Los coordinadores parlamentarios de los partidos aliados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en el Congreso Local coincidieron en que el ejercicio de debate público sí abonará a la definición del voto.

El panista Enrique Vargas del Villar afirmó que es un ejercicio necesario para los ciudadanos, a fin de que tengan la oportunidad de valorar las dos propuestas y tener con ello, una definición más en su voto.

Por su parte, el líder de la bancada del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura, Elías Rescala Jiménez indicó “es un ejercicio importante de cara a la ciudadanía y que creo que en ese debate puede esclarecerse quién tiene la capacidad para gobernar, quién tiene las mejores propuestas y la capacidad para implementarlas”.

Lo anterior en el marco del próximo debate público a realizarse el jueves 20 de abril, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), en donde será el primer encuentro “cara a cara” entre las dos aspirantes a la gubernatura, Alejandra Del Moral Vela y Delfina Gómez Álvarez.

Por lo que respecta a las licencias, se indicó que hasta el momento ninguna de las dos bancadas se tiene previsto que sus integrantes presenten próximamente solicitudes de licencia para separarse del cargo como legisladores.

“No tenemos contempladas licencias de la bancada, nuestro trabajo parlamentario sigue y nosotros estamos en apoyo a la campaña pero no estamos al 100% las 24 horas, nosotros estamos en la campaña pero siempre respetando el trabajo legislativo”, aseguró Vargas del Villar.

Para fortalecer los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses, las Comisiones Unidas para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; Para la Igualdad de Género; Procuración y Administración de Justicia, aprobaron reformar 11 leyes del Estado de México en torno a seis temas prioritarios: feminicidio infantil, violencia familiar, desaparición de niñas y mujeres, violencia sexual, huérfanos de mujeres víctimas de feminicidio y feminicidio.

En el marco de la iniciativa Spotligth para prevenir y eliminar el feminicidio, las y los diputados hicieron el compromiso de modificar 17 leyes estatales, logrando aprobar las primeras 11 que serán presentadas al Pleno para su votación, y dejando pendientes seis: modificaciones a la Ley de Educación del Estado de México, a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, al Código Administrativo, al Código Civil, de Procedimientos Civiles y al Código Penal, todos del Estado de México.

Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, indicó que de acuerdo con datos del INEGI, en el Estado el 78.7% de las mujeres mayores de 15 años experimentan algún tipo de violencia a lo largo de su vida, por lo que es una de las entidades prioritarias de atender.

“Uno de los pilares centrales de esta iniciativa es el apoyo al trabajo legislativo, acompañar a los congresos estatales al diagnóstico de sus leyes, a mejorarlas y generar una eficacia en el acceso a las mujeres a una justicia”, dijo.

Si bien, han logrado un avance al modificar leyes, indicó que el reto ahora será hacer que se cumplan, por lo que exhortó a los tres Poderes del Estado a trabajar coordinadamente para garantizar que se aplique lo modificado; el dotar de presupuesto a todas las disposiciones legislativas que derivan de estas reformas; agilizar procesos judiciales para los casos de feminicidio y tentativa pendientes de sentencia; que se redoblen los esfuerzos en la prevención desde los sistemas educativos a todos los niveles; y apoyar a las organizaciones y redes de mujeres y niñas que acompañan a las víctimas.

Leyes modificadas

Las 11 leyes modificadas son: la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México, en donde se añaden los principios de integridad, pro persona e inmediatez, se añaden los sistemas normativos basados en usos y costumbres, que los ministerios públicos realicen las gestiones necesarias, el traslado de víctimas, entre otras; la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado en donde se agrega la violencia familiar, libertad sexual, trata de personas y desaparición de personas, también los principios jurídicos desde las perspectivas de género; la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de México en donde se establece la obligación de los servidores públicos denunciar ante algún caso de violencia en contra de menores, se habla del sistema estatal de protección, y de los menores que son víctimas directas o indirectas de un crimen de odio.

La reforma a la Ley de Movilidad del Estado encaminada a la implementación de políticas públicas y programas que incentiven el uso de herramientas tecnológicas para la prevención y atención de la violencia; la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil en donde se añade el monitoreo y verificación de ambientes seguros y libres de violencia; a la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios en donde se agrega el término víctima indirecta derivado de un feminicidio; a la Ley de Seguridad para ejecutar con debida diligencia, no inhibir, intimar la violencia de género y desaparición; a la Ley de Víctimas en donde se añade la transversalidad de la perspectiva de género, la perspectiva de infancia y adolescencia, y se añaden las medidas de protección y sus principios; a la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación Ciudadana en donde se agregan los programas específicos, enfocados a las familias, mujeres, niñas, adolescentes y hombres; a la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en donde se extiende el apartado de acoso sexual, al mismo tiempo se habla de los protocolos para la atención de primer contacto; y a la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado para poder generar políticas públicas para la atención y denuncia de cualquier tipo de violencia.

Es de referir que en este evento estuvieron presentes el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura, Maurilio Hernández; la secretaria de las Mujeres, Denisse Ugalde Alegría; el representante residente del PNUD, Lorenzo Jiménez de Luis; Irinea Buendía, representante de la sociedad civil, entre otros.