Redacción

La detención de Andrés, duque de York, hermano del monarca británico, coloca a la familia real en el centro de una nueva controversia institucional. Autoridades policiales lo mantienen bajo custodia como parte de una investigación por presunta conducta indebida en funciones públicas, ante señalamientos de que información oficial termina en manos del financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

El operativo se desarrolla a cargo de Thames Valley Police, corporación que examina la posible transferencia de documentos durante el periodo en que el duque participa en actividades como enviado comercial. La indagatoria se centra en determinar si existe uso inapropiado de información gubernamental, un delito que en el sistema jurídico británico se analiza bajo figuras del derecho consuetudinario.

El caso genera repercusiones inmediatas en la Casa Real. Desde Buckingham Palace se mantiene una postura de colaboración con las autoridades, mientras el rey Carlos III continúa con su agenda pública en medio de la atención mediática. La situación representa un episodio inusual por involucrar a un miembro de alto rango en un procedimiento de esta naturaleza.

Medios locales sitúan movimientos policiales en Sandringham, residencia donde el duque permanece desde su retiro de funciones oficiales, además de diligencias en otras propiedades vinculadas a su entorno. La condición de detenido responde a la necesidad de esclarecer hechos y no establece culpabilidad, mientras fiscales evalúan los elementos reunidos por los investigadores.

El proceso surge tras denuncias impulsadas por el grupo republicano Republic, que solicita revisar la relación entre el aristócrata y Epstein a partir de nuevos archivos difundidos en Estados Unidos. Antecedentes judiciales, como la demanda civil presentada por Virginia Giuffre, permanecen fuera de esta causa específica, aunque continúan influyendo en la percepción pública del caso. Figuras políticas como el ex primer ministro Gordon Brown también expresan preocupación por el alcance internacional de las redes asociadas al financista.

Redacción

El presidente municipal de Cintalapa de Figueroa, Ernesto “N”, fue detenido por autoridades estatales por su presunta vinculación con grupos del crimen organizado, informó la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

De acuerdo con la autoridad ministerial, además de esta investigación, el edil enfrenta cargos por ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, actos de corrupción y malversación de recursos públicos, relacionados con hechos ocurridos durante su gestión al frente del ayuntamiento.

La Fiscalía precisó que la detención se realizó en cumplimiento de una orden emitida por un juez de control competente y conforme a los procedimientos legales establecidos, en apego al marco jurídico vigente.

En un comunicado, la institución subrayó que no se permitirán actos que perjudiquen a la población chiapaneca y reiteró que, bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad, cualquier persona que incurra en conductas delictivas será investigada y presentada ante la justicia.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Pueblo señaló que la víctima de los delitos atribuidos al alcalde es la Hacienda Pública Municipal y la sociedad en general, y destacó que el cargo del detenido no condicionó la actuación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Las autoridades informaron que el operativo fue resultado de trabajos coordinados de prevención del delito, disuasión y proximidad social, con la participación de la Agencia de Investigación Criminal, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, así como instancias federales de seguridad.

De manera paralela, la Fiscalía estatal dio a conocer que tres policías municipales de Cintalapa, así como de los municipios de Ocozocuautla y Jiquipilas, fueron detenidos y judicializados por presuntos delitos relacionados con el uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias.

Ernesto “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho, mientras continúan las investigaciones sobre sus posibles nexos con grupos delictivos que operan en la región y su presunta responsabilidad en actos de corrupción.

Un agente del Ministerio Público en Puebla fue detenido por presuntamente exigir 39 mil pesos a una mujer para tramitar la liberación de un vehículo asegurado. La Fiscalía General del Estado identificó al detenido como Axel Manuel “N”, de 28 años, quien ya no formaba parte de la institución al momento de su captura.

Los hechos ocurrieron el 9 de mayo, cuando Axel Manuel “N” inició una investigación por el aseguramiento de un vehículo marca Toyota.

Según la denuncia presentada por la propietaria, el servidor público solicitó la suma mencionada para gestionar los documentos necesarios que permitieran recuperar el automóvil, y la víctima presuntamente entregó el dinero.

Luego de la denuncia, la Fiscalía abrió una investigación y consiguió una orden de aprehensión contra el exagente. La detención tuvo lugar en la capital de Puebla, específicamente entre las calles 135 Poniente y Santa Rosa, en el fraccionamiento Jardines de Santa Rosa.

Actualmente, Axel Manuel “N” fue puesto a disposición del Juez de Control, quien decidirá su situación jurídica tras valorar las pruebas presentadas. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer completamente el caso.

Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron al sacerdote Antonio María Cabrera Cabrera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como parte de un proceso judicial en el que se le señala por su probable responsabilidad en el delito de violación contra una menor de edad.

La captura se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez del Estado de México. Tras su detención, el sacerdote fue entregado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente trasladado al penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con las autoridades, el caso está relacionado con hechos que habrían ocurrido hace unos veinte años. El juez que ordenó su captura pertenece al Juzgado Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección del Estado de México.

Antonio Cabrera es integrante de los Legionarios de Cristo, congregación vinculada históricamente a denuncias de abuso sexual. Tuvo una destacada trayectoria académica como rector de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac entre 2012 y 2021. Además, cuenta con estudios en Teología Moral y Bioética, y ha sido integrante de diversos comités de ética en instituciones como la UNAM y la propia Anáhuac.

La congregación religiosa confirmó la detención mediante un comunicado. Indicó que el sacerdote enfrenta una denuncia por abuso sexual presuntamente cometido hace dos décadas y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades civiles durante el proceso legal.

El sacerdote permanece bajo resguardo en el penal de Barrientos mientras se define su situación jurídica ante un juez del Estado de México.

Un grupo de manifestantes ingresó al vestíbulo de la Torre Trump en Nueva York para rechazar públicamente las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La protesta apuntó a las redadas y deportaciones realizadas en el marco de las políticas migratorias federales, en particular hacia ciudadanos de El Salvador.

Durante la manifestación, los participantes entonaron consignas en demanda del regreso de personas expulsadas del país, mientras permanecieron sentados en el área de ingreso del edificio. Las fuerzas policiales intervinieron y trasladaron a 24 personas bajo custodia, en una operación que se desarrolló sin reportes de enfrentamientos violentos.

Este episodio se inscribe dentro de una serie más amplia de movilizaciones que han comenzado a extenderse a otros puntos de la ciudad. Los organizadores buscan visibilizar su desacuerdo con el funcionamiento del sistema migratorio, especialmente en lo relacionado con la ausencia de procesos legales plenos para quienes enfrentan detenciones.

Desde la administración municipal, el alcalde Eric Adams expresó su posición frente a estas acciones. Las autoridades locales trazaron una línea clara frente a eventuales expresiones de violencia o desorden, en referencia a protestas recientes que tuvieron lugar en Los Ángeles. El mensaje busca evitar un escenario similar en la ciudad de Nueva York, donde la tensión migratoria se encuentra en ascenso.

Las manifestaciones, aunque inicialmente focalizadas, adquieren un carácter simbólico al desarrollarse en espacios ligados a figuras clave de la política nacional. La reacción de las autoridades, tanto locales como federales, marcará el curso de los próximos días ante un conflicto que combina elementos de legalidad, derechos civiles y presión política.

Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca arrestaron a cinco personas presuntamente involucradas en diversos actos delictivos. Los detenidos fueron presentados ante las autoridades correspondientes para su debido proceso.

El primer incidente ocurrió en la colonia Capultitlán, donde el Grupo de Operaciones Especiales (G.O.E.) respondió a un reporte ciudadano sobre una riña. Al llegar al lugar, dos individuos intentaron huir al notar la presencia policial, dejando atrás una mochila y una mariconera que contenían un arma de fuego, una báscula (gramera) y una bolsa con polvo granulado, aparentemente cristal. Los detenidos, identificados como Jonathan «N» y Jorge «N», presentaban signos de haber ingerido alcohol y heridas producto de la riña. Ambos admitieron estar involucrados en actividades ilícitas y fueron entregados a la Fiscalía General de la República.

En otro caso, ocurrido en la delegación Santa Ana Tlapaltitlán, la policía detectó a dos hombres empujando una motocicleta. Tras revisar el estado del vehículo, se descubrió que contaba con una denuncia previa por robo con violencia. Como resultado, Alejandro «N», de 35 años, y Cristian «N», de 31, fueron arrestados y trasladados a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo.

Finalmente, en la delegación San Lorenzo Tepaltitlán, David «N», de 24 años, fue detenido por vecinos cuando intentaba robar una batería de automóvil. La víctima lo reconoció y expresó su intención de proceder legalmente. El detenido fue remitido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Metepec, para iniciar su proceso judicial.

Derivado de la Estrategia Operativa Oriente, efectuada de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno se han realizado 8 mil 104 acciones táctico – operativas, en los 11 municipios prioritarios que integran esta zona; lo que ha permitido la detención de mil 161 personas.

Del 25 de marzo al 6 de abril del año en curso, mediante filtros, revisiones, recorridos y barridos, en las colonias prioritarias se logró el decomisó de 109 armas de fuego; más de 200 cartuchos; en mercancía se han recuperado 13millones 308 mil 045 pesos; 580 mil 595 pesos en efectivo; mil 120 litros de hidrocarburo, diversas cantidades de drogas, así como 541 vehículos asegurados, de éstos 190 contaban con reporte de hurto y 60 automotores de carga.

En la Estrategia Operativa Oriente participan las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar); Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP); Centro Nacional de Inteligencia (CNI); Guardia Nacional (GN), Seguridad estatal (SSEM); la Fiscalía de la entidad (FGJEM) y las policías municipales.

Estos operativos se efectúan en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Texcoco, Naucalpan y Tlalnepantla, cuyo objetivo es inhibir y disminuir los índices delictivos, así como la recomposición del tejido social. Con El Poder de Servir, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con las y los mexiquenses.

Un sujeto identificado como Francisco N” , fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México SSEM, luego de golpear a una mujer en Ciudad de Toluca.

Ahora, el presunto responsable quedó a disposición de autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Sobre la forma en que sucedieron estos hechos, se indicó que la policía recibió una llamada de emergencia a través del número
de emergencias el 911.

Se confirmó que una mujer fue blanco de violencia en la comunidad de San Mateo Otzacatipan.

De esta manera, hicieron contacto con la víctima, quien les informó que momentos antes el sospechoso la agredió físicamente, de inmediato, brindaron resguardo y protección a la parte afectada.

Por lo anterior, los oficiales luego de darle lectura a los derechos que la ley confiere, detuvieron a Francisco “N” de 55 años de edad, quien fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Toluca, donde se determinará su situación jurídica.

Toluca- En las últimas 24 horas, ocho personas fueron puestas a disposición de la Fiscalia mexiquense por prestar el servicio de seguridad privada sin contar con los permisos vigentes.

En un comunicado se detalló que también cuatro empresas fueron notificadas de la situación irregular bajo la que operaban.

El servicio de seguridad privada resulta esencial tanto para las empresas como para las entidades públicas.

Sin embargo, para operar de manera legal, los proveedores de estos servicios deben poseer un permiso vigente, expedido por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Dicha autorización se concede solo después de cumplir con varios requisitos que aseguran que el servicio cumple con los estándares de calidad.

Esta administración estatal opera bajo un esquema de cero corrupción y máxima transparencia, por lo que la SSEM inició un proceso de revisión de la situación en la que actúan las empresas de este ramo, lo que ha derivado inicialmente en la suspensión de actividades de cuatro de ellas y la detención de ocho personas por el delito de usurpación equiparada de funciones, previsto y sancionado en el artículo 176, fracción III, del Código Penal del Estado de México.

Esta dependencia exhorta a todas las personas físicas y morales, a prestar y contratar servicios de seguridad privada, cumpliendo con la normatividad vigente en el Estado de México y bajo el amparo del permiso vigente que expide esta Secretaría.

De lo contrario, quienes presten dicho servicio de manera iregular podrían cometer el delito de usurpación de funciones equiparada, el cual tiene una pena de hasta ocho años de prisión y mil días multa.

Y quienes contraten dicho servicio a quien no cuente con la referida autorización vigente, puede hacerse acreedor a sanciones administrativas de hasta 5,000 UMAS.

El proceso de verificación a las empresas de seguridad privada se encuentra en marcha y se revisará la situación del total de aquellas que se encuentren registradas, así como la detección de las que presten este servicio sin haberse registrado, tal como lo marca la ley.

Ixtapan de la Sal- Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) detuvieron a un hombre posible implicado en el delito de portación y acopio de arma de fuego.

En un comunicado se indicó que en zonas de alto índice delictivo, se recibió un llamado vía radio en el que se informó acerca de detonaciones ocurridas sobre la carretera Santa Ana Xochuca – El Abrojo, en la localidad el Abrojo, por lo que se dirigierion a la zona.

En lugar, visualizaron a un hombre que iba a bordo de una motocicleta Italika DM-200 color verde con negro, sin placas de circulación, quien al observar a los elementos de la SS y la SEDENA, procedió a huir, por lo que comenzó una persecución que culminó metros adelante, enseguida, se solicitó al tripulante una revisión física.

Al concluir, se encontró que portaba una pechera color negro y al interior un arma tipo revolver calibre 38, sin número de matrícula, con cachas de plástico color café, por lo que una vez asegurados los indicios, se le comunicó el constitutivo del delito.

Posteriormente y una vez informados los derechos que la ley le consagra, Jorge “N” de 27 años fue detenido y llevado a la Fiscalía General de la República con sede en Toluca, donde se determinará su situación jurídica por el delito de portación y acopio de armas.

Cabe señalar que derivado de investigaciones realizadas por los oficiales, es de conocimiento que el individuo podría pertenecer a una célula delictiva, de la cual su actividad es la vigilancia en puntos estratégicos de la zona para el paso de actividades delictivas, motivo por el cual se ampliarán las indagatorias.