El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien gobernó el país durante casi 14 años, desde enero de 2006 hasta noviembre de 2019, ha anunciado su intención de postularse nuevamente a la presidencia en las elecciones de 2025. Morales, de 63 años, realizó este anuncio a través de la plataforma X, explicando que se vio «obligado por los ataques del gobierno» actual.

En su mensaje, el exmandatario señaló que su decisión de volver a aspirar a la presidencia fue motivada por lo que considera una serie de ataques y conspiraciones por parte del gobierno actual, liderado por el presidente Luis Arce. Morales alega que el Ministerio de Justicia está conspirando para implicarlo en casos de corrupción, aunque hasta el momento no se ha obtenido respuesta del Ministerio de la Presidencia de Bolivia sobre estas acusaciones ni sobre la posible reelección del presidente Arce.

El anuncio de Morales se produce en un contexto de división dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido político al que pertenece. Esta división enfrenta a dos facciones, una liderada por Morales y otra por Arce, quien ocupó el cargo de Ministro de Economía durante la presidencia de Morales. En 2020, cuando Morales se encontraba en Argentina en calidad de exiliado, Arce recibió el respaldo de Morales y fue candidato en las elecciones presidenciales, resultando electo como presidente.

Evo Morales es un líder indígena que desempeñó un papel destacado en la política boliviana durante muchos años. Sin embargo, su cuarto intento de reelección en 2019 estuvo marcado por acusaciones de fraude electoral, lo que llevó a su renuncia al cargo de presidente y a su exilio. Morales afirmó en ese momento que había sido víctima de un «golpe de Estado» de la derecha boliviana.

Con este anuncio, Morales busca regresar a la escena política boliviana y competir nuevamente por la presidencia en las elecciones de 2025, en medio de una situación política y partidista compleja en el país andino.

El exmandatario Mauricio Funes fue condenado a 14 años de prisión. Este fallo se originó a raíz de las acusaciones por su relación con pandillas durante su mandato como presidente de El Salvador. La sentencia cubre varios delitos, incluyendo su participación en agrupaciones ilícitas y el incumplimiento de sus deberes oficiales.

David Munguía Payes, antiguo Ministro de Seguridad durante el mandato de Funes, también fue sentenciado. Se le impusó una pena de 18 años de prisión por sus propios tratos con las pandillas, junto con otros cargos adicionales. Su condena abarca el involucramiento en agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes, y la realización de actos arbitrarios.

Funes, de 64 años, se convierte en el segundo presidente que fue condenado por violar la ley mientras estaba en el cargo. Aunque negó inicialmente que su gobierno otorgó privilegios a los líderes encarcelados de las pandillas, las pruebas presentadas en el caso lo llevan a una condena de 8 años por agrupaciones ilícitas y 6 años por incumplimiento de deberes.

Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras menores, acordaron un cese al fuego para reducir los homicidios. Este armisticio contó con el apoyo del gobierno de Funes. Sin embargo, según las acusaciones del Ministerio Público, este acuerdo implicaba favores para los líderes de las pandillas, incluyendo privilegios dentro de la cárcel y menos vigilancia policial en las áreas controladas por las pandillas.

Funes negó cualquier concesión de beneficios a líderes de pandillas a cambio de la reducción de los homicidios. No obstante, durante el juicio contra los operadores de la tregua, se expuso que la estrategia del armisticio formaba parte de una política de «pacificación». Esto contradice directamente la versión oficial que Funes presentó a la fiscalía en 2016.

Munguía Payes, tras recibir su sentencia, expresó sentirse como un «condenado político». Declaró ante la prensa que ha habido irregularidades en su caso, y que siente que los cargos políticos se concretizan en condenas judiciales. Asegura que ninguna de las pruebas presentadas en su contra demuestra que él haya dado alguna orden para incumplir las leyes en los centros penales.

El Salvador ha experimentado un aumento en la violencia relacionada con las pandillas en los últimos años. En este contexto, los esfuerzos del gobierno para mantener la paz y la seguridad fueron objeto de escrutinio y controversia. Esta situación llevó a investigar y procesar a los líderes políticos implicados en negociaciones con las pandillas, como es el caso de Funes y Munguía Payes.

Funes y Munguía Payes no son los únicos líderes políticos de El Salvador acusados de negociar con pandillas. Se han levantado acusaciones similares contra el actual presidente Nayib Bukele, lo que pone de manifiesto la grave situación que El Salvador enfrenta en su lucha contra la violencia de las pandillas.