Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Esthela Damián Peralta como nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en sustitución de Ernestina Godoy Ramos, quien dejó el cargo a principios de diciembre para asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República.

El anuncio se realizó a casi tres semanas de la renuncia de Godoy a la Consejería Jurídica, periodo en el que Raúl Jiménez fungió como encargado de despacho. Con esta designación, el gobierno federal cubre una de las posiciones clave en la estructura jurídica de la administración pública.

El Gobierno de México informó que Esthela Damián se desempeñaba hasta este miércoles como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, área desde la cual coordinó acciones enfocadas en la atención a las causas de la violencia y la prevención del delito.

De acuerdo con su perfil oficial, Esthela Damián es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y cuenta con estudios de maestría en Educación. Su formación profesional incluye especialización práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Electoral y en materia de Derechos Humanos.

A lo largo de su trayectoria en el servicio público, ha desarrollado trabajo institucional en temas relacionados con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en procesos normativos, fiscales y de administración pública. También ha participado en foros y seminarios sobre reformas fiscales, fiscalización, transparencia, políticas públicas y ética gubernamental.

Dentro de su experiencia profesional, se desempeñó como secretaria particular de Claudia Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente, fue directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia capitalino y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

En su etapa más reciente como subsecretaria federal, estuvo al frente de la estrategia nacional de prevención de las violencias, con un enfoque interinstitucional que combinó acciones jurídicas, sociales y de derechos humanos.

Con este nombramiento, la presidenta Sheinbaum consolida su equipo jurídico tras la salida de Ernestina Godoy, quien ahora encabeza la Fiscalía General de la República, en un contexto de reconfiguración institucional en áreas estratégicas del gobierno federal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, remitió al Senado de la República la terna integrada por Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR). Las tres fueron seleccionadas a partir de la lista de diez perfiles que la Cámara Alta envió un día antes.

De acuerdo con el procedimiento legal, las aspirantes acudirán este miércoles al pleno del Senado para presentar sus comparecencias. Una vez concluidas, se realizará la votación por cédula entre los 128 senadores, con el fin de elegir a la próxima responsable del órgano autónomo.

Para concretar la designación, la propuesta deberá alcanzar el respaldo de las dos terceras partes del pleno. En caso de que ninguna de las candidatas obtenga esa mayoría, el Senado contará con un plazo de diez días para emitir una resolución definitiva.

Ernestina Godoy, actual encargada de despacho tras la salida de Alejandro Gertz Manero, llega a la terna con el respaldo de la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados, quienes han señalado su experiencia en el ámbito de procuración de justicia. Zarza y Bojorges se incorporan al proceso como parte de las alternativas planteadas desde el Ejecutivo.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, difundió en su cuenta de X el oficio con el que se formalizó el envío de la terna. Con ello, el proceso legislativo avanzó hacia su etapa final, donde se valorarán los perfiles y trayectorias de las aspirantes.

El Senado deberá analizar las participaciones de cada candidata y, posteriormente, deliberar en torno a su idoneidad para encabezar la Fiscalía General de la República durante los próximos años. La votación se realizará una vez concluidas las comparecencias.

En caso de que la Cámara Alta no concrete el nombramiento en el periodo establecido, la presidenta Sheinbaum podrá designar directamente a una de las tres aspirantes para conducir la institución. Esta eventualidad está contemplada en la normativa vigente.

Con el envío de la terna, el proceso de sucesión en la FGR entra en su fase decisiva, en un contexto donde se revisan criterios de independencia institucional, capacidad técnica y continuidad de las tareas de procuración de justicia.

Ernestina Godoy Ramos asumió la responsabilidad de dirigir temporalmente la Fiscalía General de la República (FGR) como encargada de despacho, luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien dejó el cargo tras aceptar la invitación del Gobierno federal para ocupar una representación diplomática. Su llegada se formalizó después de que Gertz la designó titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, lo que permitió su relevo inmediato.

La abogada difundió en redes sociales una imagen desde las instalaciones de la institución, acompañada del mensaje: “Informo tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República. Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”. En el mismo comunicado expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por la confianza otorgada en distintos cargos públicos.

Godoy señaló que cierra una etapa en la Consejería Jurídica de la Presidencia, posición que ocupó desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025, fecha en que presentó su renuncia para integrarse de manera inmediata a la FGR. Reconoció el trabajo del equipo con el que colaboró durante los últimos meses y afirmó que continuará enfocándose en las tareas de procuración de justicia.

La decisión de Gertz Manero de dejar el cargo generó reacciones entre legisladores de oposición, quienes afirmaron que el exfiscal enfrentó presiones políticas derivadas de investigaciones recientes. Entre los asuntos que mencionaron se encuentran las indagatorias sobre presunto “huachicol fiscal”, operativos contra el Cártel de La Barredora y el caso de Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo.

Antes de integrarse al gobierno federal, Ernestina Godoy estuvo al frente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México entre 2020 y 2024. Su gestión fue objeto de críticas debido a la investigación sobre el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro en 2021, accidente en el que murieron 27 personas y 80 resultaron heridas. En aquel proceso, la fiscalía capitalina determinó que la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no tenía responsabilidad en los hechos.

Otro caso que marcó su administración local fue el del Colegio Rébsamen, que colapsó durante los sismos de 2017. Las indagatorias revelaron irregularidades en permisos emitidos por la alcaldía Tlalpan en ese periodo, lo que también generó cuestionamientos hacia las autoridades de la ciudad.

Como encargada de despacho de la FGR, Godoy deberá dar continuidad a los procesos que se encuentran en curso. Entre ellos destacan las investigaciones relacionadas con presunto “huachicol fiscal”, las operaciones contra grupos vinculados al Cártel de La Barredora y el caso de Raúl Rocha Cantú, además de otros expedientes como los del Rancho Izaguirre.

Con su llegada, la fiscalía entra en una etapa de transición en la que el Senado deberá iniciar el proceso para nombrar a la persona titular que concluirá el periodo fijado por ley. Mientras tanto, Godoy se mantiene al frente de las funciones operativas y administrativas de la institución.

Ernestina Godoy, asesora jurídica del Ejecutivo federal, presentó una serie de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con el objetivo de fortalecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas en México.

Uno de los aspectos clave de la propuesta es la creación de una Plataforma Única de Identidad, que integrará la Clave Única de Registro de Población (CURP) como mecanismo de identidad oficial, acompañada de datos biométricos como fotografía y huellas dactilares. Esta plataforma permitirá la consulta de información en tiempo real, facilitando la colaboración entre autoridades y ciudadanos en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.

La reforma también establece que las investigaciones por desapariciones forzadas deberán comenzar inmediatamente, sin esperar las tradicionales 72 horas. Esto se logrará mediante la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, donde se registrarán las denuncias de desaparición y se compartirá la información de forma inmediata entre las autoridades pertinentes. Esta base deberá entrar en funcionamiento dentro de los 180 días siguientes a la promulgación de las reformas.

Otra de las principales modificaciones incluye el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y el aumento de las capacidades de las fiscalías federales y estatales en la investigación de estos casos. Además, se contemplan sanciones para aquellos servidores públicos y particulares que incumplan con las obligaciones de generar, actualizar y compartir la información relevante para la búsqueda.

Asimismo, se creará un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, que operará de manera similar a un sistema de inteligencia artificial, permitiendo identificar coincidencias entre las bases de datos gubernamentales y privadas. Empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios deberán sumarse a este sistema para contribuir con información que facilite la localización de personas desaparecidas.

Las reformas también buscan garantizar el derecho a la identidad y la protección del Estado a través del uso generalizado de la CURP, asegurando que todas las personas, desde su nacimiento, cuenten con esta identificación oficial tanto en el ámbito físico como digital.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), ofreció una disculpa pública en nombre del Estado por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Este acto formalizó un reconocimiento de la represión ocurrida durante aquel año, considerado como un crimen de lesa humanidad. El anuncio fue acompañado de la presentación de un decreto que entra en vigor este mismo día, siendo el primero en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la primera conferencia matutina de la nueva presidenta, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, se dirigió a la nación para manifestar el posicionamiento del Estado sobre la violencia perpetrada en aquella fecha. Destacó la importancia de este reconocimiento en la construcción de la memoria histórica del país y la relevancia de evitar que se repitan situaciones similares.

Durante el acto, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, fue la encargada de leer el decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El documento oficializa el compromiso del Estado mexicano de reconocer los actos represivos de 1968 y reafirma el carácter de lesa humanidad del crimen, cometido bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz.

El decreto no solo reconoce la gravedad de los eventos de 1968, sino que también establece directrices para la no repetición de este tipo de actos, asegurando que la represión gubernamental no será empleada nuevamente como herramienta de control. El compromiso con el respeto a los derechos humanos y la memoria histórica fue subrayado como parte central del documento.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó los sucesos del 2 de octubre como uno de los eventos más graves en la historia reciente de México. Señaló que el movimiento estudiantil de 1968 marcó un hito en la apertura de la participación política de jóvenes y de la sociedad en general, sentando las bases para la construcción de una nación más democrática. En su intervención, Sheinbaum también vinculó este movimiento con el cambio político que representó la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, al cual considera una continuación de las luchas por libertades y justicia.

El periódico estadounidense The New York Times respondió a las declaraciones de la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en relación con el supuesto caso de espionaje desde la fiscalía hacia figuras políticas. En su respuesta, el Times afirmó que la información proporcionada por la fiscalía no refuta su reportaje.

En un artículo publicado el 9 de noviembre, The New York Times alegó que la fiscalía, dirigida por Godoy, solicitó registros telefónicos a Telcel de figuras políticas como Santiago Taboada y Lilly Téllez. El Times respaldó su informe con documentos judiciales de la Ciudad de México y afirmó haber buscado la versión de la fiscalía, que no proporcionó información convincente para desacreditar el trabajo del periódico.

La fiscalía, por su parte, negó tener investigaciones de este tipo y desmintió categóricamente haber solicitado información telefónica de los mencionados en el informe. La respuesta de la fiscalía fue incluida en el reportaje del Times. Posteriormente, políticos adicionales afirmaron ser víctimas de espionaje, involucrando a AT&T en la entrega de información a la fiscalía de la CDMX.

Ernestina Godoy, en respuesta a las afirmaciones del Times, declaró que la información publicada es falsa y basada en documentos apócrifos. Su equipo denunció una campaña de desprestigio y anunció una investigación para determinar la procedencia de los documentos que, según Godoy, son falsos.

La procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó este jueves su programa de trabajo que busca garantizar la justicia y disminuir los índices delictivos en la capital del país, así como los delitos llamados de alto impacto.

De acuerdo con dicho plan, se tendrán seis ejes de trabajo que son: segmentar los delitos según su tipo, erradicar la corrupción, fortalecer el enfoque de atención a víctimas, la profesionalización de los servidores públicos, fomentar la cultura de la denuncia y actuar bajo los principios de rendición de cuentas y transparencia.

Tras destacar la importancia de la transición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a Fiscalía General, que este año se llevará a cabo, Godoy Ramos enfatizó que, además, se tomarán acciones inmediatas para abatir la impunidad en delitos de alto impacto, como son los homicidios.

La procuradora indicó que se creó un grupo de trabajo interno especializado para abatir la impunidad en homicidios y otro integrado por especialistas externos para el diseño de una política criminal enfocada en un primer momento, en el análisis de este delito.

El programa de trabajo de la actual administración prevé el desarrollo de una política criminal con un fuerte acento en la investigación y la coordinación con las instituciones integrantes del gabinete de paz y justicia de la capital.

Con la información histórica de los índices delictivos por alcaldía, agregó, las fiscalías presentarán sus propias acciones que llevarán a cabo en cada Coordinación Territorial para abatir los delitos y la impunidad.

Tras destacar la importancia de la transición a Fiscalía General, Godoy Ramos enfatizó que se tomarán acciones inmediatas para abatir la impunidad en delitos de alto impacto, como son los homicidios.

Puntualizó que también que se creó un grupo de trabajo interno especializado para abatir la impunidad en homicidios y otro integrado por especialistas externos para el diseño de una política criminal enfocada en un primer momento, en el análisis de este delito.