La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles irregularidades en las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Jalisco sobre el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, conocido por ser un presunto campo de exterminio. Según el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, las autoridades locales no realizaron una investigación completa en el sitio, lo que ha impedido avanzar en la identificación y esclarecimiento de los hechos ocurridos allí.

En conferencia de prensa, Gertz Manero detalló que, a pesar de que la Fiscalía de Jalisco confirmó el hallazgo de restos humanos en el rancho, no se efectuaron los procedimientos adecuados para asegurar la correcta inspección del lugar ni para procesar los objetos encontrados, como ropa y calzado, que podrían ser claves en la investigación. Además, indicó que los vehículos hallados en el sitio tampoco fueron debidamente procesados, y algunos de estos ya han sido identificados como robados.

El fiscal destacó que, si bien aún no se puede determinar la causa exacta de la muerte de las personas encontradas, la FGR está trabajando en la recopilación de pruebas y en la evaluación de los delitos federales que podrían haberse cometido en el lugar. Subrayó que la falta de una intervención inmediata por parte de la FGR en 2022, cuando se registró el operativo, fue una de las principales fallas en el manejo del caso por parte de las autoridades locales.

Gertz Manero también hizo un llamado urgente a las autoridades de Jalisco para entregar los peritajes definitivos relacionados con la investigación y las acciones que llevaron a cabo en el lugar. La FGR sigue evaluando si los hechos pueden considerarse como delitos federales, ya que esto determinaría si el caso pasará a ser investigado bajo la jurisdicción federal.

La situación ha llamado la atención tanto de las autoridades mexicanas como internacionales. La ONU expresó su preocupación por las omisiones en la investigación y la falta de pruebas cruciales durante las inspecciones realizadas por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco. La falta de seguimiento a los testimonios y objetos encontrados también ha generado inquietud respecto a la conexión entre las autoridades locales y los grupos criminales que operan en la región.

La FGR sigue avanzando en la recopilación de pruebas y en el análisis de los posibles delitos federales relacionados con este caso, pero aún no ha confirmado si el rancho Izaguirre era utilizado como un campo de exterminio o con otros fines, como entrenamiento o concentración.

El Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara permanecerá en prisión en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 «El Altiplano», en Almoloya de Juárez.

La madrugada de este jueves, hubo una movilización de varios elementos y unidades Seguridad del Estado de México (SSEM), afuera de este Penal de Máxima Seguridad.

También ingresaron dos camionetas al CEFERESO mismas que salieron después de tres horas escoltados por la SSEM para incorporarse a la carretera Toluca-Atlacomulco y tomar el libramiento a Ixtapan de la Sal.

Aunque el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México emitió el fallo del Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal y ordenó la inmediata libertad del fiscal para que continuara su proceso en libertad por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio, este permanecerá en prisión y ya se le imputa otro delito.

Carmona Gándara ingresó al Altiplano el pasado martes 5 de septiembre, luego de que se encontrara en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

Esto, por encubrimiento por favorecimiento en el caso de Ariadna Fernanda, quien fue encontrada sin vida en una carretera de Morelos en octubre del 2022.