El gobierno mexicano procedió legalmente contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, tras las declaraciones que emitió luego de que su cliente se declarara culpable ante una corte en Chicago. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Consejería Jurídica presentó la demanda por difamación en territorio nacional.

Lichtman, quien representa al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, criticó al gobierno de México por solicitar su participación en el acuerdo de culpabilidad alcanzado por Ovidio Guzmán. Además, acusó a las autoridades mexicanas de proteger a personajes vinculados al narcotráfico y de haber violado acuerdos bilaterales en el caso del general Salvador Cienfuegos.

Sheinbaum calificó los señalamientos como ofensivos y recalcó que su gobierno no sostiene relaciones de complicidad con ningún grupo delictivo. Aseguró que la denuncia queda en manos de la Consejería Jurídica y descartó continuar abordando el tema públicamente.

Durante su conferencia matutina, la presidenta lamentó que la oposición aproveche estos señalamientos para atacar a su administración. También acusó a sus críticos de actuar sin sentido patriótico, al usar tanto la demanda como los recientes aranceles al jitomate para desacreditar al gobierno federal.

Reprochó que, mientras algunos sectores defienden intereses extranjeros, ignoren las administraciones pasadas, en las cuales se dispararon los niveles de violencia en el país. Cuestionó que no se haya exigido responsabilidad a gobiernos anteriores por el incremento de homicidios entre 2006 y 2018.

Para Sheinbaum, el país requiere autoridad moral y política, elementos que —afirmó— guían su administración. Dio por concluido el tema de Lichtman, al señalar que la historia hablará por su gobierno.

A través de la aplicación del Proyecto Prioritario “Garantizar la revisión gratuita y exhaustiva de casos considerados injustos der personas privadas de su libertad”, María Guadalupe González Martínez, originaria de Temoaya, obtuvo su libertad y fue reintegrada a su hogar.

La mujer perteneciente a la etnia Otomí, se encontraba privada de su libertad desde el pasado 4 de julio de 2022 en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, pero obtuvo su libertad gracias a los argumentos expuestos por su abogado del Instituto de la Defensoría Pública (IDP) dependiente de la Consejería Jurídica, quien solicitó la revisión de medida cautelar, la cual, fue modificada por la colocación de brazalete electrónico.

El Gobierno del Estado de México que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Consejería Jurídica, fortalece una justicia práctica, pronta y expedita de los pueblos originarios de la entidad y reafirma su vocación de garantizar su dignidad y la protección de sus Derechos Humanos.

González Martínez pasó dos años en prisión en el penal de Santiaguito por acusaciones de feminicidio en grado de tentativa y secuestro en contra de la actual pareja del padre de sus hijos y solicitarle el pago de la pensión alimentaria para sus descendientes.

Durante este tiempo, María Guadalupe contó con el respaldo de su familia, que solicitó la intervención de la Gobernadora Delfina Gómez, durante la Segunda Sesión Itinerante de la Sala de Asuntos Indígenas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, donde la Consejería Jurídica conoció del tema e instruyó revisar el expediente para impulsar una justicia humanista que privilegie el contexto.

La mujer originaria del Llano de Y, del municipio de Temoaya, podrá llevar su procedimiento en libertad por el delito de secuestro en agravio de persona de identidad reservada.