En el primer semestre del año en curso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) recibió un total de 3,327 quejas relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos. Según los datos proporcionados por el Micrositio Transparencia Proactiva de la CODHEM, desde el 1 de enero hasta el 18 de julio de 2023, se iniciaron 810 quejas contra la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) y 516 quejas por acciones u omisiones del personal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del estado.

Asimismo, se registraron 593 quejas dirigidas al Sector Educativo, con 378 quejas relacionadas con la Secretaría de Educación estatal y 215 con los Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Además, se presentaron 122 quejas contra el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). Es importante mencionar que una queja puede involucrar a más de una autoridad responsable.

Ecatepec fue el municipio que recibió el mayor número de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, seguido por Toluca, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chalco, Almoloya del Río y Naucalpan.

Entre los derechos más afectados por parte de las personas servidoras públicas estatales y municipales se destacan el derecho a la debida diligencia, a una educación libre de violencia, a la fundamentación y motivación de las decisiones, a no ser sometido a un uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, y a una adecuada administración y procuración de justicia.

Según la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), desde el 1 de enero hasta el 17 de julio del año en curso, se recibieron 495 quejas presentadas directamente por personas privadas de la libertad (PPL). La mayoría de estas quejas fueron presentadas durante las visitas de supervisión realizadas por el personal de la Visitaduría Especializada de Atención a PPL, y el Personal de la CODHEM brindó 1,430 asesorías jurídicas en dichas visitas o de manera telefónica.

De los más de 3 mil expedientes concluidos, tanto de este año como de años anteriores, el 51% se resolvieron durante el proceso correspondiente. Los motivos de conclusión también incluyen casos que no constituyeron violaciones a derechos humanos, la improcedencia de la queja, la incompetencia del Organismo Defensor para conocer los hechos, la resolución mediante conciliación o mediación, y el desistimiento del quejoso o agraviado.

La Quinta Cumbre Iberoamericana de Movilidad Humana y Derechos Humanos, denominada «De la palabra a la Acción», organizada por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Defensoría del Pueblo de Bolivia, contó con la participación de Myrna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y representante de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).

Durante su intervención en la Mesa Redonda titulada «Retos, desafíos y respuestas de las Defensorías del Pueblo, Procuradurías y otras instancias ante los nuevos contextos de protección internacional en la región», la señora García Morón instó a abordar de manera consciente los problemas globales que afectan a la realidad de Latinoamérica.

En su discurso, la presidenta de la CODHEM destacó la difícil situación que enfrentan varios países de la región, caracterizada por la falta de empleo, problemas de salud, inseguridad, impunidad, crisis económica, inflación, crisis política, corrupción, narcotráfico y violaciones estructurales y sistemáticas de los derechos humanos.

En este contexto, señaló que los organismos de tutela no jurisdiccional de los derechos humanos han adquirido un papel fundamental al ofrecer soluciones parciales a la crisis de justicia que atraviesan los tribunales jurisdiccionales, así como en la promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo, también reconoció que dichas soluciones son insuficientes para abordar la magnitud de los desafíos actuales.

Un tema relevante que abordó la representante de la FMOPDH fue el acceso al territorio y la defensa de los derechos de migrantes y refugiados. García Morón propuso la creación de organismos de defensa especializados en temas migratorios y de refugio, que garanticen el derecho humano a una defensa y al debido proceso.

Asimismo, enfatizó en la importancia de aplicar el principio de no devolución, asegurando que las personas migrantes deben tener acceso a los derechos consagrados en el ámbito internacional mediante mecanismos locales, como el derecho humano a una buena administración pública.

Lilia González

Bajo un ejercicio de reflexión y análisis, el Poder Judicial del Estado de México anunció el inicio de mesas de diálogo incluyentes para adecuar el Código Penal mexiquense a efecto de adelgazarlo y hacerlo más justo.

El titular del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuellar indicó que hoy en día dentro del Código Penal se contempla la imposición de penas severas para el caso de robo simple o robo de vehículo, mismas que son incluso superiores a las impuestas por un tema de homicidio, lo cual, dijo, es inequitativo y requiere de una adecuación.

“Los que hemos tenido la oportunidad de administrar justicia en el Estado México vemos que la política criminal se ha construido a partir del incremento de penas, es decir, si hay un aumento en el robo a transporte público, se incrementa la pena hasta llegar a absurdos como el hecho de que por el robo de mercancía en una tienda de conveniencia se aplique una sanción mínima de 8 años 6 meses de prisión, lo cual es un exceso”, comentó.

Ante ello, acompañado del secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez-Celis y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHEM), Myrna Araceli García Morón, Sodi Cuellar anunció el inicio de jornadas de repensamiento y consulta general para adecuar el Código Penal mexiquense.

Se busca reflexionar sobre aquellos delitos cuyas penas son excesivas o insuficientes, incorporar delitos nuevos como aquellos que tienen que ver con el ciberespacio, adelgazar el Código Penal, garantizar la reparación del daño, valorar si determinados delitos requieren penas de cárcel o solo sanciones administrativas, entre otros apartados que podrán ser analizados por académicos, universitarios, asociaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, instituciones públicas y privadas, jueces, juezas y magistrados.

Indicó que por primera vez en cerca de 25 años, se lanza un replanteamiento de la política criminal del Estado de México a partir de la reflexión y el análisis del Código Penal que partirá de la realización de mesas de análisis en donde toda la sociedad estará involucrada.

Para los registros de inscripción al ejercicio, refirió que ya se ha abierto un micro sitio en donde los interesados tendrán hasta el 30 de septiembre para inscribirse y plasmar un resumen o ampliación de su propuesta, para posteriormente iniciar la organización de las mesas de diálogo y comenzar a adentrarse en el estudio.

En su momento, el secretario de Seguridad del Estado, Rodrigo Martínez-Celis planteó la necesidad de permitir la actuación del modelo homologado de Justicia Cívica a través del cual, el ciudadano no solo reconozca su conducta, sino que se responsabilice de ella resarciendo el daño causado.

Señaló que lo anterior se logrará al atender conflictos comunitarios y faltas administrativas como lesiones, riñas, conflictos vecinales y daño a la propiedad privada.

“Buscar pasar del proceso actual de atención y sanción de faltas administrativas, a la incorporación de una visión de Justicia Cívica con enfoque restaurativo, con su aplicación se previene el escalamiento de la violencia, mejora la convivencia ciudadana, se disminuye la reincidencia en faltas administrativas, se pugna por la promoción de la cultura de la legalidad y se mejora la percepción del orden público y la seguridad”, explicó.