México ha construido, con razón, un marco jurídico que busca garantizar que toda víctima pueda denunciar sin miedo y acceder a la justicia, ese derecho constituye uno de los pilares del Estado de Derecho y jamás debe debilitarse, sin embargo, también existe una realidad incómoda que durante años ha permanecido al margen del debate público: las denuncias falsas utilizadas como instrumentos de venganza, presión, extorsión o destrucción personal.

Uno de los casos que estremeció a la opinión pública fue el del docente Alberto Israel Jasso Cruz, quien decidió quitarse la vida mientras enfrentaba una acusación en su contra, independientemente de las particularidades jurídicas del caso y de que las responsabilidades deben ser determinadas por las autoridades competentes, su muerte abrió una profunda reflexión nacional sobre las consecuencias irreversibles que puede tener una imputación cuando la verdad aún no ha sido demostrada.

Cuando una persona pierde el empleo, es exhibida públicamente, es separada de su familia o vive bajo el peso de una acusación cuya falsedad eventualmente pudiera acreditarse, el daño difícilmente puede repararse, la absolución judicial no devuelve los años perdidos, el prestigio destruido ni, mucho menos, la vida de quien decidió no continuar soportando la presión social.

El problema no consiste en denunciar, el problema aparece cuando alguien convierte al sistema de justicia en un arma para fabricar culpables, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el principio de presunción de inocencia como un derecho fundamental, no obstante, en la práctica, muchas personas son condenadas primero por el juicio social y después por un proceso penal que apenas comienza, y, en la era de las redes sociales, una denuncia basta para destruir décadas de esfuerzo profesional.

Por ello resulta indispensable abrir un debate legislativo serio que proteja simultáneamente a las verdaderas víctimas y a quienes son objeto de imputaciones dolosamente falsas.

Una posible iniciativa de ley podría establecer mecanismos que fortalezcan la responsabilidad de quien presenta una denuncia, sin impedir el acceso a la justicia; entre las medidas que podrían discutirse destacan, que toda denuncia presentada ante autoridades ministeriales sea acompañada de la plena identificación del denunciante mediante documentos oficiales vigentes, con la finalidad de evitar identidades falsas o suplantaciones.

De igual forma, que cuando sea razonablemente posible, el denunciante aporte desde el inicio los documentos, registros, mensajes, fotografías, videos u otros elementos objetivos de prueba con los que cuente para sustentar los hechos denunciados, sin que ello elimine la obligación de la autoridad de investigar.

Además de que cuando, mediante resolución firme, se demuestre que una persona denunció dolosamente hechos falsos con el propósito de incriminar a un inocente, obtener un beneficio indebido o causar un daño, se configure un delito específico con sanciones proporcionales.

Así mismo que el responsable de una denuncia dolosamente falsa pueda recibir una pena agravada, considerando la gravedad del daño causado y respetando siempre los principios constitucionales de legalidad, debido proceso y proporcionalidad, cualquier equiparación automática con la pena del delito falsamente imputado requeriría un análisis constitucional cuidadoso para garantizar que sea compatible con los derechos humanos y el principio de proporcionalidad.

El objetivo no debe ser desalentar las denuncias legítimas, al contrario, una legislación de esta naturaleza fortalecería la credibilidad del sistema de justicia al distinguir con claridad entre quien busca protección del Estado y quien pretende manipularlo mediante el engaño.

Las auténticas víctimas merecen instituciones que les crean, las protejan y las acompañen, pero también los inocentes merecen un sistema que los defienda de acusaciones fabricadas.

La justicia no puede construirse sobre la mentira, el caso de Alberto Israel Jasso Cruz representa un llamado de atención para legisladores, jueces, fiscalías y sociedad, ninguna legislación devolverá una vida perdida, sin embargo, toda democracia tiene la obligación de aprender de sus tragedias para impedir que vuelvan a repetirse.

México necesita una reforma que castigue con firmeza a quien, de manera dolosa, utilice la denuncia como un instrumento para destruir a otro ser humano, no se trata de limitar derechos, sino de exigir responsabilidad en su ejercicio, porque denunciar constituye un derecho, pero mentir deliberadamente ante la autoridad nunca debería serlo.

La justicia verdadera protege a las víctimas, pero también evita que los inocentes se conviertan en víctimas del propio sistema, esa es la diferencia entre un Estado que simplemente procesa denuncias y un Estado que realmente hace justicia.

La administración de Claudia Sheinbaum se encuentra a la espera de una notificación oficial relacionada con el fallo de la juez Nancy Juárez, que ordena la eliminación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF). A pesar de que la mandataria se ha enterado del asunto a través de medios de comunicación, no existe una comunicación formal sobre la decisión judicial.

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno expresó que la falta de notificación oficial plantea interrogantes sobre la validez del proceso. Afirmó que su administración actúa de acuerdo con la Constitución y la reforma aprobada, mientras que considera que la juez podría estar vulnerando el Estado de Derecho al no seguir los procedimientos establecidos en la ley de amparo.

Sheinbaum también planteó cuestionamientos sobre las intenciones de la jueza, sugiriendo que su accionar podría estar relacionado con aspiraciones políticas personales. Subrayó la importancia de adherirse a las normas legales en lugar de recurrir a métodos que, a su juicio, violan la ley.

Además, la presidenta mostró una copia impresa del DOF para ilustrar el procedimiento adecuado en relación con la eliminación de una reforma. La falta de claridad en la forma en que se debe llevar a cabo este proceso genera dudas sobre la interpretación de la orden judicial y su impacto en el marco legal del país.

El gobierno federal permanece atento a cualquier actualización sobre este tema y reitera su compromiso con el cumplimiento de la ley y la protección del Estado de Derecho en el país.

Lilia González

Con el firme propósito de eficientar su labor, garantizar seguridad jurídica y fortalecer el estado de derecho, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar presentó al Congreso Local su iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial mexiquense, la cual ya ha sido turnada a comisiones legislativas para dar inicio con su estudio y análisis.

La propuesta contempla posibilitar a los juzgadores llevar a cabo el ejercicio de la función jurisdiccional de manera transparente, pronta, expedita e ininterrumpida a través del establecimiento y utilización de herramientas tecnológicas y medios electrónicos o digitales; y permitir la tramitación de juicios en línea; facilitar tanto a los operadores jurídicos como a los justiciables la resolución de controversias de forma ágil y sencilla.

También se plantea impulsar la consulta electrónica de expedientes judiciales, las presentaciones de promociones y la notificación de acuerdos y resoluciones; y la eliminación de costos o gastos originados por el traslado de las partes a los diversos lugares donde se ubican los órganos jurisdiccionales, así como la impresión y fotocopiado de documentos.

Prevé la creación, fusión, extinción, transformación, habilitación, cambio de denominación y fijación de competencia de algunos órganos jurisdiccionales que comprenden la implementación de políticas para la equidad de género, la creación de una sala de Asuntos Indígenas, la incorporación del sistema de precedentes en la creación de criterios jurisprudenciales, la consolidación de tribunales laborales, y la concurrencia de materias en juzgados de competencia mixta.

También se propone la creación de la visitaduría judicial como un órgano auxiliar del consejo de la judicatura cuyo objeto será verificar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales para lograr un ejercicio adecuado de la función jurisdiccional, así como la figura de prefectura que tiene por objeto preservar el orden y vigilancia de las instalaciones del Poder Judicial.

Por otra parte, se busca actualizar los requisitos, términos y condiciones que deben cumplir las personas que ejercen la función jurisdiccional para contar con los mejores perfiles y se actualiza el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos judiciales y la sanción de la responsabilidad administrativa, además de ampliarse las atribuciones o conductas que deben observar los mismos.

Hace dos años les preguntaba a algunos reconocidos académicos de México y Europa en un seminario organizado por el Instituto Jurídico y la Facultad de Ciencia Política de la UNAM ¿Cómo podía uno, como científico social y/o político levantar la voz ante aquellas acciones que parecen antidemocráticas pero que aún no se consolidan; ¿es decir, aquellas de las cuales no tenemos evidencia totalmente tangible como para crear un artículo académico?

Sin más, coincidieron todos ellos en que la pregunta era complicada, pero al mismo tiempo pertinente dadas las circunstancias de nuestro país. Si bien argumentaron que era complicada la pregunta como también la respuesta, dijeron que teníamos una responsabilidad ciudadana antes que académica, de alzar la voz por aquellas inminentes y latentes injusticias y actos en contra de la democracia y el Estado de derecho.

En su momento la respuesta me tranquilizó al igual que la “colita de rana” tranquiliza a un niño que se acaba de golpear; sin embargo, hoy vuelven aquellas dudas, y más que volver, se activan.

Y es que, al querer declarar los estudios de las humanidades o la realidad social como ciencia, intentamos ser, no solamente sensatos, sino procedimentales; como si el populismo; las guerras civiles o los golpes de Estado fueran totalmente calculados y predecibles.

Por poner un ejemplo: hoy me cuesta escribir aquello que todos, por consenso y lógica común, sabemos que fue una trampa: el fraude de 1988 que llevó a Salinas al poder. Y es que es más que lógico, y hasta redundante que nos cueste trabajo, cuando precisamente los que estuvieron inmiscuidos buscaron todas las maneras de ocultar cualquier rasgo o prueba.

Hoy, aunque es cierto que estamos ante otra realidad, una realidad que en lo superficial pareciera ser distinta, cuando uno comienza a escarbar parece tener los mismos rasgos.

Hoy no solamente estamos frente a un régimen populista del que ignoramos sus acciones, dado que estamos sumergidos en su retórica. Hoy estamos frente a un gobierno que no solamente ha hecho caso omiso de las recomendaciones internacionales respecto al COVID19, sino que también parece burlarse de ellas.

Mientras las autoridades presentan un semáforo epidemiológico en rojo, al mismo tiempo invitan a visitar una pirámide de cartón supuestamente en honor a los pueblos indígenas. Mientras decían que no era ni seguro ni popular, hoy millones de mexicanos han perdido el acceso a la salud. Mientras dicen que los apagones han sido producto de circunstancias ajenas, hoy se vuelven una constante.

No solamente estamos frente a un gobierno populista, estamos también frente a un gobierno precario e ineficaz.

En días anteriores, tres de aquellos, que el presidente señala como diablos por sus críticas, decían que no dudaban de las buenas intenciones del gobierno actual, pero sí de su capacidad. Yo, contrario a ellos, sí dudo de su capacidad, pero también de sus intenciones. ¿Bajo qué argumento real y concreto elimina los programas sociales?; ¿Qué sentido tiene decir todas las mañanas que él tiene otros datos?; ¿Cuál es la necesidad de dejar a los niños que padecen cáncer sin sus medicamentos?

Creo que tengo razones de sobra para dudar de sus intenciones

Hoy al presidente López Obrador le quedan tres años, tres años en los que deberá, no igualar las circunstancias del pasado sino revertirlas. Hoy a Obrador se le olvida que el poder es pasajero. Hoy, a Obrador se le olvida que luchó 18 años por la presidencia de la República y que solo le quedan 3. Hoy a Obrador se le olvida que no es un ganador de elecciones, que ha perdido más de las que ha ganado, y que incluso cuando compitió por la CDMX Santiago Creel estuvo cerca, muy cerca de ganarle.

Sin embargo, también hay buenas noticias, y es que, si el general Cárdenas pudo poder fin al periodo llamado como “el Maximato”, ignorando las reglas informales del general máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles; también podemos confiar que aunque gane MORENA y su candidato en el 2024 nos encontraremos con un gobierno totalmente distinto.

Yo no pierdo la esperanza, de que cada día haya menos populistas y radicales… poco me importa si son de izquierda o de derecha, ese es un mero disfraz.

P.D. Muchos se preguntan qué sucede realmente en Afganistán, como si este fuera un tema totalmente ajeno a México. No, no es ajeno, incluso deberíamos ser de los principales en el mundo en comprenderlo, pero siempre, siempre, hemos preferido mirar a nuestro pequeño ombligo.