Administraciones federales anteriores contaban con el Fondo de Desastres Naturales conocido por sus siglas (FONDEN); instrumento que constituía una herramienta diseñada e implementada para hacer frente a la población que resultaba afectada por consecuencia de estos fenómenos naturales.  Lamentablemente este fondo fue eliminado en la administración del ex Presidente López Obrador; dejando a nuestro país sin un mecanismo estructurado, ágil y transparente para responder de forma inmediata y eficaz a las emergencias derivadas de desastres naturales.

Ante los diversos y constantes hechos naturales de consecuencias catastróficas, la reactivación de un fondo de reacción ante estos fenómenos, resulta urgente y necesaria por diversas razones.  En primer lugar, un fondo de esas características permite al gobierno y a la población, contar con recursos etiquetados específicamente para la atención de desastres, lo que garantiza una respuesta inmediata, sin depender de la discrecionalidad de los titulares estatales o federales del ejecutivo; sin depender de reasignaciones presupuestales posteriores que siempre resultan engorrosas y tardías.

Una de las consecuencias originadas por  haber eliminado el FONDEN, es que se generó un vacío institucional que ha ralentizado las acciones de emergencia, y ha impedido la recuperación y reconstrucción con consecuencias directas en la vida de miles de personas afectadas. Ejemplo reciente, lo son los efectos devastadores del huracán Otis en Guerrero (2023), que evidencian la falta de coordinación y de recursos inmediatos ante eventos de gran magnitud.

El contar con un fondo para desastres, representa una herramienta atribuida de mecanismos normativos y procedimientos técnicos que permiten auditar el uso de los recursos, contribuye a la transparencia y a la rendición de cuentas.

Su estructura operativa, al incluir a dependencias federales, estatales y municipales, fomenta la corresponsabilidad entre niveles de gobierno y fortalece las capacidades institucionales locales y  municipales.

A nivel económico, político y social; el mantener un fondo específico para desastres permite planear financieramente con mayor certidumbre. El costo de no contar con una respuesta oportuna se traduce en mayores pérdidas económicas, afectaciones a infraestructura crítica, rezago en zonas marginadas y una recuperación mucho más lenta, prolongando la vulnerabilidad social de las comunidades impactadas.   Instituciones internacionales como el Banco Mundial y la OCDE han reconocido la importancia de estos fondos y port al motive, los promueven como parte de una estrategia nacional de gestión de riesgos, que además de conformidad con nuestra Carta Magna, constituye un derecho humano que debe ser velado y garantizado.

La actuales administraciones, cuentan con la posibilidad de constituir un nuevo fondo de desastres, que no implique simplemente restaurar una figura administrativa del pasado, sino que más bien, se modernice y se fortalezca incorporando en él las mejores prácticas internacionales, incorporando de igual manera; tecnología, participación ciudadana y enfoques de prevención.  Se trata de desarrollar una medida estratégica de Estado, que permita al país, tener capacidad de respuesta frente a una amenaza que, por efectos del cambio climático, no solo persiste, sino que se agrava día a día.

El cambio climático ocasiona aumento en la temperatura promedio del planeta, cambio en los patrones de precipitación, derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos como terremotos, sequías, huracanes e inundaciones.  Este fenómeno implica un grave riesgo para la salud humana, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la estabilidad económica; y lo lamentable es que todo esto afecta directamente a los más desfavorecidos y a las comunidades más vulnerables, agravando aun más las desigualdades sociales.

En conclusión, podemos definir, que ante la realidad climática y sísmica de México, resulta imperativo contar con un instrumento institucional sólido que asegure una atención inmediata, eficiente y transparente a los desastres naturales. La reactivación de un fondo de desastres, debe entenderse no como un gasto innecesario, sino como una inversión estratégica en la protección de la vida, el patrimonio y la resiliencia del país; para la protección y atención de los más necesitados.

Brenda Janet y María Joaquina comparten una noble y heroica labor, ambas forman parte del Cuerpo de Bomberos de Toluca, donde en cada jornada enfrentan peligros para proteger y salvar vidas.

Ambas, con casi seis años de servicio, han enfrentado incendios, fugas de gas, rescates, derrumbes, desastres naturales y aunque aseguran que los riesgos son parte de su trabajo, la mayor recompensa llega con el agradecimiento de quienes han ayudado.

Estas bomberas toluqueñas encuentran en su familia la mayor motivación para desempeñar con valor su vocación, pues Brenda es madre soltera de una niña de dos años, mientras que María tiene dos hijos, de siete y dos años de edad.

Ellas saben que su preparación es fundamental además de su voluntad y compromiso para enfrentar los riegos que tienen en cada emergencia.

Momentos críticos han marcado sus vidas y les han enseñado a estar siempre alertas, pues en su profesión cada segundo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. «El miedo siempre está presente, porque somos humanas, pero nos ayuda a mantenernos alertas”, “sabemos que debemos cuidarnos para regresar con nuestras familias a salvo», expresan Brenda y Mari.

Las bomberas de Toluca recuerdan que por la adrenalina que se siente al combatir un incendio no se dan cuenta de cuánto humo han inhalado, pero sus compañeros más experimentados están ahí para apoyarlas y recordarles que deben detenerse, hidratarse y recuperarse. Así ocurrió durante el reciente incendio en Xonacatlán, donde la solidaridad del equipo y de la comunidad les permitió seguir adelante.

Orgullosas de su labor, Brenda y María agradecen el respaldo de la administración municipal encabezada por Ricardo Moreno Bastida, que ha fortalecido las condiciones laborales del cuerpo de Bomberos de Toluca con mejor equipamiento y herramientas.

En un acto ejemplar de solidaridad y apoyo mutuo, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) ha respondido con prontitud a las necesidades de maestras y maestros afectados por un reciente fenómeno natural. Esta ayuda se canalizó a través del Fondo de Apoyo para Servidores Públicos Docentes Víctimas de un Desastre Natural, un componente esencial del recién acordado Convenio de Sueldo y Prestaciones 2023.

La entrega de la asistencia tuvo lugar en las oficinas centrales de la organización sindical, donde los docentes damnificados fueron receptores directos de este respaldo, entregado personalmente por el Secretario General del SMSEM, Marco Aurelio Carbajal Leyva.

El fondo en cuestión, concebido como una extensión tangible del compromiso del SMSEM con la seguridad y bienestar de sus miembros, se concibe con la finalidad de brindar apoyo a aquellos maestros y maestras que han enfrentado pérdidas y desafíos derivados de eventos naturales. La iniciativa representa un esfuerzo continuo por parte del sindicato para respaldar a sus afiliados en momentos críticos.

Este apoyo no se limita únicamente a lo económico; más bien, se erige como un testimonio de la perspectiva histórica del SMSEM, que va más allá de ser un defensor exclusivamente en asuntos laborales. Se consolida como un pilar sólido de apoyo en situaciones que afectan directamente la vida cotidiana de sus afiliados y sus familias.

En palabras de Marco Aurelio Carbajal Leyva, la expresión de solidaridad y empatía hacia los docentes afectados refleja el compromiso inquebrantable del sindicato en proporcionar un respaldo integral a su membresía. Este acto solidario no solo fortalece la unidad dentro del gremio, sino que también extiende la mano solidaria del magisterio en momentos de adversidad, consolidando así los lazos que unen a la comunidad educativa en tiempos difíciles.

Al quedar instalada la Comisión de Gestión Integral de Riesgos, presidida por Edith Marisol Mercado Torres, recalcó que el país y el estado, por su ubicación geográfica, se encuentra vulnerable a la presencia de desastres naturales como: heladas, inundaciones, sismos, derrumbes y demás, por lo que se requiere de encaminar los trabajos a la identificación, análisis, control y reducción de riesgos involucrando a los tres niveles de gobierno.

“Debemos trabajar para construir una gestión integral de riesgos con acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, de acuerdo al origen multifactorial y en un proceso permanente, e involucrar a los tres niveles de gobierno. Es importante trabajar en una gestión integral de riesgos, establecer políticas públicas con enfoque de inclusión a las personas con discapacidad y perspectiva de género”, destacó.

Ante ello, confió que los trabajos de la comisión serán acompañados por los titulares de la gran industria que opera en la entidad, así como de especialistas en Protección Civil de todos los órdenes de gobierno pues, dijo, de esa manera se registrarán acciones legislativas dirigidas para combatir las causas estructurales que generan problemas a partir de la presencia de fenómenos climatológicos, los cuales no se pueden evitar, pero sí prevenir el daño a la población.

A la par, se instalaron otras comisiones, como la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables, presidida por la diputada Alicia Mercado Moreno; la de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el diputado Jesús Isidro Moreno Mercado, del Revolucionario Institucional; la de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, por Elba Aldana Duarte; la de Asuntos Internacionales, por Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera, y la Comisión Legislativa de Seguimiento de la operación de proyectos para prestación de servicios, encabezada por David Parra Sánchez.