La Fiscalía General de la República clasificó como reservados los resultados de la necropsia practicada a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, al considerar que su difusión representa un riesgo para la investigación y la seguridad nacional.

De acuerdo con la dependencia, dar a conocer el contenido del dictamen forense podría exponer líneas de investigación y pruebas reunidas por el Ministerio Público, lo que afectaría el desarrollo del proceso penal.

La fiscalía sostuvo que existe un “riesgo real, demostrable e identificable” de perjuicio al interés público, por lo que la información debe mantenerse bajo resguardo para garantizar la eficacia de las diligencias.

Asimismo, advirtió que la divulgación de estos datos podría facilitar la evasión de la justicia por parte de personas relacionadas con el caso, además de vulnerar los derechos de quienes participan en el proceso.

La autoridad federal también señaló que los servidores públicos que filtren información reservada incurrirían en delitos contra la administración de justicia, conforme a la legislación vigente.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación murió el pasado 22 de febrero durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, tras un enfrentamiento con fuerzas federales.

Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México, donde se le practicó la necropsia que ahora permanece bajo reserva oficial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso de un individuo identificado como Juan Manuel “N”, investigado por su probable participación en el delito de feminicidio, tras hechos registrados en una comunidad del municipio de Toluca.

De acuerdo con la información integrada en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 8 de enero en la comunidad de San Felipe Tlalmimilolpan, donde la víctima viajaba a bordo de un vehículo sedán junto con su pareja sentimental, quien es señalado como el imputado.

Durante el trayecto, el individuo presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra la mujer, lo que le provocó la muerte. Posteriormente, el probable responsable habría huido del lugar para evadir la acción de la justicia.

Tras tomar conocimiento del caso, personal de la Fiscalía mexiquense llevó a cabo diversas diligencias que permitieron reunir datos de prueba e identificar a Juan Manuel “N” como posible partícipe en este ilícito, por lo que el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión correspondiente ante la autoridad judicial.

Una vez cumplimentado el mandato judicial, el imputado fue detenido e ingresado a un Centro Penitenciario y de Readaptación Social de la entidad, donde quedó a disposición de un juez para el desarrollo de su proceso legal.

Al analizar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, la Autoridad Judicial determinó vincularlo a proceso por el delito de feminicidio, además de imponer como medida cautelar la prisión preventiva.

Asimismo, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con la integración de elementos que fortalezcan el caso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México recordó que, conforme a la ley, a la persona imputada se le debe considerar inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional competente.

El proceso judicial por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk incorpora una nueva controversia en Utah, luego de que la defensa de Tyler Robinson solicite la descalificación de los fiscales del condado por un presunto conflicto de intereses. El acusado enfrenta cargos por el ataque ocurrido el 10 de septiembre en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem, y tiene programado regresar a la corte este viernes en Provo.

La fiscalía del Condado de Utah mantiene su intención de solicitar la pena de muerte en caso de una eventual condena. Robinson no presenta aún una declaración formal de culpabilidad. La defensa centra su estrategia en la participación indirecta del hijo de 18 años de un fiscal adjunto del condado, quien asiste al evento público donde Kirk recibe los disparos. Tras los hechos, el joven envía mensajes a su padre para relatar el ambiente de confusión generado por el tiroteo.

Los abogados de Robinson sostienen que ese vínculo personal compromete la imparcialidad del equipo acusador y cuestionan las decisiones adoptadas por la fiscalía, incluida la rapidez con la que impulsa la pena capital. Desde esa perspectiva, la defensa plantea que las circunstancias generan dudas sobre la objetividad del proceso y solicita que todo el equipo fiscal sea apartado del caso.

El evento donde ocurre el ataque congrega a miles de personas y forma parte de una manifestación al aire libre encabezada por Kirk, cofundador de Turning Point USA y figura destacada en la movilización de jóvenes conservadores. De acuerdo con documentos judiciales, el hijo del fiscal adjunto no presencia directamente el momento del disparo y su conocimiento de lo ocurrido se basa en lo que observa después y en información compartida por terceros.

La fiscalía rechaza la petición de descalificación y solicita al juez de distrito Tony Graf que la niegue. Desde su postura, no existe un riesgo real de que factores emocionales influyan en el manejo del caso y se subraya que el joven no actúa como víctima ni como testigo clave. También se señala que la mayor parte de la información que posee sobre el homicidio carece de relevancia probatoria directa.

El expediente judicial incluye referencias a mensajes de texto y pruebas de ADN que, según la fiscalía, vinculan a Robinson con el crimen. En paralelo, la defensa impulsa medidas para limitar la cobertura mediática del proceso. El juez Graf establece restricciones a la difusión de imágenes y videos que muestren al acusado con ataduras, con el objetivo de resguardar la presunción de inocencia, aunque aún no define si autoriza o no cámaras dentro de la sala.

La audiencia preliminar, en la que los fiscales exponen formalmente su caso contra Robinson, queda programada para iniciar el 18 de mayo, en un contexto marcado por la atención pública y el debate sobre la imparcialidad del proceso judicial.

El municipio de Ecatepec registró una disminución de 40 por ciento en la incidencia de delitos de alto impacto como resultado de una estrategia de seguridad basada en proximidad social, prevención del delito y atención directa a ilícitos prioritarios, de acuerdo con información del gobierno municipal.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, informó que los resultados corresponden a un año de aplicación de una política integral enfocada en atender las causas de la inseguridad, reforzar la prevención y mantener presencia permanente en territorio. Señaló que esta visión permitió avanzar en la recuperación de la tranquilidad y el orden en el espacio público.

“Bajo esta visión, Ecatepec definió una estrategia integral orientada a recuperar tranquilidad, confianza ciudadana y orden en el espacio público”, afirmó la alcaldesa al presentar el balance anual en materia de seguridad.

De acuerdo con las cifras oficiales, en menos de un año se logró una reducción de 39 por ciento en el robo de vehículo, 36 por ciento en el homicidio doloso y el robo a casa habitación, así como una disminución de 31 por ciento en las denuncias por extorsión, lo que consolidó una baja general del 40 por ciento en delitos prioritarios.

La alcaldesa destacó que estos resultados se alcanzaron mediante la coordinación institucional, la reorganización de cuadrantes y el fortalecimiento del equipamiento policial con más patrullas y motocicletas, lo que permitió mejorar los tiempos de respuesta y el vínculo con la ciudadanía.

En el eje de prevención del delito, la estrategia se enfocó en la atención de factores familiares y comunitarios para reducir riesgos y fortalecer el tejido social, mientras que en las acciones contra delitos de alto impacto se actuó con base en inteligencia operativa y trabajo conjunto con la Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía, bajo el esquema del Mando Unificado, alineado a la estrategia de seguridad federal.

Por su parte, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, señaló que los avances son resultado del trabajo coordinado de la policía municipal con autoridades federales y estatales, a través de 245 mesas de paz, 2 mil 949 mesas de paz vecinales, 4 mil 85 redes vecinales y 37 mil 677 dispositivos de seguridad implementados en el municipio.

Machado Peña subrayó que la presencia permanente en territorio permitió reducir 32 por ciento las carpetas de investigación iniciadas ante la Fiscalía y que, en septiembre, las denuncias disminuyeron 59 por ciento en comparación con el mismo mes de 2024. “Hay una coordinación efectiva, una gran colaboración y coordinación con los tres órdenes de gobierno, y un trabajo incansable de los compañeros de la dirección, ahora el reto es superar las estadísticas de lo que se hizo este año; falta mucho por hacer, pero no podemos negar que hay mujeres y hombres policías comprometidos con su municipio”, enfatizó.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que obtuvo un tercer auto de formal prisión contra Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada agravada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La medida fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, tras una investigación realizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía Especializada en Control Regional (FECOR). Se le responsabiliza por su probable participación en delitos relacionados con la dirección, administración y supervisión dentro de una organización criminal, así como por movimientos de recursos ilícitos.

En abril, autoridades mexicanas y la INTERPOL entregaron a Yarrington al sistema judicial nacional, luego de una deportación controlada desde Estados Unidos. Actualmente, el exmandatario permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número Uno, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Esta nueva orden judicial se suma a otras dos formalizaciones previas en su contra, emitidas el 16 de abril y el 22 de mayo. En esos procesos, se le vinculó con delitos contra la salud en modalidad de colaboración para facilitar la ejecución de actividades ilícitas y con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con este tercer auto de formal prisión, Yarrington enfrenta cargos en tres procesos diferentes: delincuencia organizada, delitos contra la salud y manejo de recursos ilícitos.

Durante la cuarta etapa de intervención en la fosa común del panteón Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla, Morelos, la Fiscalía General del Estado reportó el hallazgo de 85 restos humanos, entre ellos seis correspondientes a bebés y uno de carácter fetal. El operativo, realizado entre el 26 de mayo y el 13 de junio de 2025, fue presentado como una diligencia desarrollada bajo lineamientos legales, con la participación de especialistas forenses y representantes de diversas instituciones.

No obstante, los resultados difundidos por la Fiscalía difieren de manera significativa con los datos recabados por integrantes de colectivos de búsqueda, quienes asistieron como observadoras durante toda la jornada. De acuerdo con sus reportes, en esta etapa se habrían recuperado más de 60 cuerpos completos, incluidos más de 10 mujeres y al menos una decena de bebés, así como numerosos restos óseos fragmentados.

Aunque el fiscal Edgar Maldonado insistió en que la fosa no es clandestina y que su uso data de años anteriores, cuando la entonces Procuraduría del estado inhumaba cuerpos sin peritajes adecuados, los colectivos denunciaron fallas importantes durante el proceso. Señalaron días en los que no estuvieron presentes especialistas forenses ni personal de seguridad, lo cual contradice la versión oficial que asegura una participación continua de la Guardia Nacional y otras autoridades.

Previo a la presentación del informe final, la Fiscalía reconoció en un comunicado algunas de las omisiones señaladas, entre ellas la falta de perfiles técnicos completos en campo. También se comprometió a reforzar la siguiente etapa con la inclusión de peritos independientes y mayor supervisión.

De los 83 indicios localizados, la FGE indicó que aún se requieren estudios genéticos y antropológicos para determinar cuántas personas representan. Por su parte, la intervención fue ampliada una semana más ante el número de hallazgos, pero fue suspendida el 19 de junio debido al riesgo estructural de una barda perimetral y las condiciones meteorológicas adversas. La reanudación dependerá de la evaluación de seguridad en el sitio.

En cuanto a la actuación del Coordinador General de Servicios Periciales, el fiscal defendió su permanencia, pero advirtió que cualquier incumplimiento será sancionado. Reiteró que la labor continuará en coordinación con familiares de personas desaparecidas, aun cuando ello implique un desgaste institucional.

Jesús Alberto Ramírez Manzur, director de Seguridad Pública de Metepec informó sobre el ingreso al penal de una presunta célula de extorsionadores que operaba en el municipio, luego de ser detenidos en coordinación con la Fiscalía del Estado de México.

“Nosotros ya los ingresamos el día de ayer (jueves) al penal, hicimos el traslado para proteger y resguardar este proceso. Esperamos que el juez los vincule a proceso y que esto no quede impune”, declaró.

En entrevista Ramírez Manzur comentó que la investigación se centró en un grupo que presuntamente extorsionaba a operadores del servicio de transporte público, específicamente a integrantes de las más de 20 bases de taxis que operan en el municipio. La autoridad había recibido información por parte de los propios taxistas, lo que permitió avanzar en la investigación, aunque la formalización de las denuncias se había postergado por temor y desconfianza.

El director de Seguridad Pública mencionó que actualmente existen tres denuncias formales ante la Fiscalía, una de ellas incluso fuera del ámbito municipal, “hacemos un llamado a toda la sociedad y al gremio de transportistas: si son víctimas de algún delito, que lo reporten. Podemos actuar desde una denuncia anónima hasta un acompañamiento presencial”.

El funcionario reconoció que uno de los obstáculos en estos casos es la falta de denuncias, ya que el delito de extorsión requiere flagrancia o imputación directa para proceder legalmente. No obstante, dijo que el área de análisis criminal de la Dirección de Seguridad Pública trabaja activamente para identificar patrones y generar líneas de investigación que luego son canalizadas a la Fiscalía.

En cuanto al operativo, señaló que los detenidos ya están en prisión y la Fiscalía se encuentra integrando las carpetas correspondientes para solicitar la vinculación a proceso. También indicó que se investigan posibles excesos en la entrega de los presuntos responsables por parte de los propios transportistas, ya que hubo reportes de lesiones. “No estamos de acuerdo en ningún tipo de violencia ni en que se haga justicia por propia mano”, dijo.

Finalmente, el director señaló que si bien en Metepec no se han detectado casos de “cobro de piso”, sí existe incidencia de extorsión telefónica, delito que ha crecido a nivel estatal.

Por lo que, insistió en que la clave para combatir este tipo de delitos es la denuncia ciudadana: “Tenemos la capacidad de atenderlos y estamos trabajando de la mano con la Fiscalía y la Secretaría del Estado”, concluyó.

Un agente de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Nuevo León perdió la vida tras un enfrentamiento armado ocurrido en el paradero de El Ranchito, en el municipio de Vallecillo. La agresión sucedió el pasado 1 de mayo durante un operativo de seguridad en la región.

El agente caído fue identificado como Juan Antonio Cruz Calles. Su cuerpo fue despedido el fin de semana en un funeral celebrado en Monterrey, mientras que compañeros de la corporación expresaron sus condolencias a través de redes sociales.

Durante el enfrentamiento, dos elementos resultaron lesionados. Uno de ellos fue trasladado con vida al hospital general de Sabinas Hidalgo, aunque su identidad no fue revelada. El otro, Cruz Calles, murió en el lugar tras recibir un disparo.

La Fiscalía General de Justicia del estado vinculó estos hechos con un operativo realizado el 25 de abril en el municipio de Zuazua, donde fuerzas de seguridad rescataron a una persona que se encontraba privada de su libertad por el delito de plagio.

Las autoridades estatales consideran que ambos incidentes están relacionados con el mismo grupo delictivo. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas involucradas en ninguno de los dos eventos. Las investigaciones continúan.

El diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo acudió este jueves a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en el municipio de Temixco, para comparecer en relación con la denuncia por violación en grado de tentativa interpuesta por su media hermana, Nidia Fabiola.

El legislador de Morena asistió a la fiscalía acompañado de su equipo de trabajo y su abogada, Naybi Ríos, quien también representó a su hermano Ulises Bravo en un caso previo de violencia doméstica. La defensa aseguró que su presencia fue voluntaria y reiteró que Blanco Bravo mantiene su disposición de acudir a cualquier citatorio del Ministerio Público.

Este proceso ocurre luego de que la Cámara de Diputados desechara la solicitud de desafuero presentada por la fiscalía estatal, argumentando que la investigación presentaba inconsistencias.

Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, el pleno determinó que el exgobernador de Morelos conservara su fuero. Durante la sesión, Blanco Bravo subió a tribuna para rechazar las acusaciones y afirmó que su conciencia estaba tranquila. Diputadas de Morena manifestaron su apoyo con consignas en su favor.

«No tengo miedo, aquí estoy, parado frente a ustedes. Nada más, esto fue después de seis meses la señora presentó esta demanda en mi contra y estoy dispuesto a ir a la Fiscalía porque mi conciencia está muy tranquila“, señaló Blanco.

En respuesta a este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que su gobierno no protege a nadie y que la investigación contra el legislador continuará, pese a la decisión del Congreso. También recomendó que Blanco Bravo acuda a declarar ante la fiscalía para esclarecer los señalamientos en su contra.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concluyó que Fátima Maite, de 13 años, no fue arrojada desde un tercer piso por alguno de sus compañeros en la Secundaria Diurna número 236, ubicada en la alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, las investigaciones continuarán para determinar si existe responsabilidad penal en el caso.

El incidente ocurrió el 4 de febrero, cuando la menor ingresó al hospital con fracturas en la cadera y pelvis. Inicialmente, su familia denunció que había sido empujada por otros estudiantes, versión que generó indignación en redes sociales y derivó en el inicio de una investigación.

Según la fiscalía, la caída ocurrió desde una altura equivalente a un piso y no en horario de receso, como se había difundido. Además, precisó que no existen pruebas de que la menor haya sido empujada ni que estuviera acompañada al momento del suceso.

El padre de la adolescente, Juan Zavala, aseguró que tres compañeros fueron responsables del incidente y presentó una denuncia ante las autoridades. A raíz de las lesiones sufridas, la menor estuvo en coma inducido y fue sometida a una cirugía.

Actualmente, la adolescente sigue hospitalizada, con una evolución favorable. La fiscalía indicó que se encuentra pendiente una entrevista con la menor para esclarecer lo sucedido.