El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo dio a conocer que en la sesión del 29 de octubre presentarán ante el Pleno del Congreso Local su propuesta de iniciativa de reforma al Poder Judicial del Estado.

La iniciativa es presentada de manera conjunta por los diputados Yareli Anai Esparza Acevedo, Isaac Josué Hernández Méndez y Ernesto Santillán Ramírez, además del resto de la bancada petista, buscando con ello tener el tiempo suficiente para analizar las propuestas, robustecerla y crear un proyecto que sirva para garantizar una impartición de justicia pronta y expedita, cerrándole el paso a casos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y dispendios.

De acuerdo a la Reforma Judicial aprobada a nivel nacional, se dio a los estados un plazo de 180 días para adecuar sus leyes, habiendo pasado un mes sin haber podido avanzar en el tema.

“No queremos que la reforma se apruebe ‘fast track’, sino que lleve un proceso de análisis y estudio por eso la presentaremos en la próxima sesión. Esta será la base de la reforma, es la estructura que presentaremos, estos meses serán de mucha discusión sobre el tema”, comentó Josué Hernández.

Anai Esparza explicó que entre los planteamientos está el que se elimine la figura del Consejo de la Judicatura por un Órgano de Administración Judicial responsable de la gestión y administración, así como lo relativo a la carrera judicial, se conformaría por no más de 31 integrantes que serán sustituidos de manera escalonada y quienes duraría en el cargo 6 años.

Además, se propone crear un Tribunal de Disciplina Judicial local que será el responsable de supervisar y sancionar a los jueces que no cumplan con su responsabilidad, pero también prevé la reducción de salarios, y dejar a salvo los derechos de los trabajadores judiciales.

A la par, la propuesta contempla ratificar la renovación por voto popular de los 428 jueces y magistrados que hay en la entidad, los cuales durarán 9 años y no 15 años como se viene manejando en la actualidad, pudiendo concretar una primera etapa electiva en 2025.

Entre los requisitos para magistrado o magistrada que se propone es: contar con un título de Licenciatura en Derecho y tener un promedio general de al menos 8.0; no haber ocupado cargo en alguno de los Poderes del Estado ni en la Fiscalía a menos que se separe un año antes de su designación; y haber residido en el Estado durante dos años anteriores, entre otros.

Para robustecer la iniciativa, se informó que se realizarán con posterioridad una serie de foros en donde todas las voces sean escuchadas.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) requiere de una ley que le garantice viabilidad, estabilidad y que obligue a los municipios y organismos que le deben a saldar la totalidad de sus adeudos, indicó Ernesto Santillán Ramírez, presidente de la comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LXII Legislatura.

“La ley ISSEMyM es algo que nos interesa mucho, vamos a revisar el tema para ver cómo lo vamos a ayudar… la maestra ha estado invirtiendo en el Instituto, pero va a llegar el momento que no sea sostenible, eso no es la solución”, comentó.

Durante su comparecencia, la secretaria de Finanzas, Paulina Moreno García reconoció que además de los problemas de seguridad, salud y educación, la entidad hoy enfrenta otro reto que es el tema de pensiones, al respecto indicó que requieren de una colaboración conjunta entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, los municipios y las dependencias para sanear las finanzas del ISSEMYM, y poner al corriente los adeudos que registra.

Precisó que la administración pasada destinó cinco mil millones de pesos en todo su sexenio, mientras que el actual gobierno ha destinado 12 mil millones, de los cuales, ocho mil millones han sido enfocados a sanear sus finanzas.

Pese a este esfuerzo, el diputado local refirió que es necesario materializar una ley del Instituto eficaz que permita que el ISSEMyM regrese a la Secretaría de Finanzas, que establezca plazos para el cumplimiento de adeudos y permita imponer sanciones claras a los municipios y organismos que incumplan con los convenios de pago.

“Ya tiene que haber sanciones verdaderas, no importando que sean del mismo partido, coalición o no, porque muchos hacen acuerdos, convenios y no cumplen. Lo más importante es que las instituciones deudoras cumplan con sus obligaciones, y si es necesario, se debería recurrir a la retención de cuotas directamente de sus cuentas bancarias”.