Un llamado de atención se ha dirigido a la administración de Donald Trump por parte de Naciones Unidas debido a la destitución y reasignación de funcionarios judiciales en Estados Unidos. La experta en derechos humanos Margaret Satterthwaite expresó su preocupación por el impacto de estas medidas en el estado de derecho y la independencia judicial.

Desde el 20 de enero de 2025, una serie de fiscales, abogados y jueces de inmigración han sido removidos de sus cargos sin seguir procedimientos regulares. Entre los afectados, se encuentran fiscales del Departamento de Justicia que participaron en investigaciones sobre el presidente Trump o en casos relacionados con el asalto al Capitolio en 2021. Algunos de estos funcionarios han optado por renunciar tras considerar inapropiadas ciertas acciones que se les solicitó ejecutar.

Estas destituciones han ocurrido en un contexto en el que miembros del gobierno han hecho declaraciones públicas descalificando a jueces y fiscales, calificándolos como herramientas de la administración anterior. En paralelo, el 5 de febrero de 2025, el Fiscal General anunció la formación de un grupo de trabajo enfocado en examinar las acciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley durante los últimos cuatro años. Esto ha generado inquietud sobre la posibilidad de que las destituciones sean el inicio de una reestructuración más amplia, en la que los funcionarios removidos sean reemplazados por personas leales a la nueva administración.

En el Congreso, se han presentado artículos de «impeachment» contra jueces federales que han fallado en contra del gobierno, mientras que altos asesores legales de las fuerzas militares también han sido relevados de sus funciones. Estos funcionarios desempeñaban un papel clave en asegurar que las acciones militares se ajustaran a la ley y al derecho internacional humanitario.

La Relatora Especial de la ONU ha enfatizado la importancia de un sistema judicial independiente para la preservación del estado de derecho y la separación de poderes. En este sentido, ha instado al gobierno de Estados Unidos a cesar cualquier interferencia en la justicia y permitir que las decisiones judiciales se guíen por la legalidad y no por intereses políticos.

El gobierno de Estados Unidos decidió suspender el programa de asistencia legal destinado a niños migrantes no acompañados en los tribunales de migración. Esta medida dificulta el acceso a representación jurídica para menores que enfrentan procesos de deportación sin recursos para costear un abogado.

El Centro Acacia para la Justicia, encargado de atender a miles de niños bajo un contrato federal, informó que la orden de suspensión se emitió sin una explicación clara por parte del Departamento del Interior. Según el comunicado recibido, la decisión responde a causas fuera del control de la agencia y no implica una evaluación negativa del desempeño del programa. La suspensión continuará hasta nuevo aviso.

El Departamento del Interior y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que tienen a su cargo la supervisión de los menores migrantes en Estados Unidos, no han emitido declaraciones sobre los motivos de esta determinación. Acacia, por su parte, administra el programa a través de una red de organizaciones en distintas regiones del país, encargadas de ofrecer asistencia legal a niños y adolescentes menores de 18 años.

Esta decisión se suma a la reciente pausa temporal de otro programa de apoyo legal para personas en proceso de deportación, implementada por el Departamento de Justicia. Tras recibir una demanda de grupos defensores de los derechos de los migrantes, la financiación de este último programa fue restablecida.

Las personas que enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos pueden contratar representación legal por cuenta propia, pero no reciben asistencia gubernamental para ello. Las organizaciones que dependen de fondos federales para proporcionar apoyo legal a niños migrantes han expresado preocupación por el impacto de la suspensión, señalando que los menores más vulnerables serán los más afectados.

Ante la ausencia de representación adecuada, las dificultades para los niños en los tribunales de migración se intensifican. La posibilidad de que deban defenderse por sí mismos en estos procesos genera inquietud entre especialistas y defensores de los derechos humanos.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, ha presentado una apelación contra la sentencia de 38 años y cuatro meses dictada por un tribunal de Nueva York. Esta decisión se tomó en respuesta a su condena por vínculos con el Cártel de Sinaloa y la multa de 2 millones de dólares que se le impuso.

La apelación, fechada el 18 de octubre, se dio a conocer recientemente. En febrero de 2023, un jurado neoyorquino declaró a García Luna culpable de cinco delitos relacionados con narcotráfico y de haber mentido a un agente migratorio estadounidense. La decisión del jurado fue unánime, lo que destaca la gravedad de las acusaciones.

García Luna, quien mantuvo una relación cercana con Calderón y desempeñó un papel crucial en la estrategia de seguridad del gobierno, fue arrestado en diciembre de 2019 por agentes de la DEA en Dallas, Texas. Su detención se produjo tras ser formalmente acusado de narcotráfico y falsedad ante un funcionario migratorio.

La condena impuesta por el juez Cogan representó un revés para los fiscales del Departamento de Justicia, quienes habían solicitado una pena de cadena perpetua para García Luna, enfatizando la gravedad de su involucramiento en actividades delictivas.

Con la apelación, García Luna busca revertir la sentencia y enfrentar los cargos en un nuevo proceso, en medio de un contexto de creciente escrutinio sobre la corrupción y la colusión entre autoridades y el crimen organizado en México.