En el marco del proceso electoral 2023-2024 en México, se han registrado un total de 62 asesinatos relacionados con la contienda política, según información recopilada por diversas organizaciones. Estas cifras incluyen casos de violencia electoral desde junio de 2023.

Las cifras de diferentes organizaciones ciudadanas varían en cuanto al número de aspirantes a cargos políticos asesinados. Data Int contabiliza 28 aspirantes asesinados, mientras que Data Cívica reporta 21. Por otro lado, el Laboratorio Electoral ha documentado 50 asesinatos relacionados con las elecciones del próximo 2 de junio, de los cuales 26 eran aspirantes a un cargo de elección popular.

Además de los asesinatos, se han registrado 156 agresiones a personas relacionadas con los comicios, que incluyen nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas.

El Gobierno de México ha reconocido el asesinato de 15 aspirantes en el proceso electoral actual, pero organizaciones ciudadanas como el Laboratorio Electoral señalan que el número real es de 26. El gobierno también ha recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección debido al riesgo de violencia electoral.

El Plan de Seguridad para las Candidatas y Candidatos en el Marco del Proceso Electoral Federal 2023-2024, presentado por el INE a inicios de febrero, establece una serie de acuerdos para garantizar la protección de los candidatos. Entre estos acuerdos se encuentra la comunicación del esquema de seguridad a los partidos políticos y equipos de candidatos, así como la solicitud formal de servicios de seguridad a nivel federal para eventos como debates.

En el caso de Gisela Gaytán, candidata de Morena a alcaldesa del municipio de Celaya, Guanajuato, hubo un desfase en el proceso de solicitud de protección. A pesar de las solicitudes iniciales, el tiempo se perdió debido a procedimientos burocráticos y requisitos adicionales del Instituto Electoral Estatal de Guanajuato.

Lilia González

Para lograr una efectiva dignificación policiaca, diputados locales e integrantes de asociaciones civiles coincidieron en que es elementar brindar garantías para que los derechos de los cuerpos de seguridad sean respetados y con ello, se incentive su actuar.

Durante la ponencia “Retos y fortalezas de la seguridad pública en el estado”, impartida por Iván Emmanuel Chávez Espejel, presidente de la Asociación Civil Ciudadanos Uniformados y secretario de la Red Nacional de Asociaciones Civiles, se indicó que la Ley de Seguridad del Estado de México, a diferencia de muchos estados de la República en donde solo establecen en sus leyes obligaciones, es una de las pocas leyes que contempla derechos para sus policías.

El ponente explicó que en el artículo 100 de la Ley de Seguridad local se establecen diversos derechos para los policías que son los mínimos, como: salario digo, trato respetuoso, ascensos y reconocimientos, capacitación, asesoría legal, equipo gratuito, seguridad social, reclusión especial en centros preventivos, bibliotecas, espacios deportivos y seguro de vida.

Sin embargo, indicó que desgraciadamente no se establecen garantías para su ejercicio, es decir, no se refieren los mecanismos a través de los cuales los policías deban hacer uso y exigir estos derechos.

Indicó que los principales retos que se tienen en la materia es incorporar en dicho artículo la necesidad de dotar a los cuerpos policiales de asistencia legal más no una simple asesoría, pues dijo, el término limita solo a orientar jurídicamente a los policías; por otro lado, comentó que requieren de atención psicológica por el estrés que padecen debido a las amplias jornadas laborales, lo cual ha provocado que sean algunos elementos violentos y hasta recurran al suicidio.

“Necesitamos ya trabajar también el tema de los salarios, pero sobre todo de los horarios porque para los policías no existen horarios, ninguna ley los contempla. El objetivo de este foro fue darle cuenta a la ciudadanía en qué condición actual se encuentra la policía de seguridad pública y el capital humano que la integra”, dijo.

Por su parte, el diputado panista organizador del foro, Adrián Juárez Jiménez, quien es presidente de la comisión de Seguridad Pública y Tránsito en la LXI Legislatura, aseguró que atender el tema de la dignificación policial es fundamental para combatir la inseguridad. «La dignificación de los elementos policiales debe estar todos los días en la agenda nacional», precisó.

En este sentido señaló que no se puede esperar que haya más seguridad, o tener cuerpos 100% comprometidos cuando no se está dispuesto a dar exactamente lo mismo. Para los buenos policías, insistió, no hay reconocimientos, por lo que se pronunció a favor de exigirle a los distintos niveles de gobierno para que se haga un esfuerzo extraordinario para generarles mejores condiciones laborales.

Una de las propuestas ciudadanas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos, sus Garantías y Protección, fue la de reformar la Ley de Amnistía vigente, a efecto de beneficiar únicamente a quienes estén realmente privados de la libertad, para despresurizar las cárceles, mas no a quienes se encuentren enfrentando su proceso en libertad.

Esta iniciativa logró un mayor número de consensos que de disensos. “Según las justificaciones contenidas en la Ley, uno de sus objetivos es despresurizar los centros penitenciarios; no podemos beneficiar a las personas que se han sustraído de la acción de la justicia para tratar de eludir su responsabilidad con esta ley”, puntualizó el ciudadano proponente Juan Carlos Santiago Jiménez.

Esta propuesta fue una de las 29 iniciativas ciudadanas que le fueron presentadas a la Comisión de Derechos Humanos, sus Garantías y Protección en el marco del Parlamento Abierto.

Al igual que esta, otra de las iniciativas que logró un mayor número de consenso fue la presentada por Mariana Jocelyn Becerril Martínez respecto a crear un artículo en la Nueva Constitución Política del Estado, en donde se salvaguarden los derechos de las personas desplazadas, de acuerdo con los Principios rectores de los desplazamientos internos, migratorios y turísticos.

Y es que los parlamentarios coincidieron en que los desplazamientos no suelen darse por “gusto”, sino por necesidad, ya que existen causas que los orillan a tener que moverse a otros puntos, tales como el crimen organizado, la violencia y las malas condiciones económicas, por lo que requieren de condiciones que les garanticen sus derechos. Dicha iniciativa logró 57 consensos y solo un disenso, siendo de las más exitosas.