La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Ricardo Mendoza Cerón como segundo tripulante implicado en el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre del año pasado en el poblado de Nizanda, Oaxaca, accidente que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y decenas de lesionadas.

De acuerdo con registros ministeriales, elementos de la Policía Federal Ministerial aprehendieron a Mendoza Cerón en la colonia Centro del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, derivados del siniestro ferroviario.

Tras su detención, el imputado fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas, con sede en Cintalapa, donde quedó a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en su contra, como parte del proceso penal que se sigue por el caso.

Las investigaciones de la FGR identifican a Ricardo Mendoza Cerón como despachador del Tren Interoceánico, cargo que desempeñaba sin contar con la licencia ferroviaria correspondiente, situación que forma parte de las irregularidades detectadas durante la indagatoria del accidente.

Con esta detención, suman dos las personas aprehendidas por el descarrilamiento, luego de que el lunes fuera detenido Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor del tren siniestrado. Las indagatorias señalan que ninguno de los operadores contaba con licencia ferroviaria vigente al momento del accidente.

La Fiscalía estableció que Felipe de Jesús Díaz Gómez no accionó la válvula de frenado de emergencia pese a que la unidad circulaba con exceso de velocidad al ingresar a un tramo de curvas, en el kilómetro Z 230 más 290 de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos. En ese punto, el tren debía reducir la velocidad a 50 kilómetros por hora.

Asimismo, Erasmo Canteros Méndez, operador de la máquina principal que arrastraba el convoy, es señalado por acelerar hasta 65 kilómetros por hora en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento. Por este hecho, la FGR mantiene pendiente la ejecución de una orden de aprehensión en su contra.

La carpeta de investigación fue judicializada por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Al presentar un informe sobre el avance del caso, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó sobre la situación jurídica del expediente, mientras continúan las acciones para deslindar responsabilidades por una de las tragedias ferroviarias más graves registradas en el país en los últimos años.

El gobierno municipal de Ecatepec realizó trabajos para sellar de manera definitiva una toma clandestina de combustible ubicada en la colonia Jardines de Morelos, la cual había sido clausurada desde 2022, como parte de acciones para reducir riesgos a la población.

Las labores incluyeron el relleno de un túnel de aproximadamente 40 metros de longitud, infraestructura utilizada para la extracción ilegal de hidrocarburo, en una intervención coordinada con autoridades federales y personal especializado.

De acuerdo con información oficial, los trabajos se llevaron a cabo en coordinación con la Fiscalía General de la República y Petróleos Mexicanos, instancias que dieron seguimiento a una carpeta de investigación relacionada con el delito de robo de hidrocarburo.

Para garantizar la seguridad del personal participante, se desplegó un operativo perimetral con elementos de seguridad municipal, así como con la participación de integrantes de la Fuerza de Tarea Marina, quienes resguardaron la zona durante el desarrollo de las maniobras.

La intervención del gobierno municipal se realizó a solicitud de la Fiscalía General de la República, con el objetivo de sellar la toma clandestina y eliminar por completo el túnel, el cual representaba un riesgo estructural y de seguridad para la comunidad.

Previo al cierre definitivo, personal de Seguridad Física de Pemex efectuó una inspección técnica para descartar la presencia de combustible. Posteriormente, elementos de Protección Civil y Rescate Urbano retiraron una manguera conectada a la toma ilegal en un predio ubicado en Playa Mandinga.

Las acciones incluyeron el acordonamiento del área, la verificación de medidas de seguridad y la mitigación de riesgos, con el fin de evitar incidentes durante los trabajos de cierre y saneamiento del sitio.

Autoridades de Nuevo León detuvieron a Mario Alberto Cárdenas Medina, alias “El Betito” o “El Betillo”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, durante un operativo realizado la noche del 21 de diciembre en la ciudad de Monterrey.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se registró alrededor de las 19:09 horas sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en una zona comercial del sur de la capital nuevoleonesa, como resultado de labores de inteligencia de la Policía Estatal y del Grupo de Coordinación Metropolitana.

Junto con Cárdenas Medina fueron detenidas dos personas más, identificadas como Raúl “N” y Kevin Alberto “N”. Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arma larga, un arma corta, cartuchos útiles, así como varias dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal y una báscula digital.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que determinará su situación jurídica por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de armas.

Mario Alberto Cárdenas Medina es hijo de Mario Cárdenas Guillén, alias “El M1”, exlíder de la facción conocida como “Los Metros” dentro del Cártel del Golfo, y ha sido señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como generador de violencia en Tamaulipas.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos lo ha identificado como uno de los operadores del grupo criminal, con funciones de administración, supervisión y dirección operativa, de acuerdo con informes de seguridad.

Cárdenas Medina ha enfrentado múltiples detenciones y procesos judiciales tanto en México como en Estados Unidos. En junio de 2019 fue capturado en Naucalpan, Estado de México, donde se le aseguraron armas y narcóticos, aunque posteriormente recuperó su libertad tras resoluciones judiciales.

Cabe recordar que en agosto pasado fue detenido en Tamaulipas otro sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, Ezequiel Cárdenas Rivera, alias “Tormenta Junior”, quien fue vinculado a proceso y trasladado al penal federal del Altiplano, como parte de las acciones contra estructuras familiares del Cártel del Golfo.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Tepecoacuilco, Guerrero, al empresario y ex candidato a la gubernatura, Pedro Segura Valladares, acusado de delincuencia organizada y señalado por sus presuntos vínculos con el grupo criminal “Guerreros Unidos”, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La aprehensión ocurrió la noche del martes en el hotel “Vida en el Lago”, propiedad de Segura, y fue transmitida en vivo desde su propia página de Facebook. En las imágenes se observa el momento en que una agente le informa sobre la orden judicial en su contra, girada por un juez de Toluca, Estado de México.

Las autoridades federales precisaron que, tras su detención, Segura sería llevado a una sede de la FGR en Cuernavaca, Morelos, y posteriormente ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con la investigación, el ex candidato habría facilitado operaciones ilícitas a “Guerreros Unidos” mediante el uso de sus propiedades como puntos de reunión y recepción de droga. La FGR también lo vincula con empresas establecidas en Chicago, Illinois, presuntamente empleadas como fachada para actividades criminales.

El nombre de Segura ya figuraba en las pesquisas desde noviembre de 2014, cuando la entonces Procuraduría General de la República lo investigó junto con su hermano, Pablo Segura, tras un señalamiento de que en un inmueble suyo habrían sido retenidos algunos de los normalistas desaparecidos.

En la elección estatal de 2021, Pedro Segura compitió como abanderado de la coalición Partido del Trabajo-Partido Verde Ecologista de México, obteniendo el tercer lugar. Es conocido por su trayectoria como empresario de productos de salud bucal, por ser propietario de aeronaves y del rancho La Octava Maravilla, que perteneció al cantante Joan Sebastian.

Del 25 de marzo al 11 de agosto de 2025, la estrategia de seguridad aplicada en 12 municipios del Estado de México bajo el Mando Unificado Zona Oriente arrojó resultados significativos en el combate al crimen y la preservación del orden público.

En este periodo, las autoridades recuperaron mercancía valuada en 39 millones 543 mil 107 pesos, así como un millón 572 mil 212 pesos en efectivo. También se aseguraron mil 170 armas —685 blancas, 300 cortas, 35 largas, 150 hechizas— y dos mil 767 cartuchos útiles.

En materia de narcóticos, se incautaron alrededor de 175 kilogramos de drogas en distintas presentaciones, cuatro mil 742 dosis de cocaína y 796 unidades de metanfetaminas y anfetaminas.

Las acciones incluyeron la recuperación de cinco mil 349 vehículos, de los cuales mil 814 tenían reporte de robo. En el sector de transporte de carga, se aseguraron 405 unidades, de estas 159 con reporte de hurto. Durante la detención de José Luis “N”, alias “Crack”, considerado objetivo prioritario, se confiscaron bolsas con marihuana, sustancias tipo cristal, cocaína en piedra y polvo, así como equipo táctico, armamento y vehículos, entre ellos uno blindado.

Asimismo, se localizaron cinco tomas clandestinas de hidrocarburo, que derivaron en el decomiso de 39 mil 820 litros de combustible. También se desmanteló un presunto laboratorio clandestino de producción de drogas y se cumplimentaron 133 órdenes de aprehensión.

En este operativo participan de forma coordinada las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia mexiquense y las policías municipales.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que presentará un recurso de apelación contra la absolución de Israel Vallarta, liberado el 1 de agosto tras pasar casi 20 años en prisión sin sentencia. La decisión judicial que otorgó su libertad fue tomada por una jueza de distrito, quien identificó un montaje policial durante su detención en 2005.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, explicó que la apelación responde a la existencia de seis personas que sufrieron secuestro antes de la operación en la que capturaron a Vallarta. Subrayó que esas víctimas no pueden quedar desprotegidas ni sin acceso a la reparación del daño correspondiente.

Vallarta fue acusado de secuestro, delincuencia organizada y portación de cartuchos, además de ser señalado como líder de la banda «Los Zodiaco», nombre que le dio el entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna. La detención se hizo pública mediante una transmisión televisiva que años después se comprobó fue un montaje.

En su declaración tras salir de prisión, Vallarta aseguró que su lucha por la libertad fue un esfuerzo personal y familiar, y rechazó cualquier vínculo con favoritismos o autoridades. Mencionó que desconoce el paradero de su ex pareja, la francesa Florence Cassez, quien también fue liberada en 2013 debido al mismo montaje.

La jueza Mariana Vieyra, responsable de dictar la sentencia absolutoria, destacó el efecto corruptor de las irregularidades detectadas en el caso, lo que fundamentó la liberación tanto de Vallarta como de Cassez. Este caso ha puesto en evidencia fallas y abusos durante la gestión de García Luna y Luis Cárdenas Palomino, actualmente presos en Estados Unidos.

Mientras estuvo en prisión, Vallarta cumplió su condena en el penal de alta seguridad del Altiplano, donde permaneció a la espera de justicia plena. Ahora busca recuperar su vida tras casi dos décadas de encarcelamiento, en medio de un proceso judicial que continúa abierto debido a la apelación presentada por la FGR.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de mantener presuntos vínculos con el crimen organizado y cárteles mexicanos.

En un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente priista afirmó que Maduro debe “responder ante la justicia” por los delitos que se le atribuyen y denunció una supuesta relación del venezolano con políticos del partido Morena, lo que, dijo, representa “un grave riesgo para México”. Añadió que “los narcospolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero”.

Moreno Cárdenas difundió el documento oficial de su denuncia y recordó que el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro.

Esto, luego de que la fiscal estadounidense Pam Bondi señalara presuntos vínculos del presidente venezolano con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

El líder tricolor argumentó que Maduro ocupa la Presidencia de Venezuela “a partir de un fraude electoral” y respaldó la iniciativa del expresidente estadounidense Donald Trump de endurecer acciones contra el mandatario sudamericano. Subrayó que sus nexos con grupos criminales, según investigaciones internacionales, incluyen actividades de narcotráfico hacia Estados Unidos.

Con esta acción, Alejandro Moreno dijo buscar que la justicia mexicana se sume a los esfuerzos internacionales para frenar la influencia del crimen organizado en la política regional, reiterando que el objetivo es impedir que, en sus palabras, “el narco capture gobiernos y ponga en riesgo la democracia”.

Cuatro expolicías fueron detenidos en Puebla tras ser acusados de colaborar con grupos delictivos, a los que presuntamente brindaban protección e información privilegiada. Los exagentes también están implicados en el asesinato de dos policías y otros actos violentos registrados en los últimos meses.

Los detenidos son Ismael Franco Lucero Reyes, Hugo Salas Palacios, Diego Sánchez Juárez y José Manuel Lechuga Flores. Según el informe oficial, además de obstaculizar investigaciones por homicidio y narcomenudeo, habrían participado en una agresión armada en febrero de este año y en el homicidio de dos elementos de seguridad en marzo de 2024.

La detención se llevó a cabo mediante operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Puebla y policías locales.

Los expolicías fueron capturados en distintos puntos de la ciudad de Puebla. Durante los cateos, se les aseguraron un arma larga, un cargador y varios cartuchos útiles. Todos contaban con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio.

En un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales en Coahuila, cinco personas fueron detenidas por robar combustible a un ducto que cruza por la antigua carretera Monclova-Saltillo. Durante la acción se aseguró un total de 44 mil litros de hidrocarburos.

El grupo fue detectado cuando manipulaba una toma clandestina conectada a una pipa para extraer el combustible. Además de la unidad con el hidrocarburo, las autoridades aseguraron un tractocamión y tres vehículos más que estaban en el lugar.

Los detenidos fueron identificados como Elías, César, Luis, Juan y Rafael, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República junto con las unidades y el combustible recuperado.

El operativo estuvo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el apoyo del Ejército Mexicano, la Policía Estatal de Coahuila y la Policía Municipal de Ramos Arizpe, municipio por donde pasa el ducto de Pemex.

La zona quedó bajo custodia de las autoridades federales mientras continúan las investigaciones para evitar más actos ilícitos relacionados con el robo de hidrocarburos en la región.

El gobierno federal emprenderá acciones legales por difamación contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, luego de los señalamientos que realizó contra la presidenta Claudia Sheinbaum tras la audiencia en la que su cliente se declaró culpable ante una corte federal de Chicago. La mandataria instruyó a la Consejería Jurídica para que presente la denuncia correspondiente, al considerar que las declaraciones del litigante transgredieron el respeto a la institución presidencial.

La confrontación inició el pasado viernes, cuando Ovidio Guzmán —identificado como uno de los líderes de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa— aceptó su responsabilidad en delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero, uso de armas de fuego y delincuencia organizada, como parte de un acuerdo con autoridades estadounidenses. Su abogado, tras la audiencia, criticó al gobierno de México por haber entregado a Guzmán sin garantías procesales, y lanzó acusaciones directas contra la presidenta, sugiriendo que su participación en el proceso fue opaca y que su postura beneficiaba a intereses criminales.

Sheinbaum respondió desde Sinaloa, entidad golpeada por la violencia generada por las pugnas entre grupos del narcotráfico, y calificó como irresponsables los señalamientos del abogado. Más tarde, en una conferencia extraordinaria, la presidenta aclaró que el proceso judicial de Guzmán corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que su gobierno no interviene ni mantiene diálogo alguno con defensores de miembros del crimen organizado.

En paralelo, la Fiscalía General de la República también emitió un pronunciamiento en el que descalificó las expresiones del abogado Lichtman, al considerar que se emitieron sin sustento ni pruebas, y respondieron a una estrategia oportunista para ganar visibilidad mediática.