José Barajas Mejía dejó su cargo como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, a poco más de cinco meses de haber asumido la responsabilidad. El gobernador Javier May Rodríguez informó sobre su dimisión y señaló que el coronel planea continuar su carrera militar.

Durante la Mesa de Coordinación de Seguridad, realizada este lunes, se notificó la decisión de Barajas Mejía, quien presentará formalmente su renuncia ante el Congreso de Tabasco en el transcurso del día. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre los motivos de su salida.

En tanto se nombra a un nuevo fiscal, la institución quedará bajo la responsabilidad de Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, actual vicefiscal de Delitos Comunes, quien asumirá el cargo como encargado de despacho.

Desde febrero se especulaba sobre la posible salida de Barajas Mejía debido a amenazas en su contra. En el municipio de Cunduacán aparecieron mensajes dirigidos al entonces fiscal por parte de un grupo criminal. Sin embargo, en aquel momento, él negó que esas advertencias fueran motivo para dejar su cargo.

Barajas Mejía asumió la titularidad de la FGE el 8 de octubre de 2024, tras la renuncia de Nicolás Bautista. Antes de ocupar la fiscalía estatal, trabajó en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como subdirector de Asuntos Internacionales en la Dirección General de Derechos Humanos, entre 2021 y 2023. A lo largo de su carrera en las Fuerzas Armadas, ascendió en distintos rangos, desde subteniente y capitán de Artillería hasta mayor y teniente de Justicia Militar.

Un juzgado español abrió una segunda causa contra la cantante colombiana Shakira debido a una querella presentada por la Fiscalía por presunto fraude fiscal y patrimonial. La investigación, a cargo del juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat, en el nordeste de España, involucra dos delitos contra la Hacienda pública.

En 2018, Shakira ya había establecido su residencia en España debido a su relación con el futbolista Gerard Piqué, aunque posteriormente se mudó a Miami (Estados Unidos) con sus hijos.

La Agencia Tributaria descubrió irregularidades en su declaración de impuestos de 2018 y llevó el caso a la Fiscalía, ya que la suma defraudada superaba los 120,000 euros, considerado delito en fraude fiscal. Aunque Shakira devolvió los 14.5 millones de euros exigidos por la Agencia Tributaria, junto con intereses adicionales, rechazó un acuerdo propuesto por la Fiscalía para reducir la pena a cambio de admitir los hechos imputados.

A pesar de mantener su inocencia, la cantante decidió enfrentar el juicio, pero aún tiene tiempo para negociar con las acusaciones hasta el inicio del proceso. El juicio está programado para comenzar el 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona, donde se le acusa de defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. El proceso podría durar doce sesiones, con alrededor de doscientos testigos propuestos por las partes.

El juez propuso reducir el número de testigos para agilizar el juicio y planteo que Shakira asista solo en la sesión de su declaración y en la última jornada para pronunciar un alegato final. La Fiscalía alega que Shakira simuló no residir en España entre 2012 y 2014, mientras que su defensa sostiene que su residencia se estableció en España en 2014 y que ha pagado más de 104 millones de euros en impuestos en diferentes países desde 2011.

En junio, la cantante rechazó una oferta de la Fiscalía para llegar a un acuerdo y evitar el juicio, pero su defensa aún puede seguir negociando un pacto con las acusaciones en los próximos meses, lo que resultaría en un juicio breve en Barcelona. La nueva causa abierta complica aún más la situación penal de Shakira, quien ahora enfrenta dos procesos judiciales por presunto fraude fiscal.

El fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, afirmó que habrá de hacerle frente principalmente a los delitos de alto impacto, a la delincuencia organizada, a la corrupción y la impunidad.

A la par, indicó que entre sus objetivos principales está hacer de la Fiscalía una institución cada vez más cercana a la ciudadanía y más fortalecida.

“Mi compromiso es combatir al delito, pero también atender a los ciudadanos con todo mi empeño y toda mi voluntad, el reto a corto plazo es continuar cumpliendo con nuestro mandato, que es brindar seguridad a las familias, pero también acercar la Fiscalía a los ciudadanos, la cual está distanciada”, sostuvo.

Resaltó que el papel de las mujeres seguirá siendo fundamental, por lo que la Fiscalía velará por que aquellas que se sienten agraviadas por materia de género y asediadas por el feminicidio vean en la FGJEM una entidad vigilante que protegerá sus derechos, su vida y su seguridad.

“Todos los delitos se estarán combatiendo, sobre todo los de alto impacto y a todos los que impactan de manera cotidiana, como el robo simple, la violencia familiar y las lesiones”, dijo.

Lo anterior tras asegurar que habrá una limpia en la institución, tanto para hacer frente a la corrupción, como para revisar y depurar las fiscalías regionales, el despliegue especializado y todos los servicios asociados a la procuración de justicia.

“Las expresiones delincuenciales que se organizan merecen especial interés, lo cierto es que hoy en día cualquier expresión delincuencial se encuentra organizada, el que secuestra, mata; el que extorsiona, secuestra; el que roba a casa habitación, roba vehículo, todos los crímenes se encuentran entrelazados, si ellos se organizan, es nuestra obligación organizarnos mejor y superarlos”, concluyó.

Cabe señalar que José Luis Cervantes Martínez se ha desempeñado como magistrado del Poder Judicial del Estado de México, subprocurador general de Justicia del Estado de México, y titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Intelectual de la Procuraduría General de la República, entre otros cargos en los ámbitos federal y estatal.

***Uno de los objetivos es hacer una Fiscalía cada vez más cercana a la ciudadanía y más fortalecida.

***Señala que para hacer frente a la delincuencia organizada, la obligación de la instancia es organizarse mejor.

Pie de Foto.-Promete, además, depurar las fiscalías regionales y los procesos que no dan resultado.

Guadalupe de la Cruz

María Esther Nolasco Nuñez, fiscal regional de Nezahualcóyotl, es otra de las aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal general mexiquense, pues aseguró que es tiempo de que una mujer sea la titular de la dependencia, debido a los graves problemas que enfrenta actualmente el Estado de México.

Alrededor de las 13:00 horas de este jueves, la maestra en Derecho llegó al Congreso local para entregar la documentación requerida ante los diputados, quienes serán uno de los encargados de deliberar qué perfil es el idóneo para ocupar la Fiscalía.

“Considero que es momento de que una mujer sea la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sobre todo por los problemas que actualmente se tienen en la entidad”, mencionó.

De igual forma, precisó que «no estoy apadrinada por nadie, ni por ningún partido político, lo único que me avala es mi experiencia; son 16 años de servicio, soy doctora en Derecho y mujer, con muchísimas ganas de ayudar y trabajar para que se imparta justicia”.

Nolasco Nuñez refirió que la FGJEM es una instancia que tiene mucho trabajo, que demanda mucha atención, pues no es fácil lograr que haya justicia en la entidad, “pero estamos preparadas y no hay miedo para estar al frente de la Fiscalía, ya que considero que es tiempo de que una mujer -que cumpla con todos los requisitos- cumpla con este encargo”.

Cabe mencionar que María Esther Nolasco Nuñez actualmente se desempeña como fiscal regional de Nezahualcóyotl, cuenta con 16 años de experiencia en materia operativa y administrativa en la planeación y administración de Procuración de Justicia.

Trabaja en la Fiscalía Regional Nezahualcóyotl (16 de abril de 2018 a la fecha), también laboró en la Fiscalía Central de Atención Especializada (PGJEM), Fiscal Especializada en la Zona Oriente del Estado de México (1° de junio 2015 al 15 de abril de 2018).

Y en la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Institución (PGJEM), subdirectora regional de la Unidad Valle Toluca, Estado de México (1° agosto 2012 a 30 de mayo de 2015).

Hace unas cuatro décadas se ganó el mote del “Fiscal de Hierro” por haber encarcelado a mil 200 funcionarios en su papel de fiscal anticorrupción.

Pero al paso de los años, su trabajo como abogado brincó hacia el otro lado y ya cuenta con un historial de defensoría de personas acusadas por la autoridad investigadora, cuando antes él fue el acusador.

Ahora, el exfiscal de hierro defiende la compra de la empresa Agro Nitrogenados realizada por Petróleos Mexicanos (Pemex) en los tiempos de la dirección de Emilio Lozoya, catalogada como un montón de chatarra.

Javier Coello Trejo acapara una vez más las portadas de los medios por el calibre de su actual cliente.

Pero, demos un repaso de lo que ha sido la vida laboral de Coello Trejo.

Nacido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el exfiscal inició en el servicio público en esa entidad.

Fue agente del Ministerio Público del Fuero Común, director de la entonces Policía Judicial y agente del Ministerio Público Especial de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se distinguió por su dureza a la hora de aplicar la ley.

Durante el sexenio del presidente José López Portillo, en 1977, fue designado fiscal especial para el combate a la corrupción. Bajo el mando del procurador Óscar Flores Sánchez investigó a tres mil funcionarios, exfuncionarios, empresarios y empleados del sector privado, de los cuales encarceló a mil 200.

Con ese récord y su fama de inflexible, se ganó el mote de “El Fiscal de Hierro”.

Antes de terminar el sexenio, Coello Trejo, quien se tituló con la tesis «El Ministerio Público frente a la corrupción priista», se convirtió en secretario general de Gobierno del estado de Chiapas, invitado por el entonces mandatario Absalón Castellanos Domínguez.

En ese tiempo inició una nueva etapa como servidor público, pero también empezó a tener una vida rodeada de escándalos de diferentes tipos, siempre enmarcadas por la polémica y su mano dura para enfrentar y tratar de resolver los conflictos a los que se enfrentaba.

Tuvo enfrentamientos con parte del gabinete de Castellanos en Chiapas, al grado de que libró una guerra de difamaciones e insultos personales con sus adversarios que fue cortada de tajo por el entonces gobernador con su destitución a principios de 1984.

De ahí, volvió a la vida pública cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la Presidencia de la República, al ser nombrarlo subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico en la PGR, con tres encargos: detener al dirigente nacional del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, recuperar las joyas arqueológicas robadas del Museo Nacional de Antropología e Historia, y capturar al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo.

Coello Trejo cumplió con las tres encomiendas, pero sus formas distaron mucho de ser pacíficas y conciliadoras, pues para esos y otros casos más, creó un grupo especial al cual llamó “Tiburones”, quedando al frente de dicho grupo el comandante Guillermo González Calderoni, quien fuera asesinado en 2003 en McAllen, Texas, cuando formaba parte del programa de protección de testigos.

De la mano de Coello, diversas fuentes aseguran que ese grupo antinarcóticos de la entonces Policía Judicial Federal cometió todo tipo de arbitrariedades.

El nombre de Javier Coello también fue ligado a otro escándalo, cuando su escolta personal fue acusada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de ser la autora de una serie de violaciones sexuales ocurridas en el sur de la ciudad.

Tal imputación dio lugar a una abierta guerra entre las policías federal y capitalina.

Fue a consecuencia de las denuncias en contra de él y su grupo, que el presidente ordenó la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Tras una serie de imputaciones que enfrentó y de las cuales salió siempre bien librado, en 1990 fue destituido y relevado por Jorge Carrillo Olea, y Coello Trejo pasó a ser titular de la procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Dados sus antecedentes, su designación tuvo inmediatas reacciones, sobre todo del sector privado, quienes aseguraban que ahora los iban a tratar “a tehuacanazos”.

Durante su época en la PGR en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, también se le señaló por presuntas violaciones a los derechos humanos de forma sistemática.

Aunado a las denuncias de violaciones de su equipo, Coello Trejo tuvo que dejar su cargo en la PGR por sus supuestos nexos con un cártel que operaba en este estado. Incluso, en 1993 hubo rumores de que en un rancho en Chiapas, prpopiedad del «Fiscal de Hierro», donde se capturó a Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera por primera vez.

Desde 1984, cuando fundó su despacho, Coello Trejo ha defendido a diferentes personalidades.

Entre sus clientes destacan los nombres del sobrino de Cantinflas, Eduardo Moreno Laparade, en la disputa por los derechos de 29 películas del actor mexicano en contra de Mario Moreno Ivanova, hijo adoptivo del comediante, litigio que logró ganar para su cliente.

También representó a la empresaria inmobiliaria María Asunción Aramburuzabala en la denuncia por presunta extorsión en contra de Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga.

En 2016, representó a Jorge Vergara durante el litigio en contra de su exesposa, Angélica Fuentes, por presunto fraude, con lo cual logró que ella quedara fuera de la empresa Omnilife y del equipo de futbol Chivas del Guadalajara.

Recientemente, representó a la exdirectora del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García, quien se encuentra presa, y ahora, se está haciendo cargo de la defensoría del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Sin duda alguna, el abogado ha podido trabajar en los dos lados de la mesa a la hora de estar en un juzgado, envuelto generalmente en el escándalo y acusaciones de violaciones a los derechos humanos.