, serán turnadas a la Unidad de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

Por lo que respecta a las Cuentas Públicas 2023 de los municipios y organismos descentralizados, se refirió que los actos de fiscalización comprendieron 99 auditorías practicadas: 23 de Cumplimiento Financiero, 25 de Inversión Física, 27 de Legalidad y 24 a Desempeño.

Asimismo, se acordó como medida que el OSFEM deberá informar trimestralmente a la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano, los avances en la etapa de aclaración de las observaciones promovidas al Poder Ejecutivo, organismos auxiliares y autónomos del Estado de México.

La diputada local y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la LXI Legislatura Local, Paola Jiménez Hernández informó que, a partir de enero de 2025, el 100% de los Ayuntamientos del Estado de México deberán catar la ‘Paridad en Todo’, es decir, tendrán que garantizar que la mitad de sus mandos medios y superiores sean encabezados por mujeres.

Al día de hoy, dijo, el 37% de los ayuntamientos cumple con esta determinación, por lo que se espera que, a partir de los próximos gobiernos municipales, se pueda dar cumplimiento pleno a este mandato que fue aprobado hace un año por el Congreso Local.

“Tiene casi un año que aprobamos esta ley del 50% de acceso a mujeres a cargos de mandos medios y superiores, en la administración pública centralizada y descentralizada, de sus juntas de gobierno, es decir, es transversal, es paritaria, pero también es total”, señaló.

Precisó que la ley no habla de observar, sino de que los ayuntamientos garanticen esta ley, con la cual, la Secretaría, Tesorería, unidades administrativas y organismos auxiliares deberán ser encabezadas también por mujeres.

“Estoy convencida de que lo harán porque algunos alcaldes se han puesto en contacto con su servidora para conocer más sobre esta ley y saber cómo darle cumplimiento e incluso algunos nos han compartido que tendrán a más del 60% de mujeres en estos cargos”, dijo.

Finalmente, refirió que de no cumplir lo mandatado en la ley, será la LXII quien emita un exhorto y dé un plazo perentorio a los gobiernos municipales para que puedan dar cumplimiento.