El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que Estados Unidos no respaldará, por ahora, una extensión de 16 años para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que el acuerdo comercial entrará en un esquema de revisiones anuales, aunque mantendrá su vigencia hasta 2036.

Tras una reunión virtual con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, Ebrard informó que Washington optó por activar el mecanismo previsto en el tratado para realizar evaluaciones anuales durante la próxima década.

“Lo que nos ha dicho hoy el embajador Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extender los 16 años. Por lo tanto, nos vamos a ir por el carril de la revisión anual”, declaró el titular de Economía.

El funcionario aclaró que ninguno de los tres países ha notificado su salida del tratado, por lo que el T-MEC continuará vigente. Explicó que el acuerdo contempla dos escenarios: una extensión de 16 años por consenso entre las tres naciones o mantener su vigencia hasta 2036 mediante revisiones anuales, opción que ahora entrará en operación.

Ebrard señaló que este mecanismo nunca había sido utilizado, por lo que México, Estados Unidos y Canadá deberán definir la forma en que se desarrollarán las revisiones, con el objetivo de resolver gradualmente los temas pendientes y facilitar futuros acuerdos.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la decisión de Estados Unidos no implica la cancelación del tratado y recordó que una eventual salida requeriría un procedimiento legal y legislativo en los tres países, por lo que el acuerdo comercial permanece vigente.

La postura estadounidense ya había sido anticipada por Jamieson Greer, quien semanas atrás señaló que su país mantendrá los aranceles y buscará fortalecer las reglas de origen, particularmente en sectores como el automotriz, al considerar que persisten desequilibrios comerciales.

Con este nuevo esquema, el T-MEC iniciará una etapa de evaluaciones anuales hasta 2036, periodo en el que las tres naciones aún podrán acordar, por consenso, una ampliación adicional de 16 años si así lo determinan.

Un juez federal en Estados Unidos fijó el 8 de marzo de 2027 como la fecha para el inicio del juicio contra el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, quien enfrentará cargos en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.

Durante una audiencia de procedimiento, el acusado compareció ante el tribunal en el marco del proceso que se sigue en su contra por delitos relacionados con el narcotráfico.

Entre los cargos que enfrenta se incluyen señalamientos por el secuestro, tortura y asesinato del exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

Autoridades estadounidenses consideran este caso como uno de los más relevantes en la lucha contra el crimen organizado, debido a su impacto histórico y a la persecución internacional que se mantuvo durante décadas.

Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos tras años de búsqueda y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con información del caso, el acusado no ha establecido hasta el momento algún acuerdo de cooperación con las autoridades, por lo que se prevé que el proceso se desarrolle mediante juicio con jurado.

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua, de acuerdo con los cargos que le imputa la justicia estadounidense.

Las autoridades señalaron que este proceso representa un paso relevante en la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia entre México y Estados Unidos.

El gobierno de México inició el diseño de una estrategia para enfrentar el arancel de 17.09% que el Departamento de Comercio de Estados Unidos aplicará a las exportaciones de jitomate a partir del 1 de agosto. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las acciones se incluirán en el llamado Plan México y contemplan apoyo directo a los productores nacionales.

La administración federal estableció mesas de negociación con autoridades estadounidenses con la intención de revertir esta medida. Además del jitomate, el diálogo incluye temas relacionados con el comercio de ganado, debido al reciente cierre fronterizo motivado por el brote del gusano barrenador.

Desde hace años, grupos de productores en Florida promovieron investigaciones y presiones contra el jitomate mexicano. El nuevo arancel retoma ese camino y, aunque no representa al conjunto del sector agrícola estadounidense, influye en las decisiones comerciales de ese país. La mandataria calificó la medida como injusta y reiteró que el jitomate mexicano mantiene una posición clave en el mercado por su volumen y calidad.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, sostuvo una reunión con productores nacionales para coordinar las acciones que se anunciarán la próxima semana. La estrategia contempla esquemas alternativos para la comercialización y exportación del producto, así como apoyos a quienes enfrentan mayores afectaciones.

El gobierno federal planteó distintas opciones que permitirán a los jitomateros mantener su actividad productiva y defender su participación en el mercado estadounidense. Además, se analizaron medidas complementarias para otros sectores afectados por barreras comerciales recientes.

El jitomate representa una de las principales exportaciones agrícolas del país y genera miles de empleos directos e indirectos. Frente al escenario actual, las autoridades mexicanas optaron por una respuesta coordinada y diplomática que busque soluciones antes del plazo establecido por Estados Unidos.

Autoridades de México y Estados Unidos reactivaron esta semana el diálogo técnico y diplomático para abordar distintas problemáticas relacionadas con el manejo del agua en la frontera común, en particular las descargas residuales que llegan al océano Pacífico desde Tijuana y el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

Como parte de este proceso, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se encuentra en California para sostener encuentros con representantes de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Las reuniones tienen como objetivo revisar la situación de las aguas residuales que cruzan de México hacia territorio estadounidense, en medio de una creciente atención mediática y política sobre el tema.

El viaje ocurre tras las declaraciones de un senador estadounidense, quien acusó a México de provocar afectaciones sanitarias mediante el vertido diario de millones de galones de agua contaminada al mar. Las autoridades mexicanas han señalado que se están tomando medidas técnicas para mitigar la situación, incluyendo la próxima operación total de una planta de tratamiento en Tijuana, así como el seguimiento a compromisos adquiridos en acuerdos previos entre ambos países.

Paralelamente, se mantiene la discusión sobre el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que regula la distribución de agua entre ambas naciones. Conforme al acuerdo, México debe entregar cada quinquenio un volumen aproximado de 2 mil 160 millones de metros cúbicos a través del río Bravo, mientras que Estados Unidos proporciona cerca de 9 mil 250 millones de metros cúbicos mediante el río Colorado.

El tema se volvió más visible a nivel político luego de que el expresidente Donald Trump advirtiera posibles sanciones comerciales si no se atendía el presunto incumplimiento del tratado. En ese contexto, ambos gobiernos acordaron llevar a cabo este miércoles una reunión técnica para evaluar la disponibilidad de agua en la región y explorar opciones que permitan cumplir con lo estipulado, sin comprometer el consumo humano ni el uso agrícola en México.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, rechazó este lunes la transmisión en medios nacionales de un anuncio promovido por Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, que contiene un mensaje en contra de la migración irregular. La mandataria expresó su desacuerdo al ser interrogada sobre el spot, que se difundió durante el fin de semana, incluso en la transmisión del partido de fútbol entre América y Mazatlán.

Sheinbaum explicó que este tipo de propaganda extranjera llegó a los medios mexicanos tras la eliminación de un artículo en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este artículo previamente prohibía la transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, protegiendo la soberanía del país.

La presidenta calificó el contenido del anuncio como “altamente discriminatorio” y destacó que atenta contra la dignidad humana, al tratar de manera estigmatizante a las personas migrantes. Resaltó que el gobierno, junto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, ya había solicitado de manera formal la retirada del comercial.

En defensa de los derechos humanos, Sheinbaum recordó que la Constitución prohíbe cualquier forma de discriminación y que las leyes mexicanas deben promover valores como la unidad nacional y el respeto a los derechos humanos. El spot, subrayó, infringe estos principios.

Como respuesta, la presidenta informó que enviará una reforma al Congreso para restituir el artículo eliminado, con el objetivo de evitar que mensajes similares puedan ser transmitidos en México en el futuro.

El gobierno de Estados Unidos presentó una nueva aplicación, CBP Home, que reemplaza a la anterior CBP One. Esta plataforma permite a los migrantes sin estatus legal en el país notificar su decisión de salir voluntariamente, sin intervención directa de las autoridades. La medida forma parte de un endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump, y ha generado diversas reacciones.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), CBP Home facilita el proceso para que los migrantes indocumentados informen su intención de autodeportarse. El objetivo es reducir los costos asociados a la aplicación de la ley y fortalecer la integridad del sistema migratorio. La nueva herramienta reemplaza a CBP One, lanzada en 2020 durante la administración de Joe Biden, que permitía a los solicitantes de asilo programar citas en los puertos de entrada.

Simultáneamente, el gobierno de Estados Unidos ha iniciado una campaña publicitaria de 200 millones de dólares con el lema «Stay Out and Leave Now» («Quédate fuera y vete ahora»). Esta campaña busca desalentar la migración irregular y advertir sobre las consecuencias de permanecer en el país sin estatus legal.

CBP One, que permitió a más de un millón de migrantes solicitar citas en los cruces fronterizos, fue suspendida por orden del presidente Trump el mismo día de su toma de posesión. La administración Trump considera que esta herramienta facilitó la entrada ilegal de migrantes, lo que llevó a su cierre.

Por su parte, el DHS asegura que CBP Home permitirá una salida más ordenada para los migrantes sin documentos, ofreciéndoles una opción menos confrontativa frente a los procesos de deportación. Esta medida forma parte de otros esfuerzos para reforzar las políticas migratorias, como la propuesta de una nueva regulación que obligaría a los migrantes sin estatus legal a registrarse con el gobierno o enfrentar sanciones penales, la cual entrará en vigor en abril.

Sin embargo, activistas y organizaciones pro inmigrantes han expresado su preocupación, indicando que la falta de opciones legales viables podría forzar a muchos migrantes a abandonar el país sin alternativas claras para regularizar su situación. Además, se prevé que algunos migrantes pierdan su estatus legal debido a los cambios en los programas de parole humanitario.

El DHS ha señalado que CBP Home se actualizará automáticamente en las tiendas de aplicaciones móviles, aunque aún no se han definido detalles sobre el seguimiento de aquellos que no cuenten con un estatus legal vigente.

Gobernadoras, gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México manifestaron su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la imposición de aranceles a productos mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos.

A través de un desplegado difundido por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), expresaron su rechazo a esta medida, argumentando que tendrá consecuencias negativas en la economía de ambos países, especialmente en el comercio, la inversión y el empleo.

En el pronunciamiento, destacaron la necesidad de coordinar esfuerzos con el sector privado y el Gobierno Federal para mitigar los efectos de estos aranceles y fortalecer la competitividad del país. Hicieron un llamado a la unidad nacional y reiteraron que México seguirá siendo un socio confiable y competitivo, dispuesto a defender sus intereses con responsabilidad.

Los mandatarios estatales subrayaron que la relación comercial entre México y Estados Unidos se ha construido sobre la integración de cadenas productivas y los principios del libre comercio establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Advirtieron que la imposición de aranceles vulnera estos acuerdos, genera incertidumbre en los mercados y afecta la competitividad de América del Norte como bloque económico.

El documento fue firmado por gobernadores de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el PVEM. En él, insistieron en la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo y negociación para atender las implicaciones de esta medida y garantizar la estabilidad comercial. Además, respaldaron la postura de la presidenta Sheinbaum de que la relación con Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación.

Finalmente, enfatizaron que este tipo de decisiones unilaterales impactan a millones de familias y empresas en ambos lados de la frontera, por lo que reiteraron su compromiso de defender los intereses de México en este contexto.

Un brote de enfermedad gastrointestinal ha afectado a pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del crucero «Radiance of the Seas» de Royal Caribbean, que actualmente navega por el Golfo de México. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), cerca de 90 personas han presentado síntomas como vómitos y diarrea.

El crucero zarpó de Tampa, Florida, con destino a diversos puertos en México, Honduras y Belice. Durante la travesía, se notificó el brote al programa de saneamiento de buques de los CDC, lo que activó los protocolos de seguridad sanitaria a bordo. Hasta el momento, el 4% de los pasajeros y dos miembros de la tripulación han reportado afectaciones.

Las autoridades de salud han implementado medidas para contener la propagación de la enfermedad. Se han intensificado las labores de limpieza en el barco, se han recogido muestras para análisis y se ha procedido al aislamiento de los afectados.

A pesar de estas acciones, la causa exacta del brote aún no ha sido determinada. Aunque el norovirus es una de las principales causas de enfermedades gastrointestinales en cruceros, no se ha confirmado su presencia en este caso.

El crucero mantiene su itinerario y se espera su regreso a Tampa según lo programado. Mientras tanto, los CDC continúan monitoreando la situación y evaluando los riesgos para los pasajeros y la tripulación.

El martes 4 de febrero comenzó el despliegue de 10 mil elementos de fuerzas federales hacia la frontera norte de México con el objetivo de fortalecer la seguridad en la región. Esta acción forma parte de los acuerdos establecidos entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de seguridad y comercio.

Desde las primeras horas del día, 990 agentes de la Guardia Nacional fueron trasladados en avión desde el sur del país hacia las ciudades de Tijuana, Baja California; Sonoyta, Sonora; y Matamoros, Tamaulipas. De manera simultánea, otros 6 mil 310 agentes provenientes de diversas Coordinaciones Estatales se desplazaron por tierra hacia distintos puntos fronterizos, incluyendo Tijuana, Tecate y Mexicali en Baja California; Agua Prieta y Sonoyta en Sonora; Piedras Negras y Ciudad Acuña en Coahuila; Ojinaga, Puerto Palomas y Ciudad Juárez en Chihuahua; Colombia en Nuevo León; y Playa Bagdad y Ciudad Mier en Tamaulipas.

En el Campo Militar No.1-A de la Ciudad de México, se concentraron 2 mil 700 elementos provenientes de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz. Estos efectivos partieron por vía terrestre hacia diversas ciudades fronterizas, entre ellas San Luis Río Colorado y Nogales en Sonora; Ciudad Juárez en Chihuahua; y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas.

El despliegue tiene como finalidad reforzar la vigilancia en la frontera, con el propósito de frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas, contener la migración irregular hacia Estados Unidos y evitar el ingreso de armamento al territorio mexicano. Estas acciones se realizan bajo un estricto apego a los derechos humanos.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el traslado de efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se lleva a cabo conforme a los acuerdos con el gobierno estadounidense. Durante la madrugada del 4 de febrero, más de 2 mil elementos partieron del Campo Militar No.1 en la Ciudad de México, mientras que otros grupos salieron desde Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

En esta fase inicial de operaciones, se estima que más de 5 mil efectivos llegarán a lo largo del día a las entidades que limitan con Estados Unidos, con el objetivo de reforzar las estrategias de seguridad en la región fronteriza.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, aseguró que México está preparado para enfrentar la posible imposición de un arancel del 25 por ciento a sus exportaciones hacia Estados Unidos a partir del 1 de febrero. Destacó que el gobierno federal ha diseñado un plan estratégico para responder con firmeza y prudencia, evitando reacciones precipitadas.

Durante la 85 Asamblea General Anual de la American Society (Amsoc), Ebrard señaló que la economía mexicana cuenta con la fortaleza necesaria para afrontar cualquier escenario. Explicó que la administración de Claudia Sheinbaum ha impulsado una política basada en la estabilidad y el análisis detallado de la situación comercial con el país vecino.

El sector empresarial en México y Estados Unidos mantiene confianza en que la relación comercial no sufrirá cambios drásticos. Larry Rubin, presidente de la Amsoc, consideró poco probable que el gobierno estadounidense aplique los aranceles. No obstante, advirtió que la administración de Donald Trump podría utilizar esta medida como una herramienta de presión en temas como migración y narcotráfico.

Inversiones en México se mantienen
Ante especulaciones sobre la salida de empresas del país, Ebrard aclaró que General Motors (GM) continuará operando en México. La automotriz, que produce 900 mil vehículos en territorio nacional, realizará ajustes en su producción, pero sin abandonar sus operaciones.

Rubin coincidió en que GM y otras compañías seguirán invirtiendo en México, siempre que existan condiciones competitivas y se respete el Estado de derecho. Explicó que muchas empresas han optado por establecerse en el país debido a la protección de la propiedad intelectual, a diferencia de lo que ocurre en China.

La administración mexicana seguirá atenta a los acontecimientos del próximo 1 de febrero, confiando en que la estrategia implementada permitirá mantener la estabilidad económica y la cooperación comercial con Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no espera que Estados Unidos imponga aranceles a México el 1 de febrero, ya que existen conversaciones y diálogo entre ambas naciones. Sin embargo, aseguró que, en caso de ser necesario, su administración cuenta con un plan de respuesta.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre la estrategia de México ante la posible aplicación de tarifas comerciales. Aunque evitó dar detalles, señaló que el gobierno está preparado y dará a conocer las medidas correspondientes si la situación lo requiere.

La Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de llevar a cabo las negociaciones con el gobierno estadounidense. La presidenta reiteró que el diálogo es el principal mecanismo para evitar la imposición de aranceles y destacó que la relación entre ambos países sigue en curso.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el presidente Donald Trump mantiene su intención de aplicar un arancel del 25 por ciento a México y Canadá si no se atienden temas como el tráfico de fentanilo y la migración.

Además de estas medidas, el gobierno estadounidense también evalúa la posibilidad de imponer un nuevo arancel del 10 por ciento a China, su principal competidor comercial, como parte de su estrategia económica.

El 1 de febrero sigue siendo la fecha clave para la posible aplicación de estos aranceles. Mientras tanto, México confía en que el diálogo permita evitar la medida y evitar afectaciones económicas en la relación bilateral.

Durante los primeros siete días de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, autoridades mexicanas registraron el retorno de 4 mil 94 personas a través de México, según datos compartidos por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. La mayoría de los deportados tenían nacionalidad mexicana.

Sheinbaum Pardo aclaró que dicha cifra no reflejó un aumento significativo en comparación con periodos anteriores. Destacó que estos números coincidieron con registros históricos de repatriaciones gestionadas en administraciones pasadas, tanto de México como de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, la mandataria subrayó la existencia de un diálogo continuo con el gobierno estadounidense, enfocado inicialmente en temas migratorios. Mencionó que, tras una comunicación telefónica entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente a finales de enero, se estableció un grupo de trabajo binacional. Este mecanismo busca abordar asuntos migratorios, con la posibilidad de ampliarse a otras áreas de la relación bilateral.

Agregó que se realizaron encuentros virtuales entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos. En estos espacios, se lograron acuerdos preliminares, aunque no se detallaron especificidades.

Respecto a las deportaciones de personas no mexicanas, Sheinbaum Pardo indicó que el tema forma parte de las conversaciones con Estados Unidos. Señaló que el país vecino mantiene coordinación con naciones centroamericanas para gestionar estos casos, en línea con normativas regionales. Como ejemplo, citó a Guatemala, cuyo marco jurídico obliga a recibir a ciudadanos de cualquier país centroamericano.

La presidenta reiteró la importancia de fortalecer la relación bilateral bajo principios de soberanía, respeto mutuo y cooperación. Aunque reconoció que la coordinación actual no está completamente definida, enfatizó que el diálogo permanente entre ambas naciones sigue siendo prioritario para abordar retos comunes.