En aras de contar con un instrumento rector de las políticas institucionales acorde a la planeación nacional de desarrollo, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México acordó aprobar la alineación del Plan de Desarrollo del Poder Judicial al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

El antecedente se remonta a la sesión del Consejo que tuvo verificativo el pasado 8 de abril, en la que fue aprobado el Plan de Desarrollo de la institución, integrado por cinco Columnas para la democratización de la justicia; tres Ejes de transversalidad y 21 Proyectos de alto impacto.

Así, y tomando en cuenta que en el Diario Oficial de la Federación del pasado 15 de abril se publicó el Decreto de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, con el acuerdo se atiende el mandato referido por el artículo 3 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, en el sentido de que el desarrollo de la entidad se sustenta en el proceso de planeación democrática, en congruencia con la planeación nacional del desarrollo.

Cabe referir que, dada la composición del Plan de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de México, sus Objetivos, Estrategias y Líneas de acción coadyuvan al cumplimiento de los Ejes generales del Plan Nacional: Gobernanza con justicia y participación ciudadana; Desarrollo con bienestar y humanismo; Economía moral y trabajo y; Desarrollo sustentable, así como al de sus Ejes transversales: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres; Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y; Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

De esta forma, el Poder Judicial del Estado de México reitera su convicción en favor de un modelo de administración de justicia eficaz, abierto, empático, cercano, transparente, sensible, humanista, austero y respetuoso de cada persona, sus necesidades y el ejercicio pleno de sus derechos.

Con la aprobación de la Cámara de Senadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha decidido enviar elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en una misión histórica a Panamá. Esta acción, discutida por la comisión de Defensa Nacional el pasado diciembre, recibió aceptación mayoritaria con solo un voto en contra. La búsqueda encomendada por AMLO, que iniciará a finales de enero, tiene un carácter sin precedentes.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto matutino que autoriza el envío de elementos de la Sedena a Panamá desde el 25 de enero hasta el 7 de marzo de 2024. Este permiso, concedido por la Cámara de Senadores, permite que 20 elementos de la Sedena y 3 de la Fuerza Aérea Mexicana colaboren con la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación en trabajos de excavación arqueológica. El objetivo es localizar los restos de Catarino Erasmo García Rodríguez.

La decisión de AMLO de enviar elementos de la Sedena a Panamá se materializa a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este documento establece que 20 elementos de la Sedena y 3 de la Fuerza Aérea Mexicana se desplazarán a la Isla de Bocas del Toro en Panamá para apoyar en tareas de excavación arqueológica. La misión, que se llevará a cabo del 25 de enero al 7 de marzo de 2024, tiene como objetivo principal localizar los restos de Catarino Erasmo García Rodríguez.

AMLO, mediante el decreto oficial, ha comisionado a elementos de la Sedena para realizar una histórica búsqueda en Panamá. La autorización de la Cámara de Senadores ha permitido que 20 elementos de la Sedena y 3 de la Fuerza Aérea Mexicana participen en excavaciones arqueológicas en la Isla de Bocas del Toro. La tarea consiste en colaborar con la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación y localizar los restos de Catarino Erasmo García Rodríguez.

El Diario Oficial de la Federación ha publicado la decisión oficial de AMLO de enviar elementos de la Sedena a Panamá para una búsqueda sin precedentes. El permiso otorgado por la Cámara de Senadores faculta a 20 elementos de la Sedena y 3 de la Fuerza Aérea Mexicana para colaborar en excavaciones arqueológicas en la Isla de Bocas del Toro. La meta es asistir a la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación en la localización de los restos de Catarino Erasmo García Rodríguez.

La Coordinación Nacional de Protección Civil ha oficialmente concluido la emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez, tras 15 días desde que el huracán «Otis» azotara Guerrero, dejando a su paso daños devastadores. La notificación del fin de la declaratoria de emergencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este jueves.

Según el comunicado, basado en el artículo 10 de los lineamientos, se da por terminada la Declaratoria de Emergencia por la lluvia severa y vientos fuertes ocurridos el 24 de octubre de 2023, en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez del estado de Guerrero.

Desde el 2 de noviembre, la dirección general de Protección Civil determinó que ya no persistían las condiciones de emergencia que justificaran la continuidad de la declaratoria. Cabe recordar que el 3 de noviembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil ajustó la declaratoria de emergencia original, limitando el acceso a recursos de reconstrucción únicamente para Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez.

La aclaración también fue publicada en el DOF después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitiera la declaratoria de desastre natural para 47 municipios guerrerenses. Entre los afectados originalmente, se encontraban municipios colindantes con Acapulco y Coyuca de Benítez, como Chilpancingo, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez y San Miguel Totoloapan, los cuales fueron excluidos a pesar de las afectaciones registradas por las condiciones meteorológicas del 24 de octubre.

Las pérdidas económicas causadas por el huracán «Otis» ascienden a 16 mil millones de dólares, según las estimaciones preliminares de la calificadora Fitch Ratings. La cifra de víctimas también se mantiene preocupante, con 48 personas fallecidas y 31 desaparecidas a raíz del paso de «Otis» en Guerrero, según datos proporcionados por Protección Civil.

El Senado de México ha aprobado una modificación a la Ley Federal del Trabajo que reconoce nuevas enfermedades como posibles causas de incapacidad laboral. Por primera vez, esta modificación incluye afecciones mentales relacionadas con el trabajo, como ansiedad, depresión y estrés laboral, como posibles razones para solicitar incapacidad.

La Ley Federal del Trabajo ya consideraba los riesgos laborales, como accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Sin embargo, esta actualización es la primera en aproximadamente 50 años e incorpora una lista de 88 nuevas enfermedades que podrían llevar a la incapacidad laboral.

Entre las nuevas enfermedades reconocidas, se incluyen trastornos mentales como estrés laboral, ansiedad y depresión. Además, se amplía la lista de cánceres de origen laboral de 4 a 30 tipos, se añaden afecciones derivadas de intoxicaciones y se incluye al COVID-19 como una enfermedad relacionada con el trabajo.

Esta modificación permite a los médicos diagnosticar enfermedades o afecciones asociadas con las actividades laborales de las personas, lo que a su vez determina si se necesita una incapacidad temporal o permanente. También se proporciona un catálogo de Cédulas para la Valuación de las Enfermedades de Trabajo, que detalla la enfermedad, las ocupaciones afectadas y los exámenes de laboratorio necesarios para su diagnóstico.

Con esta actualización, los trabajadores que experimenten niveles significativos de estrés relacionado con su empleo pueden buscar el diagnóstico de un médico y, si se determina una incapacidad, el empleador está obligado a respetarla y proporcionar tiempo de descanso.

Aunque el Congreso ha aprobado la modificación, aún debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.

Si un trabajador ha sufrido un accidente o se ha enfermado debido a su trabajo y desea solicitar una incapacidad, puede hacerlo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) si está dado de alta. El proceso es gratuito y se puede solicitar en la Unidad Médica del IMSS correspondiente según el domicilio del trabajador. También es posible programar una cita en línea utilizando el correo electrónico y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Se requiere llevar una identificación oficial en original y copia, la Cartilla Nacional de Salud, el aviso de atención médica por probable accidente de trabajo ST-7 completado por el empleador y el aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo ST-9.

El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con recursos que ascienden a más de 15 mil millones de pesos, los cuales serán transferidos a la Tesorería de la Federación.

Esta reforma ha sido enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Después de más de ocho horas de sesión, el dictamen fue aprobado en lo particular con 67 votos a favor y 49 en contra, y previamente había sido aprobado en lo general con 68 votos a favor y 48 en contra.

Notablemente, los miembros del partido gobernante, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Díaz Durán, se opusieron al proyecto de dictamen, y todas las reservas presentadas por la oposición fueron rechazadas.

La modificación legal implica la adición de un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, enfocado en los fondos y fideicomisos. A partir de esta reforma, se prohíbe la creación y operación de nuevos fondos o fideicomisos en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, excepto el Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.

Como resultado de esta medida, se llevará a cabo la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos supervisados por el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral. El decreto establece un plazo de 120 días, a partir de su entrada en vigor, para la suscripción de acuerdos de extinción o terminación de estos fideicomisos.

Los 13 fideicomisos afectados estaban destinados a diversas finalidades, como pensiones complementarias para mandos superiores, planes privados de prestaciones médicas y el mantenimiento de viviendas de magistrados y jueces, entre otros. Las obligaciones financieras relacionadas con estos fideicomisos deberán ser atendidas con los recursos de los propios fideicomisos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha dado a conocer una serie de estímulos fiscales destinados a fomentar el nearshoring, es decir, la relocalización de empresas en el territorio nacional. Estas medidas tienen como propósito brindar apoyo a diversas compañías en su proceso de inversión y desarrollo.

Una de las principales ventajas que se otorgan es la deducción acelerada de inversiones, la cual oscila entre un 56% y un 89% durante los años 2023 y 2024. Adicionalmente, se establece una deducción suplementaria del 25% durante un período de tres años para costos relacionados con la formación y capacitación de su personal, con un enfoque claro en el fortalecimiento del capital humano de las empresas.

El anuncio, que fue realizado por Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, se hizo público a través del Diario Oficial de la Federación (DOF). Estos beneficios fiscales se dirigirán a diversos contribuyentes involucrados en la producción, elaboración o manufactura de una variedad de bienes, entre los que se incluyen:

Productos destinados a la alimentación humana y animal.
Fertilizantes y agroquímicos.
Materias primas para la industria farmacéutica y preparaciones farmacéuticas.
Componentes electrónicos y maquinaria para relojes, instrumentos de medición, control y navegación, así como equipo médico electrónico para uso médico.
Fabricantes de baterías, acumuladores, pilas, cables de conducción eléctrica, enchufes, contactos, fusibles y accesorios para instalaciones eléctricas.
Producción de motores de gasolina, híbridos y de combustibles alternativos para vehículos de pasajeros y comerciales.
Equipos eléctricos y electrónicos, sistemas de dirección, suspensión, frenos, sistemas de transmisión, asientos, accesorios interiores y piezas metálicas troqueladas para automóviles, camionetas, camiones, trenes, barcos y aeronaves.
Motores de combustión interna, turbinas y transmisiones para aeronaves.
Equipos y dispositivos no electrónicos para uso médico, dental y de laboratorio, material desechable de uso médico y artículos ópticos para uso oftálmico.
Empresas dedicadas a la producción de obras cinematográficas o visuales protegidas por el derecho de autor.
Cabe destacar que estos incentivos fiscales estarán disponibles en todo el territorio nacional, abriendo una ventana de oportunidad extendida por un año para aquellas empresas que muestren interés en aprovechar estas medidas de apoyo.

El Gobierno de México dio a conocer recientemente una decisión significativa. Un decreto se emitió y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo. Este decreto aborda la suspensión de derechos para ocupar cargos públicos bajo ciertas circunstancias específicas. Entre estas circunstancias se encuentran ser un prófugo de la justicia, tener una sentencia por violencia familiar, sexual o de género, o incumplir con la obligación de proporcionar pensión alimenticia.

Este nuevo decreto detalla una reforma a la Constitución de México. Específicamente, el cambio afecta al párrafo segundo del Apartado A del Artículo 102 y también añade una fracción VII al Artículo 38. Con este cambio, ciertas personas no podrán ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular. También se les impedirá obtener cargos en el servicio público.

Estas restricciones se aplican a las personas que estén prófugas de la justicia. También afecta a aquellas personas que tengan una sentencia por cometer ciertos delitos. Estos delitos incluyen los cometidos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, y otros relacionados con la violencia de género. Las personas declaradas deudoras alimenticias también se verán afectadas por este decreto.

El decreto también establece ciertos requisitos para ser titular de la Fiscalía General de la República. Estos requisitos incluyen tener al menos 35 años de edad en el día de la designación, ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener una antigüedad mínima de 10 años. Además, se debe contar con un título profesional de Licenciatura en Derecho, tener una buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso.

Este decreto, conocido como la «Ley 3 de 3», se aprobó el 28 de abril por el Pleno de la Cámara de Senadores. Antes de eso, la Cámara de Diputados lo aprobó casi un mes antes. Se espera que la ley entre en vigor a partir del 30 de mayo.

El dictamen aprobado por los Senadores indica que la reforma busca tener un impacto positivo en la ética pública y política. Su objetivo es beneficiar a la sociedad en su conjunto. A lo largo de los próximos 180 días, se espera que el Congreso y las legislaturas de las entidades federativas ajusten sus respectivas constituciones para cumplir con las disposiciones señaladas en este decreto.

Este lunes, la Secretaría de Gobernación publicó la ley en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley, denominada «Ley 3 de 3 contra la violencia de género», impide a las personas sentenciadas por delitos contra la vida, violencia familiar y sexual, y a los deudores alimentarios, ocupar cargos en el servicio público y ser candidatos a puestos de elección popular. También aplica a aquellos que hayan sido sentenciados por violencia política en razón de género.

El decreto señala que la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para un empleo, cargo o comisión en el servicio público. La entrada en vigor de la reforma tendrá lugar a partir del día siguiente, y en el curso de los 180 días naturales siguientes, el Congreso de la Unión y los congresos locales deberán ajustar sus Constituciones para cumplir con la ley.

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será inaugurado este lunes, después de que el Congreso de la Unión aprobó cambios en la Ley de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes en marzo. Este registro permitirá consultar públicamente los nombres de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, quienes tendrán prohibido salir del país.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que el registro tiene como objetivo proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los Tribunales Superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México serán responsables de intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar la información relacionada con el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en sus respectivas competencias, utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF.

Con el fin de incluir en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a los deudores morosos, se utilizarán los datos proporcionados según la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Este registro público de morosos alimentarios se actualizará mensualmente.

Los deudores alimentarios tienen la obligación de informar, en un máximo de quince días hábiles, cualquier cambio en su empleo, ubicación o puesto a los acreedores alimentarios, al juez o a la autoridad responsable del fuero local, para actualizar la pensión alimenticia decretada. El decreto establece que ninguna persona inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias puede salir del país.

Además, los deudores morosos inscritos en el registro no podrán ser candidatos a puestos de elección popular, ser jueces o magistrados, salir del país, obtener licencia o permisos de conducir, pasaporte o casarse por el Registro Civil. Esto busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de los tutores hacia sus hijos, aplicándose a deudas de 90 días en adelante.

El decreto, que entra en vigor este martes, establece que las Procuradurías de Protección de las entidades federativas y la de la Ciudad de México tendrán acceso total a las bases de datos del Registro Nacional. El Registro emitirá certificados de no inscripción a petición de la parte interesada, y las autoridades de los tres órdenes de gobierno establecerán la presentación del certificado de no inscripción en el Registro como requisito.

Por último, las personas encargadas de proporcionar información sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios deben suministrar datos exactos al juez o autoridad responsable del fuero local. De no hacerlo, serán sancionados según el artículo 157 de la Ley y responderán solidariamente por el pago de daños y perjuicios causados al acreedor alimentario debido a omisiones o informes falsos, sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes.

Lilia González

Dentro del Acuerdo 11/06/22, la Secretaría de Educación Pública ha establecido las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del 2022-2023, en donde mantiene su postura de no reprobar a niñas, niños y adolescentes que estén cursando la Educación Básica.

Dicho ordenamiento deberá ser acatado tanto por escuelas del sector público, como del sector privado del país, por lo que, con la determinación los menores que cursan entre 3º y 6º de primaria, y 1º y 3º de secundaria, no podrán ver en su boleta calificaciones inferiores a 6.0.

El documento recientemente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo además que no se tomará en cuenta el 80% de asistencia como anteriormente se consideraba, ahora las niñas y niños deberán aprobar sin incluso haber asistido a la escuela.

Se indica que el registro de calificaciones finales del ciclo escolar 2021-2022 deberá tomar en cuenta los logros de los aprendizajes y considerar los niveles de comunicación y participación en las actividades académicas.

A la par, se indica que para garantizar el tránsito de los estudiantes al siguiente nivel educativo, el acuerdo permite la implementación de procesos de regularización y evaluación general de conocimientos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que este programa educativo fue eliminado definitivamente de sus reglas de operación, así se informó a través del Diario Oficial de la Federación.

Al enlistar las nuevas reglas de operación de “La Escuela es Nuestra” para este 2022, la SEP disolvió el programa pese a existir un amparo que ordenaba garantizar los recursos destinados para Escuelas de Tiempo Completo.

Según la organización “Mexicanos Primero”, la disolución de este programa afectará a 3.6 millones de niños y adolescentes que obtenían un apoyo alimentario y educativo, además de las actividades educativas y deportivas a las que podían acceder al encontrarse una importante parte del día en los planteles educativos.

A través de un comunicado señalaron que “esta decisión es una afrenta directa a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes (NNA), un desapego absoluto a su interés superior e implica una regresión gravísima e inconstitucional en el ejercicio de sus derechos”.

Agregaron en la misiva que llevarán el caso a distintas instancias con el objetivo de evitar la desaparición de dicho programa.

“Agotaremos todas las instancias para impedir este acto deplorable e injustificado que afecta a los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan”, advirtió la organización civil en un posicionamiento.

Señalaron también que dado el regreso a clases presenciales, este programa sería un importante apoyo para para revertir la desnutrición y malnutrición, así como recuperación de aprendizajes académicos y la salud emocional de los niños y adolescentes”.

Por su parte, Delfina Gómez Álvarez, titular de la SEP, confirmó la desaparición del programa e indicó que los recursos serán enfocados para la mejora de infraestructura de escuelas que carecen de servicios básicos e invitó a quienes cuestionaron la decisión a visitar comunidades de Chiapas, Yucatán y Oaxaca.