El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no podrá presentar una demanda por difamación contra el abogado del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador explicó que, según la jurisprudencia en Estados Unidos, los abogados están protegidos y no pueden ser acusados por difamación y daño moral.

Además, destacó que el abogado de García Luna alegará que está cumpliendo con su deber de defender a su cliente y que puede preguntar cualquier cosa relacionada con su oficio.

Ante esta situación, el mandatario anunció que enviará una carta al abogado, que será hecha pública la próxima semana. En la carta, López Obrador pretende explicar su postura y al mismo tiempo protestar por la impunidad que, en su opinión, gozan ciertos abogados. Cabe recordar que anteriormente, en febrero, el presidente había mencionado su intención de tomar acciones legales contra el defensor legal por sus argumentos durante el juicio de García Luna en Nueva York.

Genaro García Luna, quien lideró la «guerra contra el narco» en México, fue condenado por cuatro cargos de narcotráfico y complicidad con los narcotraficantes, así como un quinto cargo por mentir en su solicitud de naturalización en Estados Unidos. El presidente también proyectó un boletín emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), donde se informaba sobre las órdenes de aprehensión vigentes contra García Luna, su esposa y varios hermanos.

El Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, explicó que las órdenes de aprehensión contra García Luna son por su presunta participación en el operativo Rápido y Furioso, por un daño patrimonial en la construcción de penales por más de 64 mil millones de pesos y por contratos ilegales y abusivos de equipamiento en cárceles públicas del país.

La Fiscalía General de la República también informó que está trabajando con Interpol para lograr las capturas y planeando los procesos de extradición que sean necesarios. En este contexto, el presidente López Obrador lamentó la protección legal que gozan algunos abogados y su imposibilidad de presentar una denuncia por difamación contra el defensor de García Luna debido a estas leyes que, en su opinión, permiten la impunidad en ciertos casos.

Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, se encuentra en la lista de las 61 personas que han recibido órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) el lunes 22 de mayo. Otras personas cercanas a la familia del expolicía también aparecen en la lista, incluyendo a Cristina Gálvez González, su suegra.

La FGR sostiene que 58 personas, entre las que se encuentra Linda Cristina Pereyra, ayudaron a García Luna, Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg en el desvío de recursos públicos de la Secretaría de Seguridad Pública. El modus operandi suponía la desviación de fondos hacia empresas controladas por García Luna y sus asociados.

La investigación detalla la manera en que los recursos públicos se desviaron de manera ilícita a empresas controladas por García Luna y sus socios. Se mencionan 10 contratos por un total de 5 mil 112 millones de pesos, cantidades que se sustrajeron mediante diversas triangulaciones criminales a nivel internacional.

Se señala que la estrategia de desvío de fondos involucraba la firma de contratos con empresas privadas por parte de entidades gubernamentales como el Organo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), una dependencia de la SSP federal.

Debido a las investigaciones realizadas por la FGR, y basándose en una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, se solicitaron en febrero las órdenes de aprehensión contra las 61 personas. Entre los señalados se encuentran García Luna, que actualmente está en prisión en Estados Unidos después de ser hallado culpable de proteger al Cártel de Sinaloa.

Los hermanos del exfuncionario también están en la lista: Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto García Luna. De acuerdo a la FGR, estas personas forman parte de la red criminal que encabezó García Luna, quienes desde junio de 2011 hasta diciembre de 2019 crearon una estrategia financiera para desviar fondos a través de empresas fachada.

La FGR destaca que los recursos se desviaron y canalizaron a empresas ligadas a García Luna, algunas con sede en el extranjero. Entre ellas se mencionan Nunvav, Nunvav Technologies y Glac Security Consulting Technology Risk Management SC. De acuerdo a la FGR, los familiares de Garcia Luna figuran como accionistas o representantes de esta última empresa.

Un juez ha ordenado la detención de Linda Cristina «P», esposa del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, así como de los hermanos del exfuncionario debido a una red de corrupción para desviar recursos públicos. Esta orden forma parte de las 61 órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció el lunes.

La defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, ha solicitado un aplazamiento de tres meses para la próxima audiencia de sentencia. En una carta dirigida al juez Brian Cogan, la firma de abogados liderada por César de Castro explicó que han recibido nueva información que podría favorecer al acusado en el caso. La petición ha sido concedida por el juez.

De acuerdo con el comunicado de la defensa, han recibido información de varias personas, incluyendo exfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley, que podrían proporcionar nuevas pruebas a favor de García Luna. Ante estas posibles pruebas, se necesita más tiempo para preparar una moción para un nuevo juicio.

La defensa argumentó que es más apropiado aplazar las fechas de la sentencia y la apelación hasta que se presente una moción para devolver el caso al juez, en lugar de proceder con la sentencia del acusado. García Luna fue declarado culpable de vínculos con el narcotráfico en febrero de este año y podría enfrentar una sentencia de por vida.

El juez Cogan ha accedido a modificar la fecha de la sentencia, que originalmente estaba programada para el 27 de junio de este año. La decisión ha sido considerada histórica, ya que es la primera vez que una persona que ha fungido como secretario de Estado en México enfrenta un juicio en Estados Unidos y es declarado culpable de recibir sobornos del narcotráfico.

La defensa de García Luna también ha solicitado un aplazamiento para las mociones previas y posteriores al juicio, en caso de ser aprobada la petición de aplazamiento de la sentencia. La razón del aplazamiento es permitir que la defensa continúe desarrollando pruebas en apoyo de una moción de la Regla 33, la cual permitiría solicitar un nuevo juicio según las Reglas Federales de Procedimiento Penal de Estados Unidos.

Aunque la defensa no ha mencionado los nombres de las personas que les proporcionaron la nueva información, se espera que la moción se haga en virtud de la regla 33 a corto plazo. Mientras tanto, García Luna permanece detenido y a la espera de la decisión del juez.