La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La decisión judicial, adoptada por unanimidad, avaló lo dispuesto previamente por la Cámara de Casación Penal y dejó firme una pena de seis años de prisión por defraudación al Estado a través de contratos de obra pública. También se dispuso el decomiso de una suma millonaria en pesos argentinos.

El expediente judicial se centra en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El tribunal determinó que existió un esquema de direccionamiento de contratos y sobreprecios en perjuicio del Estado.

A partir de este fallo, el Tribunal Oral Federal N.º 2 deberá definir cómo se implementará la condena. Existen versiones que indican que la exmandataria podría cumplir prisión domiciliaria debido a su edad, aunque no hay confirmación oficial. Cristina Fernández manifestó su rechazo a la sentencia, que vinculó con una estrategia de persecución impulsada por sectores del poder económico.

La reacción política fue inmediata. Javier Milei celebró la resolución de la Corte y la describió como una muestra del funcionamiento institucional. Desde su cuenta oficial, el presidente cargó también contra periodistas a quienes acusó de haber montado campañas en favor de la exmandataria. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó en el mismo sentido y destacó que el proceso judicial se desarrolló con todas las garantías.

Por su parte, Cristina Fernández volvió a expresar su desacuerdo con el fallo y afirmó que no se trata únicamente de un tema judicial, sino también de una maniobra para limitar la participación del peronismo en la vida política. Desde la sede del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con dirigentes y simpatizantes, reiteró su postura crítica hacia el gobierno actual y defendió su trayectoria como dirigente.

El fallo generó un amplio despliegue de seguridad en las inmediaciones de la Corte Suprema, mientras se desarrollaban manifestaciones de respaldo a la exmandataria. Diversos sectores sindicales también anunciaron que podrían convocar a medidas de fuerza en caso de que se concrete su detención.

Este nuevo capítulo impacta en el escenario político del país. La condena deja a Fernández sin posibilidad de participar como candidata en las próximas elecciones, lo que modifica el mapa electoral del peronismo en la Provincia de Buenos Aires. La situación también reaviva el debate sobre el uso del sistema judicial en disputas políticas y la relación entre los distintos poderes del Estado.

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump avanzar con la cancelación de permisos humanitarios para más de medio millón de personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La medida elimina una protección legal que había permitido a estos migrantes permanecer en el país, en medio de contextos de crisis humanitaria en sus lugares de origen.

Con esta decisión, las autoridades pueden suspender el estatus temporal sin necesidad de una evaluación individual para cada caso. El proceso, que había sido detenido por un tribunal federal en Boston, seguirá su curso mientras se desarrolla el litigio en instancias inferiores.

El gobierno defendió su postura al señalar que el permiso humanitario se diseñó como una medida transitoria, sin vocación de permanencia, y argumentó que las condiciones en los países de origen justifican el fin de esta política. Según esta visión, mantener activa la protección de forma general comprometería los planes de deportación y complicaría la administración migratoria.

Algunas voces en el poder judicial expresaron su rechazo a la orden. Dos magistradas del máximo tribunal señalaron que esta acción incrementa la vulnerabilidad de cientos de miles de personas que ahora enfrentan un escenario incierto. También se mencionó que la decisión podría generar consecuencias sociales y humanitarias significativas, debido al volumen de migrantes afectados.

Durante su mandato, Trump impulsó una política migratoria centrada en la reducción drástica del número de personas con estatus legal temporal. La administración actual había heredado permisos extendidos bajo un programa que comenzó a utilizarse con más intensidad en los últimos años, el cual exigía patrocinadores financieros y pagos previos al viaje para quienes deseaban ingresar.

Ahora, el futuro de más de 500 mil migrantes dependerá del curso judicial en las cortes federales. Aunque la orden de la Corte Suprema no resuelve el caso de fondo, su impacto inmediato modifica las condiciones de permanencia de los beneficiarios, quienes ya no cuentan con respaldo legal mientras continúa el litigio.

El empresario Elon Musk visitó el Capitolio para discutir con senadores republicanos el uso de una herramienta legislativa poco conocida, denominada rescisión presupuestaria, que permitiría consolidar legalmente los recortes promovidos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Durante un almuerzo con los legisladores, se exploró cómo la Casa Blanca podría integrar estos ahorros en un paquete que posteriormente sería enviado al Congreso para su votación.

La reunión coincidió con una decisión de la Corte Suprema que afectó los intentos del gobierno de Donald Trump por congelar fondos destinados a ayuda internacional. Ante este panorama, Musk alentó al Congreso a actuar, mientras los senadores le explicaban el proceso legislativo que podría dar respaldo legal a sus esfuerzos por reducir el gasto gubernamental.

Horas después, Musk se reunió con miembros de la Cámara de Representantes en un encuentro donde se discutieron problemáticas específicas en la implementación de los recortes. Durante la conversación, se aclaró que las decisiones de despidos en agencias federales no eran responsabilidad directa de Musk, sino de las entidades correspondientes.

El senador Rand Paul sugirió formalizar las reducciones de gasto a través de paquetes de rescisión presupuestaria, asegurando que esta estrategia permitiría institucionalizar los ahorros y evitar que queden solo en el discurso. La propuesta, sin embargo, enfrenta obstáculos, pues algunos legisladores podrían resistirse a recortes que afecten programas específicos o intereses locales.

La posibilidad de que estos paquetes sean aprobados depende de la alineación dentro del Partido Republicano, ya que, aunque el proceso permite evitar bloqueos legislativos de la oposición, garantizar la unidad del partido no es una tarea sencilla. Algunos senadores expresaron preocupación por el impacto de los recortes en los trabajadores federales, aunque también resaltaron la necesidad de reducir el tamaño del gobierno.

En este contexto, la Casa Blanca evalúa sus próximos pasos en la gestión del presupuesto y el futuro de los recortes propuestos. La iniciativa representa un intento por reforzar el control del gasto público y enfrentar el déficit federal, pero su viabilidad legislativa sigue siendo incierta.

El 8 de noviembre, el máximo tribunal penal de Argentina ratificó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia, dictada en 2022 por un tribunal federal, se basa en un caso de fraude al Estado relacionado con la asignación irregular de contratos de obras públicas durante su mandato presidencial (2007-2015). La exvicepresidenta, también líder del peronismo, continuará su lucha legal para revertir la decisión ante la Corte Suprema, lo que podría prolongar el proceso durante varios años.

La condena se refiere a la entrega de contratos de obras públicas al empresario Lázaro Báez, un allegado político de Fernández, quien, junto a otros exfuncionarios de su gobierno, también fue sentenciado a diversas penas de prisión. La acusación central señala que la asignación de estos contratos se realizó de manera irregular y en beneficio personal, lo que constituyó un acto de defraudación al erario público.

A pesar de la ratificación de la condena, Fernández no enfrentará de inmediato una pérdida de libertad ni tendrá restricciones para presentar su candidatura a cargos públicos en el futuro cercano. Su defensa ha insistido en que se trata de una persecución judicial impulsada por sectores opositores, una narrativa respaldada por sectores del kirchnerismo, que denuncian lo que consideran un uso político del sistema judicial para debilitar a figuras del oficialismo.

La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en una audiencia celebrada en los tribunales federales de Buenos Aires, donde ni Fernández ni los otros condenados estuvieron presentes. En las inmediaciones de los tribunales, militantes kirchneristas se agruparon para protestar contra lo que califican como un caso de «lawfare», un término que utilizan para describir la manipulación de procesos judiciales con fines políticos.

El fallo reafirma una serie de investigaciones y juicios que han afectado la carrera de la expresidenta, pero también ha generado un amplio debate sobre la independencia del poder judicial en Argentina y su relación con las luchas políticas en el país. El futuro de Fernández, tanto en el ámbito judicial como político, dependerá ahora de los recursos legales que presente ante la Corte Suprema, cuyo pronunciamiento podría demorar años.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado la apelación presentada por Apple en relación con las reglas de su tienda de aplicaciones para iPhone, lo que podría tener consecuencias significativas para los ingresos de la compañía. La decisión se basa en una demanda antimonopolio de 2020 presentada por Epic Games, fabricante del popular videojuego Fortnite, que alegaba prácticas comerciales desleales de Apple en su tienda.

El tribunal confirmó la decisión de un tribunal inferior que calificó las reglas de la tienda de Apple como competencia desleal según la ley de California. Aunque Epic Games perdió su demanda antimonopolio general, la Corte Suprema levantó una orden que permitiría a los desarrolladores de aplicaciones enlazar opciones de pago alternativas, evitando así las comisiones de Apple, que oscilan entre el 15% y el 30%.

Estas tarifas de la App Store representan una parte significativa de los ingresos de servicios de Apple, que generaron 85,000 millones de dólares en el último año fiscal.

La posibilidad de que los desarrolladores eviten estas tarifas podría tener un impacto considerable en la empresa. La noticia ha influido en las acciones de Apple, que han bajado un 5% este año, permitiendo que su rival, Microsoft, supere su valor de mercado.

Aunque la Corte no respaldó la afirmación de un monopolio de aplicaciones móviles por parte de Apple, indicó que los consumidores deberían tener más libertad en la elección de métodos de pago. Tim Sweeney, CEO de Epic, lamentó la decisión de la Corte, pero destacó la posibilidad de que los consumidores obtengan «mejores precios en la red». Apple aún no ha comentado sobre la decisión de la Corte Suprema y cómo implementará el fallo de septiembre de 2021.