Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), fue vinculado a proceso este domingo por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 migrantes muertos. Garduño acudió a la audiencia inicial en su contra, después de que se le vinculó a proceso el martes pasado y se le imputó el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

El juez impuso la medida cautelar de presentación periódica quincenal a partir de este martes 2 de mayo. La audiencia inicial estaba programada para el 21 de abril, pero se pospuso debido a que la defensa argumentó que no había tenido acceso a la carpeta de investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Garduño de incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes.

En el incendio del 27 de marzo en una estación migratoria provisional de Ciudad Juárez, 40 migrantes murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos.

Garduño no recibió prisión preventiva, pero deberá acudir a firmar los martes cada 15 días. A la salida de la audiencia, Garduño dijo que seguirá al frente de su cargo mientras no se determine lo contrario, pese a las críticas por su actuación en el incidente.

El titular del INM se acogió a su derecho de guardar silencio y no hacer declaraciones en relación al proceso. Aseguró que estará muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños.

La vinculación a proceso de Garduño se da en medio de críticas por la gestión migratoria del gobierno mexicano, que ha sido acusado de violar los derechos humanos de los migrantes y de no brindarles la protección necesaria.

La tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez ha puesto de relieve las condiciones precarias en las que se encuentran los migrantes en México y ha generado un debate sobre la responsabilidad del gobierno en la protección de sus derechos.

El gobierno mexicano aseguró que se investigará el incidente y que se tomarán medidas para mejorar las condiciones en las estaciones migratorias. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han criticado la falta de avances en la investigación y la falta de protección efectiva para los migrantes.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el inicio de acciones penales contra Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM), y Antonio Andrés Vidal Islas, director general de Regulación y Archivo Migratorio del instituto. Ambos enfrentan cargos por ejercicio indebido del servicio público debido a la falta de condiciones de seguridad en los centros migratorios. Esta situación llevó a incidentes como el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 40 migrantes y otros 25 resultaron heridos.

La FGR ya ha llevado a juicio la investigación contra los directivos del INM. Aunque no está claro si se ha solicitado una orden de arresto en su contra o simplemente una citación para asistir a la audiencia inicial y formular cargos.

En un comunicado, la Fiscalía informó que Salvador «N», Juan «N», Cecilia «N» y Eduardo «N», servidores públicos del INM, también están vinculados directamente con los hechos que resultaron en la muerte y lesiones de los migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo, día del incendio.

La FGR investigó dos líneas de información en paralelo: la primera dentro del INM y la segunda en el ámbito de la empresa de seguridad privada. Durante las investigaciones, se descubrió un caso similar en otro centro migratorio del INM en Tenosique, Tabasco, el 31 de marzo de 2020, donde una persona falleció y 14 resultaron heridas. Este incidente llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una recomendación al instituto.

La Fiscalía explicó que estos casos indican un patrón de conducta en el que los responsables omitieron las medidas de seguridad indispensables y obligatorias. Los informes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años también señalan las faltas y omisiones en el INM, indicando un patrón de irresponsabilidad y omisiones reiteradas que han causado estos lamentables sucesos.

Se confirmó que la empresa de seguridad privada que operaba en el centro migratorio de Ciudad Juárez obtuvo contratos por adjudicación directa con el INM, lo que generó costos al doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios. Además, la empresa no cumplió con sus obligaciones de capacitación, control y supervisión y no registró en el IMSS a la mayoría de sus empleados, intentando hacerlo días después de los hechos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Francisco Garduño seguirá al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) mientras se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) y el gabinete de seguridad den a conocer las acusaciones en su contra por la muerte de 40 migrantes en Juárez. Estos migrantes habían sido custodiados por agentes bajo el mando del funcionario en cuestión.

En la conferencia matutina que se celebró en el Palacio Nacional, López Obrador reiteró que Garduño, así como otros miembros del INM, están siendo investigados y que no habrá impunidad en el caso de los migrantes fallecidos en las instalaciones del gobierno.

Aunque todavía se desconoce la totalidad de las acusaciones que pesan sobre Garduño, el presidente aseguró que si se demostrara su culpabilidad en algún delito, deberá rendir cuentas ante la justicia. López Obrador ha mantenido una postura firme al respecto, asegurando que no habrá impunidad para nadie y que su gobierno no seguirá el mismo camino que en el pasado.

En cuanto a la remoción de Garduño, el presidente explicó que esto podría suceder hasta que se resuelvan todas las cuestiones que están en juego en este caso. “Vamos a esperar, vamos a esperar qué es lo que está en juego, cuáles son las acusaciones y tomaremos decisiones en su momento”, dijo López Obrador.

Además, el presidente afirmó que no ha solicitado la renuncia de Garduño y que será la Fiscalía General de la República quien determine si el funcionario debe ser removido de su cargo, respetando así la autonomía de esta institución.

El gobierno de López Obrador ha prometido que actuará con transparencia y justicia en este caso, así como en todos aquellos relacionados con los derechos de los migrantes. El presidente ha reafirmado su compromiso de proteger los derechos de los migrantes y mejorar las condiciones en las instalaciones del INM.

El caso ha generado una gran controversia en México y ha llevado a muchos ciudadanos a pedir la renuncia de Garduño y una investigación exhaustiva sobre el manejo de la migración en el país. El presidente López Obrador ha asegurado que su gobierno tomará medidas para abordar estos problemas y proteger los derechos de los migrantes.

En definitiva, el presidente ha reafirmado su compromiso de actuar con transparencia y justicia, mientras que la Fiscalía General de la República determina si hay pruebas suficientes para presentar acusaciones formales contra Garduño y otros funcionarios del INM.

Rafael Rodríguez

El chofer del tráiler en el que fueron encontrados 51 migrantes sin vida en San Antonio, Texas,, se habría hecho pasar como uno de los sobrevivientes de este lamentable hecho que conmocionó al mundo, según lo informó el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles, el funcionario federal dio a conocer más detalles respecto a este caso, en el que comentó que un sujeto reconocido como Homero “N” fue detenido y se le procesa por cargos de homicidio y tráfico de personas.

Señaló que no se encontraron registros acerca de esta persona en la base de datos de migración, luego que habría argumentado ser un migrante regular, por lo que fue detenido.

Además, dio a conocer que en el vehículo de carga pesada tipo Volvo color rojo, viajaban un total de 67 migrantes, de los cuales murieron 39 mujeres y 12 hombres, sumando 51 fallecidos.

Agregó que, de los fallecidos, 27 son de origen mexicano, 14 de Honduras, 7 de Guatemala, 2 de El Salvador y una persona más que aún no ha sido identificada.

Respecto a las personas que sobrevivieron a este lamentable hecho, tres son de origen mexicano y otros 13 aún se indaga sobre su nacionalidad.

Por último, señaló que se está brindando apoyo para repatriar los cuerpos de los connacionales que fallecieron en este hecho por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Además del seguimiento por parte de la Fiscalía General de la República ante lo acontecido.

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y la presidenta del Conapred, Mónica Maccise Duayhe, se reunieron con integrantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de las personas migrantes.

“Se trata del primer encuentro de varios que sostendrán con el propósito de colaborar en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en México”, se informó en un comunicado.

Durante la reunión celebrada el jueves se acordó que el INM informe sobre el acuerdo de revocación del oficio para que se siga dando acceso a las estaciones migratorias a integrantes de la sociedad civil que ya cuentan con permiso. Las que no lo tienen podrán solicitarlo también.

Asimismo, el INM dará cumplimiento a los amparos resueltos a favor de las personas migrantes y conjuntamente con el Conapred buscarán reunirse con la Guardia Nacional para conocer sus protocolos de actuación en el control migratorios.

Además, se buscará un mecanismo para que las personas migrantes tengan fácil acceso a representación jurídica y personas de confianza, en tanto que se crearán mesas de trabajo conjunto entre el INM, el Conapred y las las organizaciones de la sociedad civil para discutir propuestas de reforma a la Ley de Migración.

De igual forma el INM y el Conapred buscarán una reunión con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes migrantes, al tiempo que se establecerán mesas de trabajo quincenales entre el INM, el Conapred y las organizaciones de la sociedad civil.

Este diálogo y esfuerzo conjunto entre el Estado y la sociedad civil están encaminados a garantizar el respeto a los derechos de las personas migrantes.