El Congreso de Guanajuato rechazó la despenalización del aborto luego de una votación que terminó con 19 votos a favor de mantener la penalización y 17 en contra. La sesión, que duró cerca de tres horas, estuvo marcada por momentos de tensión, manifestaciones dentro del pleno y divisiones entre las bancadas.

La decisión se tomó después de que la semana anterior se registrara un empate en la votación del dictamen. La diferencia en esta ocasión la marcó el cambio de postura de la diputada Luz Itzel Mendo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien se sumó a las posiciones del PAN y del PRD. Su voto provocó reacciones encontradas: mientras grupos opositores a la despenalización del aborto la ovacionaban, colectivos feministas protestaron en el recinto legislativo.

En el debate participaron representantes de todas las fuerzas políticas. Desde Movimiento Ciudadano se reiteró que el aborto no es un tema ideológico sino de salud pública, e incluso se anunció la intención de solicitar una alerta de género ante lo que consideran una medida que vulnera los derechos de las mujeres.

La discusión sobre el aborto en Guanajuato no es nueva. El estado mantiene una de las legislaciones más restrictivas del país, al permitir la interrupción del embarazo solo en casos de violación o cuando está en riesgo la vida de la madre. Organizaciones civiles han señalado que esta postura deja en desprotección a muchas mujeres y niñas, sobre todo en un contexto donde la incidencia de abortos no ha disminuido.

Datos de la Secretaría de Salud señalan que, en 2023, Guanajuato registró más de 5 mil abortos. La mayoría se realizaron en municipios como León, Irapuato y Celaya, y más del 21 % de los casos involucraron a adolescentes entre 15 y 19 años. A pesar de que el aborto se practica en instituciones de salud, sigue siendo un delito penalizado, lo que, según activistas, genera estigmas y barreras de acceso a servicios seguros.

En contraste, legisladores del PAN reafirmaron su compromiso de defender lo que consideran el derecho a la vida desde la concepción. Insistieron en que su posición responde a las promesas que hicieron durante sus campañas y que esta postura cuenta con el respaldo de sus electores.

A pesar del resultado legislativo, el tema no parece cerrado. Actualmente está en curso un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que podría obligar al Congreso local a revisar nuevamente su legislación. Mientras tanto, la polarización en torno al aborto en Guanajuato se mantiene, al igual que las exigencias sociales para garantizar el acceso a una vida reproductiva libre y sin criminalización.

«Es importante que se discuta la iniciativa que en su momento presentó sobre la interrupción legal del embarazo en el Estado de México. Es hora de que las mujeres tengamos derecho sexuales y reproductivos y que no solo se piense en votos”.

Lo anterior fue expresado por la diputada local Anais Burgos Hernández, quien agregó «no sabemos, sí se apruebe o no, pero lo que es importante, es que en la casa del pueblo, se discutan y se hablen de estos temas que son de interés para todas nosotras».

Se busca, dijo, sensibilizar a los diputados sobre esta iniciativa que está siendo empujada por una serie de mujeres e integrantes de distintos colectivos del Estado de México.

“La iniciativa va más allá de pedir al sector salud que atienda de manera adecuada a las mujeres que se quieren realizar un aborto, debido a que, realiza reformas al Código Administrativo, al Código Penal y a Educación, por lo que es una propuesta integral», señaló.

Burgos Hernández también dio a conocer que está proponiendo una iniciativa que tiene que ver con frenar el crecimiento de unidades habitacional sin control en diferentes municipios de la zona conurbada que están en lugares de alto riesgo y que ponen en vulnerabilidad a todos los ciudadanos que hacen un esfuerzo por comprar un patrimonio y que lo ven perdido por las lluvias, se encuentran en zona sísmica.

Por ello,es que se trabaja junto con Sedatu; con desarrollo urbano para que se pueda analizar la iniciativa para evitar que se realicen más construcciones habitacionales en zonas de riesgos.