El martes 4 de febrero comenzó el despliegue de 10 mil elementos de fuerzas federales hacia la frontera norte de México con el objetivo de fortalecer la seguridad en la región. Esta acción forma parte de los acuerdos establecidos entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de seguridad y comercio.

Desde las primeras horas del día, 990 agentes de la Guardia Nacional fueron trasladados en avión desde el sur del país hacia las ciudades de Tijuana, Baja California; Sonoyta, Sonora; y Matamoros, Tamaulipas. De manera simultánea, otros 6 mil 310 agentes provenientes de diversas Coordinaciones Estatales se desplazaron por tierra hacia distintos puntos fronterizos, incluyendo Tijuana, Tecate y Mexicali en Baja California; Agua Prieta y Sonoyta en Sonora; Piedras Negras y Ciudad Acuña en Coahuila; Ojinaga, Puerto Palomas y Ciudad Juárez en Chihuahua; Colombia en Nuevo León; y Playa Bagdad y Ciudad Mier en Tamaulipas.

En el Campo Militar No.1-A de la Ciudad de México, se concentraron 2 mil 700 elementos provenientes de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz. Estos efectivos partieron por vía terrestre hacia diversas ciudades fronterizas, entre ellas San Luis Río Colorado y Nogales en Sonora; Ciudad Juárez en Chihuahua; y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas.

El despliegue tiene como finalidad reforzar la vigilancia en la frontera, con el propósito de frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas, contener la migración irregular hacia Estados Unidos y evitar el ingreso de armamento al territorio mexicano. Estas acciones se realizan bajo un estricto apego a los derechos humanos.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el traslado de efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se lleva a cabo conforme a los acuerdos con el gobierno estadounidense. Durante la madrugada del 4 de febrero, más de 2 mil elementos partieron del Campo Militar No.1 en la Ciudad de México, mientras que otros grupos salieron desde Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

En esta fase inicial de operaciones, se estima que más de 5 mil efectivos llegarán a lo largo del día a las entidades que limitan con Estados Unidos, con el objetivo de reforzar las estrategias de seguridad en la región fronteriza.

Toluca- Con el objetivo de combatir la comisión de delitos la extorsión, homicidio, secuestro y robo con violencia, entre otros delitos de los que son objeto conductores de transporte público de pasajeros y transportistas de carga en Texcoco y municipios aledaños, fuerzas federales y estatales llevan a cabo acciones operativas definidas en la Mesa para la Coordinación de la Construcción de la Paz, que en el Estado de México encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En el periodo de octubre de 2023 a mayo de 2024, a través de la realización de 16 acciones operativas prioritarias, entre ellas técnicas de investigación de cateo, recorridos preventivos y filtros de seguridad en 40 colonias de Texcoco y municipios de la región, con un estado de fuerza de 810 elementos que llevaron a cabo 7 mil 552 revisiones a personas y vehículos trabajan de manera conjunta para inhibir y combatir la comisión de delitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Guardia Nacional (GN), así como la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales.

Resultado de lo anterior, la Fiscalía mexiquense obtuvo el 19 de noviembre de 2023 la vinculación a proceso contra Armando “N” y Jhonathan “N”, toda vez que con los datos de prueba aportados se estableció su probable intervención en el ilícito de robo de vehículo con violencia, perpetrado el 14 de noviembre en el municipio de Tezoyuca, en agravio de un chofer de transporte público taxi.

Asimismo, a través de cumplimiento de orden de aprehensión, el 15 de diciembre pasado fue capturada Claudia Iveth “N”, por su probable intervención en el delito de robo de vehículo con violencia, quien el 26 de julio de 2022 en el municipio de Acolman, en conjunto con tres sujetos más, habría desapoderado a la víctima de su vehículo con cromáticas de taxi; días después fue vinculada a proceso.

El 25 de enero de 2024, la Fiscalía General de Justicia estatal obtuvo vinculación a proceso contra Irving Noé “N”, al haber establecido su probable intervención en el hecho delictivo de extorsión en agravio de un conductor de taxi de sitio del municipio de Texcoco, a quien, junto con otros dos individuos, habría amenazado con un arma de fuego para obligarlo a realizar una llamada telefónica a sus compañeros y exigirles dinero a cambio de dejarlos trabajar y no causar daños a sus vehículos.

Por otra parte, el 26 de enero de 2024, el Agente del Ministerio Público logró la vinculación a proceso de Sam “N” y Alexandra “N” por su probable intervención en el ilícito de robo de un vehículo con violencia, cometido en agravio de un chofer de transporte público taxi, registrado en San Diego, Texcoco.

El 29 de febrero pasado, Yashiro Aarón “N”, Miguel Ángel “N”, Raúl “N” y Erika “N”, fueron vinculados a proceso por su probable intervención en el delito de secuestro exprés en contra de un chofer de taxi, ya que el día 21 de ese mes los imputados abordaron el vehículo de transporte público que la víctima conducía, posteriormente lo amagaron con un objeto punzocortante y lo privaron de su libertad para robarle esa unidad.

En tanto que el pasado 4 de mayo, esta Representación Social obtuvo la vinculación a proceso en contra de Fátima “N”, quien, el 24 de marzo en el municipio de Texcoco, en conjunto con dos individuos más, a través del uso de la violencia moral, habrían desapoderado de su vehículo a un chofer de transporte público taxi.

También esta Institución ha obtenido sentencias de condena de alta penalidad por ilícitos cometidos en agravio de prestadores del servicio público de pasajeros, entre ellas destaca la dictada en contra de José Miguel Jiménez Sánchez, tras haberse acreditado su responsabilidad penal en el delito de robo que causa la muerte y se le impuso una pena de prisión de 62 años, así como la diversa resolución en contra de Jhovan Pérez Aldrete quien intervino en el delito de secuestro exprés y se le condenó a 50 años de prisión.
Con el apoyo de las autoridades federales y estatales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continuará con las investigaciones y acciones operativas para inhibir la comisión de los diversos delitos que afectan al transporte público en sus diversas modalidades, así como a otras actividades económicas.