El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) identificó una red de corrupción vinculada a la Fundación ISSSTE, organización creada en 2016 bajo la figura de asociación civil. Marti Batres, director general del instituto, expuso que esta entidad recibió recursos y espacios sin la debida transparencia, lo que derivó en una denuncia penal.

Entre las irregularidades detectadas, se encontró que en 2017 la fundación recibió cinco millones de pesos destinados a la compra de insumos médicos para el ISSSTE. Sin embargo, no hay registros sobre el uso de estos recursos, y se constató que los insumos podían ser adquiridos directamente por el instituto. La única compra documentada a nombre de la fundación fue una máquina para tratamientos dermatológicos.

Asimismo, se entregaron 27 espacios dentro del ISSSTE para la instalación de cafeterías y máquinas expendedoras sin contraprestación alguna. Se argumentó que los ingresos generados por estos negocios beneficiarían al instituto, pero no se encontraron pruebas sobre el destino de esos fondos.

Ante esta situación, el ISSSTE inició un proceso para recuperar los espacios otorgados a la fundación y deslindar responsabilidades. Además, el 25 de agosto se interpuso una denuncia penal por la ocupación indebida de oficinas del instituto. También se solicitó que la organización dejara de utilizar el nombre del ISSSTE y se pidió a la Secretaría de Economía la revocación de su denominación.

A pesar de estos esfuerzos, la entrega de oficinas ubicadas en San Fernando quedó en pausa debido a un amparo concedido por un juez federal el 10 de enero.

La Fundación ISSSTE fue creada el 15 de noviembre de 2016, con José Reyes Baeza como presidente honorario y José Narro Robles como vicepresidente honorario. Las denuncias presentadas no son de carácter particular contra estos exfuncionarios, sino que han sido dirigidas ante el Ministerio Público, instancia encargada de determinar responsabilidades.

La diputada Azucena Cisneros dio a conocer que presentará una denuncia penal contra el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, por obstrucción de obra estatal y abuso de autoridad. Esta acción se debe a la detención arbitraria de 18 trabajadores que estaban llevando a cabo una obra estatal para rehabilitar un parque en la colonia Ciudad Azteca.

Es importante destacar que esta no es la primera vez que el alcalde frena esta obra, ya que en una ocasión anterior se detuvo a 23 trabajadores, impidiendo terminar con el proyecto proyectado en beneficio de miles de familias de la región y contribuiría a mejorar los espacios públicos en un municipio con altos índices de inseguridad.

La diputada local, Azucena Cisneros, explica que Ecatepec ha registrado altos índices de inseguridad, como lo demuestran las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los meses de abril a mayo de este año, se denunciaron numerosos delitos, entre ellos 811 robos a transeúntes en vía pública con violencia, 603 robos de vehículo con violencia, 342 robos en transporte público colectivo y 526 robos a negocios con violencia. Ante esta situación, la rehabilitación del parque se vuelve aún más relevante para brindar espacios seguros a la comunidad.

La detención de los trabajadores se llevó a cabo sin mediar palabra por parte de patrullas de la policía municipal, quienes llegaron al parque donde se realizaban labores de rehabilitación en las canchas de basquetbol, fútbol y juegos infantiles. La obra estatal fue gestionada por la diputada del Distrito 8 local en respuesta a las demandas de los vecinos y cumplió con todos los requisitos legales y documentación necesaria. A pesar de esto, el alcalde de Ecatepec ha frenado la obra en dos ocasiones, según denuncia la legisladora.

La diputada Cisneros ha exigido la liberación inmediata de los trabajadores que fueron detenidos de forma arbitraria, sin ningún motivo justificable. Además, recalca la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades para responder a las necesidades de la comunidad, en lugar de abusar de la autoridad.

Ante la intervención policiaca, los vecinos expresaron su inconformidad y solicitaron que no se detuviera a los trabajadores, ya que su labor es en beneficio de la comunidad. Lamentablemente, sus peticiones fueron ignoradas por los uniformados municipales.

Los vecinos de Ciudad Azteca también manifestaron su descontento con el Ayuntamiento de Ecatepec, señalando que los trabajadores están realizando una labor positiva al remodelar un espacio que anteriormente era un chiquero y un basurero.

Florencio Trujillo

Naucalpan, Méx.- La Administración Municipal anterior aprovechó la pandemia para realizar compras con sobreprecios y hacer uso indebido de los recursos públicos en provecho personal, por lo que se han realizado las demandas penales correspondientes contra los responsables, informó la presidenta Angélica Moya Marín.

La alcaldesa de Naucalpan Angelica Moya Marín anunció que interpuso una demanda penal en contra la Administración Municipal anterior y contra los ex directivos del organismo de agua y saneamientos OAPAS Ricardo Gudiño, por el ejercicio indebido de recursos públicos, ya que abusaron de las finanzas públicas en beneficio propio.

En conferencia de prensa Angélica Moya Marín, informó que presentó de manera formal una denuncia penal en contra de Patricia Durán Reveles y del ex director del organismo OAPAS Ricardo Gudiño, además involucra al ex tesorero Leopoldo Corona.

Explicó que los ex funcionarios de la Administración anterior aprovechándose de la pandemia, hicieron compras obsoletas y con sobre precio, como la adquisición de una unidad móvil equipada para sanitizar, la cual teniendo un precio comercial de 1 millón de pesos el gobierno anterior pagó en 4.5 millones de pesos.

Agregó la alcaldesa que el 28 de diciembre de 2021 el gobierno de Patricia Durán pagó 28 MDP en servicios de sanitización de escuelas a la empresa RH Noch SA de CV, cantidad que usó de la partida que Servicios Públicos tenía destinados para la disposición final de desechos, dañado el patrimonio de Naucalpan al usar 28 millones de pesos sanitizando escuelas que estaban cerradas todo el año, mientras que los trabajadores no recibieron sus salarios de meses trabajados.

Añadió la alcaldesa que desde 1992 el organismo OAPAS ha prestado servicios a Naucalpan, y llegó a ser el mejor organismo de todo el país, pero el egoísmo y la ambición llevó a servidores públicos a dañar el patrimonio, Oapas fue visto como una mina de oro para los funcionarios corruptos del gobierno anterior. que pusieron en riego el abasto de agua a la población del municipio.

informó que presentó de manera formal una denuncia penal en contra de Patricia Durán Reveles y del ex director del organismo OAPAS Ricardo Gudiño, además involucra al ex tesorero Leopoldo Corona., pero en realidad era una barredora que adaptaron para que hiciera la función de sanitizar.

Se dijo que el vehículo era necesario para salud de los naucalpense y el precio en el mercado de la máquina Duvelo es menor a los 2 millones de pesos, pero el costo que puso la empresa Fes Maza SA de CV fue de 4 millones y medio. La máquina funcionó un mes y el vendedor se negó a repararla con el argumento de que había vencido la garantía.

Por lo anterior se instruyó al consejo directivo de OAPAS a que inicie los procedimientos legales para por la responsabilidad legal en contra los funcionarios.